Sentencia CA-568-14 — Registro 5973
Resumen
(Sin resumen en la fuente)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- ". En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.-"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de abril de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: MATIAS AULBERTO SALINAS LOPEZ, representado en juicio por el abogado FRANCISCO C. FLORES VARELA; y, Recurrido: ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pago de prestaciones laborales, salarios dejados de percibir, beneficios, décimo cuarto mes, décimo tercer mes, vacaciones, ajustes salariales, y otros derechos, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de febrero del dos mil diez, por el señor FRANCISCO C. FLORES VARELA, mayor de edad, soltero, Abogado, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de representante procesal del señor MATIAS AULBERTO SALINAS LOPEZ, mayor de edad, soltero, Fotógrafo Profesional, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que el acto administrativo cuya nulidad se pide es la Resolución Número 003-2010 de fecha 05 de enero de 2010, siendo entregada la misma en fecha 04 de febrero de 2010, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, en donde se le canceló del cargo de Fotógrafo Profesional de la Dirección General de Información y Prensa, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, declarando la Autoridad Nominadora en la resolución respectiva que no es procedente emitir acuerdo de cancelación por despido por no existir documentación alguna que demuestre su relación laboral después de ser cancelado el 01 de abril de 2006; cosa que es contradictorio, en virtud que en el Considerando Quinto de dicha Resolución, manifiesta la Autoridad Nominadora que con fecha 20 de julio de 2009, se procedió a levantar Acta de Descargo de los Bienes Nacionales de Casa Presidencial a el asignados por el Señor Dimitri llich Velásquez Scout, y el Administrador General de Casa Presidencial Javier Hernández Mejía; por lo tanto hay vicio de nulidad en el procedimiento de Cancelación por Despido. Que se demuestra la relación de trabajo con la Secretaría de Estado en los Despachos de la Presidencia, mediante Acuerdo Ejecutivo de Nombramiento Número 0155 de fecha 27 de marzo de 1998, con efectividad a partir de 01 de febrero de 1998 en el cargo de Fotógrafo Profesional de la Dirección General de Información y Prensa, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia; anteriormente había sido nombrado en dicho puesto de la Secretaría, documento que no se puede presentar, en virtud que fue extraviado, ya que se supone por existir un Acuerdo de Ajuste Salarial Número 026 de fecha 23 de enero de 1985; la desaparición de los Acuerdos antes de la fecha 27 de marzo de 1998, y después de la fecha 01 de abril de 2006 hasta la fecha de su cancelación 20 de julio de 2009, que fue cuando se procedió a levantar el Acta de Descargo de Bienes Nacionales, fue con la mala intención de no reconocerle sus respectivos Derechos. El Acta de Descargo de Bienes Nacionales de Casa Presidencial en fecha 20 de julio de 2009, por los Señores Dimitri Ilich Velásquez Scout y Javier Hernández Mejía, Administrador General de Casa Presidencial, donde se constata lo negativo y contradictorio manifestado en la Resolución Número 003-2010 de fecha 05 de enero de 2010, la cual le fue entregada el 04 de febrero de 2010, en su Considerando Sexto que según Nota enviada por el Departamento de Recursos Humanos de Casa Presidencial, no se encontró ningún documento que acredite que laboraba para esa institución; de ser cierto lo anterior se contradice con lo sucedido en fecha 20 de julio de 2009, consistente del Acta de Descargo, ya que para que esto sucediera tendría que tener una documentación que sirviera de soporte y justificar el porque poseía en su poder dichos Bienes Nacionales, así como su Carné de Identificación Número 198 y el percebimiento de su sueldo mensual.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta parcialmente lo manifestado por el demandante en lo referente a que efectivamente se le otorgó una certificación de la Resolución Número 003-2010 emitida en fecha 05 de enero del 2010, pero se rechaza el resto de su contenido en cuanto a lo expresado que mediante dicha resolución se le canceló del cargo de Fotógrafo Profesional de la Dirección General de Información y Prensa, declaración alejada de la realidad, ya que la resolución referida se le otorgó en virtud que el Apoderado Legal del demandante solicitó que se le extendiera un acuerdo de cancelación, disposición totalmente insólita, ya que sino existe un acuerdo de nombramiento no se puede efectuar un acuerdo de cancelación, situación en la que existe contradicción por la cual debe declararse improcedente la presente demanda, debido a que el acto impugnado del presente caso no tiene ninguna relación con la presente demanda, ya que este comparece con la pretensión que se anule el acto administrativo, mediante el cual se le denegó la emisión de un acuerdo de cancelación solicitado en la vía administrativa, lo cual se resolvió declarándolo totalmente improcedente y que según la demanda interpuesta es para pretender su nulidad pero, haciendo alegaciones como que con esta resolución se le hubiere despedido, lo que no es cierto y sólo representa una burda estrategia procesal para procurar mantener activo el supuesto derecho de recurrir a esta instancia judicial cuando en realidad no está legitimado para actuar ante este proceso judicial, pues su relación de servicio fue cancelada por renuncia en el año 2006 y desde ese año a la fecha presentó el reclamo en vía administrativa es decir el 30 de octubre de 2009, de lo cual habían transcurrido más de 3 años que provocan la extemporaneidad de
esa acción en vía administrativa y ahora en vía judicial, por lo que la misma evidentemente se usó para procurar interponer acciones ilegitimas, existe renuncia irrevocable presentada por el demandante, para lo cual y siguiendo las formalidades se le entregó la transcripción del Acuerdo de Cancelación por Renuncia efectiva a partir del 1 de Abril del 2006, por lo que no estaba legitimado para presentar la presente demanda, asimismo en cuanto al levantamiento del Acta de Descargo, esta se levantó precisamente por los bienes a él asignados, cuando efectivamente laboró, la cual no consta habérsele realizado, cuando interpuso su renuncia el 31 de Marzo de 2006, por tanto se le canceló en legal y debida forma por causa exclusiva, ya que ni el propio demandante puede acreditar que haya sido contratado posteriormente de la fecha que fue cancelado. Se acepta que efectivamente se nombró al demandante a partir del 1º de febrero de 1998, mediante Acuerdo Ejecutivo número 0155 de fecha 27 de Marzo de 1998, en el cargo de Fotógrafo Profesional de la Dirección General de Información y Prensa, dependiente de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, pues son documentos que en ningún momento y bajo ningún contexto ha pretendido esconder o extraviar con el afán de perjudicar a los servidores del Estado, tal como lo expresa el demandante, consta en el expediente de personal lo cual está debidamente documentado, así como también está acreditado y probado el hecho de la renuncia del demandante en fecha 3 de marzo de 2006, procediendo posteriormente a elaborar el correspondiente Acuerdo de Cancelación por Renuncia No. 052-DP-2006, con fecha uno (1) de Abril del Dos Mil Seis (2006);haciéndose de igual manera la respectiva transcripción del Acuerdo la cual fue recibida y firmada por el demandante, aceptando por parte de la Autoridad Nominadora su renuncia. Cabe aclarar que este caso es un caso de Cancelación por renuncia, no es despido, por tal motivo el demandante no puede alegar ahora en la vía judicial, que se pretende no reconocer derechos, cuando estos ya no le asisten. Que en la Resolución supuestamente impugnada, no existe vicio de nulidad, por lo tanto no existe contradicción, al contrario de lo manifestado por él demandante, ya que la Secretaría de Estado al momento de emitir la Resolución, únicamente expresa lo que se le presenta a su consideración y después de analizada la petición emite la Resolución, en la cual desestima extender el Acuerdo de Cancelación solicitado, por lo tanto la misma no puede ir más allá, de la esfera de las atribuciones concedidas y como se podrá verificar y probar en su oportunidad, la Autoridad Nominadora en irrestricta observancia a todos y cada uno de los preceptos legales establecidos procedió pero en el año 2006, a Cancelar por Renuncia al demandante en vista de la Renuncia Irrevocable por él interpuesta, tal como consta en el expediente personal del demandante, por lo tanto no hubo ningún tipo de infracción o violación al ordenamiento jurídico, por lo que se considera total y absolutamente improcedente la demanda de mérito.- 3. La parte incidentista alego dos defensas previas, la primera en virtud de que del demandante presentó la demanda fuera de los plazos respectivos, ya que este presentó demandada en materia de personal en fecha 23 de febrero del año 2010 y la fecha en que supuestamente fue despedido el demandante fue el 20 de febrero de julio del 2009, por lo que la misma debe de considerarse extemporánea, esto de acuerdo a lo establecido en el Articulo 48 inciso c) de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso Administrativo; la segunda en virtud de quien presento la demanda es persona no legitimada, ya que el demandante en fecha 31 de Marzo del año 2006 presento renuncia del puesto de trabajo, para lo cual se le entregó la transcripción de acuerdo de cancelación por renuncia efectiva a partir del 1de abril del 2006, debido a esto el demandante no esta legitimado para presentar la demanda. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo mediante auto de fecha nueve de mayo del año dos mil once desestimo ambas defensas previas, la primera debido a que si bien es cierto, la demanda fue presentada en un inicio como pretensión de nulidad de un acto administrativo, así como el pago de prestaciones laborales y salarios dejados de percibir, también es cierto, que el juzgado señaló que la demanda no reunía todos los requisitos necesarios para la validez de la comparecencia, ya que existía una incongruencia entre el acto cuya nulidad solicitaba y las medidas que solicitaba para el reconocimiento de
una situación jurídica individualizada, el demandante subsano la demandada, en el sentido de que el acto administrativo impugnado consistía en la resolución emitida por la demandada con No. 003-2010, en ese sentido la demanda se presento en materia ordinaria u no en materia especial de personal, y el demandante hace referencia a una demanda de materia de personal y tomó como fecha de cancelación para contar el termino para interponer la demanda, impugnándose una resolución y no un acuerdo de cancelación ni una cancelación presunta; en cuanto a la segunda defensa previa, la cual consiste en que la demanda fue presentada por no legitimada, los alegatos esgrimidos por la demandada para fundamentar la misma son sobre el fondo del juicio, ya que deben ser acreditados y probados en autos y no fundamentan dicha defensa previa.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de abril del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando inadmisible, la acción incoada por el Abogado FRANCISCO C. VARELA, en su condición de apoderado legal del Señor MATIAS AULBERTO SALINAS LOPEZ, por adolecer el escrito de demanda de una causa de inadmisibilidad, como ser la contenida en el artículo 80 letra e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo consistente en: Que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto; sin costas; bajo el criterio que deberá existir congruencia entre el acto cuya nulidad se solicita, y las pretensiones del actor plasmadas en el escrito de su demanda, en el presente caso de autos nos encontramos en que existe absolutamente incongruencia en este sentido, ya que la parte demandante solicita la nulidad de la resolución que resuelve el reclamo administrativo, en donde solicita la entrega de un acuerdo de cancelación y no el pago de prestaciones y otros derechos, como lo establece en la pretensión de la demanda, por lo que de la revisión exhaustiva del presente caso se desprende que persiste el defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, causa de inadmisibilidad expresamente establecida en el artículo 80 literal e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Siendo meritorio declarar inadmisible la presente acción.- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando, la proferida por el a-quo; bajo el criterio que si bien es cierto en el acto cuya nulidad se solicita y la pretensión del demandante en el escrito de demanda existe incongruencia, por lo que el demandante lo que pide es la nulidad de la resolución que resuelve el reclamo administrativo, solicitando la entrega de un acuerdo de cancelación y no el pago de prestaciones y otros derechos, como lo plasma en la demanda, por lo que de la revisión de autos se desprende que persiste el defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, causa de inadmisibilidad expresamente establecida en el articulo 80 letra e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que se declara inadmisible la presente demanda.- 6.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado FRANCISCO C. FLORES VARELA, en fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.246-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 068-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la recurrida, abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, presentó en fecha ocho de octubre de dos mil catorce escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha nueve de octubre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas catorce y veintidós de octubre de dos mil catorce los abogados FRANCISCO C. FLORES VARELA y CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, respectivamente.- 8.-Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diez de noviembre de dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados FRANCISCO C. FLORES VARELA y CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta dos motivos, exponiendo lo siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACION. Honorables Magistrados en la Sentencia de fecha 04 de Septiembre de 2014 emitida por la Honorable Corte de Apelaciones, en el CONSIDERANDO (6) se manifiesta que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, del expediente administrativo y de los fundamentos de derecho en que ambas apoyan sus pretensiones esta Corte de Apelaciones observa y concluye que si bien es cierto en el acto en cuya nulidad se solicita y la pretensión del demandante en el escrito de demanda existe incongruencia, por lo que el demandante lo que pide es la nulidad de la resolución que resuelve el reclamo administrativo, solicitando la entrega de un acuerdo de cancelación y no el pago de prestaciones y otros derechos, como lo plasma en la demanda; cosa que no es cierta, por dicha razón fue que se hizo el cambio en la Demanda de Materia Personal a Materia Ordinaria, ya que lo que pide es el RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA CONSISTENTE EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL MOMENTO DE SU DESPIDO HASTA LA CONCLUSION DEL JUICIO.- BENEFICIOS, DECIMO CUARTO MES, DECIMO TERCER MES, VACACIONES, AJUSTES SALARIALES, Y OTROS DERECHOS QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER, MAS LAS COSTAS DEL JUICIO. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Honorables Magistrados en el CONSIDERANDO (8) de dicha Sentencia el Juzgado A-Quo tiene tres momentos procesales para decretar la inadmisibilidad de la acción, al momento de la presentación de la demanda, en resolución de defensas previas, y al momento de dictar sentencia definitiva; en cuanto al primer momento de la presentación de la demanda fue subsanada la misma por no admitida, en cuanto al segundo momento resolución de defensas previas fueron desestimadas las defensas previas interpuestas por la parte demandada, por inexistentes e improcedentes (folios números del 8 al 19 vuelto), y en el tercer momento procesal al dictar sentencia definitiva, el Juzgado A-Quo revirtió todo el procedimiento procesal declarando la inadmisibilidad de la demanda y confirmada según los considerandos (4), (5), (6), (7), (8), (9) y Parte Dispositiva, por la Corte de Apelaciones.”.- II.- Que lo cargos que anteceden resultan inadmisibles por carecer de la técnica que impera en este recurso extraordinario al omitirse los siguientes requisitos: la fundamentación con la suficiente separación y claridad, el concepto de la infracción, la o las disposiciones que se consideran infringidas, el precepto autorizante y su debida explicación. En resumen el Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que los motivos expuestos carecen de la debida estructuración convirtiéndose los mismos en simples alegatos de instancia.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199,716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho merito sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar.- 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio, redacto el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de mayo del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha doce de abril del año dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 568-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL