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Sentencia CA-642-14 — Registro 5947

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia proferida por el a-quo, por lo tanto declaró improcedente la acción interpuesta, por estar ajustados a derechos los actos administrativo impugnado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Los cargos en la forma expuesta no están llamados a prosperar debido a que el Censor alega distintas formas de violar la ley, como ser: aplicación indebida, infracción directa y el error de hecho, estas ultimas son propias del recurso de casación laboral y no del que nos ocupa; en consecuencia, los mismos en la forma expuesta no constituyen una proposición jurídica clara y precisa. Además, insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este tribunal conforme al articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Los cargos en la forma expuesta no están llamados a prosperar debido a que el Censor alega distintas formas de violar la ley, como ser: aplicación indebida, infracción directa y el error de hecho, estas ultimas son propias del recurso de casación laboral y no del que nos ocupa; en consecuencia, los mismos en la forma expuesta no constituyen una proposición jurídica clara y precisa. Además, insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este tribunal conforme al articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, en la fecha supra indicada dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: Sociedad SEABOARD HONDURAS, S. DE R.L., representada en juicio por el Abogado ELVIS RENÉ HERNÁNDEZ REYES; y, Recurrido: EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), representada en juicio por el Abogado JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda de Proceso Ordinario Administrativo, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiuno de junio del año dos mil doce, por el Abogado ELVIS RENÉ HERNANDEZ REYES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su condición de apoderado de la Sociedad SEABOARD HONDURAS, S. DE R.L., contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), por medio de su Gerente General.-ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que en fecha 7 de agosto de 2007, la Empresa Nacional Portuaria, emitió las facturas Números: 1036942 y 1036956, por las cantidades de US$ 18,515.00 y US$ 3,765.00 en las cuales se expresa en el motivo de su emisión de la siguiente manera: “Almacenaje de Chasis que se encuentra en predio de la Empresa Nacional Portuaria denominado El Playón según listados y fechas adjuntas en base a Pda. 215 Inc. 3 de Régimen Tarifario” No obstante en las mismas facturas también se describe los servicios a que ellas se refieren su conceptos son: “Partida 320.2 Descripción Almacenaje X Mod. Sobre ruedas 6 días en adelante.”, la Administración de la Empresa Nacional Portuaria comete varios errores de forma no subsanables y de juicio o fondo que hacen nulas de pleno derecho dichas facturas; entre ellos los siguientes: De acuerdo a las partidas a aplicar a simple vista en su emisión se aplica la partida 215 inc. 3 del Régimen Tarifario Vigente en los cargos tarifarios mercancía en subasta, sin embargo en la misma factura se colocan en los Items la Partida 320.2 del régimen tarifario vigente en los cargos tarifarios de almacenaje sobre ruedas, referente a los módulos de transporte. Todo lo cual constituye no un simple lapsus calami ya que las facturas llevan un orden y un aspecto lógico para su cobro, por lo cual no lo considera que sea subsanable, en el mejor de los casos es un acto anulable en el sentido jurídico de la palabra. En el fondo la aplicación de la partida 215 a todas luces en ilusoria y por ende ipso iure inaplicable, en consecuencia Nula.- La aplicación de la partida 320.2 falta la honestidad intelectual del cobro y al principio de legalidad que debe operar en la materia de aduanas y arancelarias o portuarias. Al hacer un examen exhaustivo del “Normativo Operacional y Régimen Tarifario” de la Empresa Nacional Portuaria y examinando la literatura aplicable y vigente, debemos de esclarecer que todo lo que se refiere en la conceptualización de Almacenaje a Módulos de Transporte, se refiere a los contenedores o aquellos que hace sus veces. La Función de CONTENEDORES O MODULOS DE TRANSPORTE pueden operar en dos vías, como de contenedor o recipiente o tanque u otro que lo que conlleve sea el PORTE de una mercancía. Así lo deja entrever el “Normativo Operacional y Régimen Tarifario” en sus páginas cuando se refiere a cargas y descargas de los Módulos de Transporte y Mercancías.- Obsérvese entonces lo que dice el artículo 30 del mismo cuerpo normativo al distinguir entre Modulo de Transporte diferente a un equipo de transferencia, continua tal distinción hasta llegar a establecer un denominador común en todo el proceso y es el formulario denominado: COMPROBANTE DE RECEPCION Y DESPACHO DE MODULOS O MERCANCIA”. EN ESTE ULTIMO CASO LOS AUTOMOVILES CONSTITUYEN UNA MERCANCIA. Así mismo el Normativo Operacional y Régimen Tarifario, establece: “IV. l FACTURACION DE SERVICIOS.- Artículo 35 - Base de Facturación. Cualquier utilización de obras y servicios tarifarios deberá ir precedida de la correspondiente solicitud del cliente con arreglo a los formularios que establezca la Empresa Nacional Portuaria, misma que será autorizada una vez se compruebe que se han cumplido con los requisitos establecidos. Estos formularios y los datos reportados o informes preparados por las áreas operacionales de la Empresa Nacional Portuaria servirán de base para la facturación o aplicación de los precios contemplados en el Régimen Tarifario. El tonelaje o las unidades establecidos por la Empresa Nacional Portuaria en la entrega directa servirá de base para la facturación del servicio. Desde estos puntos de vista, el concepto de cobro y su descripción son nulos, excluyentes e inaplicables, el fundamento lógico de equiparar el chasis a módulos de transporte es tergiversado, abusivo y adolece de deshonestidad intelectual; no existe hecho generador para aplicación de cualquiera de los cargos de partidas invocadas en dicha factura, de igual forma el fundamento de la base de la facturación conlleva: 1.- La solicitud del cliente, orden de pedido, requerimiento u otro. 2.- Debe de existir formularios al respecto de dicha solicitud. 3.- La debida autorización. El contenedor debe considerarse una sola unidad, cuando ella resulta claro, de acuerdo con el conocimiento, es decir, que cuando las mercaderías se consolidan en un contenedor, el cargador debe obtener su individualización en el conocimiento”. En el Congreso de Derecho Aduanero de 1985. En esas ponencias se insistió en que el “contenedor” no puede ser considerado como una “mercadería”, sino como “un instrumento o parte del equipo de transporte”. DICHO DE OTRA FORMA EL DEPOSITO ADUANERO O ALMACENAMIENTO. Cómo puede la Empresa Nacional Portuaria cobrar almacenaje de algo de no es mercadería? NO podríamos manifestarnos si el fundamento fuese el parqueo, lo cual es diferente, pero el PARQUEO, nunca se ha cobrado y no está reglamentado en la norma reglamentaria respectiva, el Comité tarifario emitió una opinión sesgada y que falta a la honestidad intelectual por las siguientes razones: pretende aplicar una definición de un régimen reglamentario anterior por lo cual no puede dársele el mismos sentido reflejado en la connotación del reglamento actual, los fallos y doctrina internacional al respecto, ni mucho menos contraviniendo lo establecido en las Reglas de la Haya de 1924, relativas al Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque, suscrito en Bruselas el 25 de agosto de 1924; el cual se adjunta en este caso; en cuanto a las definiciones de: CONTENEDOR, ALMACENAJE Y MERCANCIA. Por otra parte, el Reglamento sobre el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional describe en el artículo 4, literal “p” que es medio de Transporte. El comité tarifario, pretende de manera inexcusable cuales son los componentes del transporte Intermodal que es usado generalmente por las navieras, la función en intención de las navieras. El Comité pretende legislar, y el Superintendente del Puerto pretende soslayar su propio reglamento tarifario al querer equiparar el parqueo con un servicio distinto regulado para otros efectos especial y únicamente para al almacenaje de mercadería en sus módulos. Así como las demás reglas establecidas internacionalmente en cuanto a las definiciones y alcances de módulos de transporte (contenedores) y el transporte propiamente dicho. el dictamen del Comité Tarifario es nulo ya que no tiene más asidero legal su existencia más que lo establecido en dicho reglamento, desconociéndose sus prerrogativas, funciones y cometido; de cualquier forma contradice lo que establece el CAUCA ya que este ente denominado en dicho cuerpo legal como COMITÉ ARANCELARIO ES EL ULTIMO QUE DEBE DE CONOCER EN LOS RECLAMOS RELATIVOS A LOS REGIMENES ADUANALES O PORTUARIOS. Y EN ESTE CASO FUERON LOS PRIMEROS EN EMITIR LA OPINION QUE EN ESTE CASO ES OBJETO DE IMPUGNACION. “El tiempo libre comienza a contarse a partir de la finalización de la descarga del buque o al momento de recibir los módulos en la entrada del recinto portuario para su embarque”. Son dos momentos después de la descarga del Barco o antes de su embarque. No habla del vehículo de transporte, puesto que en el transporte Intermodal y naviero para la administración importan los hechos generadores como son los expresados en el manifiesto para su importación o exportación de allí nuestra persistencia en que no podemos separar los derechos del Puerto con los derechos aduaneros de la Agencia Naviera. Los chasis no tenían nada más que la espera de ser ocupados por el descargue de los contenedores, esto constituye un Parqueo no un almacenaje, ya que en este caso constituye mercancía, ni puede ser considerada como tal.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), contestó dicha demanda señalando que el demandante pretende primero desconocer semánticamente los conceptos de módulo y chasis, en el sentido que desde su punto de vista no se les debe cobrar los servicios portuarios porque la factura no se refiere a chasis, lo cual, según el mismo, no se encuentra regulado en las normas legales vigentes que rigen los servicios que presta la Empresa Nacional Portuaria. En este sentido objeta que las facturas se hayan emitido por Almacenaje de Módulos, refiriéndose en el fondo a chasis. Para el demandante lo correcto seria un cobro por Almacenaje de MODULOS DE TRANSPORTE, no debiéndose cobrar el almacenamiento de chasis bajo este concepto.- Lo que lo lleva a una digresión sobre lo que es chasis y modulo. Sin embargo en el Reclamo Administrativo previo y el cual se acompaña se demuestra que el concepto de MODULO DE TRANSPORTE: se refiere a cualquiera de los equipos siguientes: contenedores, chasis, rastras, furgón u otros equipos rodantes. Así CHASIS se define como: “Armazón construida especialmente para aceptar contenedores, con dispositivos de cierre a torsión para asegurarlos, provisto de sus propias ruedas y dispositivos de acople para su movilización de un cabezal”.- Concepto o lenguaje este que se utilizaba en una Reglamentación anterior a la que se utiliza actualmente, quedando genéricamente la utilización de MODULO DE TRANSPORTE, pues no se refiere solamente a contenedores, objeta el señalamiento de las partidas aplicables. Si bien es cierto que hubo una especie de confusión en la numeración no la hubo en el señalamiento de los conceptos, pues, los conceptos establecidos en las facturas se refieren a cobros por “Almacenaje por modulo sobre ruedas” y específicamente en la parte descriptiva de las mismas se señala la partida correcta del Régimen Tarifario el cual es la 320.2; mas la cantidad y los valores.- En tanto que el señalamiento del error (pda. 215, inc. 3) es dentro del mismo concepto, por lo que no hay duda de lo que se esta cobrando.- Aparte de lo anterior no ha habido ninguna alteración en las operaciones aritméticas por el cobro, por cuanto, el cobro se hizo efectivamente en la forma señalada en la partida 320, inciso 2, como aparece en la parte descriptiva de la factura.- Aspecto este que no objeta el demandante. Asimismo el demandante objeta el derecho que tiene la Empresa Nacional Portuaria para cobrar los servicios que presta, repitiendo los conceptos que establece en el hecho segundo de la demanda en relaciona lo que es un Modulo de Transporte. Al respecto señala que el Superintendente de Puerto de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortes, giró una circular en fecha 4 de abril del 2006, a todos los usuarios del Puerto manifestándoles que a partir de la fecha se les cobrarían los servicios modulares a todos los clientes que hacen uso del lugar dentro del recinto portuario de Puerto Cortes conocido como el Playón. En fecha 22 de diciembre del 2006, el Licenciado Stanley Castellón, Supervisor de Terminal de SEABOARD HONDURAS S. DE.R.L DE C.V, solicita que se les autorice la instalación de dos casetas móviles en el predio El Playón, que estarán a cargo de su guardia privada para el resguardo del equipo que tenemos aparcado en ese lugar.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha trece de febrero del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción interpuesta, en consecuencia se decretó la nulidad de la resolución de fecha 26 de mayo del 2010, reconocer la situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento se ordena a la demandada proceder a la devolución de la cantidad de $22,280.00 o su equivalente en lempiras, más los intereses legales correspondientes, sin costas, bajo el criterio que el contenido de los actos ha de ser ajustado a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y que en virtud del principio de tipicidad todo acto administrativo debe ser dictado en uso de una potestad y su contenido material debe ajustarse al establecido por la norma que lo regula, cuando la legislación establece un trámite del procedimiento como “preceptivo”, el órgano administrativo responsable del correcto desarrollo procedimental está obligado a cumplirlo, no se puede dispensar a la administración del cumplimiento de un requisito impuesto por el legislador, por lo que el órgano jurisdiccional de control deberá declarar la nulidad de los actos en cuyo procedimiento de elaboración se haya incumplido un trámite legalmente establecido como necesario, bien sea un trámite esencial, o bien que carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, por haberse realizado con graves irregularidades de procedimiento, que es justo lo que ha ocurrido en el presente caso, razón por la cual se debe decretar la procedencia de la acción.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil catorce, dictó sentencia revocando la proferida por el a-quo, por lo tanto declaró improcedente la acción interpuesta, por estar ajustados a derechos los actos administrativo impugnado, sin costas; bajo el criterio: que consta en autos, en las facturas respectivas, que la demandada realizó el cobro referido en aplicación de la partida 320.2. con fundamento y dando cumplimiento al comunicado del 04 de abril del 2006 a agencias navieras, aduaneras ya que era aplicable al caso de autos, si bien es cierto, en dichas facturas se hace relación a que las mismas son en base a PDA 215 inc.3, conforme al memorando SUP-82, no es menos cierto, en dichas facturas se realizó conforme lo señala la partida 320-2, ya que se trataba de módulos de transporte y no almacenaje de mercancía, señalando claramente la demanda, en la resolución al reclamo respectivo de estos aspectos, por lo cual se concluye que no hubo infracción al ordenamiento jurídico con la emisión de los actos administrativos impugnados, ya que la demandante esta en la obligación del pago, a la demandada, desde el 04 de abril del 2006, por el uso del predio el playón por los servicios prestados a los furgones, contendores, así como almacenaje de todos los módulos que ingresen a dicho predio, estando acreditado de autos, que la demandante hacia uso del referido predio para mantener módulos de transporte como lo son los chasises, que forman parte del contenedor por medio de transporte.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado ELVIS RENÉ HERNÁNDEZ REYES, en fecha veintiocho de octubre del año dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.252-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 00043-12 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha cuatro de noviembre del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrida, Abogado JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS, presentó en fecha veinte de noviembre del año dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas veintiséis y veintisiete de noviembre del año dos mil catorce, los Abogados ELVIS RENÉ HERNÁNDEZ REYES y JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha seis de enero del año dos mil quince, teniendo por personados a los Abogados ELVIS RENÉ HERNÁNDEZ REYES y JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS, en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. SE ACUSA LA SENTENCIA POR APLICACION INDEBIDA DE LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA, CAUSAL COMPRENDIDA EN AL ARTICULO 719, NUMERAL 1 LITERAL “C”, EN CONSECUENCIA SE SOLICITA EL CONTROL DE LA MOTIVACION FACTICA DE LA SENTENCIA PARA REVISAR LA EXISTENCIA SUFICIENCIA, RACIONALIDAD Y CARACTER LOGICO POR SER DETERMINANTE EN EL SENTIDO DEL FALLO SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 720 NUMERAL 2. Acuso la Sentencia de: ser la sentencia violatoria de ley por infracción directa de los articulo 3, y relacionados 200, 206, 207, 208 del Código Procesal Civil, por error de hecho derivado de la aplicación indebida del numeral 1 y literal b, c, d, del numeral 2 del articulo 200 del Código Procesal Civil, mediante la omisión de los requisitos Formales externos de la sentencia según al articulo 200 del Código procesal Civil numeral 1 y literal b, c y d del numeral 2, violentándose así los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil (requisitos Internos), que trae como consecuencia la inobservancia de las normas procesales de las cuales se derivan perjuicios irreparables y que son contrarios al debido proceso; ya que es claro que en la Sentencia Recurrida el Tribunal casado incurre en error in procedendo……. SEGUNDO MOTIVO: APLICACION DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO. SE ACUSA LA SENTENCIA POR APLICACION INDEBIDA DE DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO, CAUSAL COMPRENDIDA EN AL ARTICULO 719, NUMERAL 2. Acuso la Sentencia de: ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa del articulo 33 segundo párrafo de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso administrativo, derivado de la aplicación indebida de párrafo primero del articulo 81 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso administrativo al declarar Improcedente la Acción, debiendo aplicarse el párrafo segundo del articulo 81 y aplicarse el articulo 82 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso administrativo”....- II.- Los cargos en la forma expuesta no están llamados a prosperar debido a que el Censor alega distintas formas de violar la ley, como ser: aplicación indebida, infracción directa y el error de hecho, estas ultimas son propias del recurso de casación laboral y no del que nos ocupa; en consecuencia, los mismos en la forma expuesta no constituyen una proposición jurídica clara y precisa. Además, insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este tribunal conforme al articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV.- En razón de lo anterior cconsecuentemente es procedente declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y dejar por firme la sentencia definitiva recurrida, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido el artículo citado en su numeral 1) que contra esta resolución no cabe recurso alguno.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1,8.2.h), 24 y 25 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN EN SUS DOS MOTIVOS. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de junio del dos mil dieciséis; certificación de la resolución de fecha veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 642-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL