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Sentencia CA-241-15 — Registro 6766

Resumen

Se declara la nulidad de la sentencia dictada ppr la Corte de Apelaciones

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece en su artículo 81, que la sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a Derecho el acto al cual se refiere y procedente cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder; por lo que resulta contradictorio, que por un lado la Corte recurrida sostenga en dicha resolución que es la acción de la demandante la que resulta improcedente y que por ello el acto administrativo impugnado se encuentra ajustado a derecho, cuando debe ser a la inversa, ya que la revisión del acto es la que deriva en la determinación de la procedencia o improcedencia de la acción.- " Que además, la sentencia del Ad-Quem si bien explica lo relacionado con las situaciones jurídicas derivadas de la existencia de 9 contratos de servicios profesionales continuos celebrados entre las partes para la misma clase de prestación de servicios y aduce que se reclamó y gestionó la firma del nuevo contrato de la demandante, aplicando el principio pacta sunt servanda, que consiste en que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos; sin embargo, también lo es, que efectivamente tal presupuesto es vinculante a los contratos, la acción de mérito es en materia de personal, donde se reclama el pago de salarios adeudados y que por esa razón el Juzgador de instancia deviene obligado a dar prevalencia a los derechos y garantías constitucionales, particularmente lo establecido en el artículo 70 párrafo tercero de la Constitución de la República, donde se consagra que ningún servicio prestado es a título gratuito, salvo lo dispuesto en la Ley o sentencia fundada en la misma.- Así como también, desde esa perspectiva se debió analizar lo relativo a la inexistencia de un nuevo contrato firmado por las partes, pese a la prestación efectiva del servicio y en todo caso, valorar las circunstancias que permitieron la continuación de la actividad laboral entre las partes.- ".- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de febrero del dos mil diecisiete, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, en la fecha supra indicada dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: SHIERLEY STEPHANIE GOMEZ MEZA, representada en juicio por la Abogada LIDIA GIRON PASTRANA; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA, representado en juicio por la Abogada MARIA DELMI LEMUS LEMUS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por no ser conforme a derecho, por infringir el ordenamiento jurídico por exceso y desviación de poder. Declarar la ilegalidad del mismo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por retención de salarios devengados, más el décimo tercero y décimo cuarto mes, y a manera de indemnización por daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir hasta que se ejecute la sentencia definitiva y demás derechos que se produzca durante la secuela del juicio. Costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha 21 de septiembre del 2012, por la señora SHIERLEY STEPHANIE GOMEZ MEZA, mayor de edad, soltera, Licenciada en Comercio Internacional, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició su relación laboral con SOPTRAVI el dos de enero del año dos mil ocho, hasta el día treinta y uno de agosto del año dos mil diez, mediante la suscripción de varios contratos de prestación de servicios profesionales, desempeñando sus funciones en la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como Asistente de la Directora, Abogada Elvia María Landaverde Castañeda, devengando mensualmente un salario de veinticuatro mil lempiras exactos (L.24,000.00). También manifestó que el último contrato que suscribió con la demandada tenía vigencia hasta el veintiséis de enero del año dos mil diez, y que por costumbre de la demandada firmaba los nuevos contratos un mes después de su finalización; y confiando en la palabra de su jefe inmediato como en la palabra de otros funcionarios, que se le iba a renovar su contrato, continuó laborando en dicha Institución, cumpliendo a cabalidad tanto con las funciones que le fueron asignadas, como con los horarios de trabajo. Habiendo laborado la demandante de febrero a agosto del año dos mil diez, la Institución le retuvo el pago de sus salarios de dichos meses, ascendiendo la retención a ciento cuarenta y cuatro mil lempiras (L.144.000.00), más el décimo tercer y cuarto mes de salarios, situación la anterior por la que con fecha treinta y uno de agosto del dos mil diez, envió nota a su jefe inmediato, Abogada Elvia María Landaverde, en donde le manifestaba que se daba por despedida, por las razones antes mencionadas, dicha nota fue recibida por su jefe inmediato, y donde también aparece la firma de la Directora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con copia al señor Secretario de Estado y a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la SOPTRAVI. Continuó manifestando la demandada que en atención a lo anterior presentó el correspondiente reclamo administrativo ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), la cual fue declarado sin lugar en fecha cuatro de enero del año dos mil doce, por lo que en fecha once de junio del año dos mil doce, se interpuesto recurso de reposición en contra de la resolución emitida por la demandada.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras por medio de la Procuraduría General de la República, contestó dicha demanda aceptando que efectivamente suscribió nueve contratos de servicios profesionales con la demandante y que el último contrato de servicios profesionales concluyó el veintiséis de enero del año dos mil diez, con una vigencia de veintitrés días; y rechazó el hecho de que los contratos se firmaban un mes después de terminado el que suscribió anteriormente. También la demandada manifestó en su defensa que en la cláusula quinta, específicamente en el párrafo segundo de dicho contrato se establece: “No hay responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), si el empleado labora fuera de la vigencia de este contrato; si no tiene autorización por escrito de la sub-gerencia de Recursos Humanos” y de conformidad establecido en Artículo 1348 del Código Civil, los cuales entre otras establecen que lo acordado entre las partes es ley entre las mismas, por lo que en consonancia a esta disposición contractual se entiende entonces que la relación sostenida entre las partes llegó a su fin desde el momento que el Contrato de Servicios Profesionales suscrito entre las partes llegó a la fecha de vencimiento. También estableció en su defensa que el contrato de servicios profesionales que dio fin a la relación contractual de la demandante con su representada, quedó sujeto a lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República que anualmente se emiten, así como al contenido de lo convenido entre las partes suscritas. Por lo que según el demandado se puede apreciar que en ningún momento su representada ha emitido resolución en exceso y desviación de poder.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en el Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de agosto del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción promovida por la demandante, contra el Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por estar ajustado a derecho el Acto Administrativo impugnado, en vista de lo cual se confirma el mismo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante suscribió nueve contratos de Servicios Profesionales con la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI); teniendo el último contrato de Servicios Profesionales una vigencia del cuatro de enero al veintiséis de enero del año dos mil diez, en los que en su cláusula quinta, párrafo segundo se especifica que no hay responsabilidad de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), si el empleado labora fuera de la vigencia de este contrato; sino tiene autorización por escrito de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos; en relación a lo anterior, en el expediente de mérito constan una serie de notas enviadas a distintas autoridades de dicha secretaría en las que se solicita información sobre en qué fecha se firmaría el contrato de Servicios Profesionales de la señora Shierley Stephanie Gómez Meza, pero no existe ninguna nota de respuesta a las enviadas por la hoy demandante, como tampoco existe autorización enviada por la Sub-Gerencia de Recursos Humanos, en donde se autorizara a la demandante, continuar laborando habiendo vencido ya el último contrato de Servicios Profesionales, el veintiséis de enero del dos mil diez; por lo que en consonancia a lo establecido en los artículos 1346 y 1348 del Código Civil, los cuales se aplican en materia de derecho administrativo, se entiende que las partes deben someterse estrictamente al contenido de la cláusula precitada en dicho contrato de Servicios Profesionales.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha quince de enero del año dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo; bajo el criterio que consta en autos, que la demandada suscribió nueve contratos de servicios profesionales con SOPTRAVI, donde consta que el último contrato de servicio de profesionales suscrito entre las partes, tuvo vigencia hasta el veintiséis de enero del año dos mil diez, y que en la cláusula quinta, párrafo segundo de cada uno de los precitados contratos, se establece “que no habrá responsabilidad para la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), si el empleado labora después de la vigencia de ese contrato, sin tener autorización por escrito de la sub gerencia de Recursos Humanos”, también se encuentra acreditado en el expediente, una serie de notas enviadas a distintas autoridades de la Secretaría precitada, en las cuales se solicita información sobre en qué fecha se firmaría el contrato de servicios profesionales de la señora Shierley Stephanie Gomez Meza, y no consta nota alguna que de respuesta a los enviados por la demanda, ni existe ninguna autorización enviada por la Sub-gerencia de Recursos Humanos, donde se autoriza a la señora GOMEZ MEZA, a continuar laborando, se esgrime que la acción interpuesta por la demandante resulta ser improcedente por ajustarse a derecho el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada Lidia Girón Pastrana, en fecha 05 de febrero del 2015, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha 29 de agosto 2014, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.393-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. SL-356-12 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha 15 de enero del 2015, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrida, Abogada MARIA DELMI LEMUS LEMUS, presentó en fecha 25 de marzo del 2015, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 26 de marzo del 2015, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo, hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas 26 de marzo del 2015 y, las Abogadas Lidia Girón Pastrana y Maria Delmi Lemus, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha 19 de mayo del 2015, teniendo por personados a las Abogadas LIDIA GIRON PASTRANA y MARIA DELMI LEMUS LEMUS, en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- 8.- En el escrito del recurso de mérito, la Recurrente formula un primer y único motivo por la falta de aplicación del artículo 128 numerales 3) y 4) de la Constitución de la República.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que toda persona tiene derecho a peticionar ante los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos para obtener una resolución pronta, completa e imparcial.- III.- Que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo, debiendo juzgar los asuntos, dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y oposición.- IV.- Que los actos procesales serán nulos, entre otros casos, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que de conformidad al principio dispositivo previsto en el artículo 701 del Código Procesal Civil, este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- VII.- La Corte de Apelaciones de la Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional confirma el fallo de primera instancia, donde se declara improcedente la acción promovida por la demandante, bajo el criterio que no existe autorización por parte de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para que ella continuara laborando, habiendo vencido su último contrato, por lo que la acción interpuesta por la demandante resulta ser improcedente, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.- VIII.- Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece en su artículo 81, que la sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a Derecho el acto al cual se refiere y procedente cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder; por lo que resulta contradictorio, que por un lado la Corte recurrida sostenga en dicha resolución que es la acción de la demandante la que resulta improcedente y que por ello el acto administrativo impugnado se encuentra ajustado a derecho, cuando debe ser a la inversa, ya que la revisión del acto es la que deriva en la determinación de la procedencia o improcedencia de la acción.- IX.- Que además, la sentencia del Ad-Quem si bien explica lo relacionado con las situaciones jurídicas derivadas de la existencia de 9 contratos de servicios profesionales continuos celebrados entre las partes para la misma clase de prestación de servicios y aduce que se reclamó y gestionó la firma del nuevo contrato de la demandante, aplicando el principio pacta sunt servanda, que consiste en que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos; sin embargo, también lo es, que efectivamente tal presupuesto es vinculante a los contratos, la acción de mérito es en materia de personal, donde se reclama el pago de salarios adeudados y que por esa razón el Juzgador de instancia deviene obligado a dar prevalencia a los derechos y garantías constitucionales, particularmente lo establecido en el artículo 70 párrafo tercero de la Constitución de la República, donde se consagra que ningún servicio prestado es a título gratuito, salvo lo dispuesto en la Ley o sentencia fundada en la misma.- Así como también, desde esa perspectiva se debió analizar lo relativo a la inexistencia de un nuevo contrato firmado por las partes, pese a la prestación efectiva del servicio y en todo caso, valorar las circunstancias que permitieron la continuación de la actividad laboral entre las partes.- X.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 59, 60, 64, 70, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 22, 193, 200, 206, 207, 208, 245 y 701 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 81, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 15 de enero del 2015, visible a folios nueve (9) al quince (15) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho.- Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de marzo del dos mil diecisiete; certificación de la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 241-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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