Sentencia CA-616-14 — Registro 15354
Resumen
La Corte de apelaciones dictó sentencia confirmando el auto proferido por el a-quo; bajo el criterio que existen las causas de inadmisibilidad alegadas por la parte demandada, porque la presente demanda es un procedimiento en materia especial con características diferentes al ordinario, lo que hace que impida al A-Quo verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, y al considerar el demandante que el plazo para la presentación de su acción es bajo el procedimiento ordinario, le expiró su plazo para demandar
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...".- El cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar debido a que el Censor señala como causal del recurso de casación el artículo 719 numeral 1) literal a) del Código Procesal Civil, que entre otras se refiere a la competencia funcional, sin embargo, entre las normas señaladas como infringidas por falta de aplicación se indica el artículo 48 párrafo primero, literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, disposición que hace referencia al plazo en que se debe presentar la demanda, por lo cual no existe una armonía ni congruencia entre el fundamento de la causal y la norma referida, ya que la competencia funcional es aquel criterio que determina a que órgano jurisdiccional corresponde conocer y decidir de los incidentes y recursos que se presenten en el proceso..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El cargo que antecede resulta inadmisible, ya que se incurrió en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la apreciación y valoración del material probatorio, lo cual está vedado en este extraordinario recurso, tal como lo establece el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) en su explicación ataca lo relacionado con el plazo para demandar y no lo relacionado con la claridad, precisión y exhaustividad que hacen referencia las normas procesales que regulan las sentencias, cuando es lo que él ha indicado en la estructura del motivo, por ello no se ha demostrado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada..."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Para fines jurisprudenciales es necesario establecer que en las acciones relacionadas con la impugnación de los procesos de concursos o licitaciones existe un procedimiento especial regulado en los artículos 114 al 119 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual señala que el plazo para la presentación de la demanda será de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación o de la publicación respectiva; además, con la reforma realizada por sustitución al artículo 142 de la Ley de Contratación del Estado por el artículo 68 de la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos, se podrá impugnar las diferentes etapas previstas en la referida norma sin necesidad de agotar la vía administrativa ni la interposición de recursos para acceder a la vía judicial.."
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 114 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 115 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 117 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 118, 119 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiún días del mes de junio de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, en la fecha supra indicada dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: SILVIA ELIZABETH VALLEJO CERRATO, representada en juicio por el Abogado CARLOS ENRIQUE VALLEJO CERRATO; y Recurrido: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), representada en juicio por el Abogado CARLOS ROBERTO CASTILLO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se revise judicialmente la legalidad y se decrete la nulidad de unos actos administrativos de carácter particular contenidos en el acuerdo de la Junta de Dirección Universitaria (JDU) No.09-2013-JDU-UNAH de fecha 28 de agoto de 2013, mediante el cual la señora Martha Lorena Suazo Matute fue nombrada, juramentada y puesta en posesión en el cargo como Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y las resoluciones de fecha 2 de octubre de 2013 que emitida sin número por la Junta de Dirección Universitaria (JDU-UNAH) y No. 03-2013-JDU-UNAH de fecha 4 de noviembre de 2013 también de la JDU, por no ser conformes a derecho y por infringir manifiestamente la Ley Orgánica de la UNAH y sus reglamentos, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento y control de la legalidad se anulen dichos actos y se ordene se practique la elección entre quienes participaron en el concurso encontrándose habilitados legal y reglamentariamente, se solicita suspensión del acto reclamado, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de enero del año dos mil catorce, por la señora SILVIA ELIZABETH VALLEJO CERRATO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que la señora Martha Lorena Suazo Matute fue nombrada como miembro de la Junta de Dirección Universitaria (JDU), el 30 de julio del 2012, tomó posesión del cargo y concluyó su función como tal el 30 de noviembre del 2012. El 28 de mayo de 2013 la UNAH emitió Ampliación a Convocatoria a ocupar el cargo de Decano (a) de las Facultades de Ciencias, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes y de Director (a) de los Centros Regionales de la UNAH-TECDANLI y UNAH Valle de San Pedro Sula, el 28 de agosto del 2013, la JDU emite el Acuerdo N° 09-2013-JDU-UNAH, mediante el cual nombró a la señora Martha Lorena Suazo Matute como Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El Acuerdo N° 09-2013-JDU-UNAH, emitido por la Junta de Dirección Universitaria se emitió en abierta y manifiesta violación al ordenamiento jurídico, principalmente a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y su reglamento, así como al reglamento de la JDU por lo siguiente: El Artículo 14 párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la UNAH estipula que, “quien haya sido nombrado y se haya desempeñado como miembro de la Junta de Dirección Universitaria, tiene que dejar transcurrir un año para poder optar al cargo de Rector, Vice-rector, Decano o Director de Centro”. El artículo 89 del Reglamento de la Ley Orgánica de la UNAH, en cuanto al procedimiento para nombrar autoridades académicas, en el segundo párrafo establece: “El nombramiento se llevaría acabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la UNAH, el presente Reglamento y el Reglamento de las Juntas Directivas, Centros Universitarios y Centros Regionales Universitarios...” El artículo 11 del Reglamento de la JDU, en el segundo párrafo establece: “Quien haya sido miembro de la Junta de Dirección Universitaria y aspire posteriormente a ser designado como Rector, Vicerrector, Decano o Director de Centro, deberá dejar transcurrir, por lo menos un año después de haber concluido su función como miembro de la Junta de Dirección Universitaria” Como puede apreciarse, la voluntad univoca es para aspirar y ser nombrado como Decana deberá dejar transcurrir, por lo menos un año después de haber concluido su función como miembro de la Junta de Dirección Universitaria. La Ley Orgánica jerárquicamente está por encima de los Reglamentos o Resoluciones administrativas de los órganos colegiados o unipersonales, ni la Ley, ni su Reglamento, hacen la distinción que la norma solo se aplicará a quienes desempeñen el cargo en propiedad y no a quienes lo hayan desempeñado interinamente, por lo tanto deberá aplicarse aquel aforismo jurídico que aprendíamos como prolegómenos del derecho que: donde la ley no distingue, no cabe hacer distinciones. Al emitir el Acuerdo de Nombramiento N°09-2013-JDU-UNAH, la JDU no tomó en cuenta lo que su Ley Orgánica y Reglamento establecen, pues de la simple apreciación de las fechas y con una simple operación aritmética, se puede establecer que del 30 de noviembre del 2012 (fecha en que la señora Marta Lorena Suazo Matute concluyó su función como miembro de la JDU), al 28 de Agosto del 2013 (fecha en que la señora Suazo Matute fue nombrada como Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH), NO HA TRANSCURRIDO UN AÑO. El artículo 34 literal c) y d) de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que el acto administrativo es nulo cuando ha sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido. El artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública ordena que los órganos y entidades de la administración pública, no podrán vulnerar, mediante actos de carácter general o particular, las disposiciones dictadas por un Órgano de grado superior. Y el Artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo señala que el Órgano que dictó el acto podrá anularlo cuando infrinja manifiestamente la ley siempre, que no aparezca firme y consentido. Aunado a lo anterior, son aplicables los Artículos 11 del Código Civil que establecen que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor y que las leyes que interesan al orden público no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares. Igualmente, el Articulo 33 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo faculta a solicitar la nulidad de todo acto que se haya emitido infringiendo la ley. El artículo 1589 del Código Civil prevé que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no lo alegan y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de la partes. Tanto el Artículo 72 de la Ley del Procedimiento Administrativo que obliga a que se escuchen los dictámenes antes de emitir un Acuerdo o Resolución, como los Artículos 15 numeral 1) de la Ley Orgánica de la UNAH y, 57 literal i) y 89 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la UNAH obliga a que exista una verificación de los requisitos por parte del Consejo General de la Carrera Docente para determinar su idoneidad, así como al Secretario General a solicitar la Declaración Jurada de no encontrarse inhabilitados a los candidatos. El culpable de omitir dichos trámites o de haber dictaminado a favor de una persona que se encontraba inhabilitada incurrió, además, responsabilidad por no haber indicado tal circunstancia. Con el objeto de que decretara la nulidad del Acuerdo N° 09-2013-JDU-UNAH, el 20 de Septiembre de 2013 presentó el correspondiente Reclamo Administrativo, mismo que fue resuelto de manera desfavorable mediante Resolución de fecha 02 de octubre de 2013. Contra dicha resolución interpuso en tiempo y forma el recurso de reposición pues las resoluciones de la JDU en materia de nombramiento por ser de su exclusiva competencia agotan la vía administrativa según un Artículo 89 del Reglamento General de la Ley Orgánica referentes al procedimiento de elección de autoridades sin necesidad de presentar el Recurso de Apelación ante el Consejo Universitario. Disposición ésta que se encuentra relacionada con lo estipulado en el Artículo 3 en relación con el 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo la competencia es irrenunciable y debe ser ejercida por el Órgano al que se la confiere la Ley. El Recurso de Reposición fue declarado sin lugar mediante Resolución No. 03-2013-JDU-UNAH de 04 de Noviembre de 2013, misma que me fue notificada el 12 de Noviembre de 2013 quedando a partir del día hábil siguiente expedita la vía judicial.- 2.- La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando las siguientes defensas previas; 1) QUE LA DEMANDA HA SIDO PRESENTADA FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y, 2) QUE EL ESCRITO DE DEMANDA ADOLECE DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDEN VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. A la vista del emplazamiento realizado, de la lectura y estudio de la copia simple del escrito de demanda y de las copias de los documentos, se desprenden los siguientes hechos relevantes para las presentes Defensas Previas: I.- Que el 28 de mayo de 2013 la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emitió Ampliación de la Convocatoria al Concurso para ocupar el cargo de Decano (a) de las Facultades de: 1) Ciencias, 2) Ciencias Sociales, 3) Humanidades y Artes, y, de Director (a) de los siguientes Centros Regionales de la UNAH: 1) UNAH-TEC-Danlí; y 2) UNAH en el Valle de Sula. II.- Que el 28 de agosto de 2013, la Junta de Dirección Universitaria (JDU) emite el Acuerdo No.09-2013-JDU-UNAH, mediante el cual nombró a la señora Martha Lorena Suazo Matute como Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. III.- Que con el objeto de que se decretara la nulidad del Acuerdo No.09-2013-JDU-UNAH el 20 de septiembre de 2013, se presentó el correspondiente reclamo Administrativo, mismo que fue resuelto de manera desfavorable mediante Resolución de fecha 02 de octubre de 2013, y que, contra dicha Resolución se interpuso en tiempo y forma el Recurso de Reposición. Asimismo, que el Recurso de Reposición fue declarado sin lugar mediante Resolución No.03-2013-JDU-UNAH del 04 de noviembre de 2013, y que la misma fue notificada el 12 de noviembre de 2013, quedando a partir del día hábil siguiente expedita la vía judicial. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SUSTENTAN EL ALEGATO DE LA DEFENSA PREVIA, QUE LA DEMANDA HA SIDO PRESENTADA FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIOS Y QUE DETERMINAN LA INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA. Tal y como se han planteado los hechos de la impugnación administrativa vía nulidad que dio origen a la acción que nos ocupa, no cabe ninguna duda que la demanda ha sido presentada fuera de los plazos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por los siguientes motivos: Siendo que la génesis del presente caso se deriva de la Ampliación de la Convocatoria al Concurso para ocupar el cargo de Decano (a) de las Facultades de: 1) Ciencias, 2) Ciencias Sociales, entre otras, encontramos que se trata de un proceso de CONCURSO de la Administración Pública, en este caso auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través de la Junta de Dirección Universitaria (JDI) y que, para ocupar el cargo de Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, concluyo con el nombramiento de la ciudadana Martha Lorena Suazo Matute, según se desprende del Acuerdo No.09-2013-JDU- UNAH del 28 de agosto de 2013, mismo que fue impugnado mediante un reclamo administrativo cuya pretensión era la nulidad del referido acto, y que, mediante Resolución No.03-2013-JDU-UNAH del 04 de noviembre de 2013, notificada el 12 de noviembre del mismo año puso fin a la vía administrativa al declarar Sin Lugar un Recurso de Reposición quedando expedita la vía jurisdiccional a partir del día hábil siguiente, es decir, a partir del 13 de noviembre del 2013. La ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el CAPITULO CUARTO,” PROCEDIMIENTOS ESPECIALES” SECCION TERCERA “EN MATERIA DE LICITACION O CONCURSOS” y de manera puntual el articulo 114 señala de forma expresa: “Las acciones que tengan por objeto la decisión final que recayere en toda licitación o concurso de la Administración Pública, se regirán por esta Sección.” Lo que indica que la demanda debió presentarse dentro del plazo establecido. En la Sección Tercera del Capitulo Cuarto, el artículo 115 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señala: “El plazo para la presentación de la demanda será de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación o de la publicación respectiva.” En el caso de autos, al haberse resuelto el Recurso de Reposición mediante Resolución No.03-201 3-JDU-UNAH el 04 de noviembre de 2013 y notificada a la parte interesada el 12 de noviembre del mismo año, la misma puso fin a la vía administrativa quedando expedita la vía jurisdiccional a partir del día hábil siguiente, es decir del 13 de noviembre del 2013, por ende, el plazo legal de cinco (5) días hábiles para presentar la demanda venció el 19 de noviembre de 2013; sin embargo, erróneamente se presentó hasta el 10 de enero de 2014, es decir, fuera de los plazos establecidos, por lo tanto y constando en autos el defecto insubsanable tal cual es la presentación de la demanda extemporáneamente, una vez evacuado el procedimiento señalado en el articulo 64 de la Ley de la Jurisdicción, éste Juzgado deberá dictar auto interlocutorio declarando Con Lugar la presente Defensa Previa y declarar a la vez la inadmisibilidad de la demanda, con especial condena en costas para la parte demandante, ahora incidentada. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SUSTENTAN EL ALEGATO DE LA DEFENSA PREVIA QUE EL ESCRITO DE DEMANDA ADOLECE DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDEN VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO, Y QUE A LA VEZ HACE QUE SE DECLARE INADMISIBLE LA DEMANDA. Derivado de los hechos de la impugnación administrativa vía nulidad que dio origen a la acción impugnada ante esta jurisdicción y aunado a los fundamentos expuestos en la defensa previa anterior, no cabe ninguna duda que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, como paso a explicar: La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el CAPITULO CUARTO, “PROCEDIMIENTOS ESPECIALES”, SECCION TERCERA “EN MATERIA DE LOS CONCURSOS” y de manera puntual el artículo 114 señala de forma expresa que, “Las acciones que tengan por objeto la decisión final que recayere en toda licitación o concurso de la Administración Pública, se regirán por esta Sección.” Por ende, el procedimiento a seguir en la vía judicial a través de la jurisdicción Contencioso Administrativo, por la propia naturaleza de los actos impugnados, tiene que ser especial y no ordinario, sin embargo, la parte demandante erróneamente plantea la demanda como si se tratase de un procedimiento ordinario, omitiendo los requisitos especiales contenidos en dicha Sección, de tal manera que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impedirán al juzgador verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto habida cuenta que, jurídicamente no es posible que se juzgue un proceso especial como si fuese procedimiento ordinario, y de hacerlo así, se estaría incurriendo en violación a la Garantía Constitucional del Debido Proceso consignada en el artículo 90 de nuestra Carta Magna y a normas de carácter ordinario habida cuenta que el artículo 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo preceptúa claramente, que “La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgará dentro de los limites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición”. Consecuentemente y constando en autos los defectos insubsanables que contiene el escrito de la demanda, una vez evacuado el procedimiento señalado en el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción deberá dictar auto interlocutorio declarando Con Lugar la presente Defensa Previa y a la vez la inadmisibilidad de la demanda, con especial condena en costas para la parte demandante, ahora incidentada.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de mayo del año dos mil catorce, dictó auto para resolver cuestión incidental de defensas previas, declarando con lugar las defensas previas uno y dos, por ser procedentes, declaró la inadmisibilidad de la demanda, sin costas, bajo el criterio que con respecto a la primera causa de inadmisibilidad relacionada a que la demanda se presentó fuera de los plazos, cabe mencionar que efectivamente la pretensión de la parte demandante es la nulidad del acuerdo 09-2013 mediante el cual se nombra a la ciudadana Martha Suazo Matute como Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, derivada de una ampliación a convocatoria de concurso, el cual fue objeto de impugnación mediante reclamo administrativo cuya pretensión era la nulidad del referido acto, el cual fue declarado sin lugar mediante resolución 03-2013-JDU-UNAH, quedando expedita la vía para comparecer ante el Juzgado Contencioso Administrativo; por lo que al tenor de dicha pretensión cabe mencionar que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene un acápite denominado procedimientos especiales y dentro de ellos se encuentra la materia de Licitaciones ó Concursos más específico en el artículo 114 de ese mismo cuerpo legal establece” Las acciones que tengan por objeto la edición final que recayere en toda licitación o concurso de la Administraron Publica se regirán por lo dispuesto en esta sección”; por lo que en consonancia con lo establecido en el artículo 115 el plazo para la presentación de la demanda será de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente hábil o de la publicación respectiva, y consta en autos que fueron notificados de esa resolución el doce de noviembre del año dos mil trece, quedando expedita la vía jurisdiccional al día hábil siguiente, es decir el día 13 de noviembre venciendo el mismo el 19 de noviembre del 2013; por lo antes expuesto y constando en autos que la demanda fue presentada el diez de enero de 2014, por lo que de un simple conteo aritmético se puede establecer que efectivamente se venció el plazo para la presentación de la misma por lo que es criterio de este juzgador declarar con lugar la presente causa de inadmisibilidad En cuanto a la segunda causa de inadmisibilidad referente a que el escrito de demanda adolece defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, está relacionada con el análisis de la causa de inadmisibilidad anterior en virtud de que si es un procedimiento en materia especial tiene características procedimentales diferentes al ordinario que si impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto y la no observancia del mismo deviene en una violación al debido proceso, por esa razón es procedente declara con lugar la presente defensa previa.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha once de septiembre del año dos mil catorce, dictó sentencia confirmando el auto proferido por el a-quo; bajo el criterio que existen las causas de inadmisibilidad alegadas por la parte demandada, porque la presente demanda es un procedimiento en materia especial con características diferentes al ordinario, lo que hace que impida al A-Quo verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, y al considerar el demandante que el plazo para la presentación de su acción es bajo el procedimiento ordinario, le expiró su plazo para demandar, plazo éste de cinco días hábiles que está expresamente ordenado en el artículo 115 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado CARLOS ENRIQUE VALLEJO CERRATO, en fecha quince de octubre del año dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha once de septiembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.258-14, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 00009-2014 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha diecisiete de octubre del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado CARLOS ROBERTO CASTILLO, presentó en fecha once de noviembre del año dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha trece de noviembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil catorce, los Abogados CARLOS ENRIQUE VALLEJO CERRATO y CARLOS ROBERTO CASTILLO, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha dos de noviembre del año dos mil catorce, teniendo por personados a los Abogados CARLOS ROBERTO CASTILLO y CARLOS ENRIQUE VALLEJO CERRATO, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la FALTA DE APLICACION de los Artículos 28 párrafo primero y 48 párrafo primero y literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación con el Articulo 34 literal c) de la Ley del Procedimiento Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Sirve de precepto autorizante el Articulo 719 numeral 1), literal a) del Código Procesal Civil. EXPRESION DE LA NORMA DE DERECHO CUYA FALTA DE APLICACION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se estima infringida la norma procesal contenida en los Artículos 28 párrafo primero y 48 párrafo primero y literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que regulan la competencia del Juzgado de lo competencia funcional pues dispone que “La acción será admisible en relación con los actos definitivos de la Administración Pública que no sean susceptibles de ulterior recurso en vía administrativa” y que “la demanda deberá presentarse dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, atendiendo las reglas siguientes: a) Si la acción se pretendiere contra una resolución expresa y ésta fuere de aquellas que deba notificarse personalmente, el plazo empezará a contarse desde el día hábil siguiente al de su notificación”. El que se relaciona con el Artículo 34 literal c) de la Ley del Procedimiento Administrativo que estipulan que el acto administrativo es nulo cuando se dicte prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA: La resolución impugnada declara procedente unas defensas previas basándose en que mi representada debió incoar su acción dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al que fue notificada de la Resolución No. 03-2013-JDU-UNAH de 04 de noviembre de 2013 emitida por la Junta de Dirección Universitaria y no dentro de los treinta (30) días hábiles que otorga el Articulo 48 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Mi representada, en vía administrativa, accionó mediante una solicitud de nulidad a la que se le dio trámite de Reclamo Administrativo, emitiendo resoluciones en base a la solicitud planteada, razón por la cual las resoluciones que recayeron en el procedimiento administrativo debían ser conocidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante una demanda ordinaria y no una demanda especial en materia de licitación y concurso. Mi representada en ningún momento impugnó el concurso efectuado por la UNAH ni contestó su validez, lo que planteo, y no mediante impugnación de la decisión final que recayó en el concurso, fue una nulidad y exclusivamente en el caso de la señora MARTHA LORENA SUAZO MATUTE. Al no haber impugnado el concurso, su demanda fue correctamente interpuesta por la vía ORDINARIA solicitando la nulidad de actos administrativos de carácter particular que fueron emitidos como resultado de una solicitud de nulidad, no de una impugnación de un Acuerdo de nombramiento. Y, por ende, el plazo para interponer la acción si era de treinta (30) días hábiles tal y como está previsto en el Artículo 48 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. El no haber aplicado la norma señalada como infringida, vanó completamente la Resolución dictada por al Ad-Quem al haber injustamente confirmado el auto interlocutorio del A-QUO y declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandante. Por las razones expuestas, procede que se case totalmente la sentencia impugnada en este primer motivo.”.- II.- El cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar debido a que el Censor señala como causal del recurso de casación el artículo 719 numeral 1) literal a) del Código Procesal Civil, que entre otras se refiere a la competencia funcional, sin embargo, entre las normas señaladas como infringidas por falta de aplicación se indica el artículo 48 párrafo primero, literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, disposición que hace referencia al plazo en que se debe presentar la demanda, por lo cual no existe una armonía ni congruencia entre el fundamento de la causal y la norma referida, ya que la competencia funcional es aquel criterio que determina a que órgano jurisdiccional corresponde conocer y decidir de los incidentes y recursos que se presenten en el proceso.- III.- En el segundo motivo de casación el Impetrante establece lo siguiente:“Se impugna la FALTA DE APLICACION del Artículo 206 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil en relación con los Artículo 48 párrafo primero, 114 y 115 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Sirve de precepto autorizante y el Articulo 719 numeral 1), literal c) del Código Procesal Civil. EXPRESION DE LAS NORMAS DE DERECHO CUYA FALTA DE APLICACION SUSTENTA ESTE MOTIVO: Se estiman infringidas las normas procesales contenidas en los numerales 1) y 2) del Articulo 206 del Código Procesal Civil en relación con los Artículos 48 párrafo primero, 114y 115 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN EL SENTIDO DE LA RESOLUCION IMPUGNADA: El Artículo 206 en sus numerales 1) y 2) estipula que las sentencias deben de ser claras y precisas y que el Tribunal que la dicte debe resolver conforme a las normas aplicables al caso (incluso si éstas no hubiesen sido acertadamente citadas o alegadas por las partes, lo cual no es el caso de autos). Al confrontar los CONSIDERANDOS 4 y 5 del fallo recurrido y los CONSIDERANDOS 6 7 de la resolución de la A-Quo (que hace suyos la Corte de Apelaciones al confirmarlo), con el ANTECEDENTE DE HECHO número CUATRO de la resolución del A-Quo de veintinueve (29) de Mayo de dos mil catorce (2014) y que corre agregado a Folio 35 vuelto de la pieza de autos, podemos apreciar que existe una grave incoherencia pues por un lado el Ad Quem y la A-quo sostienen que mi representada tenia que haber respetado lo previsto en los Artículo 114 y 115 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo, es decir presentar la demanda dentro del plazo de cinco (05) días hábiles siguientes al de la notificación o publicación de la decisión final que recayere en toda licitación 0 concurso de la Administración Pública y por el otro retoman el argumento del Apoderado de la parte demandada según el cual la demanda fue presentada fuera de los plazos establecidos pues “la génesis del conflicto se deriva de la ampliación de la convocatoria al concurso para ocupar el cargo de decano de las facultades de Ciencias Sociales entre otras... concluyendo con el nombramiento de la ciudadana MARTHA LORENA SUAZO MATUTE según acuerdo 09-2013-JDU-UNAH de fecha 28 de agosto de 2013 y que dio origen a la Resolución de impugnación 03-2013-JDU-UNAH de 04 de noviembre de 2013 y notificada el 12 de noviembre del mismo año poniendo fin a la vía administrativa al declarar sin lugar el recurso de reposición, quedan expedita la vía judicial a partir del día hábil siguiente, es decir el 13 de Noviembre de 2013, por lo que el plazo para la presentación de la demanda venció el 19 de noviembre de 2013...” (Ver líneas de la 06 a la 18 del Folio 35 vuelto de la pieza de autos). Las contradicciones se dan por las razones siguientes: 1. En ningún momento en el procedimiento administrativo ni en la vía judicial se invocó como fundamento de la demanda la ampliación a convocatoria. Ese hecho no ha sido un punto objeto de litigio, circunstancia que debió ser aclarada en la decisión del asunto; 2. Incorrectamente se asume que la Resolución No. 03-2013-JDU-UNAH de 04 de Noviembre de 2013 pone fin a una solicitud de impugnación. Pues mi representada no presentó nunca una impugnación, lo que hizo fue solicitar la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter particular por no se conforme a derecho amparada en el Articulo 34 literal c) de la Ley del Procedimiento Administrativo. Por lo que la Resolución No. 03-2013-JDU-UNAH de 04 de Noviembre de 2013 no es una resolución de impugnación, sino la resolución de un recurso de reposición en una solicitud planteada por una ciudadana legitimada para hacerlo. 3. Los Artículos 114 y 115 son claros a establecer el procedimiento en materia especial y ordenan que la demanda en materia especial se presente dentro de los cinco días hábiles siguientes al de notificación o publicación de la decisión final que recae en una licitación o concurso SIN QUE SE AGOTE LA VÍA ADMINISTRATIVA PREVIA. Dicho de otra manera, en todas las materias especiales, ya sea en materia de personal, fiscal o licitación, no se debe agotar vía administrativa previa, la demanda se debe interponer directamente en el plazo otorgado por la Ley. Pero, curiosamente, tanto la demandada como el Ad Quem y el A-Quo validan el reclamo presentado por mi representada en vía administrativa y sostienen que la vía judicial quedó expedita una vez que se agotó el recurso de reposición, es decir, el doce (12) de Noviembre de dos mil trece (2013). Por lo que, si la demanda debió presentarse como una demanda especial en materia de licitación y concurso los cinco (05) días hábiles dieron ser alegados, en todo caso, contados a partir del veintiocho (28) de Agosto de dos mu trece (2013) fecha en que se emitió el Acuerdo No. 09-2013- JDU-UNAH mediante el cual se nombra a la señora SUAZO MATUTE pues es ésta la decisión final que recayó en el concurso para la plaza de decana de la Facultad de Ciencias Sociales y no del doce (12) de Noviembre de dos mu trece (2013) fecha en la que se agotó la vía administrativa previa a la vía judicial y en la cual se cuenta con treinta (30) días hábiles para la interposición de la demanda. Por las razones expuestas, procede que se case totalmente la sentencia impugnada en este segundo motivo.”.- IV.- El cargo que antecede resulta inadmisible, ya que se incurrió en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la apreciación y valoración del material probatorio, lo cual está vedado en este extraordinario recurso, tal como lo establece el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) en su explicación ataca lo relacionado con el plazo para demandar y no lo relacionado con la claridad, precisión y exhaustividad que hacen referencia las normas procesales que regulan las sentencias, cuando es lo que él ha indicado en la estructura del motivo, por ello no se ha demostrado la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.- V.- Para fines jurisprudenciales es necesario establecer que en las acciones relacionadas con la impugnación de los procesos de concursos o licitaciones existe un procedimiento especial regulado en los artículos 114 al 119 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual señala que el plazo para la presentación de la demanda será de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación o de la publicación respectiva; además, con la reforma realizada por sustitución al artículo 142 de la Ley de Contratación del Estado por el artículo 68 de la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos, se podrá impugnar las diferentes etapas previstas en la referida norma sin necesidad de agotar la vía administrativa ni la interposición de recursos para acceder a la vía judicial.- VI.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VII.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de agosto del dos mil dieciséis; certificación de la resolución de fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 616-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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