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Sentencia CA-613-14 — Registro 5979

Resumen

En primera instancia se declara procedente las acciones promovidas por los demandantes, por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados consistentes en los acuerdos de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

El cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar debido a que el Censor comete los siguientes defectos técnicos: a) se ataca la sentencia del Tribunal de segundo grado por aplicación indebida de normas procesales; sin embargo, las normas indicadas como infringidas, artículos 21 numeral 3) y 22 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, no ostentan esa característica de ser disposiciones procesales o adjetivas; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual está vedado en este extraordinario recurso de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dicta la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, representado en juicio por el Abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA; y, Recurridos: los señores ROSA LESBY DURON, CARLOS ANTONIO BERNABÉ CASTILLO y GREGORIO REYES MALDONADO, representados en juicio por la Abogada GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda de nulidad de unos actos administrativos, reconocimiento de la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que fueron objeto los demandantes, y como medida para el pleno restablecimiento de los derechos que se condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de los salarios caídos, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por los señores ROSA LESBY DURON, CARLOS ANTONIO BERNABÉ CASTILLO y GREGORIO REYES MALDONADO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, de la manera siguiente: Rosa Lesby Durón, el 7 de marzo de 2009, en el cargo de Secretaria Ejecutiva III; Carlos Antonio Bernabé Castillo, el 30 de abril de 2008, en el cargo de motorista y Gregorio Reyes Maldonado, el 25 de enero de 2007, en el cargo de Pre Interventor; que dicha Secretaría de Estado, emitió los acuerdo No.043-DP-2010, 042-DP-2010 y 043-A-DP-2010 de fecha 25 de marzo de 2010, respectivamente, cancelando a los demandantes de los puestos de trabajo, sin seguir procedimiento alguno, violentándose el Derecho de Defensa, ya que a los demandantes no se les llamó a la correspondiente audiencia de descargos ni se invocó causal legal alguna de despido, pese a que la relación laboral estaba protegida por la Ley de Servicio Civil, en vista que los cargos que desempeñaron los demandantes no son de confianza y que los mismos no se encuentran establecidos en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil como cargos excluidos.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, contestó dicha demanda, señalando que era del conocimiento de los demandantes que sus estatus laboral se encontraban excluidos de la aplicación de la Ley del Servicio Civil, por considerar que estos se enmarcaban en lo que establece el artículo 3 de la misma ley, por que consta que la señora Rosa Lesby Durón, era dependiente de la Comisión Presidencial de Modernización del Estado, el señor Carlos Antonio Bernabé Castillo, era dependiente de la Oficina del Secretario y el señor Gregorio Reyes Maldonado, era dependiente de la Comisión Presidencial de Modernización del Estado, por lo que se colige que los servicios que prestaban los actores de esta demanda eran puestos excluidos, y que según la ley en el presente asunto no existe responsabilidad del pago de cualquier indemnización, por lo que los acuerdos de cancelación fueron emitidos conforme a derecho, sin ninguna responsabilidad, por ser puestos no clasificados dentro del Régimen de Servicio Civil y su Reglamento; por tanto, dichos puestos son de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad nominadora, por lo tanto se deduce que los demandantes al tenor de lo establecido en el artículo 109, párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que dispone que en Materia de Personal solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público cuando éste estuviere protegido por una ley especial; por tanto, el reconocimiento de la situación jurídica individualizada de los actores no se le puede estimar por considerar que no son titulares de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento que se considere infringido por el acto impugnado; sin embargo, no es cierto y no se acepta que las cancelaciones se han hecho de manera ilegal y violentando el procedimiento administrativo como lo manifiestan los demandantes en los escritos de las demandas, ya que para todos los efectos legales correspondientes, estos se ratifican y efectivamente los Acuerdos Administrativos reúnen todos y cada uno de dichos requisitos legales necesarios para su plena validez y vigencia.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia declarando procedente las acciones acumuladas promovidas por los demandantes Rosa Lesby Durón, Carlos Antonio Bernabé Castillo y Gregorio Reyes Maldonado, por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados consistentes en los acuerdos de cancelación números 043-DP-2010, 042-DP-2010 y 043-A-DP-2010 de fecha 25 de marzo del 2010, emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, por medio del cual se les canceló a los demandantes; en consecuencia se anulan totalmente; reconoció la situación jurídica individualizada de los demandantes y para su pleno restablecimiento se condenó al Estado de Honduras, al pago de los derechos e indemnizaciones laborales, los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que se ejecute dicha sentencia, pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, cálculo que se difiere para la fase de ejecución de la sentencia; condenando al Estado de Honduras, a reconocer, ejecutar y pagar a los demandantes los conceptos señalados; se extingue la relación laboral entre los demandantes y el Estado de Honduras, sin costas; bajo el criterio que en auto para mejor proveer de oficio, se realizó inspección personal del señor Juez en la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, en donde se constató que a los demandantes se les canceló de forma directa, sin llevar a cabo procedimiento alguno tal como lo exige la Ley de Servicio Civil y su Reglamento; que el régimen de cancelación por despido, es una facultad de la administración, cuando considera que las actuaciones de los servidores se enmarcan dentro de las causales consideradas como de extrema gravedad, que contemple el despido como sanción por la comisión de una falta grave; por todo lo expuesto anteriormente, se puede condensar que los cargos que ocupaban los demandantes no estaban contemplados en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil y 11 del reglamento, tampoco indica el motivo o causal de la cancelación de los actores; de igual manera, no consta en autos que la autoridad nominadora haya dado cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para proceder a la cancelación de los demandantes por cesantía o despido, por lo que infringe el ordenamiento jurídico por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley; y como consecuencia atendiendo lo anteriormente expresado es procedente declarar la nulidad de los acuerdos de cancelación traídos a revisión a este Juzgado.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el régimen de cancelación por despido, es una facultad de la administración cuando considere que las actuaciones de los servidores se enmarcan dentro de las causales consideradas como de extrema gravedad, que contempla el despido como sanción por la comisión de una falta grave, y por lo tanto lo expuesto se puede concluir que los cargos que ocupaban los demandantes no se contemplaban en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil y 11 del Reglamento, por lo consiguiente no son excluidos; en vista que los cargos que desempeñaban los demandantes no desempeñan falta alguna, la autoridad nombrada estaba obligada a seguir el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos y al no hacerlo violó el ordenamiento general, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por los demandantes resulta ser procedentes, por no ajustarse a derecho el acto impugnado; por lo consiguiente, el acto administrativo es nulo.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, en fecha trece de octubre de dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.249-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.178-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-Quem, mediante providencia de fecha quince de octubre de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ, presentó en fecha trece de noviembre de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, el Abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA y la Abogada GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha dos de diciembre de dos mil catorce, teniendo por personado al Abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, como recurrente, y a la Abogada GABRIELA MARIA MEJIA VELASQUEZ, como recurrida; en consecuencia, sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTÍAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCIÓN SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSIÓN. Este motivo se sustenta en el Artículo 719.1, letra b) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales, cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión por la aplicación indebida del Artículo 21 numeral 3 y Artículo 22 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil aplicable. Los Magistrados emisores de la Sentencia recurrida en Casación infringen y violan flagrantemente las Garantías de la Defensa, del Debido Proceso y de la Legalidad con que deben actuar los funcionarios judiciales, tutelados por el Artículo 82, 90, 321, 323 de la Constitución de la República. Ya que la Sentencia de Segunda Instancia infringió lo dispuesto en el Artículo 21 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil (Acuerdo de 175) que es el aplicable al caso de autos y es el que establece de forma clara y expresa el estado de exclusión de los demandantes, pues los demandantes se desempeñaron en la Comisión de Modernización del Estado, una dependencia de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, siendo que todo el personal de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial y de Casa Presidencial es un personal de confianza tanto del Secretario de Estado de Presidencia de la República y como del Presidente de la República, no por la función que realiza sino por el único hecho de desempeñar sus funciones en las oficinas de ambos funcionarios, estando acreditado en autos que los demandantes continuaron laborando en la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial después de la derogación de la Comisión de Modernización del Estado dependencia de esta Secretaría de Estado y es lo que ha reclamado mi representado en todo momento. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. Que al pronunciarse la Honorable Corte de Apelaciones en la Sentencia recurrida que los cargos que ocupaban los demandantes no se encuentran en el Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil y 11 del Reglamento (Reglamento que señalamos no es el aplicable al presente caso, siendo el aplicable el contenido en el Acuerdo 175). La Corte de Apelaciones hace caso omiso a la exclusión contundente que el legislador le otorga a todo el personal de la Secretaría de Estado del despacho Presidencial por ser un personal de confianza del Secretario de Estado por ejercer la Secretaría General de la Presidencia de la República, competencia que le establece el Artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública que le establece las competencias fundamentales a las Secretarías de Estado y para la del Despacho Presidencial le define: “Lo concerniente a la Secretaría General de la Presidencia de la República”… y ya el Artículo 48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo además establece el régimen de competencias fundamentales de las Secretarías de Estado y para la Secretaría del Despacho Presidencial le compete: 1. La atención de los asuntos concernientes a la Secretaría General de la Presidencia de la República; precepto jurídico relacionado directamente con el Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil que dice: Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: b) Al personal de la Secretaría General de la Presidencia y a los demás servidores que desempeñen cargos de confianza personal del Presidente de la República, presupuesto que aplica sin duda a los hoy demandantes pues se desempeñaron en la Secretaría General de la Presidencia de la República, es decir, la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, extremo de estricto derecho que debe prevalecer.”.- II. El cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar debido a que el Censor comete los siguientes defectos técnicos: a) se ataca la sentencia del Tribunal de segundo grado por aplicación indebida de normas procesales; sin embargo, las normas indicadas como infringidas, artículos 21 numeral 3) y 22 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, no ostentan esa característica de ser disposiciones procesales o adjetivas; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual está vedado en este extraordinario recurso de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- III. En el segundo motivo de casación el Impetrante establece lo siguiente:“CONSISTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DEL FONDO DEL LITIGIO. Este motivo se sustenta en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, por la interpretación errónea de los Artículos 3 de la Ley de Servicio Civil en relación al Artículo 21 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil contenido en el Acuerdo 175 del 18 de febrero de 1976; 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Mi representando ha venido reiterando y reclamando en el presente juicio la aplicación en todo su contexto del Artículo 21 Numeral 3 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, contenido en el Acuerdo Número 175 del 18 de febrero de 1976. El Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil que establece: Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: b) Al personal de la Secretaría General de la Presidencia y a los demás servidores que desempeñen cargos de confianza personal del Presidente de la República. El Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Servicio que desarrolla el precepto jurídico antes señalado, dice: Las disposiciones de la Ley de Servicio Civil no serán aplicables a: 3) El personal de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República y los servidores que desempeñen cargos de confianza del Presidente de la República. Para los efectos de este numeral, se entenderá personal de la Secretaría de la Presidencia de la República, y de confianza del Presidente de la República, aquel que desempeñe sus funciones en el mismo local de las oficinas de ambos funcionarios y/o estén en continuo contacto con ellos. 4)... al 21)... Siendo contundente el presupuesto que hoy invocamos y es por el único hecho de laborar en las mismas oficinas del Secretario de Estado del Despacho Presidencial que se consideran excluidos los cargos desempeñados por los demandantes, por lo tanto, los hoy demandantes no se encuentran amparados para demandar, y ya lo establece el Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, párrafo primero, que dispone que en materia de personal solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público cuando este estuviera protegido por una ley especial. Y siendo que en el presente caso los demandantes se desempeñaron en puestos excluidos del Régimen de Servicio Civil, por lo tanto, no existe responsabilidad del pago de cualquier indemnización presente, pasada o futura, teniendo la facultad y potestad la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial de la Libre Remoción y Nombramiento por tratarse de personal de su confianza y no necesita causal de despido, no por la función que realiza, sino por el hecho de laborar en las oficinas que ocupa la Secretaría del Despacho Presidencial, es decir, la Secretaría General de la Presidencial que habla que el Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil del Acuerdo 175. Así mismo, el Artículo 2 de la Ley de Servicio Civil establece: “El Régimen del Servicio Civil comprenderá a los servidores del Poder Ejecutivo, cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y sus Reglamentos”. De lo anteriormente citado se establece clara y expresamente que está amparado bajo el régimen de Servicio Civil, el servidor público que haya estrictamente ingresado al servicio llenando y cumpliendo previamente condiciones y requisitos en esta ley especial, es por ello, que nos vemos obligados a remitirnos al artículo 11 de la Ley de Servicio Civil, que estable los requisitos para ese efecto y debemos señalar con contundencia que ninguno de ellos le fue aplicado a los hoy demandantes, por ejemplo, no cursaron ni aprobaron ningún examen de competencia, no pasaron ningún período de pruebas, para ser nombrados no presentaron comprobantes del pago de impuestos o de estar exentos, etcétera, pues sencillamente sus nombramientos fueron directo en puestos excluidos del régimen, no clasificados dentro del mismo, así es que se reitera que ni por su nombramiento se aplicó requisito alguno, ni para sus cancelaciones se aplicó un procedimiento de ley o causal para ese efecto, pues no le fueron ni le son aplicables las disposiciones de la ley especial de Servicio Civil, además, en relación al artículo 12 de la Ley de Servicio Civil, el mismo establece que corresponde a la Dirección General de Servicio Civil, elaborar y mantener al día un manual de clasificación de cargos y en el mismo sencillamente los demandantes, no están incluidos ni incorporados y, el Estado de Honduras y sus dependencias como la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, no puede contravenir, no puede alterar, no puede incumplir sendas disposiciones legales administrativas, ni sendas realidades y registros administrativos que lleva la Dirección General de Servicio Civil cumpliendo con la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. En sentido manifestamos que si los demandantes laboraron en la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, UNA SECRETARÍA DE ESTADO EXCLUIDA DEL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL Y TODO SU PERSONAL, no por la función o actividad que realiza SU PERSONAL, sino por el hecho preciso de laborar en esa Secretaría de Estado, EXCLUSIÓN OTORGADA POR EL ARTÍCULO 21 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL APLICABLE QUE ES CLARO AL EXCLUIR POR COMPLETO A TODO (Y CUANDO DECIMOS TODO, ES TODO) EL PERSONAL DE CASA PRESIDENCIAL Y DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL y así lo decidió el legislador al darle un tratamiento especial al personal que depende del Presidente de la República y del Secretario de Estado de la Presidencia, pues como se puede apreciar en el texto del Artículo 21 antes citado, el legislador no excluye nominalmente a otras Secretarías de Estado como si lo hace expresamente con la Secretaría del Despacho Presidencia;, en consecuencia, al excluir taxativamente a todo su personal, a este personal no le aplica el Artículo 22 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil aplicable, por ende el Secretario de Estado del Despacho Presidencial por mandato de Ley (Artículo 21 numeral 3) no envía la lista hasta con un máximo de 5 empleados que él considera de su confianza, ya que el Reglamento le dice que todo el personal que labora en la Secretaría de Despacho Presidencia es excluido, de lo contrario el legislador sencillamente en el Artículo 21 numeral 3, ni mencionaría en su texto a la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, por lo que en concusión contundente a esta Secretaría del Despacho Presidencial a todo su personal no le aplica el contenido del Artículo 22 del Reglamento aplicable”.- IV. Que el anterior cargo no está llamado a prosperar debido a las siguientes consideraciones: a) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación de las pruebas, lo cual está vedado en este extraordinario recurso de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- V. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones, que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720 numeral 1), 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de mayo del dos mil dieciséis; certificación de la resolución de fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 613-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL