Sentencia CA-638-14 — Registro 5670
Resumen
En primera instancia se declara improcedente la acción incoada por el demandante, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado identificado en la demanda como la resolución emitida por el Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en virtud que la Dirección General del Trabajo no tiene facultades para declarar la invalidez de cambios ocurridos en las Juntas Directivas de un Sindicato, ya que son actos como consecuencia del ejercicio del derecho que tiene los trabajadores de elegir con libertad a sus representantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que los anteriores motivos no resultan admisibles en razón de lo siguiente: a) invoca la infracción de varias normas, pero sin precisar si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las mismas;b) en el primer cargo, la disposición señalada como norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio, es de carácter estrictamente procesal o adjetiva; c) en el segundo motivo, se alude a que se impugna la forma y contenido de la sentencia, pero al mismo tiempo y en su explicación, se aduce que ha existido indefensión y a la vez pide el control de la motivación fáctica de un hecho de la misma, insta la revisión de los hechos, así como la valoración del material probatorio, lo cual no procede en este extraordinario recurso, tal como lo previene el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) en el tercer cargo se alude a que operó la afirmativa ficta, sin que dicha situación jurídica haya sido expuesta en la acción de mérito.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Que los anteriores motivos no resultan admisibles en razón de lo siguiente: a) invoca la infracción de varias normas, pero sin precisar si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las mismas;b) en el primer cargo, la disposición señalada como norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio, es de carácter estrictamente procesal o adjetiva; c) en el segundo motivo, se alude a que se impugna la forma y contenido de la sentencia, pero al mismo tiempo y en su explicación, se aduce que ha existido indefensión y a la vez pide el control de la motivación fáctica de un hecho de la misma, insta la revisión de los hechos, así como la valoración del material probatorio, lo cual no procede en este extraordinario recurso, tal como lo previene el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) en el tercer cargo se alude a que operó la afirmativa ficta, sin que dicha situación jurídica haya sido expuesta en la acción de mérito.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el señor NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA, representado en juicio por el abogado ELVIN RUBEN GOMEZ; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, representado en juicio por el abogado JUAN ANGEL CABRERA GARCIA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y la nulidad de un acto administrativo de carácter particular emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento, indemnización de daños y perjuicios, quebrantamiento de formalidades esenciales, abuso y desviación de poder, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 22 de enero de 2010, se emitió resolución por parte de la Dirección General de Trabajo declarando sin lugar por improcedente el escrito de Oposición a la inscripción de la Junta Directiva, presentado en fecha 15 de enero de 2010; en fecha 22 de febrero de 2010, el apoderado legal del demandante interpuso el respectivo recurso de apelación ante la Dirección General del Trabajo, emitiendo la resolución por parte del Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social el 27 de julio de 2010 y notificada hasta el 13 de octubre de 2010, declarando sin lugar el recurso de apelación; con fecha 29 de octubre de 2010, se procedió a presentar el recurso de reposición respectivo, mismo que hasta la fecha no ha sido resuelto y de acuerdo al artículo No. 138 de la Ley del Procedimiento Administrativo que ordena: “La resolución del recurso se notificará diez días (10) después de la notificación de la última providencia, transcurrido dicho término se entenderá desestimado el recurso y quedará expedita la vía procedente”; en fecha 15 de diciembre de 2009, se realizó una supuesta asamblea general ordinaria misma que fue convocada basada en un listado de afiliados, no afiliados y expulsados del SITRABANTRAL (55 en total para ser más exactos), cuando los estatutos del SITRABANTRAL, señalan que únicamente la Junta Directiva Central puede levantar listados de acuerdo al artículo 45 inciso m) que establece: “Solo la Junta Directiva Central deberá en casos de extrema urgencia o porque las circunstancias lo ameritan levantar listado de los afiliados para la consulta de un tema de extrema urgencia, el cual debe resolverse de manera expedita”; así que los estatutos del SITRABANTRAL y el Código del Trabajo no permiten convocar asamblea con listados, de igual manera se encuentra preceptuado en el Código del Trabajo donde no existe norma aplicable a este caso, constituyendo el mismo en una trasgresión tanto a los Estatutos del SITRABANTRAL como al Código de Trabajo; existe un caso reciente donde el Poder Ejecutivo pretendió convocar al pueblo a una consulta llamada cuarta urna a expensas del órgano competente para convocar a consulta, llámese Tribunal Supremo Electoral (TSE), ocurriendo que la misma fue declarada ilegal y al margen del Estado de Derecho, con las consecuencias de todos sabidos; con la providencia de fecha 27 de julio de 2010, la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, está violentando los Derechos consagrados en la Constitución de la República, Convenios Internacionales, ya que no observa el debido proceso y las formalidades tipificadas en la Ley del Procedimiento Administrativo y la Ley General de la Administración Pública.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, contestó dicha demanda señalando que consta en el expediente 004/OPOS/JD/OS/10, de la Dirección General de Trabajo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, que en fecha 22 de enero del 2010, se emitió resolución por parte de la Dirección General de Trabajo donde se declaró sin lugar por improcedente la oposición a la solicitud de inscripción de la Junta Directiva Sindical, en virtud que de conformidad con la Ley, la Dirección General del Trabajo no tiene dentro de sus atribuciones, la facultad de declarar la invalidez de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de un sindicato, tampoco del proceso y los resultados de las elecciones que se generen como consecuencia del ejercicio del derecho que tienen los trabajadores de elegir con plena libertad a sus representantes, por consiguiente, es necesario dejar sentado que en tanto no se decrete por autoridad competente, la invalidez de las resoluciones adoptadas en la Asamblea General del SITRABANTRAL el 15 de diciembre del 2009, se presume su legitimidad y como consecuencia ninguna queja u oposición que se interponga ante esta autoridad administrativa puede tener por efecto la suspensión de la validez de la misma; asimismo consta que el recurso de apelación fue interpuesto por el abogado Fabrizzio Valle Ventura en su condición de apoderado legal del demandante en fecha 22 de febrero del año 2010, mismo que fue declarado sin lugar mediante resolución de fecha 27 de julio del año 2010; el Código de Trabajo en su artículo 489 señala que la Dirección General del Trabajo, conocerá de cualquier cambio total o parcial que se produzca en su Junta Directiva; es decir, se trata de una notificación mediante la cual una parte, que es el sindicato, pone en conocimiento de la otra, que es la autoridad publica laboral, un suceso puntual acaecido a lo interno de su organización sindical para que este surta los efectos legales pertinentes, observándose de esta manera que la demandada ha actuado de acuerdo a las atribuciones que la ley le señala; en fecha 29 de octubre del año 2010, se presentó el Recurso de Reposición respectivo mismo que fue resuelto en fecha 6 de diciembre del año 2010, declarándolo sin lugar en virtud de considerar la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, que el recurrente no desarrolla ninguna argumentación legal o doctrinaria ni nuevos fundamentos concretos de derecho que sirvan de base para reponer la resolución que recurre de fecha 27 de julio de 2010 y por estar ajustada a derecho la misma; que es cierto que en fecha 29 de diciembre del 2009, fue presentada la solicitud de Registro de la nueva Junta Directiva Sindical, por parte de los miembros del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, rechazando lo que argumenta el demandante en cuanto a que la demandada violentó los derechos consagrados en la Constitución de la República, Convenios Internacionales y otras leyes, a contrario sensu la demandada respeta, cumple, realiza y resuelve con estricto apego a la leyes enmarcadas en nuestro país; es importante hacer mención que el Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras (SITRABANTRAL) en sus estatutos, congruentes con lo dispuesto en el Código del Trabajo y en lo que prevén la existencia de un Tribunal de Honor, con carácter permanente, cuyas atribuciones se encuentran las de velar por que todos los miembros afiliados cumplan con los estatutos y con los acuerdos y resoluciones emanadas de los órganos de dirección y auxiliares del sindicato, así como el de llevar a cabo las investigaciones necesarias a iniciativa propia o cuando algún Órgano o algún miembro del Sindicato denuncien la comisión de faltas que ameriten la aplicación de sanciones disciplinarias, de acuerdo a los estatutos, es por ello que la demandada, no puede intervenir en conflictos internos que se produzcan en el sindicato, ya que la facultad primordial de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social es de revisar las solicitudes de registro de las organizaciones sociales para así poder reconocerles la personería jurídica a estas, así como conocer de cualquier cambio total o parcial que ocurra en la Junta Directiva de un Sindicato, como es el caso que nos ocupa, tal y como lo establecen los artículos 480 y 489 del Código de Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, dictó sentencia declarando improcedente la acción incoada por el señor Nelson Antonio Zavala Zavala, contra el Estado de Honduras, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado identificado en la demanda como la resolución de fecha 27 de julio del año 2010, emitida por el Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en virtud que la Dirección General del Trabajo no tiene facultades para declarar la invalidez de cambios ocurridos en las Juntas Directivas de un Sindicato, ya que son actos como consecuencia del ejercicio del derecho que tiene los trabajadores de elegir con libertad a sus representantes; absolviendo al Estado de Honduras, del pago de los daños y perjuicios por los conceptos reclamados por el demandante, sin costas; bajo el criterio que del análisis del expediente se establece que efectivamente el Estatuto del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, tiene como finalidad principal “la unificación de sus miembros para proteger sus derechos y mejorar sus condiciones económicas y sociales de sus afiliados, documento que es propio de dicha organización de trabajadores por lo tanto con el derecho de redactar sus estatutos y por lógica de elegir a sus representantes”; siendo la génesis del conflicto, el hecho que se haya realizado una supuesta asamblea sin haber sido convocada legalmente, ante tal situación es meritorio mencionar que la norma laboral vigente establecida en el Código de Trabajo en su artículo 494 habla de las atribuciones de la asamblea general de un sindicato y entre ellos esta la elección de los miembros de la junta directiva ( numeral 1), articulo que esta relacionado al artículo 496 de ese mismo cuerpo legal que establece los requisitos para que una Asamblea sea válida, por lo que las organizaciones sindicales, están obligadas a cumplir con dichos requisitos, así como con los requisitos establecidos en sus Estatutos, previo a la celebración de las respectivas Asambleas, es importante señalar que se presumen válidas las Asambleas, mientras tanto no sean declaradas nulas, actos que son propios de cada sindicato, con la única obligación de notificar a la Secretaría de Trabajo por conducto de la Dirección General del Trabajo la nómina de la junta directiva electa; que de lo expuesto anteriormente se puede establecer que para garantizar efectivamente la autonomía de dichas organizaciones sindicales, sus miembros tienen la plena libertad de elegir a sus representantes; por consiguiente las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a entorpecer el ejercicio de este derecho, ya sea en lo relativo al desarrollo de las elecciones sindicales, a las condiciones de elegibilidad reelección o destitución de los representantes, por lo que los cambios en una Junta Directiva de un sindicato es un proceso interno de cada organización sindical que no requiere que la Secretaría del Trabajo haga un pronunciamiento mostrándose o no de acuerdo con lo aprobado por dicha organización sindical, como en este caso de elegir con plena libertad a sus representantes en base a sus estatutos sindicales, por lo que el suscrito Juez estima que la emisión del acto administrativo impugnado dictado por la Secretaría de Trabajo esta conforme a derecho, y anular la misma seria limitar los derechos reconocidos por el Código de Trabajo a las organizaciones sindicales.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dos de octubre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la decisión de la autoridad administrativa demanda a criterio del a quo y el que es compartido por este tribunal de alzada fue dictada conforme a derecho, esto por existir prohibiciones para pronunciarse sobre conflictos sindicales, en cuanto a cambios ocurridos en sus juntas directivas por mandato legal, así como lo establecido en convenios internacionales que regulan la materia; al revisar el acto administrativo impugnado este tribunal de alzada llega a la conclusión que el mismo es legal, al manifestarse la imposibilidad de pronunciarse a la cuestión jurídica ante ella debatida, por no permitírselo la ley y los convenios internacionales, lo que hace que esta jurisdicción como revisora de la supuesta ilegalidad de los actos administrativos, deviene en la obligación de confirmarlo al estar dictado en apego a derecho, y en este caso como se ha dicho el acto administrativo impugnado es legal porque el mismo emana de un mandato legal que imposibilita al demandado a resolver lo planteado, tal como lo dejó claramente fundamentado el a quo en su apreciación jurídica en el fallo definitivo que origina la presente sentencia.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado ELVIN RUBEN GOMEZ, en fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha dos de octubre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.268-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.674-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado JUAN ANGEL CABRERA GARCIA, presentó en fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, los abogados ELVIN RUBEN GOMEZ y JUAN ANGEL CABRERA GARCIA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha quince de diciembre de dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados JUAN ANGEL CABRERA GARCIA, como recurrido y ELVIN RUBEN GOMEZ, como recurrente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dos de octubre de dos mil catorce, que el Recurrente denuncia tres motivos con fundamento en los artículos 716 y 719 numeral 1 inciso c) y numeral 2 del Código Procesal Civil.- II. MOTIVOS DE CASACIÓN. El impugnante fundamenta sus motivos de casación, manifestando lo siguiente: 2.1 “PRIMER MOTIVO. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que señala: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que expresa lo siguiente: “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” Este relacionado con el Artículo No. 496 incisos a) y c) del Código del Trabajo establece que: “Para la validez de las decisiones tomadas en las asambleas generales de las organizaciones sindicales, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que la asamblea haya sido convocada en la formas y con las condiciones previstas en los estatutos; b)...; c) Que se levante acta de cada sesión, firmada por quien la presida y el secretario correspondiente, en la cual se expresará el número de miembros concurrentes a la sesión, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones tomadas.” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en el Artículo No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y relacionado con el Artículo No.496 incisos a) y c) del Código del Trabajo, se considera que “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” “Para la validez de las decisiones tomadas en las asambleas generales de las organizaciones sindicales, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que la asamblea haya sido convocada en la formas y con las condiciones previstas en los estatutos; b)...; c) Que se levante acta de cada sesión, firmada por quien la presida y el secretario correspondiente, en la cual se expresará el número de miembros concurrentes a la sesión, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones tomadas.” Son esas normas que el Tribunal Ad-Quem interpreta de manera errónea pues estos Artículos son claro ya que dispone cuando debe declarar procedente la acción y eso ocurre cuando se incurre en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico. Por lo que al no ser aplicados por el Tribunal Ad-Quem se infrinjo las normas precitadas produciendo con ello violaciones al debido proceso y a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dejando con ello en indefensión y vulnerando los derechos y garantías constitucionales por que el fallo no se ajusta a derecho. ÚNICO: Que de acuerdo al considerando (5) del Fallo recurrido, el Tribunal Ad-Quem declara que el derecho a la libertad sindical es un principio fundamental para el funcionamiento de los sindicatos y que conlleva a ser libres de injerencia de las Autoridades Públicas contraviniendo lo que ordena la Ley en el Código del Trabajo en su Artículo No.496 incisos a) y c) y esté relacionado con el Artículo No. 8 numeral 1 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo siguiente: “El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;” por lo que la Jurisdicción del Contencioso Administrativo está facultado para revisar los Actos de la Administración Pública y si estos no están reñido con la Ley, Lo que debió haber hecho el Tribunal Ad-Quem en su sentencia de fecha 31 de Julio de 2014 era seguir lo que se ordena en los Artículos No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo No.496 incisos a) y c) y esté relacionado con el Artículo No.8 numeral 1 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero impone un “UN HECHO ILEGAL COMO SI FUERA LEGAL” que no es el pretendido por la ley para Juzgar y solucionar el Fondo del Litigio, incurre en una Aplicación e interpretación de la normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, haciendo procedente CASAR la sentencia recurrida. El Código Procesal Civil establece en su Artículo 12 numeral 5 el principio doctrinario del “IURA NOVIT CURIA” el cual obliga al juez a resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo hayan sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. Por lo que el Tribunal Ad-Quem debió resolver la cuestión litigiosa de acuerdo a los Artículos No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo No.496 incisos a) y c) y esté relacionado con el Artículo No. 8 numeral 1 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.- 2.2. SEGUNDO MOTIVO: APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: c) LA FORMA Y CONTENDIO DE LA SENTENCIA: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil que señala: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No. 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que expresa lo siguiente: “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” Este relacionado con el Artículo No. 510 inciso b) del Código del Trabajo establece que: “Para ser miembro de la Junta Directiva de un sindicato, tanto de la provisional como de las reglamentarias, deben reunirse los siguientes requisitos, además de los que exijan los estatutos respectivos: a)...; Ser miembro del Sindicato;...” Y relacionado con artículo 44 inciso d) de los estatutos del SITRABANTRAL que expresa que “se debe acreditar la condición de miembro afiliado por un término no menor de un año” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en los Artículos No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y esté relacionado con el Artículo 510 inciso b) del Código del Trabajo y 44 inciso d) de los Estatutos del SITRABANTRAL, al no ser aplicados por el Tribunal Ad-Quem se infrinjo las normas precitadas produciendo con ello violaciones al debido proceso y a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dejando con ello en indefensión y vulnerando los derechos y garantías constitucionales por que el fallo no se ajusta a derecho. ÚNICO: Se solicita en el presente Recurso de Casación el control de la motivación fáctica del hecho número (6) de la sentencia impugnada para que se revise su existencia ya que el hecho no es cierto y en la sentencia se dice que si es cierto, en virtud que obra en el Medio de Prueba No.17 de la parte demandante, el 18 de Agosto de 2009 que corren agregados a los folios 294 y 295 respectivamente varios miembros de la supuesta Junta directiva no aparecen en el Libro de Afiliados al SITRABANTRAL Y no acreditaron ante la Dirección de Trabajo que eran afiliados al SITRABANTRAL, por lo que lo expresado por el Tribunal Ad-Quem es inexistente, pero cuando emite su sentencia el Tribunal Ad-Quem objeto de este recurso de casación y declara como válida la inscripción de la Junta Directiva del SITRABANTRAL sin cumplir con los requisitos que la Ley exige para declarar como validas las elecciones y en vez de eso impone un “UN HECHO INEXISTENTE COMO QUE EXISTE” que no es el pretendido por la ley para Juzgar y solucionar el Fondo del Litigio, incurre en una Aplicación e interpretación de la normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, haciendo procedente CASAR la sentencia recurrida.- 2.3 TERCER MOTIVO: APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que señala: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No.29 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que expresa lo siguiente: “Cuando se formulare alguna petición ante la administración y ésta no notificare la resolución en los plazos señalados en el Artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el interesado podrá denunciar el retraso y transcurridos ocho días desde la denuncia, podrá considerar denegada su petición, a efecto de formular frente a esta denegación presunta, el correspondiente recurso administrativo o la acción jurisdiccional, según proceda, o esperar la resolución expresa de su petición.” Y este relacionado con el Artículo 84 inciso a) de la Ley del Procedimiento Administrativo que establece: “La resolución de todo procedimiento se notificará: En el plazo máximo de diez (10) días, contados a partir del día siguiente de la presentación del primer escrito, cuando lo solicitado se pueda resolver de plano, en el fondo, y,…” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA. Que de conformidad a lo establecido en el Artículo No.29 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se establecen los plazos para que la Administración notifique la Resolución correspondiente y ese plazo según el Artículo 84 inciso a) de la Ley del Procedimiento Administrativo es de 10 días y de acuerdo a la Afirmativa Ficta levantada por Notario Público, el Tribunal Ad-Quem no respeto dicha figura administrativa ni la Jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia obviando por completo pronunciarse al respecto y de acuerdo al Artículo 84 inciso a) de la Ley del Procedimiento Administrativo que establece el plazo de espera para que se emita la Resolución correspondiente, no se cumplió con lo que ordena la Ley. ÚNICO: La pretensión del actor fue que se ejecutara la afirmativa ficta en vía administrativa, lo que no ocurrió y procedió de acuerdo a la Jurisprudencia de ese Alto Tribunal al llevarla a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que se le ordenará a la parte demandada procediera a ejecutarla, pero el Tribunal Ad-Quem no se pronunció al respecto cuando lo que debió es reconocer la Afirmativa Ficta, pues como quedo atestado por el Notario Público Elías Herrera Álvarez en el Acta Notarial de fecha 02 de Febrero de 2010 (Medios de prueba 6 y 7 de la parte demandante, y corren agregadas a los folios 292-293 y 294-295 respectivamente), no se había emitido ninguna resolución en el plazo de diez (10) ordenado por el Artículo 84 inciso a) de la Ley del Procedimiento Administrativo, por lo que había operado el mecanismo de Afirmativa Ficta, pero el Tribunal Ad-Quem ni si quiera respeto la Afirmativa Ficta al tenor de lo que ordena el Artículo 29 b de la Ley del Procedimiento Administrativo, obviando reconocer una “FIGURA” que es el pretendido por la ley para emitir resolución y solucionar el Fondo del Litigio, incurre en una Aplicación e interpretación de la normas de derecho empleadas para la solución del fondo del asunto, haciendo procedente CASAR la sentencia recurrida. JURISPRUDENCIA DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en el Recurso de Amparo No.71-06 en relación a la figura de la Afirmativa Ficta lo siguiente: “CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 29 reformado de la Ley de Procedimiento Administrativo, la afirmativa ficta es la decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas, se consideran aceptadas. CONSIDERANDO: Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos por el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término especifico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la afirmativa ficta, en todo lo que le favorezca. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispuesto en los artículos 29-A y 29-B adicionados de la Ley de Procedimiento Administrativo, el interesado en los beneficios de la Afirmativa Ficta deberá obtener la certificación respectiva, para que surta, erga omnes, todos los efectos jurídicos correspondientes y que, en caso de denegarse por la autoridad administrativa la certificación de estilo, el interesado lo hará constatar en el Acta Notarial que al efecto se levante, de manera que deberá entenderse que la petición ha sido resuelta en un sentido afirmativo al solicitante; lo anterior sin perjuicio de que, todos los actos que realice la citada autoridad con posterioridad al acaecimiento de la afirmativa ficta; serán contrarios a derecho y recurribles ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declaratoria de su nulidad, con las consiguientes responsabilidades para el infractor.- CONSIDERANDO: Que bajo el ordenamiento jurídico existente, este Tribunal estima que la certificación de haber operado la Afirmativa Ficta y/o en su caso, el Acta notarial que así lo evidencia, será atestado legal suficiente que ampare al agraviado respecto de los derechos derivados del silencio administrativo, siempre y cuando lo pretendido en el reclamo formulado esté regulado por el Derecho Administrativo, razón por la que, la inadmisibilidad del amparo reclamado está ajustada a derecho, siendo en consecuencia improcedente la reposición solicitada...)”. Sentencia de amparo de fecha veintitrés de marzo de de dos mil cuatro, emitida por la Sala de lo Constitucional en el expediente No.2614=03, en el antepenúltimo considerando, se estableció que: “...que del examen de los antecedentes que contiene el expediente administrativo se desprende que la autoridad administrativa no observó la formalidad del debido proceso administrativo al omitir extender una certificación previa resolución administrativa, por lo cual se configura el mecanismo de afirmativa ficta adicionado a ello que se produjo una notificación por la tabla de avisos del despacho, no siendo el caso por cuanto, tal notificación solo procedía hacerla personalmente de conformidad con lo que dispone la Ley del procedimientos administrativos.”.- III. Que los anteriores motivos no resultan admisibles en razón de lo siguiente: a) invoca la infracción de varias normas, pero sin precisar si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las mismas; b) en el primer cargo, la disposición señalada como norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio, es de carácter estrictamente procesal o adjetiva; c) en el segundo motivo, se alude a que se impugna la forma y contenido de la sentencia, pero al mismo tiempo y en su explicación, se aduce que ha existido indefensión y a la vez pide el control de la motivación fáctica de un hecho de la misma, insta la revisión de los hechos, así como la valoración del material probatorio, lo cual no procede en este extraordinario recurso, tal como lo previene el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) en el tercer cargo se alude a que operó la afirmativa ficta, sin que dicha situación jurídica haya sido expuesta en la acción de mérito.- IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V. En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. REDACTO LA MAGISTRADA ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de febrero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha diecinueve de enero del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 638-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL