Sentencia CA-327-15 — Registro 6770
Resumen
En primera instancia dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por la demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) en su formulación no resulta claro ni preciso el tipo de infracción, es hasta en su explicación donde alude confusamente a la “aplicación indebida o improcedente…violación del Debido Proceso, Congruencia y aplicación indebida de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento…”; b) conforme el precepto autorizante invocado, artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, se ataca el fallo recurrido por la aplicación e interpretación de las normas empleadas para la solución de fondo del litigio, sin embargo, entre las normas que considera infringidas, los artículos 90 de la Constitución de la República y 208 del referido Código Procesal Civil, así como lo expuesto en su explicación, se alude al tema de la congruencia y motivación del fallo, que es propio de otra causal de este extraordinario recurso, lo cual también produce confusión, ya que en todo caso, se debió exponer en forma separada, por la independencia de los cargos en casación; c) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) en su explicación realiza alegatos propios de instancia"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) en su formulación no resulta claro ni preciso el tipo de infracción, es hasta en su explicación donde alude confusamente a la “aplicación indebida o improcedente…violación del Debido Proceso, Congruencia y aplicación indebida de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento…”; b) conforme el precepto autorizante invocado, artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, se ataca el fallo recurrido por la aplicación e interpretación de las normas empleadas para la solución de fondo del litigio, sin embargo, entre las normas que considera infringidas, los artículos 90 de la Constitución de la República y 208 del referido Código Procesal Civil, así como lo expuesto en su explicación, se alude al tema de la congruencia y motivación del fallo, que es propio de otra causal de este extraordinario recurso, lo cual también produce confusión, ya que en todo caso, se debió exponer en forma separada, por la independencia de los cargos en casación; c) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) en su explicación realiza alegatos propios de instancia"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil diez y siete, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS por medio de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, representado en juicio por el Abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA; y, Recurrido: EXI LISSETTE PADILLA GOMEZ, representando en juicio por la Abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para que se dicte la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por medio del cual fue cancelada de su puesto de trabajo, dicho acto se encuentra en el acuerdo de cancelación 637/2011 de fecha diez de agosto del 2011 emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos; por lo que pide el reintegro al cargo como OFICIAL DE AFORO Y DESPACHO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, mas el pago de salarios dejados de percibir, así como otros beneficios obtenidos en su ausencia, en virtud de alegar que dicho acto infringe el ordenamiento jurídico consignado en la Constitución de la República, violentando el procedimiento para despido; acción promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán, por la señora EXI LISSETTE PADILLA GOMEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que ingresó a laborar para la Dirección Ejecutiva de Ingresos el 01 de marzo del 2007, mediante acuerdo numero 0206/2007, en el cargo de oficial de aforo y despacho, iniciando su función en la aduana de Amatillo, Toncontín, Puerto Cortes y culminando en la Aduana de Roatán. Fue despedida mediante acuerdo de cancelación 637/2011 de fecha 10 de agosto del 2011, en el que se estableció el no seguir los procedimientos aduaneros, no realizar revisión exhaustiva de cuatro duas y reincidencias, sin embargo en cuanto a esta ultima causal la demandada no estipula a que reincidencia se refiere, también dedujo que no desempeño su cargo con dedicación y eficiencia, sin tener probados tales hechos. Por otra parte la autoridad nominadora fundamenta el despido en la Ley de Servicio Civil, siendo lo correcto el Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera, el que en ninguna de sus partes otorga facultades al Director Ejecutivo para despedir al personal.- 2. La parte demandada, contestó dicha demanda señalando que de la revisión de las cuatro duas o declaraciones únicas aduaneras, realizadas por el demandante, estas presentan violación a los procedimientos establecidos, pues de la verificación física de las mercancías seleccionadas por el sistema, particularmente aquellas seleccionadas al canal rojo, se encontró que el demandante no cumplió con loas siguientes funciones: 1) No cumplió con las funciones del puesto asignadas por la autoridad superior, 2) No aplico disposiciones legales y administrativas emanadas por la DEI, 3) Incumplió lo establecido en las circulares DEI-SVA-218-2008 y DEIDL-SCA-195-2010 en la declaración única aduanera 110006000473ª, ya que no solicito muestras, ni solicito formas de pago a fin de verificar el valor de aduanas, 4) En la declaración única aduanera 110006000616W, importación de ropa usada, no cumplió con las instrucciones giradas mediante circulares DEI-DL-SVA-062-2008, DEI-DL-218-SVA-2008, DEI-DL-SVA-281-2008 y DEI-DL-SVA-034-201º, ya que no formulo los requerimientos necesarios ni utilizo los métodos de valoración excluyente que establece el GATT, 5) En la declaración única aduanera 110006000641-U, por no utilizar los métodos de valoración excluyente; de todo esto reincidió en sus actos y considerando que en una muestra aleatoria de cuatro DUAS presentan violación a los procedimientos establecidos, se entiende que este no desempeñó el cargo con la dedicación y eficiencia que requiere la naturaleza del mismo.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán, en fecha quince de agosto del año dos mil catorce, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación numero 637-2011, por medio del cual se cancelo por despido al demandante, anular el acuerdo de cancelación número 637-2011, reconocer la situación jurídica individualizada de la demandante; y para su pleno restablecimiento se resuelve reintegrar al demandante a su cargo de Oficial de Aforo y despacho en la Dirección Ejecutiva de Ingresos; condenar al Estado de Honduras, a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos al pago a favor de la demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación hasta la fecha en que la demandante este restituida en su cargo, mas el pago de beneficios obtenidos en su ausencia que le pudieran corresponder; se decreta en su caso, la nulidad del acto administrativo por el cual se haya nombrado al sustituto de la demandante, bajo el criterio que el articulo 71 del Decreto 17-2010 establece la creación de un régimen o reglamento especial, laboral, de la carrera de la Administración Tributaria y Aduanera para los funcionarios empleados de la DEI, mismo que a la fecha de la cancelación del demandante, no se había emitido, por lo que al tenor de lo establecido el articulo 31 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, el demandante aun estaba sujeto al Régimen de Servicio Civil. Por otra parte el régimen de cancelación por despido es una facultad de la administración, cuando considera que las actuaciones de los servidores se enmarcan dentro de las causales consideradas como de extrema gravedad, que contemple el despido como sanción por la comisión de una falta grave y el procedimiento que conlleva dicho régimen (audiencias de descargo, evaluaciones), por lo que con la prueba admitida, se ha podido establecer que la demandante se le realizo audiencia de descargo, la que dio como resultado la cancelación de su acuerdo de nombramiento, esto por habérsele comprobado según la autoridad nominadora, las obligaciones o prohibiciones establecidas en los artículos 37 y 42 de la ley de Servicio Civil, así como el incumplimiento de los procedimientos aduaneros para el despacho de mercaderías, sin embargo también es obligación de esta especificar la causal o falta que amerito el despido, pues al especificar la misma es posible determinar si la sanción aplicable (amonestación, falta leve, despido etc.), corresponde a la gravedad a la falta cometida, ya que el despido procede dependiendo de la gravedad de la falta, y es por eso la importancia de establecer la causal en forma clara, ya que la falta de dedicación y eficiencia en el cargo se acredita con los resultados de evaluación periódica del desempeño, y las mismas no fueron acreditas, por lo que es procedente la nulidad del acto impugnado.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha doce de marzo del año dos mil quince, dictó sentencia confirmando, la proferida en primera instancia, bajo el criterio que consta en autos que a la fecha de la cancelación de la demandante, no se había emitido todavía el reglamento especial laboral de la carrera Administrativa Tributaria y Aduanera para Empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), por lo que al tenor de lo que establece el articulo 31 del reglamento de organizaciones funcionales y competencias del poder ejecutivo, estarán sujetos al régimen de Servicio Civil, por lo expuesto en el caso que nos ocupa en este momento se le aplicara lo establecido en la Ley de Servicio Civil. También consta en autos que la ahora demandante, se le realizo audiencia de descargo, la que dio como resultado el acuerdo de cancelación por no haber podido desvanecer las obligaciones o prohibiciones establecidas en los artículos 37 y 42 de la Ley de Servicio Civil; sin embargo también se estableció que no cumplió con el procedimiento aduanero para el despacho de mercadería y la autoridad nominadora tiene la obligación de calificar la causal o falta que se cometió y que amerita el despido, para poder así determinar la sanción aplicable al caso, por lo que resulta procedente la nulidad del acto impugnado, pues consta en juicio que no se siguió el procedimiento legal establecido para la emisión del acuerdo de cancelación.- 5. La representación procesal de la parte recurrente/recurrido, abogado OSCAR ROLANDO MONTOYA, en fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha doce de marzo del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. SL-327-15, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.420-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintiocho de mayo del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida/recurrente, abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, presentó en fecha quince de junio del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de junio del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha/s veintiséis de junio del año dos mil quince, los Abogados AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL y OSCAR ROLANDO MONTOYA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha dos de julio del año dos mil quince, teniendo por personados a los abogados AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, en su condición de de representante procesal de la señora EXI LISSETTE PADILLA GOMEZ y OSCAR ROLANDO MONTOYA, actuando en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Infracciones de normas de derecho, establecidas en el artículo 719 numeral 2, por impugnación a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Las normas de Derecho que se invocan como infringidas por aplicación indebida o improcedente, cometidas por el tribunal, en la aplicación de la norma jurídica material para resolver el fondo del proceso; en relación a lo que literalmente prescriben los siguientes artículos: Articulo 90 de la Constitución de la República, que refiere al Debido Proceso; Articulo 37 de la Ley de Servicio Civil y 163 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil”; articulo 208 del Código Procesal Civil: “1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuaran las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debates”; El concepto de la Infracción lo explico así: Conforme a la violación del Debido Proceso, Congruencia y aplicación indebida de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en vista que de acuerdo al Principio de Congruencia, como requisito indispensable de las Sentencias que regula el Código Procesal Civil, en el artículo 208, nos encontramos, frente a un fallo, en el que el Ad-Quem hace uso en forma excesiva de su poder, consecuentemente su fallo es extra-petita, porque la Sentencia rebasa el marco de la demanda interpuesta, esto es, cuando se otorga conceptos o derechos que no formaban parte del petitorio de la demanda, que es el caso que nos ocupa, asimismo el Ad-quem hace una apreciación subjetiva, al referirse en el CONSIDERANDO (6) de sus Fundamentos de Derecho “Que no consta en auto que a la fecha de la cancelación de la demandante, no se había emitido todavía el reglamento especial laboral de la carrera administrativa tributaria y aduanera para empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI”,), agravios que no se encuentran expuestos en el Recurso de Apelación de merito interpuesto por nuestra parte.- Asimismo en los CONSIDERANDOS (7) y (9,), al respecto mi representada califico categóricamente las causales o faltas que cometió la Señora EXI LISSETTE PADILLA GOMEZ, ameritando el despido justificado, logrando por ende, determinar la sanción aplicable que se establece en los artículos 37 de la Ley de Servicio Civil y 163 numeral 3 del Reglamento del mismo, por lo que se siguió el procedimiento legal establecido para tal fin, aplicando la normativa para el caso concreto. Además de lo anterior se infringe el Debido Proceso, ya que la sentencia carece de motivación suficiente, por cuanto la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no considera o se pronuncia sobre los agravios expresados en los ordinales Primero y Segundo del escrito de Expresión de Agravios; sin embargo en la Sentencia motivo del presente recurso, solo se limita al aseverar en los Considerandos ( 6, 7 y 9), el Tribunal Ad-Quem, que el acto administrativo impugnado no se le siguió el procedimiento legal establecido, trayendo como consecuencia violación al ordenamiento jurídico, resultando ser procedente la acción del recurrido, por no ajustarse a derecho; apreciaciones estas subjetivas en vista que se probó a lo largo del juicio que la Cancelación por Despido de la Señora EXI LISSETTE PADILLA GOMEZ, fue emitido Conforme a Derecho, siguiendo el procedimiento para tal efecto; por lo que esta Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha infringido, la aplicación de las normas de derecho a las artículos ya enunciados de la forma que ya ha quedado expuesta; por lo tanto se concluye que la Sentencia Definitiva impugnada deviene en infracción de normas de derecho, por lo que amerita sea Casada Totalmente en este único Motivo, por lo tanto se concluye que la Sentencia Definitiva impugnada deviene en infracción de normas de derecho, por lo que amerita sea Casada Totalmente en este Motivo.”.- II. Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) en su formulación no resulta claro ni preciso el tipo de infracción, es hasta en su explicación donde alude confusamente a la “aplicación indebida o improcedente…violación del Debido Proceso, Congruencia y aplicación indebida de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento…”; b) conforme el precepto autorizante invocado, artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, se ataca el fallo recurrido por la aplicación e interpretación de las normas empleadas para la solución de fondo del litigio, sin embargo, entre las normas que considera infringidas, los artículos 90 de la Constitución de la República y 208 del referido Código Procesal Civil, así como lo expuesto en su explicación, se alude al tema de la congruencia y motivación del fallo, que es propio de otra causal de este extraordinario recurso, lo cual también produce confusión, ya que en todo caso, se debió exponer en forma separada, por la independencia de los cargos en casación; c) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de agosto del dos mil diecisiete; certificación de la resolución de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 327-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
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