Sentencia CA-612-14 — Registro 5978
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia declarando improcedente la acción por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
·El cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar debido a que el Censor comete los siguientes defectos técnicos: a) no es claro ni preciso en el señalamiento si la violación de la norma se deriva de falta, indebida, aplicación o interpretación errónea de la norma de derecho invocada como infringida; b) el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es una norma procesal que regula, que la sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere y procedente cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder, por ello no tiene el carácter de ser una norma material que defina el fondo del asunto; c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia; y d) alude a otras disposiciones no señaladas en su formulación, tal es el caso de los artículos 8 numeral 1) inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 12 numeral 5) del Código Procesal Civil.-"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el anterior cargo no esta llamado a prosperar debido a las siguientes consideraciones: a) no es claro ni preciso en el señalamiento si la violación de la norma se deriva de falta, indebida aplicación o interpretación errónea de la norma de derecho invocada como infringida; b) insta la revisión de los hechos, así como de la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual esta vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previene el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza en su explicación, alegatos propios de instancia.- "
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente resolución. SON PARTES: Recurrente: el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL), representado en juicio por el abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA y Recurrido: El Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, representada en juicio por la abogada CLAUDIA CECILIA ORTEGA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo, indemnización de daños y perjuicios, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, en su condición de apoderado del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL), contra el Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, representada en juicio por la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta en el escrito de su acción que en fecha 5 de enero del 2010, en su condición de apoderado legal del SITRABANTRAL presentó escrito de oposición a la inscripción de la ilegal Junta Directiva encabezada por Héctor Orlando Pérez, posteriormente en fecha 15 de enero del 2010 en su supuesta condición de Presidente del SITRABANTRAL le mandó nota a la Directora General del Trabajo, expresándole que le habían revocado el poder en fecha 12 de enero del 2010, desprendiéndose entre otras cosas que hay un proceso de inscripción reconocido por el señor Héctor Pérez sobre una paralela que coyunturalmente le beneficia, por lo tanto esa revocatoria de poder obedece a los intereses de la Secretaria del Trabajo sin que aún se haya resuelto la solicitud de inscripción de la Junta Directiva, asimismo se hizo constar mediante acta notarial otra irregularidad consistente en que la asamblea del 15 de diciembre de 2009 que aprobó cancelarle la carta poder y después arreglaron de que era que le revocaran el poder. Continúa expresando la parte demandante que se esta pretendiendo legitimar una paralela en contra de terceros con el consentimiento de funcionarios públicos que no les interesa pisotear el derecho y que les convenía desconocerle como apoderado del SITRABANTRAL para inscribir la tercer paralela que el Banco Central intenta montarle al sindicato para someterlo a un vasallaje, por lo que el 8 de febrero del 2010, presentó reclamo administrativo ante el Secretario de Estado en el Despacho del Trabajo por las irregularidades cometidas por la Dirección General del Trabajo al desconocer los procedimientos señalados en la Ley de Procedimiento Administrativo, escrito que fue remitido a la Dirección General del Trabajo para efectos de dictamen el cual fue declarado sin lugar por no ostentar facultades para seguir compareciendo como apoderado legal de dicha organización sindical. Continúa manifestando la parte demandante que el 27 de julio del 2010 el Secretario de Estado del Trabajo resolvió declarar sin lugar el reclamo administrativo protegiendo a los abusivos funcionarios que en primera instancia desconocieron el poder con que actuó impidiéndole al sindicato oponerse a la inscripción del señor Héctor Pérez y pretender dejarle el camino libre para que se inscribiera a pesar de haber salido electo en un entuerto de asamblea que no se instaló válidamente incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 496 del Código de Trabajo.- 2. La parte demandada, la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, contestó dicha demanda señalando que efectivamente la Dirección General del Trabajo está conociendo de la inscripción de la nueva junta directiva del Sindicato de Trabajadores del Banco Central por ser una facultad la de conocer los cambios de las juntas directivas de los sindicatos tal y como lo establece el artículo 489 del Código del Trabajo respetando la voluntad de la asamblea, el Convenio 87 de la OIT, así como la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha 11 de agosto del 2010, quien resolvió revocar la sentencia de fecha 25 de marzo del 2010 dictada por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo y reconociendo que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social resolvió en estricto apego a derecho. Continúa expresando que efectivamente el abogado Fabrizzio Valle no ostenta el cargo de apoderado legal de SITRABANTRAL por estar otorgado a otra persona, y siendo que no es competencia de dicha Secretaría conocer si hay o no paralelas o problemas internos de acuerdo a sus estatutos de organización sindical, según lo establecido en el Convenio 87 de la OIT en su artículo 3 numeral 2, que dice: “Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal”; lo que si compete a esta Secretaría de Estado es dar seguimiento a lo solicitado siempre y cuando tales peticiones reúnan los requisitos señalados en la ley para inscribir una junta directiva o en su defecto el cambio de los miembros de una junta. Continúa manifestando que efectivamente el reclamo administrativo se declaró sin lugar puesto que el solicitante no ostenta la calidad de apoderado legal, ya que el presidente del sindicato para el año 2007, el señor Rubén Gómez Banegas, ya no trabaja en el Banco Central así como se indica en la sentencia de fecha 25 de junio del 2010 dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, expediente número 5435-2010; además dicha revocación de poder fue aprobada por la asamblea general tal y como consta en el acta notarial de fecha 15 de diciembre del 2009 del expediente administrativo 090-JD/09, por tanto ya no es parte y no está facultado para seguir conociendo del caso. Continúa manifestando la parte demandada que la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social se amparó en el instrumento público número dos en la cual se encuentra la revocatoria de poder, por lo que el acto fue realizado conforme a derecho, lo que denota que la sustentación fáctica de la demanda va encaminada a reclamos que presuntamente afectaron al abogado Valle Ventura por habérsele revocado el poder y no al SITRABANTRAL.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de mayo del dos mil catorce, dictó sentencia declarando improcedente la acción por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución de fecha 17 de julio del 2010, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social. No se reconocen los daños y perjuicios como situación jurídica individualizada en virtud de que la Dirección General del Trabajo no tiene facultad para declarar invalidez de cambios ocurridos en las juntas directivas de un sindicato, ya que son actos consecuencia del ejercicio del derecho que tienen los trabajadores de elegir con libertad a sus representantes y como consecuencia del mismo no opera la afirmativa ficta por haber decidido en asamblea la revocación de poder, por lo tanto no ostenta facultades de representación, sin costas; bajo el criterio que el artículo 16 Constitucional segundo párrafo establece que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. Que en atención a lo anterior Honduras suscribió el Convenio 87 relativo a la LIBERTAD SINDICAL Y A LA PROTECCION DEL DERECHO DE SINDICACION DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), quien en el artículo 3 establece: 1) que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades así como el programa de acción; 2) Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal su administración y sus actividades así como formular su plan de acción. Que el estatuto del SITRABANTRAL, prevé órganos auxiliares como ser el Tribunal de Honor el cual según el artículo 79 establece que se encargara exclusivamente de la vigilancia, disciplina y funcionamiento de los órganos del sindicato y sus afiliados, teniendo como atribuciones el de llevar a cabo las investigaciones necesarias a iniciativa propia o cuando algún órgano o miembro del sindicato que denuncie la comisión de faltas que ameriten la aplicación de sanciones disciplinarias de acuerdo a los presentes estatutos (art. 87 Estatutos del SITRABANTRAL) y por ende aplicar en todo caso lo establecido en su articulado 12 inciso e) que exige la derogación de todo acuerdo tomado en contra de las disposiciones de estos estatutos y que restrinja o menoscabe o dañen los intereses del sindicato o de cualquier afiliado en particular; artículo 13 inciso a) Cumplir y exigir el cumplimiento de los presentes estatutos y las disposiciones de asambleas y denunciar las violaciones de que tuviere conocimiento.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que la solicitud del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras (SITRABANTRAL), de inscripción de su junta directiva, así como el escrito de oposición a dicha inscripción o registro presentado por el demandante ante la demandada, constando también que la demandada resolvió la referida oposición mediante resolución de fecha 19 de enero del 2010. Que se hace la anterior relación, ya que la referida resolución que resuelve la oposición presentada por el apelante, tiene el carácter de firme, no constando que la misma haya sido recurrida por éste, esto porque si consideraba que se le estaba violentando su derecho de defensa al no permitirle notificarse de dicha resolución, ya la Ley establece cual es el recurso o trámite que se debe incoar cuando se considera se le ha violentado una garantía constitucional y requiere se le restituya en el goce de la misma, vía que no fue ejercida por el compareciente, adquiriendo, el carácter de firme la resolución que declaró sin lugar la oposición presentada por el apelante, por lo cual no procede otro reclamo sobre los mismos hechos.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, en fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, en el expediente de apelación No. 612-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 535-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte recurrente, la abogada CLAUDIA CECILIA ORTEGA, presentó en fecha trece de noviembre de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, los abogados FABRIZZIO VALLE VENTURA y CLAUDIA CECILIA ORTEGA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó providencia en fecha dos de diciembre de dos mil catorce, teniendo por personados en tiempo y forma al abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, en su condición de apoderado del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL), como recurrente y la abogada CLAUDIA CECILIA ORTEGA, en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, como recurrente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que señala: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que expresa lo siguiente: “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” Este relacionado con el Artículo No.496 incisos a) y c) del Código del Trabajo establece que: “Para la validez de las decisiones tomadas en las asambleas generales de las organizaciones sindicales, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que la asamblea haya sido convocada en la formas y con las condiciones previstas en los estatutos; b)…; c) Que se levante acta de cada sesión, firmada por quien la presida y el secretario correspondiente, en la cual se expresará el número de miembros concurrentes a la sesión, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones tomadas.” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en el Artículo No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y relacionado con el Artículo No.496 incisos a) y c) del Código del Trabajo, se considera que “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” “Para la validez de las decisiones tomadas en las asambleas generales de las organizaciones sindicales, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que la asamblea haya sido convocada en la formas y con las condiciones previstas en los estatutos; b)…; c) Que se levante acta de cada sesión, firmada por quien la presida y el secretario correspondiente, en la cual se expresará el número de miembros concurrentes a la sesión, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones tomadas.” Son esas normas que el Tribunal Ad-Quem interpreta de manera errónea pues estos Artículos son claro ya que dispone cuando debe declarar procedente la acción y eso ocurre cuando se incurre en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico. Por lo que al no ser aplicados por el Tribunal Ad-Quem se infringió las normas precitadas produciendo con ello violaciones al debido proceso y a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dejando con ello en indefensión y vulnerando los derechos y garantías constitucionales por que el fallo no se ajusta a derecho. ÚNICO: El Código Procesal Civil establece en su Artículo 12 numeral 5 el principio doctrinario del "IURA NOVIT CURIA" el cual obliga al juez a resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo hayan sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes". Por lo que el Tribunal Ad-Quem debió resolver la cuestión litigiosa de acuerdo a los Artículos No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo No.496 incisos a) y c) y esté relacionado con el Artículo No.8 numeral 1 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo anterior se afirma, en virtud de que la presente demanda no fue objeto de defensas previas, por lo que se está fallando sobre cuestiones que no fueron invocadas en tiempo y forma en el momento procesal oportuno”.- II.- El cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar debido a que el Censor comete los siguientes defectos técnicos: a) no es claro ni preciso en el señalamiento si la violación de la norma se deriva de falta, indebida, aplicación o interpretación errónea de la norma de derecho invocada como infringida; b) el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es una norma procesal que regula, que la sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere y procedente cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder, por ello no tiene el carácter de ser una norma material que defina el fondo del asunto; c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia; y d) alude a otras disposiciones no señaladas en su formulación, tal es el caso de los artículos 8 numeral 1) inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 12 numeral 5) del Código Procesal Civil.- III.- El Impetrante en el segundo motivo de casación establece lo siguiente: “APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: c) LA FORMA Y CONTENDIO DE LA SENTENCIA: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil que señala: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)…; b)…; c) La forma y contenido de la sentencia.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No.701 del Código Procesal Civil, que expresa lo siguiente: “FINALIDAD DEL RECURSO 2. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.” Este relacionado con el medio de prueba No. 8 de la parte demandante consistente en afirmativa ficta que fue parte del juicio y que el AD-QUEM la soslayo sin pronunciarse sobre la misma. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: El Tribunal AD-QUEM en su sentencia definitiva de fecha 18 de Septiembre de 2014 no se pronunció sobre la figura de la Afirmativa Ficta que fue el Objeto del Debate y lo que debió hacer de acuerdo al criterio manejado por la misma Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional en la sentencia de fecha 23 de Mayo de 2013 en el expediente No.132-2013, es lo que se expresa en su considerando número cinco (5) que estableció que: “Que no es objeto de duda que la naturaleza de lo reclamado por el demandante en vía administrativa es propio del derecho laboral, por la pretensión de la misma, pero la cuestión jurídica que trae a debate ante estos estrados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la supuesta aplicación de la Afirmativa Ficta, figura esta que es propia del derecho administrativo, por lo que su negativa a aplicarla por parte del ente de la administración pública demandado, es competencia exclusiva de los Tribunales de esta Jurisdicción dirimir el conflicto de si se dieron los presupuestos que expresamente prescribe la ley para que exista la afirmativa ficta o no, a lo cual el A-Quo deviene en la obligación de seguir la secuela normal del juicio, y después de los hechos alegados, probados, y lo prescrito en el ordenamiento jurídico, emitir la sentencia definitiva mediante la cual declare procedente o no la acción promovida por el demandante, analizando si se dieron o no los presupuestos para la existencia o no de la afirmativa ficta, y de darse la existencia de la afirmativa ficta, únicamente ordenar su -ejecución a la autoridad gubernamental demandada, sin hacer declaración de derecho alguno, como se dijo su labor es de únicamente revisar si se dieron los presupuestos para la existencia y aplicación de la afirmativa ficta o no, en consecuencia anular o no el acto administrativo que deniega su ejecución o aplicación, y de ser anulable por darse los presupuestos para la aplicación de la afirmativa ficta, ordenar su ejecución al ente administrativo demandado.” (Lo entrelineado y subrayado es nuestro).- IV.- Que el anterior cargo no esta llamado a prosperar debido a las siguientes consideraciones: a) no es claro ni preciso en el señalamiento si la violación de la norma se deriva de falta, indebida aplicación o interpretación errónea de la norma de derecho invocada como infringida; b) insta la revisión de los hechos, así como de la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual esta vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previene el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza en su explicación, alegatos propios de instancia.- V.- El Recurrente expone en su tercer y último motivo de casación lo siguiente: “APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO. Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que señala: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: “Antes de declarar la inadmisibilidad de la demanda, el Juzgado hará saber a las partes, el motivo en que se funde, para que, en el término de diez días hábiles, aleguen lo que estimen pertinente y acompañen los documentos a que hubiere lugar.” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: El Juez AQUO admitió la demanda, consideró que reunió los requisitos y que fue presentada en tiempo y forma y tomó una decisión de fondo y motivada y lo que hace el Tribunal AD-QUEM no es revisar si está bien motivada la sentencia del Juez A-QUO o si aplicó acertadamente el derecho al caso concreto en los extremos de la apelación presentada por los agravios ocasionados, sino declararla sin lugar por supuestamente haber estado firme el acto administrativo, tal como lo señala el Artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando la parte contraria ni siquiera presentó defensas previas sobre ese extremo, ni el Juzgado pidió que se presentaran alegaciones para que la demanda fuera aceptada.”.- VI.- Que el anterior motivo tampoco constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no es claro ni preciso en el señalamiento si la violación se deriva de falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de la norma de derecho invocada como infringida; y, b) en su explicación alude a otras disposiciones no señaladas en su formulación, tal es el caso del artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- VII.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VIII.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IX. El artículo 701 numeral 1) del citado Código, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra ésta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique ésta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de mayo del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 612-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL