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Sentencia CA-586-14 — Registro 5975

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción se ordena el reintegro en cada uno de los puestos que ocupaban los ahora demandantes previo a su cancelación y en caso de ser imposible, a otro cargo de igual categoría y salario así como al pago de los salarios dejados de percibir,en segunda instancia se confirma bajo el criterio que está debidamente probado en autos que la autoridad nominadora no siguió procedimiento alguno para cancelar a los demandantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) se indica como violado, entre otros, el artículo 53 de la Ley del servicio Civil, sin embargo, tal disposición comprende literales que era necesario precisar; b) en el desarrollo se alude al artículos 3 literal ñ), reformado por Decreto 150-88 y 137-89 de la Ley de Servicio Civil y 5 numeral 14) de su Reglamento y 15 numeral 24), 16 y 30 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, sin embargo, tales disposiciones no fueron señaladas como infringidas ni relacionadas en la formulación del cargo; y, c) se realizan inapropiados alegatos de instancia.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de precisión el precepto autorizante al indicarse en el mismo dos causales de casación distintas que debieron formularse en forma separada e independiente; b) se alude en la explicación del motivo a los artículos 321 de la Constitución de la República, 14, 33, 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 3 y 38-A de la Ley del Servicio Civil, sin embargo, tales deposiciones no fueron señalas como infringidas ni relacionadas en la formulación; de igual manera se alude al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo O.I.T., sin indicar la infracción de alguna de sus normas o su relación en la formulación del motivo; c) no se demuestra que la disposición señalada como infringida tenga incidencia en el sentido del fallo impugnado; d) el concepto de infracción directa invocado resulta inapropiado en esta materia; y, e) se realizan inapropiados alegatos de instancia."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) se indica como violado, entre otros, el artículo 53 de la Ley del servicio Civil, sin embargo, tal disposición comprende literales que era necesario precisar; b) en el desarrollo se alude al artículos 3 literal ñ), reformado por Decreto 150-88 y 137-89 de la Ley de Servicio Civil y 5 numeral 14) de su Reglamento y 15 numeral 24), 16 y 30 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, sin embargo, tales disposiciones no fueron señaladas como infringidas ni relacionadas en la formulación del cargo; y, c) se realizan inapropiados alegatos de instancia"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrentes: los señores LEONEL NAHUN SANTOS DEL CID, LESLI CAROLINA VALLE DIAZ, RAQUEL ORTEGA SALGADO, REGINA ALTAGRACIA AVENDAÑO ELVIR, DULCE MARIBEL ESPINAL, LILIANA ENID FIGUEROA AYALA, LUIS ALFREDO AGUILAR TORRES, MANUEL ISMAEL ROSA VASQUEZ, DANY DAVID QUEVEDO MORENO, MARIO ENRIQUE GUTIERREZ NUÑEZ, MARIA ISABEL TURCIOS RIVERA, MIGUEL ALFREDO CASTRO LIZARDO y ALLAN MIGUEL LUNA VALLE, representados en juicio por el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO; y, Recurrido: el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, representado en juicio por el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contraída a solicitar la nulidad de un acto administrativo de carácter particular consistente en las certificaciones de despido entregadas a los demandantes, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para el restablecimiento de los derechos como ser reintegro, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, intereses, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de apoderado de los señores LEONEL NAHUN SANTOS DEL CID, LESLI CAROLINA VALLE DIAZ, RAQUEL ORTEGA SALGADO, REGINA ALTAGRACIA AVENDAÑO ELVIR, DULCE MARIBEL ESPINAL, LILIANA ENID FIGUEROA AYALA, LUIS ALFREDO AGUILAR TORRES, MANUEL ISMAEL ROSA VASQUEZ, DANY DAVID QUEVEDO MORENO, MARIO ENRIQUE GUTIERREZ NUÑEZ, MARIA ISABEL TURCIOS RIVERA, MIGUEL ALFREDO CASTRO LIZARDO y ALLAN MIGUEL LUNA VALLE, contra la TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción que iniciaron su relación de trabajo con el Tribunal Supremo Electoral de la siguiente manera: 1) Leonel Nahun Santos del Cid a partir del 18 de septiembre del 2002 en el cargo de Motorista según certificación 253 de fecha 11 de septiembre del 2002; 2) Lesli Carolina Valle Díaz, a partir del 25 de junio del 2001 en el cargo de Asistente Administrativo según certificación de fecha 25 de junio del 2001; 3) Raquel Ortega Salgado, a partir del 01 de octubre de 1997 en el cargo de Secretaria A según certificación de fecha 07 de octubre de 1997; 4) Regina Altagracia Avendaño Elvir, a partir del 02 de mayo del 2002 en el cargo de Aseadora según certificación 1343 de fecha 08 de mayo del 2002; 5) Dulce Maribel Espinal, a partir del mes de septiembre de 1996 en el cargo de Secretaria del Departamento de Informática según certificación 617; 6) Liliana Enid Figueroa Ayala, a partir del 31 de marzo de 1998 en el cargo de Secretaria B; 7) Luis Alfredo Aguilar Torres, a partir del 01 de marzo del 2002 según certificación 1215 del 21 de febrero del 2002; 8) Manuel lsmael Rosa Vasquez, a partir del 15 de agosto del 2001 en el cargo de Vigilante según certificación 242 de fecha 14 de agosto del 2001; 9) Dany David Quevedo Moreno, a partir del 16 de octubre del 2002 en el cargo de Motorista de Planta según certificación 316; 10) Mario Enrique Gutiérrez Núñez, a partir del 01 de agosto del 2004, en el cargo de Técnico de Cartografía según certificación 72; 11) Maria Isabel Turcios Rivera, a partir del 16 de febrero de 1999 en el cargo de Contador según certificación de fecha 09 de febrero de 1999; 12) Miguel Alfredo Castro Lizardo, a partir del 15 de agosto del 2002 en el cargo de Motorista según certificación 188; 13) Allan Miguel Luna Valle, a partir del 15 de agosto del 2002 en el cargo de Encargado de Archivo según certificación 183 de fecha 07 de agosto del 2002. Que continúan expresando los demandantes que el Tribunal Supremo Electoral por decisión del pleno se les comunica que se les da de baja de la carrera en virtud de que los puestos que desempeñan no se encuentran registrados en esa institución, por cuanto el pleno ha decidido cancelar esos puestos haciendo efectivos dichos despidos, los cuales son ilegales e injustos, ya que mis representados forman parte del sindicato, por lo tanto gozan de protección especial tal y como lo establece el convenio 87 de la CIT así como la Constitución de la República y la ley de Servicio Civil en el articulo 38-A.- 2.- La parte demandada, el Tribunal Supremo Electoral, contestó dicha demanda señalando que se promovió la excepción dilatoria de incompetencia de tribunal por razón de materia, misma que fue declarada con lugar y de conformidad con el artículo 669 del Código de Trabajo es cosa juzgada, por lo que el acto impugnado se realizó conforme a las facultades que tiene el pleno para despedir sin justa causa inclusive. Continúa manifestando que el artículo 232 habla de las cesantías de los empleados del Tribunal Supremo Electoral teniendo potestad de cancelar a los empleados y funcionarios que no aprobaran la evaluación autorizada por la firma auditora; asimismo el artículo 30 del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral dice que el tribunal en casos debidamente calificados, autorizar la cancelación del nombramiento de uno o mas empleados y por lo tanto, ordenar la baja de la carrera en los casos excepcionales como ser la reducción forzosa del personal, ordenada mediante ley o por disposición del pleno y la otra excepción es por reestructuración administrativa o cancelación de la plaza ordenada por el tribunal, para cumplir mas eficientemente sus funciones o por mandato de ley. Continúa manifestando que sí se les realizó las notificaciones respectivas contentivas de darle la baja de la carrera al personal con el pago de los derechos que le correspondan, aduciendo que el acto impugnado fue emitido conforme a derecho en uso de las atribuciones que le da la Ley al Tribunal Supremo Electoral.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de mayo de dos mil catorce, dictó sentencia declarando procedente la acción y reconocer la situación jurídica individualizada y como medida necesaria para su pleno restablecimiento, se ordena el reintegro en cada uno de los puestos que ocupaban los ahora demandantes previo a su cancelación y en caso de ser imposible, a otro cargo de igual categoría y salario así como al pago de los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que efectivamente existen los derechos extraordinarios del Tribunal Supremo Electoral en los que pueden dar de baja a los empleados ya sea por: a) reducción forzosa del personal ordenada mediante ley o por disposición del pleno y b) por reestructuración administrativa siendo indiscutible que en base a ellos se pueda cancelar a un servidor de dicha institución, pero no prevé el procedimiento para ejercer esos derechos extraordinarios, caso contrario cuando se considera que se haya cometido infracción grave, ya que allí sí se establece procedimiento, convirtiéndose en un acto ilegal e injusto por parte del Tribunal Supremo Electoral que priva del derecho a la defensa en franca violación al principio constitucional de estabilidad laboral. Que la Ley de Procedimiento Administrativo establece en el artículo 8 numeral 4 que los órganos y entidades de la Administración Pública no podrán: 4) Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que está debidamente probado en autos que la autoridad nominadora no siguió procedimiento alguno para cancelar a los demandantes, por lo que nos encontramos ante un acto administrativo viciado de nulidad, ya que la ley de esta jurisdicción es clara al ordenar que la acción es procedente cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder, que en caso de autos es la emisión del acto impugnado sin seguir los presupuestos que prescribe la Ley, en consecuencia la nulidad del mismo decretada por el A-Quo es correcta. Que al no plasmar un procedimiento el ordenamiento jurídico que rige la relación de trabajo entre las partes en juicio, la autoridad nominadora debe de tomar las principios generales del derecho administrativo, en este caso los señalados en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para cancelar por cesantía a los servidores públicos, esto porque en el caso que nos ocupa, los demandantes están siendo cancelados bajo una potestad discrecional que lleva la misma finalidad de una cesantía, y al no tener procedimiento, debe de regirse supletoriamente por lo prescrito en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para poder aplicar dicha capacidad discrecional de la que está investida la autoridad demandada en este juicio.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en fecha ocho de octubre de dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, en el expediente de apelación No. 257-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 466-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, el abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, presentó en fecha tres de noviembre de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de igual fecha, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados personalmente de dicha resolución en fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, los abogados OSCAR DOÑAS CHAVEZ y PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó providencia en fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, teniendo por personados en tiempo y forma a los abogados PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de apoderado de los señores LEONEL NAHUN SANTOS DEL CID, LESLI CAROLINA VALLE DIAZ, RAQUEL ORTEGA SALGADO, REGINA ALTAGRACIA AVENDAÑO ELVIR, como recurrente y OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de apoderado del Tribunal Supremo Electoral, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se acusa la sentencia dictada el día cuatro de septiembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa del artículos 25 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a que la representación y defensa de las entidades estatales, se regirá por LO QUE DISPONGAN LAS LEYES ESPECIALES O SUS RESPECTIVAS LEYES ORGANICAS; en relación con los artículos 9, 15 numeral 1) y 24, artículo 15-A de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, Decreto No.44-2004; 1, 16, 30 literales a) y b), del Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, el cual pasa a conceptualizarse como una Ley Especial por disposición del artículo 9 de la Ley Electoral. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación, tiene su marco de referencia jurídica en el artìculo 719 numeral 1), en sus literales: a) Por la adecuación del procedimiento, y c), por el contenido de la sentencia; del Còdigo Procesal Civil. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION: La infracción directa de la ley sustantiva se produce en el presente juicio, por las siguientes causas: a) Cuando el texto de la norma legal es absolutamente clara y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna contra dicha norma, máxime cuando el hecho en litigio expuesto por los demandantes, no se discutió, y lo explico en forma técnica y jurídica así: 1.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia que dicta el cuatro de septiembre del dos mil catorce, en la demanda presentada por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante de los ciudadanos:1) LEONEL NAHUN SANTOS DEL CID, 2)LESLI CAROLINA VALLE DIAZ, 3) RAQUEL ORTEGA SALGADO, 4) REGINA ALTAGRACIA AVENDAÑO ELVIR, 5) DULCE MARIBEL ESPINAL, 6) LILIANA ENID FIGUEROA AYALA, 7)LUIS ALFREDO AGUILAR TORRES, 8)MANUEL ISMAEL ROSA VASQUEZ, 9) DANY DAVID QUEVEDO MORENO, 10) MARIO ENRIQUE GUTIERREZ NUÑEZ, 11) MARIA ISABEL TURCIOS RIVERA, 12) MIGUEL ALFREDO CASTRO LIZARDO y 13) ALLAN MIGUEL LUNA VALLE, de generales conocidas. Disentimos que dicho juicio sea contra el ESTADO DE HONDURAS, tal como lo manifiestan en su preámbulo las sentencias de primera y segunda instancia, sino más bien contra el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, quienes solicitaron según la demanda, la Nulidad de un Acto Administrativo, sin resguardar esta circunstancia en el artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, mediante el cual debieron expresar el ordenamiento infringido, y al no hacerlo, dan por hecho los demandantes que no existió ninguna violación del ordenamiento jurídico de mi representado, como lo ordenan los artículos 33, 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Al no expresar estas disposiciones, hay carencia o falta de la nulidad que afirman los demandantes. 2.- Cuando la Corte sentenciadora mantiene en su considerando cuatro de su fallo, que la autoridad nominadora no siguió procedimiento alguno, pero que acepta que existen los derechos extraordinarios del Tribunal Supremo Electoral, mediante los cuales puede dar de baja a los empleados, ya sea por: a) Reducción forzosa del personal ordenada mediante ley, ó por disposición del Pleno; y b) Por reestructuración administrativa, en base a esto se puede cancelar a un servidor de dicha institución, sin procedimiento alguno; sosteniendo la Corte, que esto es inconstitucional e injusto por parte del Tribunal Supremo Electoral, porque priva del derecho de la defensa en franca violación al principio constitucional de estabilidad laboral, por restituir derechos y garantías constitucionales de sus empleados. Si la Corte sentenciadora reconoce los derechos extraordinarios de mi representado, por sentido común son aquellos que no tienen ningún procedimiento como el ordinario, el cual si tiene que pasar por el principio de defensa, si es que al empleado le dan de Baja de la Carrera con una causa determinada en el Reglamento; pero el tribunal de segunda instancia, no está reconociendo que la representación y defensa de las entidades estatales en primer lugar, se rigen por las disposiciones de las Leyes Especiales. El Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo electoral, dispone que el Pleno, tal como ésta Honorable Corte Suprema lo hiciera, la cancelación de las plazas que los demandantes se encontraban desempeñando, con el pago de sus derechos laborales; esta atribución se desprende Honorable Corte Suprema de Justicia del artículo 15 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que en su numeral 1) dice: Que son atribuciones del Tribunal Supremo Electoral emitir los reglamentos, si esto no tuviese una consolidación legal, ¿cómo quedarían tanto las elecciones internas como las elecciones generales, que para practicarlas existen sus respectivos reglamentos?, lo que le dá legalidad a estos documentos es el artículo antes mencionado y el 9 de dicha ley que literalmente dice: Tribunal Supremo Electoral.- Corresponde al Tribunal Supremo electoral, todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales, su integración, organización y funcionamiento, se declaran de SEGURIDAD NACIONAL Y SUS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS ESTARAN SUJETOS A UN REGIMEN ESPECIAL DE LA CARRERA ELECTORAL. Acaso Honorables Magistrados: ¿Puede la Corte de Apelaciones de lo Contencioso, e igualmente el tribunal de primera instancia, incurrir en desacato a la ley?, pues es obligación de este Tribunal Superior, hacer que se cumpla el artículo 321 de la Constitución de la República. 3.- La adecuación del procedimiento que indica tanto el tribunal de primera instancia en su fallo del trece de mayo del dos mil catorce, cito el considerando tres, que los demandantes solicitan la aplicación del Convenio 87 de la O.I.T., como si estuvieran sindicalizados y además el artículo 38-A de la Ley del Servicio Civil, igualmente el considerando seis del fallo de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que ordena a la autoridad nominadora, en este caso dicho Tribunal, confunde al Tribunal Supremo Electoral como si fuese una Secretaría de Estado que están bajo el régimen del Poder Ejecutivo, y no el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, que es creado y condicionado al Poder Legislativo; y no a la aplicación de la ley del Servicio Civil y su Reglamento, cometiéndose con este acto la falta de aplicabilidad de las normas legales que regulan el presente caso; por eso explicamos que la forma y el contenido de la sentencia están vista de los siguientes ángulos: a) Que el Tribunal Supremo Electoral, tanto el Juzgado de Primera instancia como la Corte de Apelaciones, le dan un marco como si este fuese una Secretaría de Estado; b) Ambos tribunales en sus fallos, aplican que los demandantes han presentado demanda contra el ESTADO DE HONDURAS, y según la Constitución de la República, es la Procuraduría General de la República quien tiene la representación legal del Estado, y es contra quien entonces debieron presentar la demanda; c) Tanto el tribunal de primera y segunda instancia, coinciden que la ley que se debió aplicar es la Ley y Reglamento del Servicio Civil.- Frente a estos elementos, no es necesario ni de hacer una consulta, sino más bien, de leer lo expresado en el artículo 3 de la Ley del Servicio Civil, que señala que las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos; ver Decreto 150-88 y 137-89, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, mediante número 25,947 el 28 de septiembre de 1989, y que en su literal ñ) de dicho artículo expresa que no se aplicarán a los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones y del Registro Nacional de las Personas, el que fuese reformado por los decretos antes mencionados, confirmando el literal ñ) A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECCIONES Y DEMAS PERSONAL DEL MISMO. ¿Cómo es posible que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, someta a la oscuridad la norma legal antes expuesta?, por lo que confirmamos que la forma y todo el contenido de la sentencia, no solo causa IMPUGNARLA, sinó que esta Honorable Corte Suprema de Justicia, deberá ANULARLA, con el fin que se dicte la sentencia que en derecho corresponda si así fuese el caso.”.- II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de precisión el precepto autorizante al indicarse en el mismo dos causales de casación distintas que debieron formularse en forma separada e independiente; b) se alude en la explicación del motivo a los artículos 321 de la Constitución de la República, 14, 33, 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 3 y 38-A de la Ley del Servicio Civil, sin embargo, tales deposiciones no fueron señalas como infringidas ni relacionadas en la formulación; de igual manera se alude al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo O.I.T., sin indicar la infracción de alguna de sus normas o su relación en la formulación del motivo; c) no se demuestra que la disposición señalada como infringida tenga incidencia en el sentido del fallo impugnado; d) el concepto de infracción directa invocado resulta inapropiado en esta materia; y, e) se realizan inapropiados alegatos de instancia.- III.- Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Se acusa la sentencia que dictara la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el día cuatro de septiembre del año dos mil catorce, ser violatoria de normas sustantivas de orden nacional, por haber aplicado e interpretado normas de derecho empleadas para la solución del conflicto, en forma indebida como ser los artículos 53 y 54 de la ley del Servicio Civil; 187, 188,189, 191 y 192 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aplicándolas al procedimiento que según los Magistrados de la Corte de Apelaciones, debió seguir el Tribunal Supremo Electoral. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este segundo motivo de casaciòn se encuentra comprendido en el artìculo 719 numeral 2), del Còdigo Procesal Civil, por medio del cual impugnamos la aplicación e interpretación de las normas de derecho que aplicó el tribual de segunda instancia para la solución del fondo del litigio. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION: ¿Porqué impugnamos el fallo que dictara la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el cuatro de septiembre del año dos mil catorce?: En primer lugar porque declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación y confirma la sentencia que fue dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el trece de mayo del año dos mil catorce, bajo los términos legales de los artículos 53 de la Ley del Servicio Civil. EXPLICACION: 1.- El artículo 53 de la Ley del Servicio Civil, esta norma tiene el contenido de un procedimiento que la autoridad nominadora debe seguir previo a la cancelación del nombramiento de uno o más servidores públicos.- Sostenemos que no es aplicable, simple y sencillamente porque el artículo 3 de dicha ley, en su literal ñ), indica que esta ley no serán aplicables a los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones y del Registro Nacional de las Personas; este artículo fue reformado por los Decretos 150-88 y 137-89, publicados el 28 de septiembre de 1989. En la reforma, indica que dicha ley no será aplicable según el literal ñ), a los miembros del Consejo Nacional de Elecciones y DEMAS PERSONAL DEL MISMO. Todavía no entendemos, que siendo el Honorable Magistrado don JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, uno de los Profesionales con gran apertura analítica, ordene la aplicación en su fallo el cual fue ponente, el artículo 53 de la Ley del Servicio Civil. 2.- El artículo 54 de dicha ley, ordena que para prescindir de los servicios de las personas afectadas, deberá formalmente presentar reclamo ante el Consejo del Servicio Civil, cuando las causales de despido no estén bien configuradas.- Hago la aclaración, que este artículo fue reformado por Decreto-Reforma, así aparece en la Ley, hecho este que tampoco lo contiene en su parte dispositiva el fallo de segunda instancia. 3.- Los artículos 187,188,189, 191 y 192 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, se desprenden del Capítulo IX, que se refiere a las promociones, traslados y permutas, que singularmente el artículo 187 de dicho Reglamento, señala el puesto a ocupar por el candidato ascendido, el 188 que el empleado ascendido deberá aprobar el período de prueba, el 189, que el tiempo que dure el período de prueba no interrumpe la continuidad de la relación de trabajo, el 191, la procedencia de los ascensos interinos, y por último el 192, que procederá los traslados de empleados regulares de un puesto a otro de la misma clase y salario. Tal como hemos venido fundamentando, la sentencia que hoy causa el Recurso de Casación, está totalmente desorientada, mantiene un lenguaje jurídico inverosímil de las normas para la solución del fondo del litigio, como asimismo una interpretación errónea, tal como hemos expuesto, que el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, antes TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES, creado por el Poder Legislativo, no es una autoridad nominadora, sinó que una institución como un Ente Autónomo e Independiente, cuya organización y funcionamiento, serán establecidos en su ley, la que fijará igualmente lo relativo a los demás Organismos Electorales; fueron las motivaciones que estableció el Congreso en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, según Decreto No. 44-2004. 4.- Tanto el Tribunal de Primera Instancia como la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al tratar de enfocar la terminación de la relación de trabajo, le dá el concepto que la Ley y Reglamento del Servicio Civil le denominan CESANTIA según el artículo 5 del Reglamento numeral 14), obviando por cualquier forma y manera, que mi representado aplicó el concepto de “cesantía” en su terminología, pues en su artículo 15 numeral 24), queda establecido dentro de las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral, es de: Nombrar, evaluar, ascender, remover, sancionar a los funcionarios y empleados de la institución; bajo este esquema el Reglamento del Régimen de la Carrera de los Empleados del Tribunal Supremo Electoral, Ley Interna por disposición del artículo 9 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, expresa en su artículo 16, que es potestad exclusiva del Tribunal Supremo Electoral, crear nuevas plazas, fusionar, congelar o cancelar las existentes, aprobar la reorganización administrativa de la institución, así como nombrar, promover, trasladar Y DAR DE BAJA DE LA CARRERA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION. En esta norma interna, en ningún extremo expresa que se deberá ejecutar previamente el procedimiento que indica la Ley y Reglamento del Servicio Civil; sencillamente, porque esta ley en su artículo 3), tanto plasmado como el reformado, ya ordena en su letra ñ) que no será aplicable a los Miembros del Consejo Nacional de Elecciones y demás personal del mismo.- En igual forma el artículo 30 del Reglamento, cuando el Tribunal Supremo Electoral, institución colegiada, en virtud que cuenta con tres Miembros Propietarios y los Suplentes respectivos, en su artículo 30 utiliza el bagaje jurídico de dar de baja de la carrera, según sus literales a): Por reducción forzosa del personal, ordenada por disposición del pleno; el Pleno es, los Magistrados que constituyen la autoridad superior del Tribunal, y b): Ya sea por reestructuración o por la cancelación de la plaza, como sucedió en el presente caso. 5.- Damos por impugnadas las normas legales utilizada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y sus motivaciones que se encuentran en los Fundamentos de Derecho del fallo de fecha cuatro de septiembre del dos mil catorce, puntualmente el CONSIDERANDO SEIS, en vista de estar utilizando una Ley que no es aplicable para la solución del fondo del litigio, como ser la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, y mucho menos que mi representado, haya utilizado el concepto de “cesantía”, porque no es una Secretaría de Estado ó una institución desconcentrada, sinó que un Ente con autonomía propia e independiente en su organización y funcionamiento; damos por hecho que este motivo es objeto para declarar CON LUGAR el Recurso de Casación.”.- IV.- Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) se indica como violado, entre otros, el artículo 53 de la Ley del servicio Civil, sin embargo, tal disposición comprende literales que era necesario precisar; b) en el desarrollo se alude al artículos 3 literal ñ), reformado por Decreto 150-88 y 137-89 de la Ley de Servicio Civil y 5 numeral 14) de su Reglamento y 15 numeral 24), 16 y 30 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, sin embargo, tales disposiciones no fueron señaladas como infringidas ni relacionadas en la formulación del cargo; y, c) se realizan inapropiados alegatos de instancia.- V.- Que la Recurrente solicita adicionalmente, nulidad subsidiaria de la sentencia, la cual dice: “Con el más absoluto respeto, a esta Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional-Laboral, previo a conocer el fondo de este Recurso, me motiva a que se decrete la Nulidad Subsidiaria, por los puntos siguientes: 1.- Por violar la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el artículo 3 del Código Procesal Civil, del Debido Proceso, al no aplicar las normas legales que verdaderamente le pudieran dar finalidad al litigio; 2.- En aplicación también del artículo 212 del Código Procesal Civil, en cuanto a que procede la Nulidad, numeral 4), cuando se prescinde de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa, se haya producido indefensión; pues el Tribunal de Segunda Instancia en su fallo de fecha cuatro de septiembre del año dos mil catorce, prescindió de las normas elementales como ser: En primer lugar la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, artículo 25 párrafo primero, al tratar en forma despectiva al Tribunal Supremo Electoral, llevándolo a una categoría de una Secretaría de Estado, y nó como lo establece la Ley, que es el pilar de la democracia en nuestro país. 3.- El artículo 215 numeral 2) del cuerpo de normas citado, expresa que si la causa de nulidad se diera y adujera durante la primera o la segunda instancia, el Tribunal podrá decidir de plano, específica e inmediatamente sobre la cuestión planteada. 4.- Bajo estos lineamiento podríamos seguir estableciendo la gama de actos que anulan el fallo de segunda instancia, de igual forma el dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo; es inagotable, el hecho que por demás, desde la contestación de la demanda expresamos la NO APLICACIÓN DE LA LEY Y EL REGLAMENTO DEL SERVICIO CIVIL, nó por un cuestionamiento personal, sinó por las mismas disposiciones de esta Ley; además de querer encerrar al Tribunal Supremo Electoral bajo un marco legal que no es posible aplicárselo, pues tantas veces lo repetimos que no depende del Gobierno Central, no es una Secretaría de Estado u Organo Desconcentrado, sinó que es un institución de carácter autónomo, así lo determina la motivación del Decreto No.44-2004 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, según el Considerando Segundo de dicha Ley. Siempre hemos dicho, que no es la falta de lectura de una Ley, la ignorancia, sinó de su aplicación; cómo es, que esta debe ser la propicia y jurídicamente aplicable, por lo que procede también previo al conocimiento del fondo de la Demanda de Casación, la Nulidad Absoluta de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el cuatro de septiembre del dos mil catorce, ordenando que se dicte dicho fallo bajo el marco legal de las normas del Tribunal Supremo Electoral y de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y que no se aplique la Ley y Reglamento del Servicio Civil, y normas que están equivocadas al citarlas en su fallo”.- VI.- Sin embargo revisada la sentencia recurrida se observa que la misma resuelve todas las pretensiones oportunamente deducidas en el juicio, conforme la normativa especial aplicable (Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo) y de acuerdo con las cuestiones debatidas, no apareciendo ninguna situación que pudiera afectar el derecho de defensa de las partes, ni el debido proceso; en adición, lo argumentado en la solicitud de nulidad ha sido expuesto como causal del recurso, que es la forma indicada para impugnar la resolución judicial recurrida, en consecuencia no procede la nulidad alegada.- VII.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad debe permanecer incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VIII.- En vista de lo anterior, se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se encuentra comprendida en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad solicitada. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de mayo del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha diecinueve de abril del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 586-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL