Sentencia CA-396-15 — Registro 6772
Resumen
En primera instancia se declara con lugar las defensas previas interpuestas, por considerar que la demanda promovida adolece de un defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, declarando inadmisible la demanda se confirma en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..“Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 30 de abril del 2015, donde confirma la de primera instancia que declara con lugar las defensas previas opuestas por la parte demandada, a su vez declara inadmisible la demanda, porque se otorgó el amparo interpuesto por la parte demandada “por considerar que por ser una multa impuesta a la impugnada, es en materia impositiva, por lo que debe ser tramitada por el procedimiento especial que señala la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando la acción es en materia tributaria e impositiva”, que por ello la demanda adolece de un defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto.- “ Que también consta de los autos que esa misma Corte de Apelaciones mediante sentencia del 25 de junio del 2013, otorgó el amparo a favor del Estado de Honduras, la cual fue confirmada por la Sala de lo Constitucional el 24 de marzo del 2014, bajo el razonamiento de que “…esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo, han vulnerado derechos y garantías constitucionales, en virtud de que no se ha observado el procedimiento establecido en el caso de la imposición de multa, su pago o arreglo de pago, lo cual deberá acreditarse al momento de presentar la demanda según lo prescrito en el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” Sin embargo, el Ad-Quem evade su obligación de pronunciarse y explicar las razones o consideraciones sobre los agravios expresados por el apelante contra la resolución recurrida, ya que únicamente se limita a señalar que el a-quo cumplió con lo ordenado en la sentencia donde se otorgara el amparo señalado, lo cual contraviene el deber de motivación que exige la normativa procesal civil, de aplicación supletoria en esta materia.- “ Por otro lado, se debe estimar que esta Sala ha evolucionado la línea jurisprudencial sobre la situación jurídica de la competencia especial en materia tributaria o impositiva, que requiere ese tipo de procedimientos especiales, de forma posterior al otorgamiento del amparo relacionado, atendiendo entre otros el valor fundamental de la tutela judicial efectiva, ya que se ha venido sosteniendo: “Que si bien es cierto, en los artículos 103 al 107 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se determina el procedimiento especial a seguirse en los casos en materia tributaria o impositiva, dichas disposiciones no abarcan las multas impuestas por otras instituciones del Estado diferentes a las tributarias o fiscales que surgen de la aplicación de otras normativas no relacionadas con impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos, dentro de las cuales participa el concepto de contribuyente previsto en el artículo 106 del citado cuerpo legal.- “ Que bajo esa premisa, la acción contra una multa impuesta por la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, derivada de una responsabilidad administrativa determinada bajo la Ley General del Ambiente, no puede ser sometida al procedimiento especial a que se refiere el numeral anterior, ni a los plazos reducidos a la mitad como lo señala el artículo 105 de dicha Ley, sino que al procedimiento ordinario que establece la misma legislación.-“. Que entender y aplicar de otra forma dicha normativa hace más gravosa la situación de la persona que acciona y reclama la tutela judicial efectiva, implica que se le restringiría el derecho de acceso a la justicia al concedérsele menos tiempo para ejercer su derecho constitucional de petición. Que por el principio pro homine, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”, por ello, se debe acoger la vía más favorable a la referida tutela judicial efectiva.- “ Que si bien es cierto los tribunales de justicia han venido dando trámite a las acciones de este tipo bajo la modalidad del procedimiento especial, también lo es, que revisada la legislación especial en materia Contencioso Administrativa, la misma no desarrolla este tipo de situaciones y las limita a lo que es lo Tributario y Fiscal, por lo tanto no atinente a las multas impuestas fuera de ese orden, criterio que ya ha sido sustentado por este Tribunal en el expediente numero SL-476-11.”[1].- “ Que también es preciso recordar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución de la República, no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en dicha Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan. Además, el Estado de Honduras se encuentra obligado a respetar, cumplir y observar los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, especialmente los que garanticen a las personas su derecho a la defensa, debido proceso y a la tutela judicial efectiva, porque todos los juzgadores se encuentran en la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico que nos rige en un estado de derecho. [2].- “.- Que en razón de lo expuesto y siendo que en el caso que nos ocupa, la situación jurídica es similar y por ende se debe mantener esa línea jurisprudencial bajo los principios de igualdad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, como parte de la tutela judicial efectiva.- XII.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 103 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 105 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 106 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 30 de abril del 2015, donde confirma la de primera instancia que declara con lugar las defensas previas opuestas por la parte demandada, a su vez declara inadmisible la demanda, porque se otorgó el amparo interpuesto por la parte demandada “por considerar que por ser una multa impuesta a la impugnada, es en materia impositiva, por lo que debe ser tramitada por el procedimiento especial que señala la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando la acción es en materia tributaria e impositiva”, que por ello la demanda adolece de un defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto.- “ Que también consta de los autos que esa misma Corte de Apelaciones mediante sentencia del 25 de junio del 2013, otorgó el amparo a favor del Estado de Honduras, la cual fue confirmada por la Sala de lo Constitucional el 24 de marzo del 2014, bajo el razonamiento de que “…esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo, han vulnerado derechos y garantías constitucionales, en virtud de que no se ha observado el procedimiento establecido en el caso de la imposición de multa, su pago o arreglo de pago, lo cual deberá acreditarse al momento de presentar la demanda según lo prescrito en el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” Sin embargo, el Ad-Quem evade su obligación de pronunciarse y explicar las razones o consideraciones sobre los agravios expresados por el apelante contra la resolución recurrida, ya que únicamente se limita a señalar que el a-quo cumplió con lo ordenado en la sentencia donde se otorgara el amparo señalado, lo cual contraviene el deber de motivación que exige la normativa procesal civil, de aplicación supletoria en esta materia.- “ Por otro lado, se debe estimar que esta Sala ha evolucionado la línea jurisprudencial sobre la situación jurídica de la competencia especial en materia tributaria o impositiva, que requiere ese tipo de procedimientos especiales, de forma posterior al otorgamiento del amparo relacionado, atendiendo entre otros el valor fundamental de la tutela judicial efectiva, ya que se ha venido sosteniendo: “Que si bien es cierto, en los artículos 103 al 107 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se determina el procedimiento especial a seguirse en los casos en materia tributaria o impositiva, dichas disposiciones no abarcan las multas impuestas por otras instituciones del Estado diferentes a las tributarias o fiscales que surgen de la aplicación de otras normativas no relacionadas con impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos, dentro de las cuales participa el concepto de contribuyente previsto en el artículo 106 del citado cuerpo legal.- “ Que bajo esa premisa, la acción contra una multa impuesta por la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, derivada de una responsabilidad administrativa determinada bajo la Ley General del Ambiente, no puede ser sometida al procedimiento especial a que se refiere el numeral anterior, ni a los plazos reducidos a la mitad como lo señala el artículo 105 de dicha Ley, sino que al procedimiento ordinario que establece la misma legislación.-“. Que entender y aplicar de otra forma dicha normativa hace más gravosa la situación de la persona que acciona y reclama la tutela judicial efectiva, implica que se le restringiría el derecho de acceso a la justicia al concedérsele menos tiempo para ejercer su derecho constitucional de petición. Que por el principio pro homine, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”, por ello, se debe acoger la vía más favorable a la referida tutela judicial efectiva.- “ Que si bien es cierto los tribunales de justicia han venido dando trámite a las acciones de este tipo bajo la modalidad del procedimiento especial, también lo es, que revisada la legislación especial en materia Contencioso Administrativa, la misma no desarrolla este tipo de situaciones y las limita a lo que es lo Tributario y Fiscal, por lo tanto no atinente a las multas impuestas fuera de ese orden, criterio que ya ha sido sustentado por este Tribunal en el expediente numero SL-476-11.”[1].- “ Que también es preciso recordar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución de la República, no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en dicha Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan. Además, el Estado de Honduras se encuentra obligado a respetar, cumplir y observar los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, especialmente los que garanticen a las personas su derecho a la defensa, debido proceso y a la tutela judicial efectiva, porque todos los juzgadores se encuentran en la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico que nos rige en un estado de derecho. [2].- “.- Que en razón de lo expuesto y siendo que en el caso que nos ocupa, la situación jurídica es similar y por ende se debe mantener esa línea jurisprudencial bajo los principios de igualdad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, como parte de la tutela judicial efectiva.- XII.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: De la resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil diecisiete, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: la sociedad mercantil INDUSTRIAS TIARA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE representado en juicio por el Abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS por las actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) representada en juicio por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular dictado por ser violatorios preceptos legales de orden público y derechos constitucionales. Reconocimiento de una situación jurídica individualizada. Adopción de medidas para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 31 de octubre del 2011 por el Abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad INDUSTRIAS TIARA S.A. de C.V., contra el ESTADO DE HONDURAS, por las actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) representada en juicio por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que la sociedad fue constituida en fecha 04 de noviembre de 1993, cuya finalidad es el bordado de toda clase y otras actividades dentro de la rama textil orientado prioritariamente a la exportación y dentro del comercio lícito, dicha empresa opera dentro de las instalaciones de ZIP CALPULES, instalaciones que gozan de los beneficios de la Ley de Zonas Libres por lo que la empresa tiene la autorización administrativa correspondiente para operar y realizar su giro comercial. Asimismo manifestó que el demandado suscribió un contrato de cumplimiento de medidas de mitigación de control ambiental para el desarrollo del Proyecto “Industrias Tiara S.A. de C.V.”, documento en el cual se establecen una serie de medidas con el fin de mitigar el impacto ambiental que pudiere ocasionar dicho proyecto; la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) emitió el informe técnico No.1076/2008 y posteriormente un dictamen donde se estableció que la empresa demandante ha incumplido con ciertas medidas impuestas. También expuso que el demandado, a través de la Unidad de Servicios Legales emitió un Dictamen N° 922/2010 en el cual se dictamina que se tenga por bien hecho el control y seguimiento ambiental, validando los incumplimientos al contrato de medidas de mitigación. Que en fecha 10 de febrero del 2011 la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) emitió resolución N° 548/2011 en la cual se determinó el incumplimiento de las medidas del contrato suscrito con la misma, exponiendo los artículos 97 de la Ley General del Ambiente y el artículo 112 inciso b) en relación con el 124 inciso a) del Reglamento de la Ley General del Ambiente, asimismo que ante dicha resolución se interpuso recurso de reposición y solicitud de nulidad de actuaciones ya que dicha resolución se considera ilegal y que los mismos fueron declarados sin lugar mediante resolución N° 1238-2011, ratificando con ello la resolución N° 548/2011.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando parcialmente los hechos de la demanda, rechazando la nulidad de actos administrativos consistentes en la resolución N°548/2011, en virtud que los mismos se encuentran dictados conforme a derecho, siguiendo el proceso establecido en la ley aplicable y garantizando a la parte actora el derecho a la defensa y el debido proceso y que mediante las Alegaciones formuladas, la parte demandante acepta expresamente el incumplimiento al contrato de medidas de mitigación ambiental. También establece que la multa impuesta a la sociedad demandante mediante los actos administrativos impugnados se encuentran conforme a derecho, ya que la misma incurrió en una falta grave de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley General del Ambiente y 112 inciso b) del Reglamento de dicha Ley, y al incumplir medidas del contrato de Cumplimiento de Medidas de Mitigación o de Control Ambiental, está actuando en contra de resoluciones administrativas emitidas por las autoridades competentes.- 3. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, interpuso en fecha 8 de marzo del 2012 escrito de defensas previas, alegando dos causas de inadmisibilidad de la demanda, alegando lo siguiente: 1) que el escrito de la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, pues presentó la demanda sin acompañar recibo de pago de multa impuesta, violando con se acto lo establecido en el Art.104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 2) Que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo no es el facultado para el conocimiento del presente juicio, sino el Juzgado Fiscal Administrativo, las cuales fueron resueltas mediante sentencia del 12 de junio del 2014.- 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 12 de junio de 2014, dictó sentencia declarando CON LUGAR las defensas previas interpuestas, por considerar que la demanda promovida adolece de un defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, declarando INADMISIBLE la demanda; bajo el criterio que La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en su Capítulo Cuarto, Sección Primero contempla dentro de los Procesos Especiales a la llamada “MATERIA TRIBUTARIA O IMPOSITIVA” los cuales, según lo dispone el Artículo 103 de ese Cuerpo Legal, son aplicables cuando “la acción consistiera en la impugnación de cualquier acto sobre fijación o liquidación de impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos definitivamente establecidos en vía administrativa, y no fuere la administración la que demanda contra su propio acto”, los cuales tienen la particularidad que para ser admitidos además de reunir los requisitos enunciados en el Articulo 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo deben acompañarse junto con la presentación de la demanda el documento que acredite el pago en la oficina competente de la entidad de que se trate, de la cantidad respectiva o él arreglo de pago correspondiente, por lo que si bien es cierto las cuestiones a debatirse en este juicio no son tributarias, no es menos cierto que las instancias superiores en esta materia, han sido del criterio que al existir una multa impuesta al demandante, aunque esta sea de carácter ambiental, la tramitación del juicio se debe seguir bajo los presupuestos prescritos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para los juicios especiales en materia tributaria o impositiva, por lo que es obligatorio acompañar el requisito prescrito en el artículo 104 de dicho cuerpo legal, caso contrario, se imposibilita al Juzgador de Primera Instancia de seguir con el curso normal del juicio, y en el presente caso al constar que la parte demandante no acompañó al escrito de demanda o haya acompañado en base al artículo 127 de la Ley de esta Jurisdicción el documento que acredite el pago o el arreglo de pago correspondiente, de la multa que le fue impuesta en vía administrativa, esto implica que SI existe la causal de inadmisibilidad invocada por la Representación Judicial del Estado de Honduras, en cuanto a la segunda causal, la misma radica en el art.80 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, consistente en que la demanda debe declararse inadmisible, al respecto el Código Procesal Civil, que rige por supletoriedad, indica que existe la competencia objetiva, funcional y territorial, pero que dicha judicatura reúne todos los tipos de competencia ya que posee competencia objetiva debido a que es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los otros dos actos, que el juzgado está obligado a conocer funcionalmente no sólo el pleito principal, sino de todos los incidentes que en el proceso se promovieren, para resolver sobre las excepciones, reconvenciones, para llevar a efecto todas las providencias y autos que él mismo dictare, incluyendo la sentencia a través de su ejecución, además de ejecutar los convenios y transacciones que él mismo aprobare, salvo que la ley dispusiera otra cosa, pero que pese a que el Juzgado posee los tipos de competencia, no se puede dejar a un lado el hecho que para admitir una demanda, ésta debe de reunir los requisitos formales que la Ley de la materia establece y al no haber acreditado el pago o arreglo de pago correspondiente y habiéndose alegado un defecto en la defensa previa, es procedente la misma.- 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 30 de abril del 2015, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que consta que el A-Quo en fecha 7 de febrero del año 2013, desestimó las defensas previas alegadas por la demandada, por considerar que la demanda de mérito no reunía los requisitos legales exigidos para su admisión; la demandada interpuso Recurso de Amparo contra dicho fallo, ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, quien resolvió otorgando dicho Recurso de Amparo y ordenando al A-Quo, procediera a dictar la sentencia correspondiente, en las Defensas Previas opuestas, de acuerdo a lo establecido en el fallo del Recurso de Amparo, por considerar que por ser una multa impuesta la impugnada, es en materia impositiva, por lo que debía ser tramitada con el procedimiento especial que señala la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando la acción es en materia Tributaria e Impositiva; dicho fallo fue confirmado por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 24 de Marzo del 2014, adquiriendo el mismo el carácter de firme, ya que las sentencias que emitan en su orden, las Cortes de Apelaciones o la Sala de lo Constitucional, no serán objeto de Recurso alguno, siendo en virtud de dichas sentencias que el A-QUO, procedió a cumplir con lo ordenado por ambos Tribunales de Alzada, dictando la sentencia respectiva, declarando con lugar la Defensa Previa consistente en que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo cual, la sentencia venida en apelación esta dictada conforme a derecho.- 6. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO, en fecha 03 de junio del 2015, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 30 de abril del 2015, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.123-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.068-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 08 de junio del 2015, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, presentó en fecha 06 de agosto del 2015, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 12 de agosto del 2015, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 08 de junio 12 de agosto ambos del 2015, los Abogados, WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO y JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, respectivamente.- 8. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 02 de septiembre del 2015, teniendo por personados a los Abogados CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, como recurrido y WILFREDO MISAEL GARCIA CASTILLO, como recurrente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- II.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- III.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- V.- Que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo, debiendo juzgar los asuntos, dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y oposición.- VI.- Que revisada la resolución recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 30 de abril del 2015, donde confirma la de primera instancia que declara con lugar las defensas previas opuestas por la parte demandada, a su vez declara inadmisible la demanda, porque se otorgó el amparo interpuesto por la parte demandada “por considerar que por ser una multa impuesta a la impugnada, es en materia impositiva, por lo que debe ser tramitada por el procedimiento especial que señala la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando la acción es en materia tributaria e impositiva”, que por ello la demanda adolece de un defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto.- VII. Que también consta de los autos que esa misma Corte de Apelaciones mediante sentencia del 25 de junio del 2013, otorgó el amparo a favor del Estado de Honduras, la cual fue confirmada por la Sala de lo Constitucional el 24 de marzo del 2014, bajo el razonamiento de que “…esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo, han vulnerado derechos y garantías constitucionales, en virtud de que no se ha observado el procedimiento establecido en el caso de la imposición de multa, su pago o arreglo de pago, lo cual deberá acreditarse al momento de presentar la demanda según lo prescrito en el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo…”.- VIII.- Sin embargo, el Ad-Quem evade su obligación de pronunciarse y explicar las razones o consideraciones sobre los agravios expresados por el apelante contra la resolución recurrida, ya que únicamente se limita a señalar que el a-quo cumplió con lo ordenado en la sentencia donde se otorgara el amparo señalado, lo cual contraviene el deber de motivación que exige la normativa procesal civil, de aplicación supletoria en esta materia.- IX.- Por otro lado, se debe estimar que esta Sala ha evolucionado la línea jurisprudencial sobre la situación jurídica de la competencia especial en materia tributaria o impositiva, que requiere ese tipo de procedimientos especiales, de forma posterior al otorgamiento del amparo relacionado, atendiendo entre otros el valor fundamental de la tutela judicial efectiva, ya que se ha venido sosteniendo: “Que si bien es cierto, en los artículos 103 al 107 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se determina el procedimiento especial a seguirse en los casos en materia tributaria o impositiva, dichas disposiciones no abarcan las multas impuestas por otras instituciones del Estado diferentes a las tributarias o fiscales que surgen de la aplicación de otras normativas no relacionadas con impuestos, contribuciones, tasas, multas y demás rentas o créditos públicos, dentro de las cuales participa el concepto de contribuyente previsto en el artículo 106 del citado cuerpo legal.- III. Que bajo esa premisa, la acción contra una multa impuesta por la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, derivada de una responsabilidad administrativa determinada bajo la Ley General del Ambiente, no puede ser sometida al procedimiento especial a que se refiere el numeral anterior, ni a los plazos reducidos a la mitad como lo señala el artículo 105 de dicha Ley, sino que al procedimiento ordinario que establece la misma legislación.- IV. Que entender y aplicar de otra forma dicha normativa hace más gravosa la situación de la persona que acciona y reclama la tutela judicial efectiva, implica que se le restringiría el derecho de acceso a la justicia al concedérsele menos tiempo para ejercer su derecho constitucional de petición. Que por el principio pro homine, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”, por ello, se debe acoger la vía más favorable a la referida tutela judicial efectiva.- V. Que si bien es cierto los tribunales de justicia han venido dando trámite a las acciones de este tipo bajo la modalidad del procedimiento especial, también lo es, que revisada la legislación especial en materia Contencioso Administrativa, la misma no desarrolla este tipo de situaciones y las limita a lo que es lo Tributario y Fiscal, por lo tanto no atinente a las multas impuestas fuera de ese orden, criterio que ya ha sido sustentado por este Tribunal en el expediente numero SL-476-11.”[1].- X.- Que también es preciso recordar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución de la República, no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en dicha Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan. Además, el Estado de Honduras se encuentra obligado a respetar, cumplir y observar los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, especialmente los que garanticen a las personas su derecho a la defensa, debido proceso y a la tutela judicial efectiva, porque todos los juzgadores se encuentran en la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico que nos rige en un estado de derecho. [2].- XI.- Que en razón de lo expuesto y siendo que en el caso que nos ocupa, la situación jurídica es similar y por ende se debe mantener esa línea jurisprudencial bajo los principios de igualdad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, como parte de la tutela judicial efectiva.- XII.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XIII.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 60, 80, 82, 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 22, 193, 197, 199, 206, 207, 208, 214 numeral 2), 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 89, 103, 105, 106, 107 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 30 de abril del 2015, visible a folios 9 al 12 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR.- MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS.-.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil diecisiete; certificación de la resolución de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 396-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
[1] Sentencia dictada en el expedientes Nos. CA 476-11 y 358-12
[2] sentencias proferidas en expedientes SL 331-14, 511-14 y 119-15.