Sentencia CA-91-15 — Registro 6091
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, bajo el criterio que la demandada por medio de una acta de negociación se comprometió a la resignación de las plazas de los profesionales del derecho que se encontraran desempeñando funciones de su rubro, cumpliendo los requisitos de ley, por lo que tiene derecho a lo que demanda en segunda instancia se confirma la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, ya que si bien el Impetrante ha fundado su motivo en el numeral 2) de dicha disposición, respecto al control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, la misma debe realizarse al margen de las situaciones y extremos debatidos en el proceso; b) en el desarrollo del cargo hace referencia a otros preceptos legales citados como violados, distintos a los establecidos en la formulación lo cual lo hace carecer de claridad y precisión, tal es el caso de los artículos 206, 321 y 364 de la Constitución de la República; y, c) formula alegatos de instancia
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resoluciòn que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de agosto de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA; y, Recurrido: el señor GERARDO ENRIQUE MONCADA GARCIA, representado en juicio por el Abogado JOSE ANIBAL PINEDA BARRIENTOS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la declaración de nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se adopten medidas necesarias como ser el reajuste del salario, retroactividad o incrementos más costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de junio del dos mil doce, por el señor GERARDO ENRIQUE MONCADA GARCIA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción que en fecha veintisiete de junio de dos mil ocho, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y los Profesionales del Derecho que trabajaron para la misma se les daría el mínimo que estipula el Arancel que son L. 21,000.00, iniciando su relación laboral el dos de marzo de mil novecientos noventa y dos, dándole acuerdo por ascenso el treinta y uno de diciembre del dos mil diez, para el cargo de Oficial Jurídico I, realizando labores como Profesional del Derecho, en el mes de marzo se aumentó dicho sueldo siendo notificado el veintiuno de mayo del dos mil doce, haciendo referencia a otro cargo que desempeñaba por lo que presentó reclamo administrativo correspondiente, solicitando el reajuste de su salario declarándose sin lugar el cuatro de enero del dos mil doce, siguiendo el procedimiento establecido en la ley presentando reposición declarándose sin lugar.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, contestó dicha demanda señalando que al momento de suscribirse el convenio de fecha veintitrés de septiembre del dos mil ocho, con el fin de beneficiar a los que trabajaban en ese momento para la Secretaría se levantó un listado aplicándoles el salario en base al Arancel del Profesional del Derecho, siendo los nombrados y que en ese momento desempeñen funciones como Asesores Legales y Oficiales Jurídicos, no siendo el caso del demandante ya que desempeñaba en el cargo de Auxiliar de Salud Ambiental.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de noviembre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada; reconoce la situación jurídica individualizada reclamada y como medida para su pleno restablecimiento se ordena a la demandada al reconocimiento del pago de reajuste de su salario a L. 21,000.00 a partir del veintitrés de diciembre del dos mil diez y sin costas; bajo el criterio que la demandada por medio de una acta de negociación se comprometió a la resignación de las plazas de los profesionales del derecho que se encontraran desempeñando funciones de su rubro, cumpliendo los requisitos de ley, por lo que tiene derecho a lo que demanda.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinte de noviembre del dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio que al demandante se le nombró como Oficial Jurídico I, ejerciendo funciones del Profesional del Derecho, por lo que le corresponde el salario mínimo pactado según lo establece la garantía constitucional de igual trabajo igual salario, sin hacer discriminación alguna, debiendo de dar cumplimiento a la resolución del 2008, aplicando el salario mínimo establecido en el Arancel del Profesional del Derecho.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA, en fecha ocho de enero del dos mil quince, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veinte de noviembre del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.326-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 219-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha doce de enero de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrida, Abogado JOSE ANIBAL PINEDA BARRIENTOS, presentó en fecha treinta de enero del dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cuatro de febrero del dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha seis de febrero del dos mil quince, los Abogados IRIS WALDINA UCLES MOLINA y JOSE ANIBAL PINEDA BARRIENTOS, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veinticinco de febrero del dos mil quince, teniendo por personado a la Abogada IRIS WALDINA UCLES MOLINA y JOSE ANIBAL PINEDA BARRIENTOS, en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea de los artículos que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Interpretación errónea de los artículos 200 numeral 2 literal b) y 207 numeral 2) del Código Procesal Civil, en relación con el 17 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el articulo 719.1 literal c) en relación con el 720, ambos del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna toda la parte resolutiva de la sentencia, salvo en cuanto declara sin costas. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 720 No. 1 del Código Procesal Civil, prescribe: 2) Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo. El artículo 719 literal c 1 prescribe: 1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan..; c) La forma y contenido de las sentencias. Pues bien Honorable Corte, solicita que por este recurso se establezca el control de la motivación fáctica de la sentencia para demostrar la conclusión equivocada a que se llegó por parte del Tribunal de Segunda instancia en la aplicación de las normas que regulan la forma y contenido de las sentencias. El Código Procesal Civil en sus artículos 200 y 207 impone de manera meridiana, y cito textualmente: Artículo 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1… 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al siguiente contenido formal: ... c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. ARTICULO 207. MOTIVACION. 1. Las Sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberán incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En el escrito de demanda presentada por el señor GERARDO ENRIQUE MONCADA GARCIA ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de este Departamento de Francisco Morazán, se plantea que con fecha 27 de junio del año 2008, la Secretaría de Salud y los Profesionales del Derecho que laboraban en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, según RESOLUCION número 148-2008-SS, el sueldo mínimo sería equivalente a Veintiún mil lempiras (LPS 21,000.00). La Sentencia de fecha 07 de noviembre del 2013 causa agravios a mi representada, en virtud que el Juez de Primera Instancia no realizó una acertada apreciación de las pruebas propuestas y evacuadas por nuestra parte a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud; ya que el demandante en el momento que se emitió la RESOLUCION NO. 148-2008-SS se le otorgó un reajuste salarial a los Profesionales del Derecho que habían presentado un Reclamo Administrativo , y en dicha Resolución se indicaban con claridad los nombres de los Profesionales del Derecho que fueron beneficiados por dicha Resolución y en la cual el demandante GERARDO ENRIQUE MONCADA GARCIA, no apareció simplemente porque en esa fecha el señor Gerardo Enrique Moncada García era un estudiante de la carrera de Derecho, pero no estaba graduado, ni trabajaba como Profesional del Derecho, por consiguiente no podía ser beneficiado en ese momento por esa Resolución y claramente en dicha Resolución no establecen en los Considerandos, ni en la parte resolutiva que la Resolución en mención alguna instrucción que indique que se le aplicará el mismo reajuste a los futuros Profesionales del Derecho que ingresen a la Secretaría de Salud o que posteriormente fueran reclasificados, siendo importante que una Resolución no es una Ley de aplicación general y posterior a todos los futuros Profesionales del Derecho que ingresen o sean reclasificados en el cargo en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. Es importante mencionar que en la Resolución de mérito se establecen los dictámenes favorables emitidos en los considerandos números; 3: Dictamen de Servicios Civil, 5 Acta de Negociación de fecha 27 de junio 2008, 6 Nombres de los Abogados beneficiados con el reajuste de 21,000.00 lempiras, 8 Dictamen de Finanzas contentivo de la Ampliación de la Estructura Presupuestaria y 9 Dictamen Legal y sobre todo la partida presupuestaria para cubrir el ajuste mencionado y que dicho ajuste será dirigido exclusivamente a aquellos profesionales del derecho que en ese momento se encontraban desempeñándose como Asesores Legales u Oficiales Jurídicos de la Secretaría de Salud, lo más importante de destacar es que dicha Resolución fue estudiada no sin antes analizar el impacto presupuestario para cubrir tal compromiso, y con la modificación presupuestaria FMP-05 número 61 con valor de LPS. 2.833,630.20 (FOLIO 18) es decir que para realizar el ajuste correspondiente se contaba con el financiamiento, caso contrario del ahora demandante en la cual se establece que no hay presupuesto para realizar dicho ajuste (folios 127 y 128); la Resolución aludida no pudo surtir efectos para siempre es decir únicamente para el momento en que se emitió y ha favor de las personas que se describen en la misma, con la Estructura Presupuestaria contentiva del financiamiento respectivo para los abogados expresamente señalados en la Resolución de mérito, asimismo en ese momento se tomó como referencia el Arancel del Profesional del Derecho vigente en ese momento, dicho arancel establecía el salario mínimo de LPS 21,000.00 en el artículo 89 para los profesionales del derecho, por no ser dicho arancel un instrumento con rango de ley emanado por el Soberano Congreso Nacional de la República y en virtud de existir antecedentes mediante cuales tanto la Honorable Corte Suprema de Justicia, como las Cortes de Apelaciones han determinado que dicho arancel no tiene rango de ley, que no se siguió el camino establece la Constitución de la República para su creación, dichos extremos se acreditaron con las fotocopias de las sentencias que se acompañaron en la Contestación de la demanda. También causa agravio a mi representada ya que la Sentencia definitiva venida en el Recurso de Apelación concluye: “CONFIRMAR la sentencia definitiva venida en el Recurso de apelación que la Sentencia definitiva de fecha 07 de noviembre del 2013 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que establece en forma injusta que mi representada la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud reconozca al demandante el reajuste de su salario o sueldo de LPS 11,308.00 a LPS 21,000.00 a partir del 23 de diciembre del 2010. Cabe mencionar Honorables Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, según lo establece en el considerando (7) de la sentencia recurrida, establece que la demandada dio cumplimiento a dicho arancel en la Resolución del año 2008 y le dio cumplimiento porque si bien es cierto, el Arancel del Profesional del Derecho no tiene rango de Ley, no es menos cierto que no es un Acto General de obligatorio cumplimiento, sino solo para los abogados colegiados entonces Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia sino es que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo exprese en forma errónea “que aunque el arancel del profesional del derecho no tiene rango de ley es un Acto General de obligatorio cumplimiento”. La obligatoriedad de una Ley le da el carácter obligatorio, si ha sido promulgada de acuerdo con el artículo 1 del Código Civil. E insiste en mencionar el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho que ya fue plenamente establecida su inaplicabilidad. ¿Cómo se le puede aplicar un artículo que fue declarado inaplicable por la misma Corte de Apelaciones?, por eso este Considerando es totalmente absurdo, ilógico ilegal e injusto. Y en forma arbitraria la Corte de Apelación de lo Contenciosa Administrativo afirma en su Considerando (8) que se debe confirmar el fallo definitivo venido en apelación por estimar que el mismo está dictado conforme a Derecho, situación totalmente alejada de la verdad y contraria a derecho. PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS. Tal sentencia referida anteriormente contiene las infracciones de Ley que paso a puntualizar en los siguientes motivos de casación: 1.- Violación del artículo 364 de la Constitución de la República que establece “NO PODRÁ HACERSE NINGÚN COMPROMISO O EFECTUARSE PAGO ALGUNO FUERA DE LAS ASIGNACIONES VOTADAS EN EL PRESUPUESTO, O EN CONTRAVENCIÓN A LAS NORMAS PRESUPUESTARIAS, LOS INFRACTORES SERÁN RESPONSABLES CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVAMENTE” Como es
posible Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que al señor GERARDO ENRIQUE MONCADA GARCIA pretenda que se le realice un reajuste a su salario si en el Expediente Administrativo consta que no había el presupuesto para hacerlo, mi representada no podía violar la Carta Magna al realizar el reajuste solicitado sin presupuesto, pues incurriríamos en infracciones ya descritas.- 2.- Violación de los artículos 321 y 206 de la Constitución de la República que establecen: Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad, 322.- Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella. RAZON DE INCONSTITUCIONALIDAD: El Decreto Legislativo 48 de 24 de septiembre de 1971 contenía el Arancel Judicial Notarial y Administrativo de los Abogados y contenía los montos a pagar por los clientes de los Abogados pero fue derogado por el Decreto Legislativo No. 82/96 y da paso a la ilegalidad constitucional en el artículo 1 al establecer “Quedan facultados el Colegio de Abogados de Honduras, a emitir el que corresponda de conformidad con su Ley Orgánica.” Esta delegación violenta directamente el artículo 206 de la Constitución de la República en relación con el artículo 205 numeral 35. También debe tomarse en cuenta que el artículo 89 del actual Arancel del Profesional del Derecho es constitutivo de un salario mínimo para los colegiados que laboran en instituciones públicas y PRIVADAS, atribución propia de ser fijada por el Presiente de la República establecido en el artículo 245 numeral 42 que dice “ARTICULO 245. El Presidente de la República tiene a su cargo la Administración General del Estado, son sus atribuciones; 1)000 42.Revisar y fijar el salario mínimo de conformidad con la Ley”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil, ya que si bien el Impetrante ha fundado su motivo en el numeral 2) de dicha disposición, respecto al control de la motivación fáctica de la sentencia impugnada, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, la misma debe realizarse al margen de las situaciones y extremos debatidos en el proceso; b) en el desarrollo del cargo hace referencia a otros preceptos legales citados como violados, distintos a los establecidos en la formulación lo cual lo hace carecer de claridad y precisión, tal es el caso de los artículos 206, 321 y 364 de la Constitución de la República; y, c) formula alegatos de instancia.- III. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este Auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en su único motivo 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ, RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil dieciséis; certificación de la resolución de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 91-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL