Sentencia CA-89-15 — Registro 17407
Resumen
Se declara la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, al no pronunciarse sobre los agravios expuestos oportunamente por la parte apelante, ya que en su motivación no explica lo relacionado con las situaciones jurídicas derivadas de haber incluido en la condena impuesta por el a-quo
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de agosto de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ANGEL PINEDA VALLE y la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, en la fecha supra indicada dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), representado en juicio por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNÁNDEZ; y, Recurrido: la señora HULDA ARGENTINA MEZA LAGOS, representada en juicio por la Abogada FANNY CAROLINA SALINAS FERNÁNDEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, declarar la ilegalidad del acto y su nulidad, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de mayo del año dos mil diez, por la señora HULDA ARGENTINA MEZA LAGOS, mayor de edad, soltera, Licenciada en Finanzas y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), por medio de su Director Ejecutivo LUIS GUSTAVO LARA GODOY.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que fue nombrada por Directorio del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), mediante resolución 4169-1487-2009 de fecha 23 de junio de 2009, en el cargo de Auditor Interno a partir del 1 de julio de 2009, devengando como salario la cantidad de L.45,700.20. El Tribunal Superior de Cuentas emitió el acuerdo administrativo TSC No.003/2009 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en el Diario Oficial la Gaceta de fecha 4 de junio de 2009, contentivo del marco rector de la auditoria interna del sector público, estableciendo en la DECLARACION TSC-NOGENAIG-11 DURACION DEL NOMBRAMIENTO, el Director de la Unidad de Auditoria Interna (UAI) será nombrado por un término de diez años, no renovables, no obstante podrá ser suspendido o destituido del cargo por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad previa obtención de la opinión favorable del Tribunal Superior de Cuentas, cuando se comprobare con las garantías del debido proceso, el incumplimiento o falta grave en el ejercicio del cargo, en el caso de que el titular de la entidad no obtenga dicha opinión del TSC, incurrirá en responsabilidad administrativa posible de sanción y la destitución del Director de la UAI se considerará nula. El Directorio del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), mediante resolución 4337-1510-2010 de fecha 27 de abril de 2010, resolvió DESTITUIRLE del cargo de Auditor Interno del INPREMA sin seguir el procedimiento legal correspondiente, ya que no se solicitó la opinión favorable del Tribunal Superior de Cuentas, ni se le comprobó falta grave, ni incumplimiento de sus funciones, lo cual hace nula de pleno derecho su DESTITUCION, por lo que solicitó se proceda conforme a derecho, declarándose procedente la acción incoada, se anule el acto administrativo reclamado, se le reconozca la situación jurídica individualizada, todo ello por el incumplimiento por parte del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) al destituirle de su nombramiento a tiempo determinado en forma ilegal y como medida para el restablecimiento de su derecho subjetivo violado, se condene al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) mediante sentencia definitiva, al pago de las cantidades que habría devengado en concepto de salario, esto por el tiempo que faltaba para el vencimiento de su nombramiento, más las costas del juicio.- 2.- La parte demandada, INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), contestó la demanda señalando que si bien es cierto el Tribunal Superior de Cuentas emitió acuerdo administrativo TSC No. 003/2009 de fecha 30 de abril del 2009, aprobado según acta administrativa N° 07 celebrada el día miércoles 30 de abril de 2009, mismo que contiene el Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público y que además regula el proceso de control interno institucional de los Recursos Públicos a través de dicha auditoria y además establecía que los sujetos pasivos de la LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, (LOTSC) procederán a poner en marcha y aplicación del Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público que se aprueba y emite por dicho acuerdo, otorgándose un plazo hasta el 30 de Octubre de 2009, para que los servidores públicos responsables de las operaciones asuman los controles previos que estén siendo aplicados por las unidades de auditoría interna. Mediante el Acuerdo Administrativo 006-2009 de fecha 21 de octubre del 2009, se aprobó el Acta Administrativa No.16 celebrada en fecha 22 de octubre del 2009, donde se prorroga el acuerdo contentivo del Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público, de la siguiente manera: “PRIMERO: Ampliar hasta el 30 de junio del 2010, el plazo otorgado a los sujetos pasivos de la LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (LOTSC), descrito en el Art. 5to. De acuerdo Administrativo del Tribunal Superior de Cuentas No.001-2009, para establecer el proceso de control interno institucional de los Recursos púbicos, emitido y aprobado por el Tribunal Superior de Cuentas.” Derivado de los acuerdos y al apreciar que al haberse otorgado la PRORROGA HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2010, para establecer el proceso de control interno institucional de los recursos públicos mediante el referido acuerdo, significa que el INPREMA actuó con absoluta legalidad puesto que a la demandante se le canceló su acuerdo de nombramiento en fecha 27 de abril del 2010, mediante la RESOLUCION 4337- 1510-2010, siguiendo el procedimiento legal, ya que hasta después del 30 de junio del 2010, previo a destituir por justa causa comprobada a un Auditor Interno es necesario pedir la opinión favorable al Tribunal Superior de Cuentas, es cierto a la demandante se le canceló su acuerdo de nombramiento en fecha 27 de abril del 2010, mediante la RESOLUCION 4337-15 10- 2010, no es menos cierto, que si se siguió el procedimiento legal establecido en el Reglamento Interno de Trabajo del INPREMA y las Leyes Laborales de Honduras.- 3.- La parte demandada interpuso dos causales de inadmisibilidad, defensas previas: 1) el conocimiento del caso no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, 2) falta de agotamiento de la vía administrativa. Las que fueron resueltas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha veinte de febrero del año dos mil doce, siendo declaradas con lugar en cuanto a que no corresponde a la vía administrativa por ser cuestiones de orden laboral, y desestimó la segunda defensa, por lo tanto declaró la inadmisibilidad de la demanda, sin costas. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha quince de noviembre del año dos mil doce, revocó la sentencia dictada por el juzgador de primera instancia, en consecuencia desestimó la defensa previa presentada por la parte demanda consistente en que no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, declarándola competente y mandó a que se siga con el trámite normal del juicio.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de mayo del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, en consecuencia anuló totalmente el acto impugnado, reconoció la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se tomó las medidas siguientes: a) reconocer el pago de los salarios de los años restantes para finalizar el período para el cual había sido nombrada la demandante, más el pago de los derechos laborales, el total de los salarios y derechos laborales según lo establecido por el perito nombrado, condenó al demandado al pago de la cantidad de L.7,400,766.56, asimismo declaró disuelta la relación de trabajo existente entre las partes, sin costas; bajo el criterio que luego de vistos los alegatos de las partes, así como valorados en su conjunto según las reglas de la sana critica los medios de prueba aportados al proceso y aplicando la normativa que emitiera el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), respecto a la Auditoría Interna, llegó la convicción que el acto administrativo impugnado consistente en la LA RESOLUCION No. 4337-1510-2010, de fecha 27 de abril del 2010, emitido por el Directorio del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), mediante el cual se removió del cargo de Auditor Interno a la demandante HULDA ARGENTINA MEZA LAGOS, adolece del vicio de nulidad que refiere el artículo 34 letra c) del la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que es evidente que el Directorio del INPREMA no siguió el procedimiento que señala el “Marco Rector de la Auditoria Interna del Sector Público”, para destituir a un Director de la (UAI), porque como se dejó establecido, no se pidió la opinión favorable del TSC y además no consta que la demandante haya realizado ninguna falta en el ejercicio de su cargo, en consecuencia el mismo se emitió violentando el debido proceso y el derecho de defensa, actuaciones que conllevan a la nulidad del acto impugnado y es procedente reconocer la situación jurídica individualizada reclamada, ya que el cargo al que había sido nombrada la demandante era de los cargos por período de tiempo determinado (10 años).- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio que el Director del INPREMA no siguió el procedimiento que señala el Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público, para destituir a un director de la Unidad de Auditoría Interna, quien estaba obligado a pedir la opinión del Tribunal Superior de Cuentas, para emitir el acuerdo de despido de la Unidad de Auditoría Interna, no se encuentra ninguna falta en el ejercicio de su cargo, violentando con esto el debido proceso y el derecho de defensa, actuación que conlleva a la nulidad del acto impugnado, siendo procedente reconocer la situación jurídica individualizada reclamada, ya que el cargo al que había sido nombrada la demandante era por un periodo determinado de 10 años, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por la demandante resulta procedente, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.- 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en fecha quince de enero del año dos mil quince, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.368-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 273-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la recurrida, Abogada FANNY CAROLINA SALINAS FERNANDEZ, presentó en fecha cinco de febrero del año dos mil quince escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha seis de febrero del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha dieciséis de febrero del año dos mil quince, las Abogadas ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ y FANNY CAROLINA SALINAS FERNANDEZ, respectivamente.- 8.-Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintitrés de febrero del año dos mil quince, teniendo por personados a las Abogadas ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ y FANNY CAROLINA SALINAS FERNANDEZ, en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.-Que la Recurrente de manera subsidiaria, solicita la nulidad de la sentencia impugnada, basado en los siguiente: “Siendo notorio que el fallo recurrido afecta el derecho de defensa de mi representada, como el debido proceso, solicito de forma subsidiaria que se proceda a anular el mismo, a efecto de que las partes sean restituidas al estado en que se encontraban antes de esa sentencia, para que además este Tribunal proceda de conformidad a derecho, observando los deberes de congruencia y motivación, profiriendo el fallo que corresponda conforme los extremos del debate en esa instancia. Tal como se explico en el segundo y último motivo de este recurso, este Tribunal de alzada no solo omitió resolver conforme los agravios expuestos por la parte apelante, a lo cual estaba obligado conforme lo dispuesto en el articulo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, sino que violentó su deber de resolver todas las pretensiones y extremos del debate, causando indefensión a mi representada y una notoria injusticia como violación del derecho libre administración dentro del marco de la ley. También se ha infringido el deber de motivación, ya que el fallo impugnado no cumple con su cometido de explicar, menos razonar, en que basa su determinación el ad-quem. Cito como antecedente los fallos dictados por la Honorable corte Suprema de Justicia, siguientes: a) el de fecha 6 de Octubre del 2009 recaído en el Recurso de Casación formalizado por el Abogado JORGE ARNULFO INESTROZA ZELAYA, contra la sentencia dictada por esta corte el 13 de marzo del 2008, en la demanda promovida por ROLANDO RAPALO MADRID contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho Presidencial, expediente S.L. 324-08, donde se declaró de oficio la nulidad absoluta del fallo recurrido por la incongruencia; b) el proferido en el recurso de Casación interpuesto por el Abogado SALOMON ANTONIO ESCOTO OLIVA, apoderado sustituto del Estado de Honduras, en contra de la sentencia definitiva dictada el 3 de marzo del 2011, en la demanda promovida por los señores ETHEL ARELY NOLASCO ZUNIGA, GILBERTO LOPEZ NUNEZ, JOSE RENAN GUZMAN CERRATO y SANTIAGO SALGADO MONCADA, contra el Estado de Honduras, por medio de la Secretaria de Estado en el Despacho de Industria y Comercio y que se registra bajo expediente No. S.L. 316-11; ambos expedientes se encuentran en los archivos de ese supremo Tribunal.”.- II.- La Corte de Apelaciones de la Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha 4 de diciembre del 2014, dictó sentencia definitiva confirmando el fallo de primera instancia, que declara procedente la acción promovida por la demandante, condena al pago de los años restantes para finalizar el período por el cual había sido nombrada la señora HULDA ARGENTINA MEZA LAGOS, según lo estableció el perito nombrado en la cantidad de L. 7,400,766.66, porque el INPREMA no siguió el procedimiento que señala el Marco Rector de la Auditoria Interna del Sector Público, para destituir a un Director de la Auditoria Interna, quien estaba obligado a pedir opinión al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para emitir el acuerdo de despido, no se encuentra ninguna falta en el ejercicio de su cargo, violentando con esto el debido proceso y el derecho de defensa, actuación que conlleva a la nulidad del acto impugnado, siendo procedente reconocer la situación jurídica individualizada reclamada, ya que el cargo al que había sido nombrada la demandante era por un período de tiempo determinado (10 años).- III.- Que la sentencia del ad-quem no se pronuncia sobre los agravios expuestos oportunamente por la parte apelante, ya que en su motivación no explica lo relacionado con las situaciones jurídicas derivadas de haber incluido en la condena impuesta por el a-quo, valores que no corresponden ni fueron objeto de la cuantía de la demanda, basados únicamente en lo que el Perito nombrado incluye en concepto de Preaviso y Cesantía, que no son propios del tipo de acción y medida solicitada para el restablecimiento del derecho subjetivo reclamado, el cual consiste en que se condene a la demandada “al pago de las cantidades que habría devengado en concepto de salario por el tiempo que falta para el vencimiento de mi nombramiento...”, además tampoco resuelve la solicitud de nulidad subsidiaria que en ese mismo sentido realizó dicha parte al interponer y formalizar el recurso de apelación referido, siendo obligatorio hacerlo con base a lo establecido en el artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo dispuesto por los artículos 22 y 931 del citado ordenamiento y 134 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- IV.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- VII.- Que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo, debiendo juzgar los asuntos, dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y oposición.- VIII.-Que los actos procesales serán nulos, entre otros casos, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión.- IX.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- X.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 22, 193, 200, 206, 207, 208, 245 y 701 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 89, 108, 109 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, de fecha 4 de diciembre del 2014, visible a folios once (11) al diecinueve (19) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho.- Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ, RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil dieciséis; certificación de la resolución de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 89-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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