Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-617-14 — Registro 6505

Resumen

Se declara la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" Que también es preciso recordar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 320 de la Constitución de la República, no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en dicha Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan; que en casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera, por ende no se requiere de ningún fallo que declare la inconstitucionalidad de una disposición, si la misma, de manera evidente, se encuentre en pugna con las consignadas en la carta fundamental. Además, el Estado de Honduras se encuentra obligado a respetar, cumplir y observar los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, especialmente los que garanticen a las personas su derecho a la defensa y al debido proceso, por lo que todos los juzgadores se encuentran en la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico que nos rige en un estado de derecho (ver sentencias expedientes SL 331-14, 511-14 y 119-15).- VI.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- VII.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- "Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: La señora TELMA IDANIA TORRES HERNANDEZ, representada en juicio por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO; y, Recurrido: EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Dirección Ejecutiva del Fondo Vial.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada de cancelación, reintegro a su puesto de trabajo, pago de sueldos dejados de percibir, derechos adquiridos, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Francisco Morazán, en fecha veintiocho de mayo del dos mil doce, por la señora TELMA IDANIA TORRES HERNANDEZ, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada en Administración Pública y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DEL FONDO VIAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que inició en el cargo de Auditor Interno, de manera indefinida a partir del veinticuatro de marzo del dos mil seis, devengando un salario mensual de L. 25,000.00.- Mediante sesión ordinaria 120 de fecha nueve de febrero del dos mil doce, el Comité Técnico Vial del Fondo Vial, se acordó cancelarle de su cargo con efectividad a partir del 10 de mayo de ese año, sin haber justa y en abierta contradicción del derecho de defensa, infringiendo el ordenamiento jurídico dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley General de la Administración Pública, Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, las Normas Generales Sobre Auditorías Internas, que además se le notificó de forma defectuosa su cancelación. Además, refiere que existe el antecedente de haber sido cancelada ilegalmente el 31 de enero del 2008, habiéndosele reintegrado a su cargo por resolución judicial firme el 1 de octubre del 2010, por lo que hay mala fe de las autoridades del Fondo Vial y desobediencia al no acatar la orden judicial.- 2.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de marzo del dos mil catorce, dictó auto definitivo, declarando por no desvanecida la causa de inadmisibilidad de “Que la Acción que se deduce contra alguno de los actos no susceptibles de impugnación conforme a las reglas del Capítulo I del Título III.”, declara la INADMISIBILIDAD de la demanda.- 3.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha siete de agosto del dos mil catorce, dictó sentencia confirmando dicha resolución, bajo el criterio que la demanda no reunía los requisitos necesarios para la validez de la comparecencia emitiendo un auto para su subsanación, no haciéndolo en el plazo estipulado la parte demandante, por lo cual se declara inadmisible.- 4.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha siete de agosto del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.227-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.206-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha cuatro de noviembre del dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificado de dicha resolución en fecha trece de noviembre del dos mil catorce, el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO.- 5.-Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha dos de diciembre del dos mil catorce, teniendo por personado al Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en concepto de parte recurrente.- 6.- Que el recurrente, en el escrito donde formaliza el recurso, expone tres motivos de casación, el primero por la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la adecuación del procedimiento, el segundo por la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión y el tercero, por la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido del auto resolutorio; también, solicita la nulidad absoluta de actuaciones.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO solicita la nulidad de la resolución recurrida, conforme lo siguiente: “SE SOLICITA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES DEL AUTO RESOLUTIVO EMITIDO POR LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y POR EXTENSIÓN EL AUTO RESOLUTIVO EMITIDO POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LE HA PUESTO FIN A UN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Que el Auto Resolutivo impugnado es el de fecha 07 de agosto del año 2014, Dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, del cual se pide su nulidad absoluta por no estar ajustado a derecho y la que fundamentamos en aplicación del artículo 321 de la Constitución de la República que literalmente dice: “Que los servidores del estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad” y artículos 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil, hay nulidad absoluta en el acto jurisdiccional de la sentencia de segunda instancia dictada el 07 de agosto del 2014, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por haberse dictado dicho fallo sin haberse observado los procedimientos a que se refieren los Artículos 13 letra a), 47 último párrafo, 51 letras a), b) y c), 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- En consecuencia la nulidad absoluta, puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando consta en autos decretarse de oficio, aunque las partes no lo aleguen. Y el artículo 206 del Código Procesal Civil que regula los requisitos internos de la sentencia donde deben ser dictadas con claridad y exhaustivas y el artículo 208.1 del mismo código dispone que las sentencias deben ser: congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito en virtud de que su fallo en el caso de méritos no es congruente con las pretensiones deducidas en el juicio.- Que si bien es cierto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encuentra facultado para apreciar otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa, esa facultad es arbitraria en vista que debe tener como requisito previo oír a la parte afectada, tanto por el legítimo derecho constitucional a la defensa, como por el hecho de que en la mayoría de los casos con dicha resolución se pone fin al juicio, al no admitirse la acción interpuesta, situación que en el caso de autos no se dio, porque no fue expuesta oportunamente a las partes, como una pretensión objeto de debate. y como ya se dijo que es procedente que esa Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral-Contenciosa, anule de oficio el Auto Resolutivo recurrido en casación, porque adolece el misma de vicios de nulidad, en vista que nadie puede ser Juzgado sino por Juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad que los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente, por su conducta oficial sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Que revisado el Auto Resolutivo de fecha 07 de agosto del 2014, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la que confirma la de primer grado.- Que además se observa cierta ligereza por parte del Juzgador de Segunda instancia en cuanto a la debida motivación que debe contar todo fallo judicial y los razonamientos facticos y jurídicos que determinan el tipo de decisión de que se trate máximo cuando la situación de la revisión del acto administrativa se realiza en relación a un punto de derecho, referido al tipo de Resoluciones dictadas en instancias administrativas sobre peticiones o reclamos ya resueltos. Que la Nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando consta en autos decretarse de oficio, aunque las partes no lo aleguen.- que por las razones antes expuestas es procedente anular de oficio el Auto Resolutivo Recurrido. En vista que la Corte de Apelaciones sentenciadora ni tan siquiera observo los fundamentos jurídicos en que se sustentó las alegaciones de la parte dictando un fallo que es totalmente incongruente por sustentarse en motivos que son objeto de nulidad en el presente caso. En virtud que a la parte actora se le ha violentado el debido proceso y en consecuencia mi representada, tiene derecho a que en el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias y en condiciones de igualdad y sin dilaciones, ya que se dicten por órganos jurisdiccionales, competentes e independientes e imparcial con una resolución de fondo justa y motivada. Ver artículo 3 del Código Procesal Civil. Así mismo el órgano jurisdiccional podrá ordenar la subsanación de los defectos que contengan los actos procesales anulables de las partes, siempre que en dichos actos se hubiesen manifestado la voluntad de cumplir los requisitos por la ley (ver Articulo 20 del Código Procesal Civil). Los actos procesales que realizan los órganos jurisdiccionales y las partes estarán sujetos al principio de legalidad formal y los requisitos formales nunca podrán interpretarse de manera que se conviertan en una traba insuperable para el acceso a la justicia de los ciudadanos. TAL COMO HA OCURRIDO EN EL PRESENTE CASO DE AUTOS QUE LE ESTÁN DENEGANDO EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS TRIBUNALES A Ml REPRESENTADA SIN HABER TODAVÍA CONTIENDA CON LA OTRA PARTE. Y LOS JUZGADORES YA SE ESTÁN ADELANTANDO Y PREJUZGANDO SOBRE LAS PRETENSIONES Y LOS HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE ACTORA. (VER ARTÍCULO 129 NUMERAL 1) Y 2) DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL). También son nulos los actos procesales cuando haya incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relaciona a los actos procesales dará lugar a su nulidad. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa se haya producido indefensión (Ver Articulo 211, 212 numeral 4) del Código Procesal Civil). Lo que conlleva que las actuaciones dictadas por el Juzgado de primera instancia y segunda instancia, a mi representada se le ha violentado el debido proceso y le ha producido indefensión tal como se describe en los hechos siguientes: Que en fecha 28 de mayo del año 2012, interpuso Demanda Especial Contencioso Administrativo, para que se declare ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal y que se reconozca una situación jurídica individualizada de su cancelación o separación injusta e ilegal y como medida para su pleno restablecimiento se restituya en su cargo, más otros derecho. Resulta que el Juzgador de primera instancia mediante auto de fecha 18 de junio del año 2012, decreto que previo a resolver sobre la admisibilidad de la presente demanda este Juzgado aprecia que la misma no reúne los requisitos necesarios para la validez de la comparecencia, por lo que se le otorgó a la parte actora para que en el plazo de 5 días hábiles a efecto, de que subsanara lo siguiente: A).QUERELACIONE LOS MEDIOS DE PRUEBA CON LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE ACUERDO A LA LEY PROCESAL CIVIL VIGENTE Y B).- QUE ACOMPAÑE LA CERTIFICACIÓN DEL AUTO IMPUGNADO. Haciéndole la advertencia que de no hacer la subsanación de los defectos antes señalados, la secretaría del despacho informara de esa circunstancia y se tendrá por no presentado el escrito de demanda y se ordenara el archivo de las presentes actuaciones.- dicho auto fue notificado al Apoderado de la parte actora en fecha 17 de julio del año 2012. El apoderado de la parte actora dando cumplimiento a lo ordenado en el auto anterior presento escrito de subsanación y relaciono los medios de prueba con los hechos de la demanda de acuerdo a la ley procesal vigente y así mismo acompaño la certificación del acto impugnado. No obstante el Juez de primera instancia mediante auto de fecha 25 de Julio del año 2012; resolvió tener por presentado el escrito de subsanación por el Abogado MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO, en su condición de Apoderado legal de la parte actora, junto a los documentos que se acompañaron los cuales mando agregar a sus antecedentes. Y que se tenga por no subsanada correctamente la presente demanda en vista que no acredita el acto impugnado conforme a lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por consiguiente téngase por inadmitida la presente demanda incoada en esta judicatura, que la secretaria del despacho proceda al archivo de las presente diligencias. Y utilizo como fundamentos legales el articulo 51 literal b), 52, 132 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, fundamento que aprecio erróneamente el juzgador en vista que estos no tienen ninguna relación inmediata a la aplicación del artículo 47 letra ch) párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que dice entre otras cosas: Que cuando el Juzgado estime que no concurren los requisitos necesario para la validez de la comparecencia señalara un plazo de cinco (5) días hábiles para que subsane el defecto, y si no lo hiciere se tendrá por no presentado el escrito y ordenara archivar las actuaciones, pero no como lo hizo la Juzgadora que declaro INADMISIBLE LA DEMANDA, y se fundamenta con las causas de inadmisibilidad del articulo 51 letra b) que no es el caso, lo que es incongruente con lo que ordeno en el auto de fecha 18 de junio del año 2012. A lo que decreto en el auto de fecha 25 de Julio de año 2012. Y además en este auto no se pronunció en cuanto a la relación de los medios de prueba que la parte actora hizo en su escrito de subsanación y tampoco para resolver en el expediente no consta el informe de la Secretaría del despacho, para que informara de esas circunstancias en el sentido de que informara si el plazo caduco o no lo que conlleva vicios de nulidad de dicha actuación porque si realmente la parte actora si le relaciono los medios de prueba y le acompaño la certificación del acto impugnado tal como está acreditado en autos”.- II.- La Corte de Apelaciones de la Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha 7 de agosto del 2014, confirma la resolución de primera instancia, donde se tiene por NO DESVANECIDA la Causa de Inadmisibilidad de “Que la Acción que se deduce contra alguno de los actos no susceptibles de impugnación conforme a las reglas del Capítulo I del Título III.”, declara la INADMISIBILIDAD de la demanda, basándose en el artículo 51 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, ya que la misma “…establece que los órganos de la Administración Pública adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias y como se puede observar que la parte demandante lo que acompaño para la subsanación fue la certificación del punto de acta No. 10 de la Sesión Ordinaria No. 120 del Comité Técnico Vial del Fondo Vial, la cual no se encuentra comprendida en lo que establece como actos de los órganos de la Administración Pública.”.- III. Que resulta contradictorio e incongruente, que por un lado dicho Tribunal sostenga que solo ese tipo de actos administrativos puedan emitir los órganos de la Administración Pública, cuando en los artículos 28, 29, 29-A, 29-B, 85 y 86 de la Ley de Procedimiento Administrativo se reconoce también la existencia de los actos tácitos y presuntos; como también, que son anulables, entre otros, los actos administrativos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido y los que se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, que el defecto de forma solo determinará su anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, conforme lo señalan los artículos 34 literales c) y ch) y 36 de la precitada legislación.- IV.- Por otro, los casos de inadmisibilidad de la demanda, si bien se ha indicado, que son potestad o facultad exclusiva de resolverlas del Juzgado de primera instancia, en los momentos procesales a que hacen referencia las disposiciones legales contenidas en los artículos 51, 52, 63, 65 y 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme a dicha normativa los momentos procesales en que el Juez puede declarar la inadmisibilidad de la acción se encuentran comprendidos: a) a la presentación de la demanda; b) cuando el demandado alegue defensas previas; y, c) al ser apreciada de oficio al momento de dictar sentencia definitiva. Pero en todos ellos es requerido hacer saber a la otra parte el motivo de las mismas y conceder con ello la oportunidad que aleguen lo que correspondan y ejerzan el derecho constitucional de defensa. También, para la primera situación, el Juez en ese único momento debe valorar con mesura, orientado a evitar que a futuro sea enervada la acción o se afecte la tutela judicial efectiva, todas las situaciones que puedan conducir a esa circunstancia, concediendo la oportunidad de defensa y de subsanación, pero no es dable abusar de esa prerrogativa como se aprecia en el caso que nos ocupa, donde inicialmente en fecha 18 de Junio del 2012 el a quo determina ciertos defectos que deben ser subsanados por la parte actora y posteriormente el 25 de julio de ese mismo año, se tiene por no subsanada la demanda, resolución que fuera revocada por el ad quem, para que el 12 de diciembre del 2013 le indicara que aprecia una causal de inadmisibilidad, que después determina no se desvaneció, olvidando aplicar el principio pro homine, el cual determina que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos.”[1] .- V.- Que también es preciso recordar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 320 de la Constitución de la República, no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en dicha Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan; que en casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera, por ende no se requiere de ningún fallo que declare la inconstitucionalidad de una disposición, si la misma, de manera evidente, se encuentre en pugna con las consignadas en la carta fundamental. Además, el Estado de Honduras se encuentra obligado a respetar, cumplir y observar los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, especialmente los que garanticen a las personas su derecho a la defensa y al debido proceso, por lo que todos los juzgadores se encuentran en la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico que nos rige en un estado de derecho (ver sentencias expedientes SL 331-14, 511-14 y 119-15).- VI.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- VII.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VIII.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IX.- Que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo, debiendo juzgar los asuntos, dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y oposición.- XI.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XII.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, resulta procedente declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a Derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 64, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 320, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 8. 1, 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 y 11 del Código Civil; 51, 52, 63, 65, 79 letra b), 80, 81 primer párrafo, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 211, 212 numeral 4), 214 numeral 2) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional en fecha 7 de agosto del 2014, visible a folios siete (7) al nueve (9) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de enero del dos mil diecisiete; certificación de la resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 617-14.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA

LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

[1] CIDH, Informe 35/07 –caso 12.553- “Jorge, José y Dante Peirano Basso”. República Oriental del Uruguay del 1 de mayo de 2007.