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Sentencia CA-579-13 — Registro 5817

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por los demandantes al haber operado la afirmativa ficta, se concluye que los actos administrativos impugnados no se ajustan al ordenamiento jurídico, anulando los mismos y reconociendo la situación jurídica a los demandantes a ser reubicados y que se les garantice sus derechos laborales como médicos empleados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que para que la Afirmativa Ficta sea eficaz, la petición o solicitud debe cumplir, no sólo con los requisitos formales, sino que también con los de fondo con respecto a la acreditación del derecho subjetivo ó interés legitimo de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 61, 62 y 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siempre y cuando la petición ó reclamo formulado esté regulado en el Derecho Administrativo y no se trate de una disputa ó conflicto entre partes interesadas que debe ser dirimida en la vía administrativa.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional" Que este Tribunal estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente en cuanto a la parte del fallo que resulte impugnada y a la cuestión jurídica concreta planteada en el recurso. Respetando los límites anteriores, para resolver el recurso podrá emplear las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso aunque difieran de los señalados por los recurrentes.- III. Que aun cuando en el presente caso se han invocado diferentes motivos, el primero dirigido a la infracción de normas procesales y el tercer y cuarto a normas materiales, esta Sala es del criterio que las primeras,aun cuando el motivo se presentó cumpliendo las exigencias procesales, revisada la pretensión desarrollada en este cargo se encuentra formulada con la suficiente claridad, precisión y exhaustividad, asimismo congruente y conforme con los agravios pretendidos, sin embargo, es visto que el alcance del fallo no llega a percibir que también se ha impugnado directamente el acto administrativo, por lo que resulta procedente desestimar el motivo respecto a normas procesales y conocer el fondo del asunto mediante el ataque formulado en el tercer y cuarto cargo respecto de las normas materiales, conforme a lo dispuesto en el artículo 727 numeral 5) del Código Procesal Civil.- IV. Que los actos de la Administración Pública impugnables ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son los acuerdos, resoluciones, decretos, providencias, así como los actos tácitos y presuntos, no correspondiendo a esa jurisdicción las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral, penal y aquellas relacionadas con la Administración Pública que la Ley les atribuya otra jurisdicción, por lo que, por la importancia del tema, se considera relevante para fines jurisprudenciales, realizar las siguientes valoraciones sobre la institución de la Afirmativa Ficta.- V. Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, expresamente en sus artículos 13 y 14, señala quienes están legitimados para demandar ante esta jurisdicción la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la administración pública y en sus artículos 33 y 34 también prescribe que el actor podrá pretender la declaración de no ser conforme a derecho y en su caso, la anulación de los actos de carácter particular y general susceptibles de impugnación y, que el debidamente legitimado podrá pretender además de lo descrito anteriormente, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.- VI. Que la afirmativa ficta es una decisión normativa de carácter administrativo, establecida por el Legislador con base en los principios de economía, celeridad y eficacia que deben regir el procedimiento administrativo, como una declaración de voluntad presunta en sentido afirmativo en todo lo que le favorezca a los particulares, sobre las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si habiendo el peticionario cumplido con los requisitos que prescriben las normas aplicables, aquella no emite su resolución dentro de los plazos establecidos, decisión que debe ser reconocida por todas las personas y autoridades.- VII. Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término específico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta (40) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la Afirmativa Ficta, en todo lo que le favorezca.-.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de enero de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada la última ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuestoyen la fecha supra indicada dictan la siguiente SENTENCIA: SON PARTES: Recurrentes: NANCY ANDRADE LEE, RONY REYNALDO DOBLADO QUINTANA y OMAR WILFREDO MARTINEZ CHAVEZ, representados en juicio por el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON y el Recurrido: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL ESPACHO DE SALUD, representado en juicio por la abogada JILMARABELLA ACUÑA MARIN.- OBJETO DEL PROCESO: Se demanda la nulidad de unos actos administrativos por haberse dictado infringiendo el ordenamiento jurídico vigente, reconocimiento de una situación jurídica individualizada a efecto de que se proceda a su reubicación a otra plaza o puesto de trabajo de igual o mejor categoría, a fin de garantizar el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, indemnización de daños y perjuicios, costas, promovida por el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de los señores NANCY ANDRADE LEE, RONY REYNALDO DOBLADO QUINTANA y OMAR WILFREDO MARTINEZ CHAVEZ quienes son hondureños, mayores de edad, Médicos y Cirujanos, con domicilio en la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de junio del año dos mil once, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL ESPACHO DE SALUD, representado en juicio por la abogada JILMARABELLA ACUÑA MARIN.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción que mediante Acuerdos Números 948, 988 y 949 emitidos todos en fecha 24 de mayo de 2004, por la Secretaria de Estado en el despacho de Salud Pública, fueron nombrados como Medico Generales 6 horas, Título 4-09, programa 1-06 Región Sanitaria N° 3, Sub-Programa 00, Sección 001, actividad 03, Unidad (Área) 01, Código de Clase 000503, Puesto Medico General 6 horas, clave puesto 00023, sueldo L.22,744.80, con efectividad al 1 de enero de 2004 en el Hospital MANUEL DE JESUS SUBIRANA, de la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, luego de haberse sometido al procedimiento de concurso médico legalmente previsto. Señalan que posteriormente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés emitió una sentencia definitiva en la cual declaró PROCEDENTE una demanda presentada por otros médicos. En la referida sentencia el aludido Juzgado decidió anular el resultado final del concurso medico N° 02 del año 2001 y por consiguiente anuló también sus acuerdos de nombramiento, es decir, los N° 948, 988 y 949. En base a ello la demandada procedió a ejecutar dicho fallo anulando los acuerdos de nombramiento de los demandantes. Señalan que posteriormente esa anulación fue dejada sin valor ni efecto y fueron reintegrados a sus trabajos. A pesar de este reintegro la zozobra que vive por el cumplimiento de esa orden judicial la traducen como una inestabilidad laboral. Por tal zozobra han presentado ante la demandada formal petición para que se les reubicara en plazas de igual o mejor categoría a efecto de que se les garantizara los derechos adquiridos, como ser la estabilidad laboral en su trabajo. Señalan que ante el silencio de la administración en contestar tal petición han seguido el procedimiento conocido como Afirmativa Ficta. Posteriormente a este proceso de silencio positivo han planteado una segunda petición de ejecución de este derecho declarado por silencio de la administración. En esta última petición la administración si se ha pronunciado argumentando que el hecho de realizar la reubicación laboral llevaría implícito el otorgamiento de una nueva plaza, lo cual es posible únicamente sometiéndose a concurso tal como lo establece el artículo 7 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL ESPACHO DE SALUD, contestó dicha demanda señalando que acepta el hecho de que los demandantes fueron nombrados en los puestos que alegan desempeñar. Asimismo es del criterio que esos nombramientos fueron anulados por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés mediante sentencia definitiva. Asimismo alega que los participantes nombrados mediante el concurso médico N° 2 del 2011, fueron nombrados sin que la autoridad seleccionadora haya cumplido con los parámetros de dicho concurso médico y obviando requisitos indispensable para proceder a nombrarlos.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha veintiocho de junio del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la demanda planteada por un acto emitido por la demandada, por no encontrarse ajustado a derecho los actos administrativos impugnados, reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se ordena la reubicación de los demandantes en plazas o puestos de trabajo en mejores o iguales condiciones a las que actualmente tienen, a efecto de que se les garantice los derechos adquiridos de empleo y estabilidad laboral, no se reconocen daños y perjuicios por no estar probados en autos, con costas. Bajo el criterio jo el ceste proceso de silenciaque si bien en la ley se contempla un plazo de 40 días, también hay que aceptar que ya hay otro plazo que regula el actuar de la administración en el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual es de 60 días, por lo que dicho el plazo que tenía la demandada para resolver el reclamo planteado por los demandantes en el seno de la Administración era de 60 días, inclusive para notificar la resolución de dicho procedimiento. Por otro lado, el artículo 29 de la referida ley, es claro al manifestar el momento preciso en que este plazo de 60 días comienza a transcurrir. Dicho artículo señala como punto de partida la fecha de presentación de la solicitud. El Tribunal se inclina por aplicar en este punto específico, esta disposición por encima del contenido del artículo 84, que computa los 60 desde la notificación de la primera providencia. Se toma esta determinación en base al aforismo latino de lex posteriori derogat priori, es decir, el principio del orden cronológico mediante el cual la ley nueva deroga la anterior. Esta circunstancia también está contenida en el Código Civil específicamente en el artículo 44 cuando la norma refiere que la derogación de leyes puede ser expresa o tácita y que la tácita deja vigente en la ley anterior todo aquello que no pugne con las disposiciones de la nueva ley, aunque ambas versen sobre la misma materia. En este sentido, la única contraposición entre la norma del artículo 29 con respecto a la del artículo 84, es precisamente el inicio del cómputo del plazo para resolver un reclamo administrativo. Como la reforma del artículo 29 de la Ley de procedimiento Administrativo está contenida en el decreto N° 255-2002 que a su vez contiene la Ley de Simplificación Administrativa, es evidente que ésta última al regular nuevamente el inicio del cómputo de los plazos para resolver, ha derogado tácitamente el del artículo 84, en tanto es imposible que ambos coexistan sin excluirse entre ellos. En vista de lo expuesto y habiendo los ahora demandantes presentado su reclamo en fecha 4 de noviembre de 2009, el plazo de sesenta días que tenia la Administración para resolver el mismo venció en 29 de enero de 2010. Que consta de los autos que a la fecha 27 de abril de 2010, el apoderado de los ahora demandantes presentó solicitud de haber operado la Afirmativa Ficta. De la revisión de los autos no se desprende que la demandada haya emitido antes del 29 de enero de 2010 la resolución exigida por la ley dentro del plazo establecido. Por tal motivo, es procedente entonces entender que la petición de los ahora demandantes acerca de que se les realizara la reubicación laboral, ante el silencio de la Administración, debe considerarse por aceptada es decir hay una resolución en sentido afirmativo para los demandantes.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintiuno de febrero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva revocandola proferida por el a-quo, por lo tanto declara improcedente la acción incoada por estar ajustados a derecho los actos administrativos impugnados, sin costas. Criterio: que si bien es cierto la demandada no resolvió el reclamo presentado por los demandantes, no es menos cierto que la Ley de Simplificación Administrativa, en adición a los artículos 29 A y 29 B a la Ley de Procedimiento Administrativo, establece que el procedimiento y los plazos para que cuando se presuma ha operado a su favor la afirmativa ficta, plazo que el apelado no cumplió siendo los plazos establecidos en dichos artículos obligatorios para ambas partes; en consecuencia al no haber realizado los demandantes todo el procedimiento en la forma establecida en la normativa citada, no tiene plena eficacia el acto presunto, por lo cual no hay resolución en sentido afirmativo a favor de los demandantes, ni acto que tenía que ejecutar la demandada, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por estos resulte ser improcedente.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, en fecha veintidós de mayo del año dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintiuno de febrero del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.380-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 326-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- Mediante providencia de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil trece, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, representado en juicio por la abogada JILMARABELLA ACUÑA MARIN, presentó en fecha diecinueve de junio del año dos mil trece, escrito de contestación del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticuatro de junio del año dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificado personalmente de dicha resolución en fecha treinta de agosto del año dos mil trece el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON y vía telefónica, en fecha doce de septiembre del año dos mil trece a la abogada JILMARABELLA ACUÑA MARIN.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, la abogada JILMARABELLA ACUÑA MARIN, presentó escrito en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil trece, personándose en concepto de parte recurrida.- 9.- Que mediante providencia de fecha siete de octubre del año dos mil trece se dio por precluído el derecho concedido y dejado de utilizar por parte del abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON para personarse como recurrente.- 10.- Que mediante resolución de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince este Supremo Tribunal RESOLVIO ADMITIR A TRAMITE EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer, tercer y cuarto motivo formalizado por el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON, en su condición de apoderado de la parte recurrente, señalando audiencia para votación y fallo para el día uno de septiembre de dos mil quince a las diez de la mañana, para que se continuara con el trámite y decisión sobre la estimación o desestimación del referido recurso, misma que fue reprogramada para el día viernes veintidós de enero de dos mil dieciséis.- 11.- Que del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que el recurrente en uso de su derecho, interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil catorce proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, denunciando los motivos de casación, al tenor de lo que preceptúa el 719 numeral 1) letra c)y 2) del Código Procesal Civil, habiendo sido admitidos el primer, tercer y cuarto motivo de casación.- 12.- Que la parte recurrente plantea sus motivos de casación admitidos contra la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en los términos siguientes: “PRIMER MOTIVO: La forma y contenido de la sentencia.- Normas infringidas: falta de aplicación de los artículos 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 206 numeral 1), 208 numeral 1) y 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 10, 11 22, 200 y 931 del mismo Código y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 1) letra c) del Código Procesal Civil. EXPLICACION: Conforme lo dispuesto en los artículos 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 206 numeral 1) y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, disposiciones que determinan que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición y que las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho, deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- Conforme precedentes de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para que haya INCONGRUENCIA de una resolución o sentencia se hace necesario que exista un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han planteado el debate procesal. En el caso de autos resulta más que evidente que existe una clara y notoria incongruencia de la sentencia definitiva proferida por el Ad-quem en fecha 23 de febrero del 2013, ya que si se revisan los extremos del presente juicio, los mismos son: la pretensión de mis representados de que se anulen las resoluciones bajo número 112-2010-SS de fecha 25 de julio del 2010, auto resolutivo de fecha 30 de junio del 2010 donde se declara sin lugar la petición de ejecución de la Afirmativa Ficta operada y la petición de pronta resolución de la misma, el auto del 9 de marzo del 2011 en que se deniega el recurso de Reposición interpuesto contra tales actuaciones, todos ellos dictados en las diligencias formadas con el Reclamo Administrativo que presentaran ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, donde se solicitara la reubicación en plazas de igual o mejor categoría a efecto de que se les garantizaran los derechos adquiridos, como ser el de trabajo y estabilidad laboral por ser médicos empleados de la misma, en cambio la parte demandada rechaza lo reclamado señalando que los actos administrativos relacionados han sido dictados conforme a la Ley del Estatuto del Médico Empleado, ya que se tiene que cumplir con el artículo 7 de dicho ordenamiento jurídico para reubicarlos, es decir, la reubicación solicitada lleva implícito el otorgamiento de una nueva plaza y debe someterse la misma a concurso, que tampoco existen plazas disponibles para acceder a tal pretensión, que además existe un fallo de otro tribunal que se le ha debido dar cumplimiento, que no ha operado la afirmativa ficta alegada porque la Ley de Procedimiento Administrativo establece un caso de excepción para resolver fuera de los plazos; por ello el Juez A-quo declaró la procedencia de la acción, anulando los actos administrativos impugnados, reconociendo la situación jurídica y para su pleno restablecimiento ordenó la reubicación solicitada en plazas o puestos de trabajo en mejores o iguales condiciones.- La parte demandada apeló y en su expresión de agravios reitera los puntos de derecho señalando que en el caso del reclamo administrativo formulado por mis representados no operó la afirmativa ficta, porque reitera que la Ley de Procedimiento Administrativo establece un caso de excepción para resolver fuera de los plazos; sin embargo no explica cuál es ese caso ni lo fundamenta debidamente, por lo que siempre es un simple alegato, porque lo cierto y se comprueba con el expediente que obra en el proceso, es que dichas diligencias fueron dilatadas en forma exagerada y sin fundamento legal y por ello se tuvo que solicitar que había operado la afirmativa ficta y se realizó el procedimiento respectivo para su ejecución, como así lo ponderó el Juez de primera instancia, reparase que en ningún momento procesal la parte demandada ha expuesto que el procedimiento referido (afirmativa ficta) haya existido alguna omisión o negligencia de parte de mis representados.- Sin embargo, este Honorable Tribunal, sin que nadie se lo pidiera e irrespetando el principio de la personalidad del recurso de apelación y lo dispuesto en el artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil revoca el fallo apelado, estimando que no se realizó a cabalidad el procedimiento de la afirmativa ficta, sin que la apelante lo hubiera expuesto como un agravio del recurso, menos fue un extremo del debate, por lo que siendo evidente y clara la incongruencia del fallo de los conceptos en que ha sido dictado. El documento patrocinado por el más alto Tribunal de Justicia del país, conocido como Código Procesal Civil Comentado señala sobre el particular: “Se ha venido definiendo el vicio de incongruencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, el órgano judicial incurre, de modo reiterado, en las formas de incongruencia conocidas como “ultra petita”, “citrapetita” o “extra petitapartium”, potencialmente reveladoras de la parcialidad del órgano judicial, que decide lo que nadie le pide, o de la indefensión de alguna de las partes, que se encuentra sorpresivamente con una decisión ajena al debate previo... Los principios dispositivo y de aportación de parte contemplados en los artículos 10 y 11 del Código Procesal Civil, rige también el sistema procesal en la segunda instancia civil y configura las facultades de conocimiento del órgano ad quem, que, en virtud del principio tantum devolutum “quantum” appellatum, sólo puede entrar a conocer sobre aquellos extremos de la Sentencia de instancia que hayan sido objeto de impugnación por las partes en el recurso de apelación”, situación de incongruencia que ocurre en el fallo impugnado, porque reiteramos la Corte sentenciadora sin ser objeto de debate, estimo que no se realizó a cabalidad el procedimiento de la afirmativa ficta demandada por mis poderdantes. TERCER MOTIVO: Se impugna la falta de aplicación de los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República y 8 numeral 2) reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACION: El reclamo administrativo formulado por mis representados ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en el cual se dictaron las resoluciones o actos administrativos impugnados en esta acción contenciosa administrativa, se basa estrictamente en el respeto y garantía de los derechos al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, a la estabilidad laboral de los ahora demandantes como médicos empleados del Estado de Honduras.- Por ello en la revisión de la legalidad o no de dichas resoluciones debió el ad-quem aplicar la normativa jurídica que consagra ese derecho fundamental, es decir, los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República y 8 numeral 2) reformado de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, siendo evidente de que la reubicación solicitada surge de una violación o molestia a esa estabilidad de las condiciones de trabajo a que tiene derecho toda persona y que el empleador debe respetar y preservar. No existe ninguna duda que esas normas de derecho debieron ser empleadas en la solución del fondo del asunto, sin embargo la Corte recurrida las ignoró, pese a que desde el mismo libelo de la demanda promovida por mis representados así se señaló, refiriéndose en su fallo únicamente a una de las situaciones o extremos del debate, que era lo relacionado a la afirmativa ficta operada en el procedimiento de dicho reclamo.- Si el referido Tribunal hubiese revisado la legalidad de esos actos administrativos, como era su deber constitucional y legal, claramente hubiera declarado la procedencia de la acción, ya que los mismos no se enmarcan dentro del marco normativo que nos rige, por estimarse Honduras ser un Estado de Derecho, al no hacerlo infringió las disposiciones relacionadas. CUARTO MOTIVO: Se impugna la interpretación errónea de los artículos 29 A y 29 B de la Ley de Procedimiento Administrativo, normas que sirvieron de base la solución del fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACION: El Tribunal recurrido aplica en su fallo las disposiciones contenidas en los artículos 29 A y 29 B de la Ley de Procedimiento Administrativo, señalando que si bien la demandada no resolvió dentro de los términos previos en la ley, también lo es que los demandantes no solicitaron en un término de hasta 8 días hábiles la certificación que operó la afirmativa ficta, por lo que no tiene eficacia el acto presunto y por ello no hay resolución en sentido afirmativo a su favor. Las disposiciones señaladas establecen: “ARTICULO 29-A. Cuando por el silencio de la autoridad en términos señalados en el artículo anterior, el interesado presuma que ha operado en su favor la AFIRMATIVA FICTA, deberá de solicitar para la plena eficacia el acto presunto, en un término de hasta ocho días hábiles la certificación de que ha operado en su favor la Afirmativa Ficta. La certificación que se expida hará una relación sucinta de la solicitud presentada y del procedimiento seguido, de la fecha de iniciación y del vencimiento del plazo con que contó la autoridad competente para dictar su relación manifestación de que ha operado la AFIRMATIVA FICTA, producirá todos los efectos legales de la resolución favorable que se pidió; y es deber de todas las personas y autoridades de reconocerlas así. ARTICULO 29-B. Si la certificación no fuese emitida en el plazo que señala en el artículo anterior, la Afirmativa Ficta será eficaz; y se podrá acreditar mediante la exhibición de la solicitud del trámite respectivo y la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico, lo que hará constar mediante Acta Notarial.” Sin embargo, la demandada no cuestionó en el juicio por esa situación el procedimiento seguido de la afirmativa ficta operada, sino que adujo que la Ley de Procedimiento Administrativo establece un caso de excepción para resolver fuera de los plazos, reconociendo expresamente su incumplimiento a dicha normativa, por ello el Tribunal en La referencia hace una interpretación restrictiva y errónea del artículo 29-A de la mencionada ley, invirtiendo una situación de incumplimiento de la autoridad, cuando el particular que reclama acude a gestionar un reclamo, tiene el derecho constitucional de esperar una pronta respuesta, que no debe ser condicionada para ser solicitados los efectos del silencio administrativo. La Honorable Corte Suprema de Justicia en la sentencia definitiva dictada el 23 de marzo del 2010, en el expediente No. S.L. 463-08 determinó sobre esta institución del derecho, en los términos siguientes: “CONSIDERANDO (5): Que la afirmativa ficta es una decisión normativa de carácter administrativo, establecida por el Legislador con base en los principios de economía, celeridad y eficacia que deben regir el procedimiento administrativo, como una declaración de voluntad presunta en sentido afirmativo en todo lo que le favorezca a los particulares, sobre las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si habiendo el peticionario cumplido con los requisitos que prescriben las normas aplicables, aquella no emite su resolución dentro de los plazos establecidos, decisión que debe ser reconocida por todas las personas y autoridades.- CONSIDERANDO (6): Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término específico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta (40) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la Afirmativa Ficta, en todo lo que le favorezca.- CONSIDERANDO (7): Que para que la Afirmativa Ficta sea eficaz, la petición o solicitud debe cumplir, no sólo con los requisitos formales, sino que también con los de fondo con respecto a la acreditación del derecho subjetivo o interés legítimo de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 61, 62 y 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siempre y cuando la petición o reclamo formulado esté regulado en el Derecho Administrativo y no se trate de una disputa o conflicto entre partes interesadas que debe ser dirimida en la vía administrativa.- CONSIDERANDO (8): Que con base en lo dispuesto en los artículos 29- A y 29-B adicionados a la Ley de Procedimiento Administrativo por la Ley de Simplificación Administrativa, el interesado en los beneficios de la afirmativa ficta deberá obtener la certificación respectiva para que surta, erga omnes, todos los efectos jurídicos correspondientes y que, en caso de denegarse por la autoridad administrativa la certificación de estilo, el interesado lo hará constar en el Acta Notarial que al efecto se levante, siendo en ambos casos necesario que en dichos documentos se haga una relación sucinta de la solicitud presentada y del procedimiento seguido, de la fecha de la iniciación y del vencimiento del plazo con que contó la autoridad competente para dictar su resolución y la manifestación de que ha operado la afirmativa ficta, de manera que deberá entenderse que la petición ha sido resuelta en un sentido afirmativo al solicitante, sin que precise pronunciamiento de juez competente; lo anterior sin perjuicio de que, todos los actos que realice la citada autoridad con posterioridad al acaecimiento de la afirmativa ficta, desconociendo su eficacia, serán contrarios a derecho y recurribles ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declaratoria de nulidad de de los actos, con las consiguientes responsabilidades para el infractor. (Ver Resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional 6 de marzo de 2006, ver Expediente No. 71-06).- CONSIDERANDO (9): Que derivado de lo anterior, evacuado el procedimiento para obtener la declaración presunta de la Administración Pública en sentido afirmativo, es decir, la denominada afirmativa ficta, el peticionario podrá solicitar su ejecución ante el órgano administrativo que debió haber dictado la resolución correspondiente y en caso de una resolución negativa de la autoridad pública, se tendrían expeditos los recursos que la Ley le confiere y agotados que sean los mismos sin resolución a su favor, entonces procedería acudir a ejercitar las acciones correspondientes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a efecto de revisar la legalidad o no de los actos administrativos emitidos en cuanto a su ejecución.” Ese criterio del más alto Tribunal de Justicia, ha sido desconocido por esta Corte de Apelaciones, al interpretar de forma errónea esas disposiciones, dándoles un alcance diferente, ya que lo correcto es que la acción intentada por mis representados ha sido en ocasión de que la Secretaría de Salud desconoció esa situación jurídica, como su eficacia, entonces todos los actos realizados por esa autoridad con posterioridad a dicho hecho, son nulos y acarrean responsabilidad, por lo que no cabía en este recurso de apelación, realizar pronunciamientos desconociendo lo que dicha normativa establece sobre el particular, más aún cuando se restringen derechos constitucionales, como es el del trabajo y la estabilidad laboral.”.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el recurso de casación tiene como fines la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, así como la unificación de la jurisprudencia nacional.- II. Que este Tribunal estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente en cuanto a la parte del fallo que resulte impugnada y a la cuestión jurídica concreta planteada en el recurso. Respetando los límites anteriores, para resolver el recurso podrá emplear las normas y fundamentos jurídicos que estime aplicables al caso aunque difieran de los señalados por los recurrentes.- III. Que aun cuando en el presente caso se han invocado diferentes motivos, el primero dirigido a la infracción de normas procesales y el tercer y cuarto a normas materiales, esta Sala es del criterio que las primeras,aun cuando el motivo se presentó cumpliendo las exigencias procesales, revisada la pretensión desarrollada en este cargo se encuentra formulada con la suficiente claridad, precisión y exhaustividad, asimismo congruente y conforme con los agravios pretendidos, sin embargo, es visto que el alcance del fallo no llega a percibir que también se ha impugnado directamente el acto administrativo, por lo que resulta procedente desestimar el motivo respecto a normas procesales y conocer el fondo del asunto mediante el ataque formulado en el tercer y cuarto cargo respecto de las normas materiales, conforme a lo dispuesto en el artículo 727 numeral 5) del Código Procesal Civil.- IV. Que los actos de la Administración Pública impugnables ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son los acuerdos, resoluciones, decretos, providencias, así como los actos tácitos y presuntos, no correspondiendo a esa jurisdicción las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral, penal y aquellas relacionadas con la Administración Pública que la Ley les atribuya otra jurisdicción, por lo que, por la importancia del tema, se considera relevante para fines jurisprudenciales, realizar las siguientes valoraciones sobre la institución de la Afirmativa Ficta.- V. Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, expresamente en sus artículos 13 y 14, señala quienes están legitimados para demandar ante esta jurisdicción la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la administración pública y en sus artículos 33 y 34 también prescribe que el actor podrá pretender la declaración de no ser conforme a derecho y en su caso, la anulación de los actos de carácter particular y general susceptibles de impugnación y, que el debidamente legitimado podrá pretender además de lo descrito anteriormente, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.- VI. Que la afirmativa ficta es una decisión normativa de carácter administrativo, establecida por el Legislador con base en los principios de economía, celeridad y eficacia que deben regir el procedimiento administrativo, como una declaración de voluntad presunta en sentido afirmativo en todo lo que le favorezca a los particulares, sobre las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si habiendo el peticionario cumplido con los requisitos que prescriben las normas aplicables, aquella no emite su resolución dentro de los plazos establecidos, decisión que debe ser reconocida por todas las personas y autoridades.- VII. Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término específico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta (40) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la Afirmativa Ficta, en todo lo que le favorezca.- VIII. Que para que la Afirmativa Ficta sea eficaz, la petición o solicitud debe cumplir, no sólo con los requisitos formales, sino que también con los de fondo con respecto a la acreditación del derecho subjetivo ó interés legitimo de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 61, 62 y 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siempre y cuando la petición ó reclamo formulado esté regulado en el Derecho Administrativo y no se trate de una disputa ó conflicto entre partes interesadas que debe ser dirimida en la vía administrativa.- IX. Que con base en lo dispuesto en los artículos 29-A y 29-B adicionados a la Ley de Procedimiento Administrativo por la Ley de Simplificación Administrativa, el interesado en los beneficios de la afirmativa ficta deberá obtener la certificación respectiva para que surta, erga omnes, todos los efectos jurídicos correspondientes y que, en caso de denegarse por la autoridad administrativa la certificación de estilo, el interesado lo hará constar en el Acta Notarial que al efecto se levante, siendo en ambos casos necesario que en dichos documentos se haga una relación sucinta de la solicitud presentada y del procedimiento seguido, de la fecha de la iniciación y del vencimiento del plazo con que contó la autoridad competente para dictar su resolución y la manifestación de que ha operado la afirmativa ficta, de manera que deberá entenderse que la petición ha sido resuelta en un sentido afirmativo al solicitante, sin que precise pronunciamiento de juez competente; lo anterior sin perjuicio de que, todos los actos que realice la citada autoridad con posterioridad al acaecimiento de la afirmativa ficta, desconociendo su eficacia, serán contrarios a derecho y recurribles ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declaratoria de nulidad de dichos actos, con las consiguientes responsabilidades para el infractor. (Ver Resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional 6 de marzo de 2006, Expediente No. 71-06).- X. Que derivado de lo anterior, evacuado el procedimiento para obtener la declaración presunta de la Administración Pública en sentido afirmativo, es decir, la denominada afirmativa ficta, el peticionario podrá solicitar su ejecución ante el órgano administrativo que debió haber dictado la resolución correspondiente y en caso de una resolución negativa de la autoridad pública, se tendrían expeditos los recursos que la Ley le confiere y agotados que sean los mismos sin resolución a su favor, entonces procedería acudir a ejercitar las acciones correspondientes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a efecto de revisar la legalidad o no de los actos administrativos emitidos en cuanto a su ejecución.- XI. En el caso en examen, analizada la situación jurídica planteada puede determinarse que la parte demandante solicitó en el procedimiento para la afirmativa ficta, la correspondiente certificación del acto afirmativo presunto, petición que fue desestimada en proveído dictado por la Secretaría de Salud el 29 de abril del 2010, notificado el 24 de junio del mismo año, por lo que al día siguiente se hizo constar que había operado dicha situación jurídica, conforme lo actuado ante los oficios del Notario LUIS ALONSO CUESTAS ZUNIGA, en acta notarial contenida en el instrumento número 31 del 25 de junio del 2010 (ver folios 119 al 125 del expediente de primera instancia), por lo que puede determinarse que se evacuó totalmente el procedimiento para que opere tal figura (afirmativa ficta), de conformidad a lo establecido en el artículo 29 b) de la Ley de Procedimiento Administrativo, reformado por adición de acuerdo a la Ley de Simplificación Administrativa en su artículo 14.- XII. También puede observarse tanto de la pretensión de la parte demandante como de la contestación a ésta por parte del demandado, que se han impugnado las resoluciones 112-2010-SS de fecha 25 de junio de 2010, autos resolutivos de fechas 30 de julio de 2010 y 9 de marzo de 2011,mismas que resuelven (con posterioridad) las peticiones y presunciones afirmativas de los solicitantes, por lo que existe el deber jurisdiccional de su revisión una vez evacuada la vía administrativa como ocurrió en este asunto con la interposición del recurso correspondiente y su resolución por parte de la autoridad administrativa, es decir, aun cuando se ha discutido la procedencia o no de la afirmativa ficta y su procedimiento, lo cual, sin perjuicio de que, todos los actos que realice la citada autoridad con posterioridad al acaecimiento de la afirmativa ficta, desconociendo su eficacia, serán contrarios a derecho y recurribles ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declaratoria de nulidad de dichos actos, con las consiguientes responsabilidades para el infractor, cuando proceda.- XIII. Los demandantes han acudido impugnando directamente los actos emitidos mediante las resoluciones 112-2010-SS de fecha 25 de junio de 2010 y autos resolutivos de fechas 30 de julio de 2010 y 9 de marzo de 2011, supra mencionadas, las que corresponde sean revisadas para determinar su confirmación o la nulidad, en este último caso con las consecuencias de ley pertinentes.- XIV. Que este tribunal establece como hecho controvertido para determinar la procedencia o no en la reubicación de plazas solicitada por los demandantes, el hecho que si éstos deben someterse nuevamente a concurso o no, por otra parte, si procede respetárseles o considerarse vigentes sus nombramientos mediante los acuerdos números 948, 988 y 949 emitidos el 24 de mayo de 2004 por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, luego de haberse sometido al procedimiento de concurso médico de las referidas plazas.- XV. Que es un hecho aceptado por las partes lo referente al nombramiento de los demandantes como médicos empleados en la Secretaría de Estado en el Despacho de Saludmediante los acuerdos números 948, 988 y 949 emitidos el 24 de mayo de 2004, para el cual participaron en un proceso de concurso, cuyo resultado fue objeto de nulidad a raíz de una demanda promovida por los señores IRIS MARLENI ROSALES CALIX y GERARDO ANIBAL ROSALES CALIX, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, en sentencia definitiva del 25 de mayo del 2007.- XVI. Que las partes aportaron como pruebas al proceso entre otras, la parte demandante: Medio de Prueba, documentos públicos, consistente en el expediente administrativo donde constanlas resoluciones112-2010-SS de fecha 25 de junio de 2010, autos resolutivos de fechas 30 de julio de 2010 y 9 de marzo de 2011, el cual obra a folios 49 al 145 de la primera pieza de autos. La parte demandada, el medio de prueba de documentos públicos, el cual se contrae al referido expediente administrativo 509-09, específicamente la sentencia de 24 de mayo de 2007 dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.- XVII. Que habiendo realizado un análisis de las pruebas allegadas al juicio, se constata de la prueba documental que obra a folios 56 al 82 del expediente de primera instancia, que los señores NANCY ANDRADE LEE, RONY REYNALDO DOBLADO y OMAR WILFREDO MARTINEZ CHAVEZ participaron en un concurso médico en la Secretaría de Salud, donde fueron nombrados como médicos empleados; dicho proceso posteriormente fue anulado en las plazas que ocupaban los demandantes, pero los mismos continuaron laborando; derivado de lo anterior, formularon reclamo administrativo para la reubicación en plazas de igual o mejor categoría, a efecto de que se les garantizaran los derechos adquiridos como ser el de trabajo y estabilidad laboral por ser médicos empleados de la Secretaría de Salud, el cual fue registrado bajo Nº 509-09, diligencias que fueron atrasadas excesivamente por la Secretaria de Salud por lo que se solicitó se hiciera constar que había operado la Afirmativa Ficta (folios 119-125 y 134-137), y que al no hacerlo, mediante acta notarial se certificó lo actuado; posteriormente en fecha 1 de julio del 2010 se solicitó se procediera a la ejecución de la resolución favorable obtenida al haber operado la Afirmativa Ficta (folio 121) y al no resolverse oportunamente dicha solicitud se pidió en fecha 29 de julio del 2010 pronta resolución (folio 126), hasta que se notificaron las resoluciones 112-2010-SS de fecha 25 de junio del 2010 donde se declara sin lugar el reclamo administrativo relacionado y el auto resolutivo de fecha 30 de julio del 2010 donde se declara sin lugar la petición de ejecución de la Afirmativa ficta operada, como la solicitud de pronta resolución.- XVIII. Por otra parte del material probatorio aportado se desprende que siendo los demandantes médicos empleados, los ampara la Ley del Estatuto del Médico Empleado, normativa que determina el derecho de estabilidad laboral para los mismos, así como establece el derecho a invocar las normas más favorables contenidas en la Constitución de la República, dicha Ley, del Código del Trabajo, Ley de Servicio Civil y demás aplicables, conforme lo dispuesto en el artículo 8 numerales 2) y 5) reformado del precitado texto legal, que señala en su parte conducente: “Los médicos empleados gozan de los derechos y garantías siguientes: … 2) A la estabilidad en el trabajo o empleo, en consecuencia no podrá ser trasladado sin su consentimiento expreso y sin causa debidamente justificada; tampoco será descendido o despedido sin que proceda justa causa para ello y la observancia del procedimiento garantizando su defensa…5) Todos los derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República, la presente Ley, el Código del Trabajo, la Ley del Servicio Civil y demás leyes aplicables. En todo caso podrá invocar aquellas disposiciones contenidas en dichas leyes cuando le sean más favorables…”.- XIX. Que conforme lo previene la Constitución de la República, toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Del mérito de lo antes referido, resulta evidente que la demandada realizó el proceso de concurso médico donde participaron y fueron nombrados los demandantes, por ello no tiene base su argumento para denegar la petición de reubicación, exigiéndoles para ello someterse a nuevo concurso; además, los demandantes aún prestan sus servicios dentro de esa Secretaría de Estado y por ello, se trata de garantizarles únicamente sus derechos adquiridos, especialmente la permanencia y estabilidad laboral.- XX. Que es criterio jurisprudencial de este Tribunal: “Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 320 de la Constitución de la República, no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en dicha Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan; que en casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicara la primera, por ende no se requiere de ningún fallo que declare la inconstitucionalidad de una disposición, si la misma, de manera evidente, se encuentre en pugna con las consignadas en la carta fundamental. Además, el Estado de Honduras se encuentra obligado a respetar, cumplir y observar los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, especialmente los que garanticen a las personas su derecho a la defensa y al debido proceso, por lo que todos los juzgadores se encuentran en la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico que nos rige en un estado de derecho.” (ver sentencias dictadas en los expedientes SL 331-14, SL 511-14 y SL 119-15).- XXI. Que por todo lo anterior, se concluye que los actos administrativos impugnados no se ajustan al ordenamiento jurídico y por ello se estima procedente declarar la procedencia de la acción, anulando los mismos y reconociendo la situación jurídica a los demandantes a ser reubicados y que se les garantice sus derechos laborales como médicos empleados.- XXII. Por otro lado, si bien la parte demandante reclama el pago de daños y perjuicios, los mismos no fueron debidamente establecidos, menos demostrados, para que el Juzgador pueda determinarlos en su fallo, por lo en el caso que nos ocupa, no resulta ser procedente tal reclamación.- XXIII. Que la sentencia declarará procedente la acción, cuando no se ajustare a derecho el acto impugnado; por otro lado, procede exonerar de la condena en costas a la parte vencida, por considerar que existieron motivos racionales para litigar.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 59, 60, 64, 127, 128, 129, 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 4 reformado 8 reformado numerales 2) y 5) de la Ley del Estatuto del Médico Empleado; 29 A y 29 B de la Ley de Procedimiento Administrativo; 35, 79, 81 párrafo primero, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) literal c), 197, 200, 206, 207, 208, 716, 718, 719 numeral 2) 724, 725, 726 numeral 1) y 727 numeral 5) del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1), 115 numeral 7° segundo párrafo de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) CASANDO la sentencia definitiva de fecha 23 de febrero del 2013, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. En consecuencia: 2) Declara PROCEDENTE la acción incoada por los señores NANCY ANDRADE LEE, RONY REYNALDO DOBLADO QUINTANA y OMAR WILFREDO MARTINEZ CHAVEZ, de generales conocidas, en contra del Estado de Honduras a través de la Procuraduría General de la República, por no estar ajustado a Derecho los actos administrativos impugnados identificados como resolución número112-2010-SS de fecha 25 de junio de 2010, autos resolutivos de fechas 30 de julio de 2010 y 9 de marzo de 2011, emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.- 2) Reconocer la situación jurídica individualizada de los demandantes y para su pleno restablecimiento se acuerdan las siguientes medidas: A) Ordenar la reubicación de los señores NANCY ANDRADE LEE, RONY REYNALDO DOBLADO QUINTANA y OMAR WILFREDO MARTINEZ CHAVEZ, en plazas o puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que actualmente tienen, a efecto de que se les garantice los derechos adquiridos de empleo, permanencia y estabilidad laboral, como también los demás beneficios y derechos que como médicos empleados les corresponde conforme a la ley. 3) No se reconocen daños y perjuicios al no haber sido determinados ni probados en juicio. 4) SIN COSTAS. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia para efectos de ejecución. 6) Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Contra la presente resolución no procede recurso alguno. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de febrero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha veintiséis de enero del dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 579-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL