Sentencia CA-586-15 — Registro 6750
Resumen
En primera instancia se dictó auto de oposición a ejecución de sentencia se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los recursos se rigen por la legislación procesal civil; derivado de ello y tomando en consideración lo establecido en el artículo 717 del Código Procesal Civil, son recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictadas por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, así como las sentencias que expresamente establece dicho Código.- IV. Si bien es cierto la resolución recurrida fue dictada por la Corte de Apelaciones relacionada y que dicho Tribunal es quién erróneamente señala que contra la misma procede el recurso de casación, también lo es que esta no tiene el carácter de definitiva que ponga fin al pleito, haciendo imposible su continuación.-". Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación interpuesto y formalizado por el Abogado RONAL EDUARDO DERAS MONTES, en su condición de representante procesal de parte demandada el Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en Despacho de Relaciones Exteriores; siendo procedente declarar firme la resolución de que se ha hecho mérito, sin condena en costas y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia."
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 89 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de abril de dos mil diecisiete, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado RONAL EDUARDO DERAS MONTES; y, Recurrido: el señor RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ, representado en juicio por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordene el reintegro al cargo u otro de igual categoría, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de vacaciones causadas, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES, por intermedio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Estado de Honduras en la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, nombrado mediante Acuerdo No. 854-SRH de fecha 06 de julio de 2006, en el cargo de Oficial Contable, siendo el último salario ordinario mensual devengado de L.15,800.00. El demandante fue cancelado del cargo sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, haciéndolo mediante un simple Memorándum de fecha 31 de marzo del 2008 efectivo a partir del 01 de abril del 2008, basándose el mismo, en que la Secretaría de Finanzas acordó la supresión de la Cuenta Especial No.11101-01-000351-2, Sub-Cuenta No.5, “Programa de Administración de Territorios Delimitados por la Corte Internacional de Justicia”, por medio de la cual se financiaba el puesto que venía desempeñando el demandante; asimismo, el cargo de Oficial Contable no está excluido según lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil y 21 de su Reglamento, ni en los nuevos puestos clasificados como excluidos en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, contenido en el Decreto Ejecutivo No. PCM-008-97, quedando bajo la protección reguladora del Régimen de Servicio Civil, siendo en consecuencia nula toda disposición que contravenga dicha ley de carácter general.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el señor Ramón Arturo Rojas Benítez, inició la relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores mediante Acuerdo No.854-SRH de fecha 6 de julio del 2006, en el cargo de Oficial Contable, con la aclaración que el cargo en el que fue nombrado se encuentra clasificado como Puesto Excluido del Régimen del Servicio Civil y el pago que percibiría en forma mensual lo recibiría de la Cuenta Especial No.11101-01-000351-2, Sub-Cuenta No.5, “Programa de Administración de Territorios Delimitados por la Corte Internacional de Justicia”, tal como consta en dicho documento que obra en el expediente administrativo que al efecto lleva la Administración. Que dicha Secretaría de Estado notificó personalmente en legal y debida forma al demandante mediante Memorando de fecha 31 de marzo del 2008, la supresión de la Cuenta Especial de la “Comisión de Territorios Delimitados por la Corte Internacional de Justicia”, Sub-Cuenta 5 que financiaba mensualmente el cargo que desempeñaba como Oficial Contable por ende se prescindió de los servicios que prestaba, efectivo a partir del 1 de abril del 2008, quedando de esta manera enterado de la separación de su cargo, y se rechazan los demás argumentos planteados por el demandante al decir que no se siguió el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, siendo cancelado mediante un simple memorando y que el cargo de Oficial Contable no está excluido según lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil y 21 de su Reglamento, ni en los nuevos puestos clasificados como Excluidos según Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, en virtud que si bien es cierto la separación del demandante se llevó a cabo en consonancia con la norma del artículo 20 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del año 2008, que ordena de plano la cancelación total de las Cuentas Especiales que servían para el pago de salarios y colaterales, como sucedió con la Cuenta Especial No.11101-01-000351- 2, Sub-Cuenta 5, cuyos fondos eran utilizados para financiar el programa en mención, y de la cual se le hacían efectivos los salarios mensuales al demandante, haciéndose imposible la continuación de dicho programa y por ello fue que se agregó a la nómina del Personal clasificado como Excluido del Régimen del Servicio Civil tal como se le hizo saber en el Acuerdo de Nombramiento ya que no era un puesto permanente sino que con existencia limitada como lo determinaron las Disposiciones Generales del Presupuesto.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, dictó auto de oposición a ejecución de sentencia, que en su parte conducente dice: “…que después de haber escuchado la parte incidentista como la parte incidentada este Juez resuelve en cuanto la presente oposición a la ejecución del embargo realizado en su momento por el apoderado legal de la parte demandante, observamos que el incidentista ha planteado su oposición fundamentado en que se ha estado haciendo todos los trámites necesarios para poder cumplir con la sentencia definitiva y quiere por lo difícil que es el trámite y por lo duro que esta el presupuesto de la República y no se ha cumplido con el mismo, de igual manera la parte demandada en su contestación ha alegado que ha pasado el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de esta Jurisdicción que es de 12 meses y por lo tanto ha procedido a la vía de apremio, basado en lo antes referido observamos que efectivamente desde que se puso en conocimiento a la parte demanda han pasado mas de los 12 meses que requería el artículo 98 de esta Ley, y por tanto observamos que en cuanto a lo procedente era el embargo como tal, la parte incidentista demandada ha hecho oposición pero la misma no se ha enmarcado en ninguno de los acápites que requiere el artículo 763 del Código Procesal Civil, si bien ha establecido que existe ya listo el pago pero el mismo no se hay podido realizar, por tanto no miramos que ha tenido un efecto para poder enmarcar el numeral 4 del referido artículo; en consecuencia, en base a eso rechazamos la oposición planteada por la parte incidentista, asimismo están solicitando la parte incidentada demandante el pago de intereses comerciales y moratorios en este acto observamos que dichos intereses ya se encuentran solicitados en una pieza separada, por tanto será en su momento que debemos dar resolución; y como dije anteriormente será rechazada la oposición y la ejecución de embargo planteada por el incidentista demandado y quedan notificadas las partes en estrado, en este estado se cierra la presente…”.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha tres de septiembre de dos mil quince, dictó sentencia confirmando el auto apelado de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, proferido en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que de autos se desprende que la presente oposición a la ejecución del embargo realizado en su momento por el apoderado legal de la parte demandante, donde se ha planteado por el incidentista su oposición basándose en que se ha estado haciendo todos los trámites necesarios para cumplir con la sentencia definitiva, y por lo difícil que es el trámite y lo duro que esta el presupuesto de la República, no se ha podido cumplir con el mismo. Que consta en autos que efectivamente desde que se puso en conocimiento a la parte demandada han pasado más de 12 meses, por lo tanto ha procedido al embargo por la vía de apremio, basándose en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 98, por lo que procede el embargo como tal; que por los motivos antes expuestos es del criterio que se debe confirmar el auto venido en apelación por estar dictado conforme a derecho, en virtud de que no se configura ningún motivo de los establecidos en el artículo 763 numeral 4) del Código Procesal Civil, para oponerse a la ejecución de la sentencia.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado RONAL EDUARDO DERAS MONTES, en fecha dos de octubre de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha tres de septiembre de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.274-2008, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.265-2015 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha cinco de octubre de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, presentó en fecha doce de noviembre de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha trece de noviembre de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, los Abogados RONAL EDUARDO DERAS MONTES y JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha uno de diciembre de dos mil quince, teniendo por personados a los Abogados RONAL EDUARDO DERAS MONTES, como recurrente y JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, como recurrida, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, se desprende que se recurre contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, el 03 de septiembre de 2015, la cual confirma el auto de fecha 09 de diciembre de 2014, proferido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en esta ciudad, mediante la cual, se ordena se ordena, que adquiriendo el carácter de firme la sentencia emitida se comunique al juzgado de su procedencia por medio de la certificación respectiva a efecto de que se proceda con lo resuelto y, que contra la misma “PROCEDE EL RECURSO DE CASACIÓN”, que debe interponerse ante ese mismo Tribunal.- II. Sin embargo, de los autos de la primera pieza consta que en el juicio ya existe sentencia definitiva de carácter firme que declara la procedencia de la acción, la cual fue objeto de los recursos de apelación y casación; por lo que la resolución recurrida está relacionada con el trámite de ejecución de la misma.- III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los recursos se rigen por la legislación procesal civil; derivado de ello y tomando en consideración lo establecido en el artículo 717 del Código Procesal Civil, son recurribles en casación las sentencias y los autos que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuación, dictadas por las Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario, así como las sentencias que expresamente establece dicho Código.- IV. Si bien es cierto la resolución recurrida fue dictada por la Corte de Apelaciones relacionada y que dicho Tribunal es quién erróneamente señala que contra la misma procede el recurso de casación, también lo es que esta no tiene el carácter de definitiva que ponga fin al pleito, haciendo imposible su continuación.- V. Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite del recurso de casación interpuesto y formalizado por el Abogado RONAL EDUARDO DERAS MONTES, en su condición de representante procesal de parte demandada el Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en Despacho de Relaciones Exteriores; siendo procedente declarar firme la resolución de que se ha hecho mérito, sin condena en costas y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2) DECLARAR FIRME la resolución recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de junio del dos mil diecisiete; certificación de la resolución de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 586-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
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