Sentencia CA-645-14 — Registro 6506
Resumen
(Sin resumen en la fuente)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violar la Ley como son la aplicación e interpretación de la norma indicada como violada, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; d) habiéndose formulado el cargo en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, disposición que ampara la causal de casación en cuando a las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, es impropio hacer referencia en la explicación a que el motivo es por normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, siendo distinto al invocado, lo que conlleva a una falta de claridad y precisión conforme a la técnica casacional; e) en su explicación hace referencia a normativa no citada como violada, tal es el caso de los artículos 8 numeral 1) inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 12 numeral 5) del Código Procesal Civil; y, f) formula alegatos de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violar la Ley como son la aplicación e interpretación de la norma indicada como violada, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; d) habiéndose formulado el cargo en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, disposición que ampara la causal de casación en cuando a las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, es impropio hacer referencia en la explicación a que el motivo es por normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, siendo distinto al invocado, lo que conlleva a una falta de claridad y precisión conforme a la técnica casacional; e) en su explicación hace referencia a normativa no citada como violada, tal es el caso de los artículos 8 numeral 1) inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 12 numeral 5) del Código Procesal Civil; y, f) formula alegatos de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL), representado en juicio por el Abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA; y Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, representado en juicio por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y la nulidad de un acto administrativo de carácter particular emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Interior y Población, quebrantamiento de formalidades esenciales y exceso de poder, indemnización de daños y perjuicios, cuantía indeterminada, situación jurídica individualizada y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL), contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que el Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, es propietario de un bien inmueble consistente en un edificio de apartamentos del que recibe ingresos mensuales por concepto del alquiler de 16 apartamentos, por un monto aproximada de L.70,000.00, mismos que eran depositados en la cuenta No.21-599-000006-1 del Banco del País (BANPAIS) y que sirve para el mantenimiento del mismo y para pagar entre otras cosas, la Sede del Sindicato, la luz, el agua y los teléfonos tanto de la Sede como del edificio de apartamentos, así mismo se pagan los impuestos municipales tanto de la Alcaldía del Municipio Central por el edificio de apartamentos, como la de la Alcaldía de Amapala por dos terrenos que posee el sindicato en dicha zona, de igual manera se pagan los sueldos del administrador del edificio y del contador del sindicato entre otros gastos y las reparaciones y mantenimientos que requiera el edificio de apartamentos ubicado en la avenida Villeda Morales atrás de Bosh en la Colonia Alameda de esta ciudad; con fecha 1 de marzo de 2010, un supuesto apoderado legal del SITRABANTRAL, compareció ante las oficinas del Departamento Administrativo de Inquilinato (DAI), usurpando la condición de apoderado legal del SITRABANTRAL, presentando al efecto un escrito solicitando la siguiente suma: “SE SOLICITA SE REALICE UNA INSPECCION.- NOTIFICACION DEL NUEVO ARRENDADOR.- QUE SE DEPOSITEN EL IMPORTE DE ALQUILERES EN ESTE DEPARTAMENTO...”, mismo que fue admitido mediante providencia de 3 de marzo de 2010 (folio 14, exp. No. V20052010-1123 que para tal efecto se encuentra en la Secretaría de Estado en el Despacho de Interior y Población); que hubo oposiciones, encontrándose unas en apelación y que el procedimiento no había concluido con una resolución a favor de la supuesta junta directiva de Héctor Pérez con carácter de firme, por lo que de conformidad a lo anterior, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Administrativo que estipula que “los actos de la administración de carácter particular, adquieren eficacia al ser firmes”, la DAI debió declarar improcedente la solicitud presentada por el apoderado legal del señor Héctor Pérez, simple y sencillamente porque este señor no ostentaba ni ostenta el cargo que decía tener; la constancia aludida, no tiene ninguna validez jurídica, no confiere ni reconoce derechos, solo está haciendo referencia a un “tramite en curso” y la misma expresaba que había apelaciones, y como se sabe, el proceso administrativo culmina con una resolución de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece que “la resolución pondrá fin al procedimiento” y el 120 de la Ley General de la Administración Pública que: “adoptaran la forma de resoluciones, las decisiones que se tomen para dar por concluido el procedimiento en que intervengan los particulares, como parte interesada”; y es la resolución por excelencia el acto administrativo donde se declara, limita o reconocerá un derecho, por lo que de su simple lectura se colige que la supuesta junta directiva del 2010 encabezada por el señor Héctor Orlando Pérez tenía una mera aspiración, que en esa fecha 25 de Febrero de 2010 no se había materializado, como efectivamente no lo hizo a lo largo del año 2010, ya que el periodo de una junta directiva es de 1 año según los estatutos el SITRABANTRAL; a pesar de que de la documentación aportada por el apoderado de una paralela que no logro legitimarse para el periodo 2010, por no estar inscrita en la Secretaría del Trabajo, no aporto ni demostró que hubiese un nuevo arrendador del edificio de apartamentos propiedad del SITRABANTRAL, la DAI cómodamente le dio entrada a dicha solicitud, sin corroborar ¿quién era ese apoderado?, ¿cuál era esa junta? ¿Porqué no acompaño a la solicitud una resolución firme de inscripción por la autoridad competente? sino que mediante providencia de fecha 3 de marzo de 2010, moviendo la maquinaria estatal para intervenir en la libre administración del sindicato en un edificio de apartamentos de su legitima propiedad e intervenir en la vida de los inquilinos y apropiarse de los ingresos del sindicato, ya que ha dejado sin administración el edificio de apartamentos, sin comprobar si quiera si había un cambio de junta directiva en el seno de la organización sindical, sin comprobar si la documentación acompañada tenía eficacia jurídica, y sin comprobar si el abogado Fredy Mejía tenía la condición de apoderado legal del SITRABANTRAL que decía ostentar, todo lo dieron por valido en una incompetencia y abuso en extremo.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras es propietario de un bien inmueble donde se encuentra construido un edificio de apartamentos; se acepta el hecho de que el inmueble descrito se encuentra en arrendamiento y que por tal concepto el SITRABANTRAL recibe cantidades de dinero producto del alquiler de tales apartamentos; se rechaza lo manifestado por el actor de esta demanda, cuando refiere que las cantidades que provienen de la renta de los apartamentos sirven para el mantenimiento del edificio y el pago de los servicios públicos, cuando es de pleno conocimiento que éstos son cancelados por los arrendatarios, quienes hacen el pago mensual del servicio de energía eléctrica, agua potable y teléfono; se rechaza también, lo manifestado por el actor de esta demanda, cuando refiere que con los pagos de los arrendatarios, se pagan los impuestos municipales y por otros terrenos que tiene el Sindicato de Trabajadores en el Puerto de Amapala, así como el salario del Administrador y el Contador del Sindicato, porque consta, que el ciudadano nombrado como Administrador cesó en dicho cargo desde el mes de marzo del año 2009, esto por un lado; por otro, no está suficientemente acreditado en autos que con el producto de los arriendos del edificio propiedad del SITRABANTRAL, se pagan los impuestos municipales a que hace alusión el actor de esta demanda; el actor de esta acción contenciosa administrativa, pretende hace creer a este Tribunal, que el Departamento Administrativo de Inquilinato, al tener conocimiento de la existencia de la oposición de la Junta Directiva presidida por el señor Héctor Orlando Pérez, estaba en la obligación de apreciar que todavía no tenía respuesta por las autoridades competentes, extremos completamente equivocados y acomodados a sus intereses, esto en virtud que la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, en estricta aplicación de la Ley, en fecha seis de septiembre del 2010, emitió la resolución 854-2010, en la que se declara sin jugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Fabrizzio Antonio Valle Ventura en contra de la resolución emitida por la Dirección Administrativa de Inquilinato en fecha 9 de abril del 2010, que observó las normas administrativas aplicables al caso, por estar evidenciado que ésta, con su conducta administrativa, no ha causado ninguna vulneración a ningún derecho subjetivo, como lo quiere hacer creer el actor, pues se resolvió la solicitud presentada por el Abogado Fredy Gerardo Mejía Bú de conformidad a las atribuciones señaladas en el Decreto No. 866, por medio del cual, se creó a la Dirección Administrativa de Inquilinato, con atribución exclusiva de recibir y devolver depósitos y hacer pagos, facultad concedida en el artículo 7, numeral 6 del referido decreto, por tanto, los arrendatarios de los apartamentos del SITRABANTRAL efectuarán su pago en concepto de renta en una cuenta del Banco Central que para tales fines maneja la DAI; lo anterior, en virtud de lo preceptuado en el artículo 12 de la mencionada Ley (Decreto 866), por medio de la cual se establece el procedimiento que la DAI realizó, todo de acuerdo a la solicitud presentada ante esa oficina por el señor MEJÍA BÚ en conclusión, en fecha 6 de abril del año 2010, se realizó un acta de compromiso autorizado por la Directora General del Departamento Administrativo de Inquilinato, dando cumplimiento de esta manera a lo establecido en el artículo antes relacionado, el cual señala: Los depósitos mencionados en el artículo 27 reformado de la Ley de Inquilinato y los asuntos no contenciosos serán planteados en acta autorizada por funcionario receptor y se resolverá de plano por el Director del Departamento de Inquilinato (DAI) o sus delegados, como se podrá observar, la Dirección Administrativa de Inquilinato se ha enmarcado en las leyes aplicables al caso concreto y por ende, no procede que este Tribunal estime favorable la acción contencioso administrativa bajo examen, asimismo, se estableció que el Representante Legal de la Junta Directiva del Sindicato pueda retirar dichas cantidades una vez que se haya acreditado la inscripción de la Junta en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, puesto que, estos valores producto de los arriendos de los apartamentos propiedad del sindicato, serán entregados una vez que se acredite tal inscripción de la nueva Junta Directiva ante la referida Secretaría, tal y corno lo señala el artículo 489 del Código de Trabajo, y en vista que actualmente se supone la existencia de dos Juntas Directivas, dicho problema se resuelve observando cuál es la que está legalmente inscrita en la Secretaría de Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia declarando improcedente la acción incoada por el Abogado Fabrizzio Valle Ventura, en su condición de representante procesal del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, por encontrarse ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución de fecha 6 de septiembre de 2010, mediante el cual la Secretaría del Interior y Población, resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha 9 de abril del 2010; confirmó en todas y cada una de sus partes dichas resoluciones, sin costas; bajo el criterio que el ahora demandante ha incoado demanda, para que mediante sentencia definitiva se le reconozca que el Departamento Administrativo de Inquilinato de la Secretaría de Gobernación y Justicia, no siga conociendo de ninguna diligencia efectuada por la otra Junta Directiva que preside el señor Héctor Orlando Pérez y que deje sin valor ni efecto lo actuado a la fecha y no seguir conociendo de dicho asunto; ante tal situación y siendo que de manera especifica la diligencia que solicito ante el referido departamento la otra Junta Directiva presidida por el señor Héctor Orlando Pérez, consistió en una inspección a un edificio propiedad del Sindicato, el cual se ubica detrás del establecimiento comercial MIDAS en la Colonia Alameda de esta ciudad, con el propósito de establecer si existe contrato con cada uno de los inquilinos y a quien le pagan el alquiler; de tal solicitud, se establece, que de acuerdo al artículo 7 numerales 3, 5, 6, 8 y 9 de la Ley de Creación del Departamento Administrativo de Inquilinato, el Departamento Administrativo de Inquilinato, debe de conocer los asuntos referentes al cumplimiento de los contratos, que es lo que a derivado la presente acción, entendiéndose que efectivamente tiene las facultades para poder conocer y dar respuesta a la petición realizada por la Junta Directiva que preside el señor Héctor Orlando Pérez, y de lo cual ha establecido que la renta proveniente de las personas que arriendan los apartamentos propiedad del SITRABANTRAL, la deberá de depositar al Banco Central de Honduras, en las cuentas que para tales fines tiene la DAI, esto mientras se inscriba la Junta Directiva legítima, demostrándose con ello que la referida acción interpuesta por el ahora demandante es improcedente.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha once de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que del estudio y análisis de la sentencia definitiva venida en apelación, se desprende que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, esto al ser legal el acto administrativo impugnado, porque el mismo fue emitido por autoridad competente, iniciada bajo la garantía constitucional del derecho de petición, emitiendo resolución bajo aspectos jurídicos de los que se encuentra facultado; la autoridad que resolvió la oposición interpuesta en vía administrativa, por mandato legal esta facultado para conocer la solicitud hecha por la persona del cual el demandante se opuso a que fuera atendida, y es correcto como lo deja plasmado el A-Quo que la renta de las personas que arriendan los inmuebles propiedad del SITRABANTRAL se deberán depositar al Banco Central de Honduras en las cuentas que para tales fines tiene la DAI, hasta una vez dirimida la inscripción de la Junta Directiva de dicha entidad de derecho público.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, en fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha once de septiembre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.225-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.001-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha seis de noviembre de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada NADYA LILIANA HERANDEZ, presentó en fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha dos de diciembre de dos mil catorce, los Abogados FABRIZZIO VALLE VENTURA y NADYA LILIANA HERANDEZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha seis de enero de dos mil quince, teniendo por personados a los Abogados NADYA LILIANA HERANDEZ, como recurrida y FABRIZZIO VALLE VENTURA, como recurrente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que señala: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que expresa lo siguiente: “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” Este relacionado con el Artículo No. 496 incisos a) y c) del Código del Trabajo establece que: “Para la validez de las decisiones tomadas en las asambleas generales de las organizaciones sindicales, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que la asamblea haya sido convocada en la formas y con las condiciones previstas en los estatutos; b)...; c) Que se levante acta de cada sesión, firmada por quien la preside y el secretario correspondiente, en la cual se expresará el número de miembros concurrentes a la sesión, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones tomadas.” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en el Artículo No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y relacionado con el Artículo No.496 incisos a) y c) del Código del Trabajo, se considera que “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” “Para la validez de las decisiones tomadas en las asambleas generales de las organizaciones sindicales, es indispensable se cumplan los requisitos siguientes: a) Que la asamblea haya sido convocada en la formas y con las condiciones previstas en los estatutos; b)...; c) Que se levante acta de cada sesión, firmada por quien la presida y el secretario correspondiente, en la cual se expresará el número de miembros concurrentes a la sesión, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones tomadas.” Son esas normas que el Tribunal Ad-Quem debió aplicar, ya que solo si hubiese habido electa una nueva junta directiva conforme a derecho y debidamente inscrita podía darse la afectación de ingresos del SITRABANTRAL, provenientes de alquiler de apartamentos. ÚNICO: Que de acuerdo al CONSIDERANDO (5) que “la renta de las personas que arriendan los inmuebles propiedad del SITRABANTRAL se deberán depositar al Banco Central de Honduras en las cuentas que para tales fines tiene la DAl, hasta una vez dirimida la inscripción de la Junta Directa de dicha entidad de derecho público.” Con esto se vulneró la libertad sindical porque la DAI se apropio de los ingresos del SITRABANTRAL, esos dineros eran necesarios para la administración del mismo edificio, asimismo, la DAI le da curso a solicitudes de una Junta Ilegal, permitiéndole ejercitar acciones en sede administrativa sin estar legalmente inscritos por ende legitimados, y esas acciones dieron como resultado que se cambiara la metodología y forma de pago de los inquilinos, por lo que la Jurisdicción del Contencioso Administrativo está facultado para revisar los Actos de la Administración Pública y si estos no están reñido con la Ley, lo que debió haber hecho el Tribunal Ad-Quem en su sentencia de fecha 11 de Septiembre de 2014 era seguir lo que se ordena en los Artículos No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo No.496 incisos a) y c) y esté relacionado con el Artículo No.8 numeral 1 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero impone un “UN HECHO ILEGAL COMO SI FUERA LEGAL” que no es el pretendido por la ley para Juzgar y solucionar el Fondo del Litigio, incurre en una Aplicación e interpretación de la normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, haciendo procedente CASAR la sentencia recurrida. El Código Procesal Civil establece en su Artículo 12 numeral 5 el principio doctrinario del “IURA NOVIT CURIA el cual obliga al juez a resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo hayan sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. Por lo que el Tribunal Ad-Quem debió resolver la cuestión litigiosa de acuerdo a los Artículos No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo No.496 incisos a) y c) y esté relacionado con el Artículo No.8 numeral 1 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violar la Ley como son la aplicación e interpretación de la norma indicada como violada, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; d) habiéndose formulado el cargo en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, disposición que ampara la causal de casación en cuando a las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, es impropio hacer referencia en la explicación a que el motivo es por normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, siendo distinto al invocado, lo que conlleva a una falta de claridad y precisión conforme a la técnica casacional; e) en su explicación hace referencia a normativa no citada como violada, tal es el caso de los artículos 8 numeral 1) inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 12 numeral 5) del Código Procesal Civil; y, f) formula alegatos de instancia.- III. En el segundo motivo de casación el Impetrante establece lo siguiente: “APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: c) LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil que señala: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo 206 del Código Procesal Civil: “Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas.” Y el Artículo 207 del mismo cuerpo legal señala que: “Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho.” INCIDENCIA DE LA INFRACCION: Como se puede apreciar de una lectura de la supuesta sentencia, la misma solo es un simple comentario. A toda luz que no se respeto el debido proceso, ni el derecho de defensa y no se hizo justicia y solo le pusieron nombre de sentencia, no hay claridad, no hay interpretación del derecho, no hay razonamiento judicial, ni valoración de prueba, incumpliéndose el deber de un Tribunal de la República de “juzgar”. UNICO: De acuerdo a la Constitución de la República en su Articulado 314 corresponde a los Tribunales juzgar y ejecutar lo juzgado, y aplicar las leyes a casos concretos, y de acuerdo a la garantía genérica del debido proceso las partes tienen derecho a que sea valorada la prueba aportada en toda su extensión y la sentencia objeto de casación solo tiene un considerando que se refiere supuestamente al fondo del asunto, el considerando (5) donde se establece de la forma más sencilla del mundo, que es correcto lo que el Juez AQUO decidió, sin especificar que razonamiento jurídico llevó al juez a tal grado de certeza ni explicar como la prueba aportada lo convenció que el acto impugnado esta apegado a derecho; pero impone un “UN HECHO ILEGAL COMO SI FUERA LEGAL” que no es el pretendido por la ley para Juzgar y solucionar el Fondo del Litigio como ser falta de motivación de la sentencia, incurre en una Aplicación e interpretación de la normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, haciendo procedente CASAR la sentencia recurrida”.- IV. Que el anterior cargo no esta llamado a prosperar debido a las siguientes consideraciones: a) alega dos formas distintas de violar la Ley como son la aplicación e interpretación de la norma indicadas como violadas, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) insta la valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) carece de suficiente explicación, con lo cual, no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.- V. Que el Recurrente fundamenta su tercer motivo, manifestando lo siguiente: “APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil que señala: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No.208 del Código Procesal Civil, que expresa lo siguiente: CONGRUENCIA 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: Que de conformidad a lo establecido en el Artículo No.29 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se establecen los plazos para que la Administración notifique la Resolución correspondiente y ese plazo según el Artículo 84 inciso a) de la Ley del Procedimiento Administrativo es de 10 días y de acuerdo a la Afirmativa Ficta levantada por Notario Público, el Tribunal Ad-Quem no respeto dicha figura administrativa ni la Jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia obviando por completo pronunciarse al respecto y de acuerdo al Artículo 84 inciso a) de la Ley del Procedimiento Administrativo que establece el plazo de espera para que se emita la Resolución correspondiente, no se cumplió con lo que ordena la Ley. UNICO: Se solicita el Control Factico del Considerando (4) ya que el Tribunal AD-QUEM en su sentencia definitiva de fecha 11 de Septiembre de 2014 no se pronuncio sobre la figura de la Afirmativa Ficta que fue el Objeto del Debate y que corre agregada al folio 21 a 22 se puede apreciar la solicitud de certificación de haber operado la afirmativa ficta presentada en la Secretaria de Interior y el 17 de Junio de 2010 donde opero la afirmativa ficta (folio 24-25) de la prueba de la parte demandante y existe una segunda Afirmativa Ficta que opero en contra la inscripción de Héctor Pérez misma que corre a folio 702 de fecha 25 de Enero de 2010 donde se encuentra la solicitud de certificación de haber operado afirmativa ficta y el Acta Notarial de Afirmativa Ficta el 02 de Febrero de 2010 a folios 703- 704 prueba de la parte demandante, y lo que debió hacer de acuerdo al criterio manejado por la misma Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional en la sentencia de fecha 23 de Mayo de 2013 en el expediente No.132-2013, es lo que se expresa en su considerando número cinco (5) que estableció que: “Que no es objeto de duda que la naturaleza de lo reclamado por el demandante en vía administrativa es propio del derecho laboral, por la pretensión de la misma, pero la cuestión jurídica que trae a debate ante estos estrados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la supuesta aplicación de la Afirmativa Ficta, figura esta que es propia del derecho administrativo, por lo que su negativa a aplicarla por parte del ente de la administración pública demandado, es competencia exclusiva de los Tribunales de esta Jurisdicción dirimir el conflicto de si se dieron los presupuestos que expresamente prescribe la ley para que exista la afirmativa ficta o no, a lo cual el A-Quo deviene en la obligación de seguir la secuela normal del juicio, y después de los hechos alegados, probados, y lo prescrito en el ordenamiento jurídico, emitir la sentencia definitiva mediante la cual declare procedente o no la acción promovida por el demandante, analizando si se dieron o no los presupuestos para la existencia o no de la afirmativa ficta, y de darse la existencia de la afirmativa ficta, únicamente ordenar su ejecución a la autoridad gubernamental demandada, sin hacer declaración de derecho alguno, como se dijo su labor es de únicamente revisar si se dieron los presupuestos para la existencia y aplicación de la afirmativa ficta o no, en consecuencia anular o no el acto administrativo que deniega su ejecución o aplicación, y de ser anulable por darse los presupuestos para la aplicación de la afirmativa ficta, ordenar su ejecución al ente administrativo demandado.” (Lo entrelineado y subrayado es nuestro); pero impone un “UN HECHO ILEGAL COMO SI FUERA LEGAL” que no es el pretendido por la ley para Juzgar y solucionar el Fondo del Litigio ya que deja de aplicar la Figura de la Afirmativa Ficta y una Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sin mencionar el propio criterio de la propia Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, incurre en una Aplicación e interpretación de la normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, haciendo procedente CASAR la sentencia recurrida. JURISPRUDENCIA DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en el Recurso de Amparo No.71-06 en relación a la figura de la Afirmativa Ficta lo siguiente: “CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 29 reformado de la Ley de Procedimiento Administrativo, la afirmativa ficta es la decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas, se consideran aceptadas. CONSIDERANDO: Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos por el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término especifico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la afirmativa ficta, en todo lo que le favorezca. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispuesto en los artículos 29-A y 29-B adicionados de la Ley de Procedimiento Administrativo, el interesado en los beneficios de la Afirmativa Ficta deberá obtener la certificación respectiva, para que surta, erga omnes, todos los efectos jurídicos correspondientes y que, en caso de denegarse por la autoridad administrativa la certificación de estilo, el interesado lo hará constatar en el Acta Notarial que efecto se levante, de manera que deberá entenderse que la petición ha sido resuelta en un sentido afirmativo al solicitante; lo anterior sin perjuicio de que, todos los actos que realice la citada autoridad con posterioridad al acaecimiento de la afirmativa ficta; serán contrarios a derecho y recurribles ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declaratoria de su nulidad, con las consiguientes responsabilidades para el infractor.- CONSIDERANDO: Que bajo el ordenamiento jurídico existente, este Tribunal estima que la certificación de haber operado la Afirmativa Ficta y/o en su caso, el Acta notarial que así lo evidencia, será atestado legal suficiente que ampare al agraviado respecto de los derechos derivados del silencio administrativo, siempre y cuando lo pretendido en el reclamo formulado esté regulado por el Derecho Administrativo, razón por la que, la inadmisibilidad del amparo reclamado está ajustada a derecho, siendo en consecuencia improcedente la reposición solicitada...)” Sentencia de Casación No.463-08 de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo se estableció en cuanto a la Afirmativa Ficta lo siguiente: “CONSIDERANDO (3): Que los actos de la Administración Pública impugnables ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son los acuerdos, resoluciones, decretos, providencias, así como los actos tácitos y presuntos, no correspondiendo a esa jurisdicción las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral, penal y aquellas relacionadas con la Administración Pública que la Ley les atribuya otra jurisdicción, por lo que, por la importancia del tema, se considera relevante para fines jurisprudenciales, realizar las siguientes valoraciones sobre la institución de la Afirmativa Ficta.- CONSIDERANDO (4): Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, expresamente en sus artículos 13 y 14, señala quienes están legitimados para poder demandar ante esta jurisdicción la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la administración pública y en sus artículos 33 y 34 también prescribe que el actor podrá pretender la declaración de no ser conforme a derecho y en su caso, la anulación de los actos de carácter particular y general susceptibles de impugnación y, que el debidamente legitimado podrá pretender además de lo descrito anteriormente, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.-CONSIDERANDO (5): Que la afirmativa ficta es una decisión normativa de carácter administrativo, establecida por el Legislador con base en los principios de economía, celeridad y eficacia que deben regir el procedimiento administrativo, como una declaración de voluntad presunta en sentido afirmativo en todo lo que le favorezca a los particulares, sobre las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si habiendo el peticionario cumplido con los requisitos que prescriben las normas aplicables, aquella no emite su resolución dentro de los plazos establecidos, decisión que debe ser reconocida por todas las personas y autoridades.- CONSIDERANDO (6): Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término específico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta (40) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la Afirmativa Ficta, en todo lo que le favorezca.- CONSIDERANDO (7): Que para que la Afirmativa Ficta sea eficaz, la petición o solicitud debe cumplir, no solo con los requisitos formales, sino que también con los de fondo con respecto a la acreditación del derecho subjetivo ó interés legitimo de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 61, 62 y 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siempre y cuando la petición ó reclamo formulado esté regulado en el Derecho Administrativo y no se trate de una disputa ó conflicto entre partes interesadas que debe ser dirimida en la vía administrativa.- CONSIDERANDO (8): Que con base en lo dispuesto en los artículos 29-A y 29-B adicionados a la Ley de Procedimiento Administrativo por la Ley de Simplificación Administrativa, el interesado en los beneficios de la afirmativa ficta deberá obtener la certificación respectiva para que surta, erga omnes, todos los efectos jurídicos correspondientes y que, en caso de denegarse por la autoridad administrativa la certificación de estilo, el interesado lo hará constar en el Acta Notarial que al efecto se levante, siendo en ambos casos necesario que en dichos documentos se haga una relación sucinta de la solicitud presentada y del procedimiento seguido, de la fecha de la iniciación y del vencimiento del plazo con que contó la autoridad competente para dictar su resolución y la manifestación de que ha operado la afirmativa ficta, de manera que deberá entenderse que la petición ha sido resuelta en un sentido afirmativo al solicitante, sin que precise pronunciamiento de juez competente; lo anterior sin perjuicio de que, todos los actos que realice la citada autoridad con posterioridad al acaecimiento de la afirmativa ficta, desconociendo su eficacia, serán contrarios a derecho y recurribles ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declaratoria de nulidad de dichos actos, con las consiguientes responsabilidades para el infractor. (Ver Resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional 6 de marzo de 2006, ver Expediente No. 71-06).- CONSIDERANDO (9): Que derivado de lo anterior, evacuado el procedimiento para obtener la declaración presunta de la Administración Pública en sentido afirmativo, es decir, la denominada afirmativa ficta, el peticionario podrá solicitar su ejecución ante el órgano administrativo que debió haber dictado la resolución correspondiente y en caso de una resolución negativa de la autoridad pública, se tendrían expeditos los recursos que la Ley le confiere y agotados que sean los mismos sin resolución a su favor, entonces procedería acudir a ejercitar las acciones correspondientes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a efecto de revisar la legalidad o no de los actos administrativos emitidos en cuanto a su ejecución.-“ (Las negrillas y el subrayado es nuestro) Sentencia de amparo de fecha veintitrés de marzo de de dos mil cuatro, emitida por la Sala de lo Constitucional en el expediente No. 2614=03, en el antepenúltimo considerando, se estableció que: “...que del examen de los antecedentes que contiene el expediente administrativo se desprende que la autoridad administrativa no observó la formalidad del debido proceso administrativo al omitir extender una certificación previa resolución administrativa, por lo cual se configura el mecanismo de afirmativa ficta adicionado a ello que se produjo una notificación por la tabla de avisos del despacho, no siendo el caso por cuanto, tal notificación solo procedía hacerla personalmente de conformidad con lo que dispone la Ley del procedimientos administrativos.”.- VI. Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violar la Ley como son la aplicación e interpretación de la norma indicada como violada, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; y, d) formula alegatos de instancia.- VII. En el cuarto motivo de casación el Impetrante establece lo siguiente: “APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil que señala: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No.705 del Código Procesal Civil, que expresa lo siguiente con relación a la finalidad del recurso de apelación: “FINALIDAD DEL RECURSO 1. ...; 2. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA De conformidad al Artículo 31 de la Ley de Administración Pública establece que los actos de la Administración de carácter particular, adquieren eficacia al ser firmes.” Y relacionado con el Artículo 1 de la Ley de Administración Pública que señala que: Los órganos y entidades de la Administración Pública estarán sujetos a la Presente Ley, cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares.” Por lo que, sin existir ni siquiera un acto administrativo que reconozca un derecho, se empezaron a presentar solicitudes por parte de una Paralela en la DAI, a las cuales se les dio curso legal, sin estar respaldadas por documentación legal, limitándose los derechos de terceros, afectando la libre administración de su patrimonio de un sindicato. ÚNICO: Que de acuerdo al CONSIDERANDO (5) de la sentencia objeto del presente recurso de casación, establece que “la renta de las personas que arriendan los inmuebles propiedad del SITRABANTRAL se deberán depositar al Banco Central de Honduras en las cuentas que para tales fines tiene la DAI, hasta una vez dirimida la inscripción de la Junta Directa de dicha entidad de derecho público.” Se puede apreciar que el Tribunal ADQUEM menciona que hasta que se dirima la inscripción de la Junta Directiva como si en ese momento hubiese habido algún conflicto donde dos iguales buscan legitimarse, cuando la abundante prueba presentada establecía claramente que solo había una junta directiva en funciones y que alguien al margen de la ley, empezó a ejercer actos sin tener de respaldo ni un tan solo documento emitido por Autoridad Pública. Claramente en la sentencia de defensas previas misma que fue ratificada mediante sentencia de amparo, y que se encuentra firme estableció lo siguiente: “...sin embargo, consta en autos, que si bien es cierto, se eligió una nueva Junta Directiva, no es menos cierto que la misma no ha sido inscrita legalmente por haber oposición a su inscripción, lo cual hace que la Junta Directiva electa no tenga aun Representación Legal.” Entonces de que estamos hablando, que el Tribunal AD-QUEM se contradice totalmente, ya que por un lado dice que el acto administrativo es legal mientras se dirima la inscripción y por otro lado menciona que la misma no está inscrita, y jurídicamente si alguien no está inscrito no puede ejercer ningún acto en menoscabo de otros, no puede mover el andamiaje jurídico, la estructura estatal, no puede exigir derechos, no puede hacer nada. Asimismo se solicita para fines de control factico de la sentencia que se pueda apreciar certificación 10/DOS/2010 del 04 de Junio de 2010 de inscripción de última Junta Inscrita misma que corre a folio 15 de la pieza principal de autos, donde se puede apreciar que no aparece el señor Héctor Pérez, y ejerció actos en la DAI moviendo el aparato estatal para que la DAI interviniera en el libre y normal administración de un edificio de apartamentos del SITRABANTRAL”.- VIII. Que el anterior cargo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violar la Ley como son la aplicación e interpretación de la norma indicada como violada, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; y, d) formula alegatos de instancia.- IX. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- X. En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- XI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 35 párrafo primero, 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia: RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de enero del dos mil diecisiete; certificación de la resolución de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 645-14.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO