Sentencia CA-74-16 — Registro 6758
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado revocando la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la sentencia definitiva venida en Recurso de Apelación no está dictada conforme a derecho
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“ Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.”El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- “ Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. (Artículo 206 CPC.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD.).- “ “Que el Derecho al Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído, y el derecho a resoluciones debidamente motivadas; en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional estima que toda sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad a fin de garantizar los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso. La congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a los extremos alegados por las partes en forma clara, precisa y concisa; en especial deberá ser una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del juzgador quede explicado y comprendido con facilidad. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados, tal respuesta por parte del juzgador se hará en forma detallada de tal forma que no exista incertidumbre respecto de las razones que tuvo para decidir de esa forma y no otra; en otras palabras lo que no puede suceder es que se omita en el fallo referirse a todas y cada de las cuestiones que fueron objeto del debate en el proceso, ya que no hacerlo, indefectiblemente provocara la vulneración del derecho al debido proceso.” (VER SENTENCIA AMPARO CIVIL AC-538-10” Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. (Artículo 207 CPC.- MOTIVACIÓN.).- “. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.(Artículo 208 CPC.- CONGRUENCIA).- “. Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 29 de octubre de 2015, donde revoca la de primera instancia, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en fecha 20 de mayo de 2015, resulta que no ha sido dictada con las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley, particularmente el insuficientecarácter lógico en la motivación y exhaustividad, que la llevó al convencimiento de la revocatoria del fallo dictado en primera instancia, al fundamentarse en normativa que requiere un examen en cuanto a su vigencia y aplicabilidad al caso concreto, debiendo establecer con la debida claridad y exhaustividad cómo y por qué se ampara en dicha fundamentación y el aspecto de la inaplicabilidad de otras disposiciones que rigen las relaciones de los empleados y servidores públicosy concluir si se ha observado o no el procedimiento establecido en la Ley vigente para la cancelación de la demandante y por otro lado, con apego irrestricto a los principios, derechos y garantías constitucionales como el derecho a la defensa, el principio de legalidad y estabilidad laboral y a la separación del cargo con causa justificada” Quede conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- ".- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de junio del dos mil diecisiete, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados como MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: SUYAPA MARGARITA SILVESTRUCCI ALVARADO, representado en juicio por la Abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL; y, Recurrido: El Estado de Honduras, representando en juicio por la Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la adopción de medidas para su pleno restablecimiento, se ordene el reintegro al cargo, pago de salarios dejados de percibir, así como otros aumentos, quinquenios, incentivos y demás beneficios, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa del Departamento de Francisco Morazán, por la señora SUYAPA MARGARITA SILVESTRUCCI ALVARADO, contra EL ESTADO DE HONDURAS y de forma solidaria contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para la demandada mediante Acuerdo de Nombramiento No. 0797-2000, de fecha 23 de octubre del año 2000, en el cargo de Planificador, dependencia de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión (UPEG), devengando un salario mensual en los últimos seis meses de dieciséis mil doscientos trece (L.16, 213.00). El 6 de septiembre del 2011, se le notificó el acuerdo de cancelación DEI-RRHH-No.800-2011, contentivo de la decisión del Ministro, Director de la DEI, de separarla de su cargo, por lo siguiente: “Que del decreto 113-2011 que contiene la ley de eficiencia en los ingresos y gasto público publicada el 8 de julio de 2011, el Congreso Nacional amplio por treinta y seis (36) meses contados a partir de la vigencia de este decreto, la vigencia del artículo 82 del decreto 17-2010, y estando dentro del término de los treinta y seis meses (36) a partir de la vigencia del decreto 113-20-11, para ejecutar las acciones de personal; la Dirección Ejecutiva de Ingresos ha dispuesto separar a la ciudadana SUYAPA MARGARITA SILVESTRUCCI ALVARADO del cargo de planificador, por ya no ser necesarios sus servicios, con el correspondiente pago total de las prestaciones laborales”. La demandante también expresó que en el Acuerdo de Separación no se detalla si su separación fue una decisión tomada consecuencia de: a) un proceso de evaluación, de ser así, no se detalla el resultado del mismo que justifique el actuar de la autoridad nominadora; b) por no ser necesarios sus servicios, conforme lo establece la norma jurídica citada, (Artículo 82 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público), si bien, la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público (Decreto 17-2010), en su Artículo 79 numeral 8, otorga al Director Ejecutivo las atribuciones de seleccionar, contratar, promover, remover, y evaluar al personal de la DEI, debe hacerlo de acuerdo con las normas del Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, para lo cual, éste debe estar vigente, sin embargo, dicho Estatuto carece de vida jurídica, puesto que, no ha sido emitido, ni aprobado por el Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Artículo 79 numeral 7), ni publicado en el Diario Oficial la Gaceta, en consecuencia, toda acción de administración del personal emitida por el Director Ejecutivo de la DEI, basada en la Ley de Fortalecimiento y en el referido Estatuto, es ilegal; y, c) dicho Acuerdo de Separación fue emitido al margen de lo establecido en la Ley de Servicio Civil, respecto al régimen de despido y cancelación de los servidores públicos, por tanto, viciados de nulidad. Finalmente la demandante estableció que los funcionarios y empleados de la DEI no están regulados por el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, sino por el Régimen del Servicio Civil, esto porque aún no se ha emitido el Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa Aduanera, como texto normativo previsto en la Ley de Fortalecimiento citada, que derogue a la Ley del Servicio Civil para dichos servidores. Por lo que de acuerdo a lo anterior relacionado la demandante pide la nulidad del Acuerdo de Separación DEI-RRHHNo.800/2011 de fecha 6 de septiembre del 2011, emitidos por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, por el cual se le separó del cargo que venía desempeñando.- 2. La parte demandada, el Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que si bien la demandante fue separada el 6 de septiembre del 2011, mediante acuerdo de cancelación DEI-RRHH-No.800-2011, esta fue separada por “ya no ser necesarios sus servicios”, como lo establece el Artículo 82, párrafo segundo de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, la cual establece que “En los casos que el personal no reúna los requisitos para el cargo, no apruebe o supere el proceso de evaluación, o ya no sea necesario sus servicios, debe ser separado de su cargo”, mismo que da legalidad a la acción contenida en el acuerdo de separación DEI-RRHH-N° 800/2011, fundamentación legal que tenía existencia jurídica durante el tiempo de aprobación y entrada en vigencia el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, tal como lo establece el artículo 36 del Decreto 113-2011 que contiene la Ley de Eficiencia de los Ingresos y el Gasto Público que amplía la vigencia del artículo 82 del Decreto 17-2010, por treinta y seis meses (36) a partir de su publicación, período que comprende la acción de separación de la señora Suyapa Margarita Silvestrucci Alvarado. Asimismo, en cuanto a que dicho Acuerdo de separación fue emitido al margen de lo establecido en la Ley de Servicio Civil respecto al régimen de despido y cancelación de los servidores públicos, y por tanto está viciado de nulidad, en virtud que el Artículo 82 párrafo tercero del Decreto 17-2010, establece que “las acciones de personal que se ejecuten durante los seis (6) meses a partir de la vigencia del presente Decreto, no necesitan complementar trámite alguno ante la Dirección General de Servicio Civil, cuando dicho trámite contravenga o retrase la acción tomada”, por tanto la acción se encuentra enmarcada en derecho.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, en fecha veinte del me de mayo del año dos mil quince, dictó sentencia declarando procedente la acción, bajo el criterio que del análisis del acuerdo de cancelación, que es el acto impugnado, el mismo establece que la cancelación de la ahora demandante es en base a la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público y la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, por considerar que son las normas legales aplicables para este tipo de actos administrativos, al observar la fecha establecida en el acto objeto de impugnación, se puede observar que tiene fecha 6 de septiembre del 2011, es decir, aún no estaba vigente el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, ya que éste entró en vigencia en el año 2012 y todo se realizaba bajo lo establecido en el Decreto 17-2010 que contiene la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, el cual tiene vigencia después de su publicación en la Gaceta el 20 de mayo del 2010 y la ahora demandante fue separada de su cargo el 06 de septiembre del 2011, si bien dicho, el Decreto a pesar de otorgar facultades al Director Ejecutivo de remover personal, no establece un procedimiento, ni mucho menos los tipos de faltas con las sanciones respectivas a que deben ser sometidos los empleados de dicha institución, ya que ese mismo cuerpo legal en el artículo 82 establece que debe de existir un Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa Aduanera, el entró en vigencia posteriormente a la cancelación de la ahora demandante, la demandante no puede estar desamparada, ni la autoridad nominadora debe abusar en la violación de garantías constitucionales, por lo tanto, la demandada al no establecer el Decreto que sirvió de base para la cancelación y al ser un ente desconcentrado creado por ley con autonomía técnica, administrativa y financiera, dicho personal se sujetará a lo que establece el régimen de Servicio Civil y siendo este el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre el servidor público y los diferentes órganos del sector estatal. Por otra parte, la ahora demandante fue cancelada por cesantía y siendo que el demandado no probó cumplir con los requisitos establecidos para la cesantía y para la emisión del acuerdo de cancelación no realizó la consulta al Consejo de Servicio sobre la procedencia de la cesantía, tampoco corre agregada documentación que refleje se realizaron los demás requisitos imprescindibles para cumplir con la cesantía como ser: 1) consultar al Consejo de Servicio Civil, si procede o no la cesantía; 2) la evaluación periódica de cada uno de ellos; 3) los años de servicio en la Administración Pública.- La autoridad nominadora después de haber emitido el acuerdo de cancelación debe enviar a la Dirección General de Servicio Civil la nómina de los cesanteados para que sean inscritos con derecho preferente en el registro de reingreso normas que son de estricto cumplimiento, ya que se encuentran vigentes infringiendo la autoridad nominadora lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento; aunado a lo anterior, la consulta sobre la cancelación del nombramiento que debe realizar la autoridad nominadora al Consejo de Servicio Civil no se notificó con un mes de anticipación el acuerdo de cancelación al ahora demandante tal y como lo establece el artículo 191 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, el cual estipula “La cesantía deberá ser notificada al servidor público con un mes de anticipación por lo menos”. Por lo tanto es procedente la nulidad del acto impugnado por haberse acreditado no haber seguido el procedimiento para su emisión, tal como lo ordena los artículos 53, 54, 5, 58 de la Ley de Servicio Civil y 187, 188, 190 y 191 de su reglamento.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintinueve de octubre del año dos mil quince, dictó sentencia revocando la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la sentencia definitiva venida en Recurso de Apelación no está dictada conforme a derecho, esto porque la cancelación de la demandante la realizó la demandada al amparo de los Decretos 17-20 10 y 113-2011 que contienen la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público y Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público respectivamente, los cuales establecen que cuando no sean necesarios los servicios de un servidor de la Dirección Ejecutiva de Ingresos debe ser separado de su Cargo conservando el derecho al pago de las prestaciones laborales que le correspondan de conformidad con la Ley, para tal efecto no se necesita completar trámite alguno ante la Dirección General de Servicio Civil, disposición con vigencia por tiempo determinado, primero por seis meses y después ampliada su vigencia hasta treinta y seis meses; en consecuencia, el Acto Impugnado se emitió conforme a derecho.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, en fecha siete de diciembre del año dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de octubre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 282-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 455-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha ocho de diciembre del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ, presentó en fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dos de febrero del año dos mil dieciseises, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las abogadas del respectivo personamiento ante éste Tribunal, apareciendo notificadas de dicha resolución en fecha cuatro de febrero del año dos mil dieciséis, las Abogadas ANGELA DEL CARMEN IZAGUIRRE GONZALEZ y AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, teniendo por personadas a las Abogadas AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, como recurrente, y AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, como recurrida, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- II.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- III.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- V.- Que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo, debiendo juzgar los asuntos, dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y oposición, todo ello dentro del principio de legalidad y conforme el control de constitucionalidad y convencionalidad que los órganos jurisdiccionales deben realizar, dado que en un Estado de Derecho se deben respetar.- VI.- Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- VII.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- VIII.- Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. (Artículo 206 CPC.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD.).- IX. “Que el Derecho al Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído, y el derecho a resoluciones debidamente motivadas; en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional estima que toda sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad a fin de garantizar los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso. La congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a los extremos alegados por las partes en forma clara, precisa y concisa; en especial deberá ser una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del juzgador quede explicado y comprendido con facilidad. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados, tal respuesta por parte del juzgador se hará en forma detallada de tal forma que no exista incertidumbre respecto de las razones que tuvo para decidir de esa forma y no otra; en otras palabras lo que no puede suceder es que se omita en el fallo referirse a todas y cada de las cuestiones que fueron objeto del debate en el proceso, ya que no hacerlo, indefectiblemente provocara la vulneración del derecho al debido proceso.” (VER SENTENCIA AMPARO CIVIL AC-538-10).- X. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. (Artículo 207 CPC.- MOTIVACIÓN.).- XI. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. (Artículo 208 CPC.- CONGRUENCIA).- XII. Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 29 de octubre de 2015, donde revoca la de primera instancia, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en fecha 20 de mayo de 2015, resulta que no ha sido dictada con las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley, particularmente el insuficiente carácter lógico en la motivación y exhaustividad, que la llevó al convencimiento de la revocatoria del fallo dictado en primera instancia, al fundamentarse en normativa que requiere un examen en cuanto a su vigencia y aplicabilidad al caso concreto, debiendo establecer con la debida claridad y exhaustividad cómo y por qué se ampara en dicha fundamentación y el aspecto de la inaplicabilidad de otras disposiciones que rigen las relaciones de los empleados y servidores públicos y concluir si se ha observado o no el procedimiento establecido en la Ley vigente para la cancelación de la demandante y por otro lado, con apego irrestricto a los principios, derechos y garantías constitucionales como el derecho a la defensa, el principio de legalidad y estabilidad laboral y a la separación del cargo con causa justificada.- XIII. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XIV.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 60, 80, 82, 90 párrafo primero, 128, 129, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 8.1), 8.2.h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 22, 193, 197, 199, 206, 207, 208, 214 numeral 2), 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 89, 103, 105, 106, 107 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 29 de octubre de 2015, visible a folios 8 al 16 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÀCERES CASTELLANOS; FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
En la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de junio del dos mil diecisiete; certificación de la resolución de fecha siete de junio de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 74-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ,
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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