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Sentencia CA-216-16 — Registro 6983

Resumen

En primera instancia se declara improcedente la acción interpuesta por el recurrente en virtud de ajustarse a derecho el Acto Administrativo impugnado;se confirma en segunda instancia bajo el criterio que la parte actora pretende el pago de intereses al tenor del artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, lo que refuta el demandado en su escrito de contestación de demanda al señalar al final del hecho segundo de dicha contestación que “ni el contrato original suscrito por el IHSS con la empresa CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA, ni en los Adendum realizados al mismo, se estipula alguna obligación por parte del IHSS, para efectuar el pago de intereses, y mucho menos se establece el procedimiento para el pago de los mismos”

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que en el mismo se ha incurrido en los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebido o interpretación errónea; y, b) se insta a la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y uno días del mes de octubre de dos mil diecisiete, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDGARDO CACERES CASTELLANOS, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA S.A. DE C.V. (CONDELTA), representada en juicio por el Abogado RICARDO A. PADILLA P.; y, Recurrido: el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), representado en juicio por el Abogado HECTOR DE JESUS GARCIA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo por no ser conforme a derecho, reconocimiento de la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento, la indemnización de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado JESUS HUMBERTO MEDINA ALVA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA S.A. DE C.V. (CONDELTA), contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 19 de febrero de 2008, el señor Tulio Efraín Bu Figueroa en su condición de Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el señor Mario Roberto Solís Dacosta en representación de la sociedad mercantil denominada Constructora Continental Delta S.A. de C.V. (CONDELTA), suscribieron un contrato de drenaje aguas lluvias exterior del Hospital del Norte de la ciudad de San Pedro Sula, por un monto total de L.2,520,235.06, identificado como contrato número 005-2008. Posteriormente, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., en fecha 20 de febrero de 2008, el señor Tulio Efraín Bu Figueroa, en su condición de Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el señor Mario Roberto Solis Dacosta en representación de la sociedad mercantil denominada Constructora Continental Delta, S.A. de C.V. (CONDELTA), suscribieron un contrato de obra para la finalización de la construcción de los módulos 1 y 2 del Hospital Regional del Norte, por un monto total de L.21,495,139.21, identificado como contrato número 017-2008. Luego, en fecha 28 de septiembre de 2008 se realizó un adendum número 2 al contrato citado por un valor de L.941, 995.33, el día 28 de agosto de 2008 se efectuó adendum número 3 al contrato indicado por un valor de L.1, 117,269.88, y el día 16 de febrero de 2009 se realizó un adendum número 4 al contrato citado por un valor de L.913, 658.12. En fecha 21 de septiembre de 2011, la Abogada Claribel Medina, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada Constructora Continental Delta, S.A. de C.V. (CONDELTA), interpuso ante el Instituto Hondureño de Seguridad Social, reclamo administrativo por la cantidad de L.730,441.97, expediente que se encuentra identificado bajo el número 8581-11. En vista de la negativa del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en cancelar el recibo de fecha 29 de marzo de 2010 por la cantidad de L.545,730.67 y, el recibo de fecha 30 de junio de 2010 por la suma de L.154,068.75, que corresponde al pago de intereses por atraso en el pago de estimaciones para la ejecución del proyecto Finalización de la Construcción de los Módulos 1 y 2 del Hospital Regional del Norte, conformidad al contrato citado. Y, el recibo de fecha 29 de marzo de 2010, por la cantidad de L.30, 642.55, que corresponde al pago de intereses por atrasos en el pago de estimación para la ejecución del proyecto drenaje aguas lluvias exterior del Hospital del Norte, conformidad al contrato relacionado. Resulta que el día 11 de junio de 2012 mediante resolución número 477-2012-DE-IHSS, dictada por la Dirección Ejecutiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, declara sin lugar el reclamo administrativo citado; y, manda que una vez notificada la resolución se extienda transcripción al reclamante y Departamentos correspondientes del Instituto, quedando firme si dentro del plazo de 10 días no interpone Recurso de Reposición y Subsidiaria Apelación. En vista de haberse interpuesto el recurso de apelación, la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, procedió el día 25 de septiembre de 2012 a dictar la resolución número 12-25-0-2012 de la sesión ordinaria número 41-2012, en la cual declara sin lugar el recurso de apelación en virtud que dicho pago es improcedente, ya que ni en el contrato original suscrito por el IHSS con la Empresa Constructora Continental Delta, ni en los adendum realizados al mismo, se estipula alguna obligación por parte del IHSS, para efectuar el pago de los mismos, quedando firme la resolución emitida por la Dirección Ejecutiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) número 477-2012-DE-IHSS de fecha 11 de Junio de 2012. La resolución impugnada señala que el reclamo administrativo fue presentado de manera incorrecta, en base al artículo 128 párrafo último de la Ley de Contratación del Estado, ya que la demandada no puede alegar incumplimiento de la administración y solicitar el pago de dichos intereses. Tal precepto legal corresponde cuando el contrato ha sido resuelto por motivos imputable al contratista, o cual no ha sucedido en éste caso. La resolución número 477-2012-DE-IHSS de fecha 11 de junio de 2012 dictada por la Dirección Ejecutiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), no se pronuncia concretamente sobre los retrasos en el pago de algunas estimaciones, ni hace relación a los montos reclamados. En consecuencia, es evidente la infracción del ordenamiento jurídico que se comente con la resolución impugnada, ya que violenta derechos que la ley garantiza a la demandante, no puede ser vulnerados por una resolución administrativa, siendo procedente su anulación y se le reconozca la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento la indemnización de daños y perjuicios en la cantidad de L.730,441.97, más los intereses a la tasa anual máxima en moneda nacional del sistema bancario nacional, más las costas del juicio.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda señalando que en el año 2012 la Dirección Ejecutiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, aprobó la resolución N° 477-2012-DE-IHSS, en la cual se resolvió declarar sin lugar el reclamo administrativo para el pago de L.730,441.97, a causa de los intereses devengados por demora en el pago de retención de fondos sobre obras ejecutadas en la construcción de módulos 1 y 2 del Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula, presentado por la Abogada Claribel Medina, en su condición de apoderada legal de la Constructora Continental Delta S.A. de C.V., en virtud de que, según las copias de documentos que obran en el expediente, la gerencia administrativa y financiera, ha conocido anteriormente de tal solicitud, y consta en autos que en su momento solicitó la opinión respectiva, contestándole la Unidad de Asesoría Legal, que dicho pago es improcedente, en virtud que ni en el contrato original suscrito por el IHSS con la empresa Constructora Continental Delta, ni en los Adendum realizados al mismo, se estipula alguna obligación por parte del IHSS, para efectuar el pago de intereses, y mucho menos se establece el procedimiento para el pago de los mismos, por lo que se rechaza la demanda interpuesta contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social, porque por el hecho de presentar una impugnación, no exonera a la demandante del pago de sus obligaciones con el IHSS.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la sección judicial de de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, once de agosto de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción interpuesta por el Abogado Jesús Humberto Medina Alva, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA CONTINENTAL S.A. DE C.V. (CONDELTA) contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, en virtud de ajustarse a derecho el Acto Administrativo impugnado; confirmando la Resolución No.447-2012-DE-IHSS, de fecha 11 de junio de 2012, dictada por la Dirección Ejecutiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en donde se declara sin lugar el Reclamo Administrativo interpuesto por la Sociedad demandante, sin costas; bajo el criterio la parte demandante solicita la tutela judicial en el sentido que se decrete a Nulidad del Acto Administrativo emitido por la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social porque el pago de intereses que se reclama, se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, que es complementado con lo dispuesto en el artículo 124 numeral 3) de esa ley, que dispone lo siguiente: “DERECHOS DE LOS CONTRATISTAS. Los contratistas tendrán los derechos siguientes: 1)…, 2)…, 3) Derecho al pago de intereses por mora de conformidad con el Artículo 28 de la presente Ley”. En los contratos de obra para la finalización de la construcción de los módulos 1 y 2 del Hospital Regional del Norte en la ciudad de San Pedro Sula y el drenaje aguas lluvias exterior del Hospital del Norte de dicha ciudad, suscritos con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), no se estableció el pago de los intereses por atraso en el pago de estimaciones para la ejecución de los proyectos objeto de los contratos citados, pero la obligación reclamada se deriva de la ley y no del contrato lo que no significa que el contratista pierde un derecho que lo tiene garantizado por la ley, pues la demandante no dispuso en los contratos aludidos que renunciaba al derecho que le concede la ley a recibir el pago de intereses por mora, pero que sea denegado el pago de intereses por atraso por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La Entidad estatal demandada al momento de dictar el Acto Administrativo impugnado se basa, entre otras cosas, en que ni en el Contrato Original suscrito con la demandante, ni en ninguno de los adendums realizados al mismo, se estipula alguna obligación por parte del Seguro Social para efectuar el pago de intereses y muchos menos se establece el procedimiento para el mismo. El fin último de la actividad probatoria es la demostración de las afirmaciones de hecho realizadas por las partes en sus actos alegatorios como fundamento de sus respectivas pretensiones. Desde ésta perspectiva, y como regla general, es indiferente cuál de los litigantes logre la justificación de un hecho dado, a esto se refiere el principio denominado de «adquisición procesal». En cambio, es precisamente si no logra quedar acreditado un determinado hecho cuando ha de determinarse a cuál de los litigantes ha de perjudicar su falta. Al no haberse proporcionado el Contrato Original suscrito por la Sociedad Mercantil demandante con la Entidad Estatal demandada, es imposible determinar si en dicho Contrato se estableció el procedimiento del pago de los intereses que exige la demandante al demandado, lo que de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado es requisito indispensable para que el Contratista tenga derecho a dicha remuneración, dicho en otras palabras, el no haber presentado el Contrato Original ha hecho que la parte demandante deba soportar el perjuicio derivado de la falta de prueba de los hechos jurídicamente relevantes para la decisión, perjuicio que consiste en que se debe declarar la improcedencia de ésta acción, puesto que el demandado en su escrito de contestación es claro al indicar que no acepta las pretensiones del demandante en cuanto pagarle los intereses reclamados debido a que dicho pago no estaba pactado en el contrato original, por lo que es lógico que al demandante le correspondía desvirtuar lo alegado por la demandada y proporcionar el Contrato Original para demostrar su causa petendi y así modificar la presunción de legalidad con que se encuentra revestido todo Acto Administrativo.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha siete de enero de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la parte actora pretende el pago de intereses al tenor del artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, lo que refuta el demandado en su escrito de contestación de demanda al señalar al final del hecho segundo de dicha contestación que “ni el contrato original suscrito por el IHSS con la empresa CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA, ni en los Adendum realizados al mismo, se estipula alguna obligación por parte del IHSS, para efectuar el pago de intereses, y mucho menos se establece el procedimiento para el pago de los mismos”. Que es correcto como se señala en primera instancia que al ser el hecho controvertido si el contrato suscrito entre las partes ordenaba o no el pago de intereses por parte del demandado al demandante, éste debía de ser probado en juicio por la parte actora, y así acreditar su pretendido pago de intereses, lo que no ocurrió así, al no haber sido acompañado en juicio por ende no está probado el procedimiento de pago, y el monto de los intereses mismos que reclama el demandante.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, en fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha siete de enero de dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.250-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.008-2013 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo; quién no hizo uso de dicho término, por lo que, en proveído de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, se declaró precluido el término concedido al Abogado HECTOR DE JESUS GARCIA, a efecto de que se pronunciara sobre el recurso de casación, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante éste alto Tribunal, apareciendo notificados por medio de cédula de notificación fijada en la tabla de aviso del despacho de dicha resolución en fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, los Abogados RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA y HECTOR DE JESUS GARCIA, respectivamente.- 6. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veinticinco de julio de dos mil dieciséis, teniendo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de los Abogados RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, como recurrente, y HECTOR DE JESUS GARCIA, como recurrido, para que se personaran ante ésta Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer y único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “PRECEPTO AUTORIZANTE…. Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil en lo concerniente, a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. DISPOSICION INFRINGIDA…. Artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, que dispone que la administración reconocerá intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectúe el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la presentación correcta de los documentos de cobro correspondientes. El pago de intereses, se hará a más tardar en la fecha del siguiente pago parcial. DEMOSTRACION DE LA INFRACCION POR LA INAPLICACION DE LA NORMA DE DERECHO EMPLEADA PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGO. La sociedad mercantil denominada Constructora Continental Delta, S.A. de C.V. (CONDELTA) mediante su demanda alega que los contratos de obra para la finalización de la construcción de los módulos 1 y 2 del Hospital Regional del Norte en esta ciudad y el drenaje aguas lluvias exterior del Hospital del Norte de esta ciudad anteriormente indicados, que si bien es cierto en ellos las partes no establecieron el pago de los intereses por atraso en el pago de estimaciones para la ejecución de los proyectos objeto de los contratos citados, pero esa obligación se encuentra debidamente dispuesta en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado. La inaplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Contratación del Estado, incide directamente en el fallo, debido a que la Corte Sentenciadora incurrió en una infracción de la norma de derecho que se debe emplear para la solución de fondo del litigo. Ya que no estima que independientemente que en los contratos no se encuentren pactados el pago de los intereses a favor del contratista por el incumplimiento de la administración, el derecho garantizado para el pago lo tiene el contratista por lo dispuesto en la norma que se dejó de aplicar para la solución del objeto del proceso.- II. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, ya que en el mismo se ha incurrido en los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción es decir, si es por falta de aplicación, aplicación indebido o interpretación errónea; y, b) se insta a la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la resolución recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil diecisiete; certificación de la resorción de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 216-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO

SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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