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Sentencia CA-360-15 — Registro 16214

Resumen

En primer instancia se declara procedente la demanda promovida por el demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.... Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso del artículo 53 de la Ley de Servicio Civil; y, c) formula alegatos de instancia.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de febrero de dos mil diecisiete, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA; y, Recurrido: el señor MARLON OSORTO MEJIA, representado en juicio por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, pago de aumento de salarios otorgados por el Estado de Honduras y cualquier otro derecho inherente producido durante la secuela del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor MARLON OSORTO MEJIA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, por intermedio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que ingresó a trabajar en la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial mediante Acuerdo Número 046-E-DP-2006 de fecha 15 de marzo de 2006, para desempeñarse en el puesto de “Asistente Administrativo” con un salario inicial de L.10,060.00, cargo dependiente de la Dirección General de Servicio Civil; que sorpresivamente y de manera unilateral, el demandante recibió el Acuerdo número 182-A-DP-2010 de fecha 31 de agosto de 2010, que contiene la cancelación por cesantía del puesto de trabajo que venía desempeñando el demandante, invocándole la demandada como causal de despido lo estipulado en el artículo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil, el cual establece que: “La reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario”; siendo el despido ilegal, injusto y arbitrario, en primer lugar, porque nunca el demandante cometió algún motivo y/o justa causa de despido para que el Despacho Presidencial, tomara la determinación de cancelar del puesto de trabajo al demandante y en el evento, que hubiese dado el motivo o justa causa del despido, se tuvo que haber realizado las investigaciones del caso, como por ejemplo: levantar las actas de investigación sobre el asunto, celebrar la respectiva audiencia de descargos, situación que no se presentó en dicha institución del Estado, violentándose de esta manera el Principio Universal del Derecho de Defensa y al Debido Proceso.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando, que si bien es cierto, el demandante permaneció laborando en forma ininterrumpida desde que fue nombrado en el cargo de Asistente Administrativo en la Dirección de Servicio Civil, dependencia de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, empero, lo que no manifiesta el hoy demandante a su conveniencia, es que al momento de su cancelación por cesantía y desde mucho tiempo atrás, no realizaba las funciones propias del cargo, sino en otras ajenas y cabe mencionar que en las mismas circunstancias se encontraban otros empleados, extremo que detectó la autoridad nominadora y que constituyó una efectiva evaluación del personal y es así como la autoridad nominadora se vio en la obligación irrenunciable e imprescindible de reestructurar los puestos y cargos de la Dirección General de Servicio Civil y procedió a cancelar por cesantía al hoy demandante y a otros empleados más como producto de la reorganización administrativa que era imperante en ese momento con el propósito de lograr una más eficaz administración pública, pues no era viable para el Estado de Honduras erogar salarios a un personal en tal situación, con esto dando cumplimiento, al espíritu pretendido por el legislador en el artículo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil; por lo que es fuera de contexto lo que pretende argumentar la parte actora al aseverar que se le tuvo que probar la justa causa de despido como levantar actas de investigación, audiencias de descargo, etcétera, procedimiento este propio y exclusivo de los empleados que han incurrido en una causal de despido, pero como se mencionó anteriormente no se está frente a un despido, sino ante una cancelación por cesantía, siendo dos conceptos completamente distintos y lo que denota es un total desconocimiento del Capítulo XV de Cesantía contenido en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil específicamente en sus artículos 187 al 193.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando procedente la demanda promovida por el señor Marlon Osorto Mejía, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado; anulando el acto administrativo No.182-A-DP-2010 de fecha 31 de agosto de 2010, por medio del cual se canceló al demandante, pues fue dictado sin seguir total y absolutamente el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento; reintegrar al demandante al puesto de Asistente Administrativo, y si éste ya fue suprimido, se ordena su restitución a otro de igual categoría y salario; condenando al Estado de Honduras al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde el momento de la ilegal cancelación hasta que sea definitivamente reinstalado, incluyendo las vacaciones adeudadas y cualquier aumento o bonificación que la plaza haya gozado, quedando diferido su cálculo para el momento en que se ejecute este fallo, sin costas; bajo el criterio que el régimen de cancelación por cesantía, que es a fin de cuenta el que ha citado la demandada como sustento de su accionar en el presente caso, está instituido como una de las facultades discrecionales y excepcionales que ostenta la Administración Pública, para prescindir de los Servicios de un asalariado público, siendo por ello, una de las excepciones al principio constitucional de estabilidad y permanencia en el puesto de trabajo, que debe gozar los demás Servidores Públicos del Servicio Oficial; sin embargo, para que la administración haga uso de esa facultad discrecional y excepcional, se requiere el cumplimiento de ciertas exigencias citados de forma expresa por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento respectivo, como ser el envío de la Comunicación a la Dirección General de Servicio Civil, en la cual consta el dictamen favorable por parte del Consejo de Servicio Civil, que la cesantía del servidor público es procedente así como tomar en cuenta las evaluaciones periódicas de cada uno de los servidores y los años de servicio en la administración pública, enviando dentro del plazo improrrogable de diez días a partir de la fecha de efectividad de la cesantía del o los cesanteados para inscribirlos en lugar preferente en la respectiva lista de reingreso, con las pruebas aportadas por las partes, no se ha logrado acreditar que la autoridad nominadora haya seguido de manera total y absoluta el procedimiento de cesantía contemplado en la ley, pues lo único que consta de autos es la consulta a Servicio Civil.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintitrés de abril de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que esta debidamente probado de autos que la autoridad nominadora no siguió el procedimiento que ordena la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para cancelar por cesantía al demandante, por lo que nos encontramos ante un acto administrativo viciado de nulidad, ya que la ley de esta jurisdicción es clara al ordenar que la acción es procedente cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder, que en caso de autos es la emisión del acto impugnado sin seguir los presupuestos que prescribe la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en consecuencia la nulidad del mismo decretada por el A-quo es correcta.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, en fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintitrés de abril de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.097-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.529-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, presentó en fecha doce de junio de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de junio de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha diecisiete de junio y veintitrés de julio de dos mil quince, los Abogados SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA y CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha trece de agosto de dos mil quince, teniendo por personados a los Abogados CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, como recurrente y SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTÍAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCIÓN SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSIÓN. Este motivo se encuentra comprendido en el Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. En la Sentencia recurrida se aplicó e interpretó erróneamente el Artículo 54 de la Ley de Servicio Civil en relación con el Artículo 189 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. La impugnación de la aplicación e interpretación se explica así: La Sentencia recurrida considera equivocadamente que la autoridad nominadora no siguió la totalidad del procedimiento como es la realización de la evaluación periódica y no envió la nómina de los cesanteados para inscribirlos en el lugar preferente en el reglamento de reingreso. La Sentencia que por este acto recurrimos no se encuentra dictada conforme a derecho, puesto que la autoridad nominadora cumplió con todo el procedimiento para cancelar por cesantía al demandante, pues esta representación legal acreditó fehacientemente en fase probatoria mediante la prueba documental consistente en: a) Oficio 198-SDP-2010 de fecha 23 de junio del 2010, con lo que se acredita que la autoridad nominadora consultó al Consejo de Servicio Civil, si procedía o no la cancelación por cesantía de la demandante, cumpliendo con esto el mandato del Artículo 53 inciso b) de la Ley de Servicio Civil y, b) Oficio 111-CSC-2010 de fecha 31 de agosto del 2010, por medio del cual el Consejo de Servicio Civil, dio su parecer y autorizó la procedencia de la cesantía de la demandante y de otras personas, como producto de una reestructuración administrativa acaecida en la Dirección General de Servicio Civil. Extremo que hacemos valer nuevamente para su reconsideración, pues con esta prueba documental que no valorada por el juzgador, con lo que se demuestra contundentemente que mi representada si cumplió con todos los requisitos y pasos que establece la Ley de Servicio Civil previstos para las cancelaciones por cesantía cuando se tiene como fin lograr una más eficaz organización administrativa. Por supuesto se tomó en cuenta previamente las evaluaciones que se realizaron al personal de esa dependencia, Honorables Magistrados, en el presente caso específico la evaluación periódica no es el elemento imperante o definitivo para que la autoridad nominadora decidiera la cancelación por cesantía de un servidor público, depende única y exclusivamente de las excepciones calificadas en el Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, en este caso preciso de autos se aplicó el inciso b) que dice: “Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa”. El legislador no decidió o tipificó que el resultado de las evaluaciones fuera un requisito único, primordial e indispensable, sencillamente por eso observamos que en la Ley de Servicio Civil por ejemplo en el relacionado Artículo 54, en lo contentivo a la cancelación de servidores públicos por cesantía, no contempló, ni desarrolló parámetros perfectamente cuantificados y calificados para su procedimiento, es más no estableció porcentajes permitidos o prohibidos para analizar la aplicación de los resultados. Del espíritu del Artículo 54 de la Ley de Servicio Civil que en su parte conducente dice: “...La autoridad nominadora deberá tomar en cuenta los resultados de la evaluación periódica de los servicios de cada una de ellas y enviará dentro del plazo improrrogable de siete días hábiles a la Dirección General, la nomina del o de los cesanteados para inscribirlos en lugar preferente en las respectivas listas de reingreso...”, sin lugar a dudas del texto de esta Artículo 54 se desprende que los resultados sirven exclusivamente para determinar el lugar que ocuparán los empleados cancelados en la lista de reingreso, pues el precitado artículo en su redacción enlaza la figura de las evaluaciones con la lista de reingreso, por lo que sin lugar a dudas quedó plasmado que la finalidad de realizar las evaluaciones es sino para conformar el listado de reingreso. Lo anteriormente enunciado es lo que erróneamente ha interpretado la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, pues si fuera de otra manera veríamos que las evaluaciones tendrían una supremacía real y la decisión única se derivaría del resultado de las mismas para proceder o no a la cancelación de un servidor público y no es así, pues la misma ley deja a la autoridad nominadora con la obligación única de considerar la facultad de determinar la cancelación por cesantía según los calificativos establecidos en el Artículo 53 y no de otros extremos, de lo contrario se caería en la subjetividad o en lo extra legal. Aún así, la autoridad nominadora en el presente caso de autos, de plano sí cumplimentó una evaluación que en ningún caso pudo ser cuantificada o numérica pues era simple poder detectar que el demandante no se encontraba realizando las tareas derivadas del cargo de nombramiento, tal y como se pudo constatar fehacientemente en la fase probatoria, también fue el caso de otros empleados que fueron cesanteados junto con el hoy demandante, es por ello que la autoridad nominadora ante tales circunstancias sí aplicó una evaluación pero, la misma no era numérica, cuantificada o escrita pues el caso no lo ameritaba ya que la causal invocada era evidente pues el demandante se encontraba nombrado en un puesto en el cual no ejercía las funciones propias del cargo, extremo que se probó contundentemente en juicio. Consta de autos que el puesto de Asistente Administrativo desapareció, pues este y otros puestos en las mismas lamentables circunstancias fueron eliminados por completo y con ello se obtuvo una más eficaz y económica organización administrativa y todo ello no requería una evaluación individualizada, cuantificada, numérica por no corresponde, por ende es materialmente imposible reintegrar a la demandante, pues la plaza que ocupa la demandante ya no existe en la estructura organizativa de la Dirección General de Servicio Civil. En conclusión también recalcamos, el resultado de las evaluaciones sirve para determinar el lugar que ocuparan los empleados cancelados en la lista de reingreso para su reubicación en otro puesto y no es o no constituye en el presente caso de autos un requisito indispensable establecido en la Ley de Servicio Civil para cancelar a un empleado público, es decir este no será el factor determinante en el presente caso, como erróneamente se ha mal interpretado en las Sentencias Definitivas de primera y segunda Instancia. Es cierto que el actuar de la autoridad nominadora es válido y la Ley Especial de Servicio Civil ya se lo permite, pues atendiendo es facultad procedió a reestructurar puestos en la Dirección General de Servicio Civil que no estaban siendo desempeñados con las funciones para el cual fueron creados, extremo que no requiere una evaluación numérica o cuantificada pues es evidente la causal es por ello que el cargo de Asistente Administrativo desapareció, cumpliéndose en su totalidad el procedimiento establecido de cesantía: (-Se solicitó autorización al Consejo de Servicio Civil; Se obtuvo respuesta favorable del Consejo de Servicio Civil; Por haberse elaborado los correspondientes informes y documentos consistentes en: Acuerdo de Cancelación por cesantía, Transcripción del Acuerdo de Cancelación por Cesantía y Formulario de Acción de Personal) y, al no ser un motivo imperante la realización de las evaluaciones sino para integrar la lista de reingreso, quedando la decisión de la autoridad nominadora facultada en lo preceptuado en el Artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, por lo tanto reiteramos que siendo así la autoridad nominadora no violó ningún procedimiento al dictar el Acuerdo de Cancelación hoy improcedentemente impugnado”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso del artículo 53 de la Ley de Servicio Civil; y, c) formula alegatos de instancia.- III. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a ésta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de marzo del dos mil diecisiete; certificación del auto de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 360-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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