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Sentencia CA-562-14 — Registro 5971

Resumen

En primera instancia se declara improcedente la acción promovida por el demandante, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que el demandante alega la ilegalidad de la inscripción de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."El cargo en la forma expuesta no esta llamado a prosperar debido a que el Censor comete los siguientes defectos técnicos: a) no es claro ni preciso en el señalamiento si la violación de la norma se deriva de falta, indebida aplicación o interpretación errónea de la norma de derecho invocada como infringida; b) el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es una norma procesal que regula que la sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere y procedente cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder, por ello no tiene el carácter de ser una norma material que defina el fondo del asunto; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a otras disposiciones no señaladas en su formulación, tal es el caso de los artículos 8 numeral 1) inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 12 numeral 5) del Código Procesal Civil.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior cargo no está llamado a prosperar debido a las siguientes consideraciones: a) no es claro ni preciso en el señalamiento si la violación de la norma se deriva de falta, indebida aplicación o interpretación errónea de la norma de derecho invocada como infringida; b) insta la revisión de los hechos, así como de la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual esta vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previene el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza en su explicación, alegatos propios de instancia

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior cargo no está llamado a prosperar debido a las siguientes consideraciones: a) no es claro ni preciso en el señalamiento si la violación de la norma se deriva de falta, indebida aplicación o interpretación errónea de la norma de derecho invocada como infringida; b) insta la revisión de los hechos, así como de la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual esta vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previene el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza en su explicación, alegatos propios de instancia

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- El artículo 701 numeral 1) del citado Código, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.-

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Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de abril de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el señor MARIO RODRÍGUEZ RIVERA, representado en juicio por el abogado ELVIN RUBEN GOMEZ; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, representado en juicio por la Abogada CLAUDIA CECILIA ORTEGA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y la nulidad de un acto administrativo de carácter particular emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento, indemnización de daños y perjuicios, quebrantamiento de formalidades esenciales, abuso y desviación de poder, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor MARIO RODRÍGUEZ RIVERA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 21 de enero de 2010, presentó escrito de oposición del registro de una presunta directiva sindical por no haber cumplido con los requisitos del Código del Trabajo y los Estatutos del SITRABANTRAL y no existir marco legal para su reconocimiento; en fecha 1 de febrero de 2010, se emitió Resolución por parte de la Dirección General de Trabajo declarando sin lugar por improcedente el escrito de oposición a la inscripción de la junta directiva y con fecha 15 de febrero de 2010 el apoderado legal del demandante presento el respectivo recurso de apelación ante la Dirección del Trabajo, emitiéndose la resolución por parte del Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social el 27 de julio de 2010 y notificada hasta el 13 de octubre de 2010, declarando sin lugar el recurso de apelación; con fecha 29 de octubre de 2010, se procedió a presentar el recurso de reposición respectivo, mismo que hasta la fecha no ha sido resuelto y de acuerdo al artículo No.138 de la Ley del Procedimiento Administrativo que ordena: “La resolución del recurso se notificará diez días (10) después de la notificación de la última providencia, transcurrido dicho término se entenderá desestimado el recurso y quedará expedita la vía procedente”; las Organizaciones sindicales se rigen por lo que establecen sus Estatutos, mismo que son revisados y aprobados por la Secretaría General del Trabajo y que de acuerdo a los Pactos y Convenios Internacionales los afiliados a las Organizaciones Sindicales están supeditadas al irrestricto cumplimiento de los mismos así como la Secretaría del Trabajo, pero como se podrá apreciar para la susodicha Secretaría del Trabajo, los Estatutos de la Organizaciones Sindicales no valen nada y por eso los violentan, sin que haya un castigo para ellos; así que los estatutos del SITRABANTRAL y el Código del Trabajo no permiten convocar asamblea con listados, de igual manera se encuentra preceptuado en el Código del Trabajo donde no existe norma aplicable a este caso, constituyendo el mismo en una trasgresión tanto a los Estatutos del SITRABANTRAL cómo al Código de Trabajo; en fecha 29 de diciembre de 2009 fue presentada la solicitud de registro de esa presunta Junta Directiva Sindical de acuerdo a los artículos No. 60, 61 y 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que dicha asamblea no se instaló válidamente, debiendo haber sido convocada por el Presidente del Sindicato, quien es el único autorizado y facultado por los estatutos del SITRABANTRAL para convocar una asamblea general sea ordinaria o extraordinaria, tal como lo establecen los artículos No. 37 literal a), 38, 45 literal j), y 46 literal b) y en iguales términos se expresa el Código del Trabajo en sus artículos No.478 numeral 7), 496 literal a), y 505; con la providencia de fecha 27 de julio de 2010, la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, está violentando los Derechos consagrados en la Constitución de la República, Convenios Internacionales, ya que no observa el debido proceso y las formalidades tipificadas en la Ley del Procedimiento Administrativo y la Ley General de la Administración Pública.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, contestó dicha demanda señalando que se dictó en fecha 1 de febrero del 2010, resolución en la que declara Sin lugar por improcedente la oposición a la inscripción de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras (SITRABANTRAL); en fecha 15 de febrero del 2010, el abogado Elvin Rubén Gómez, actuando en su condición de apoderado legal del demandante, compareció ante la Secretaría del Trabajo presentando recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 1 de febrero del 2010, también es cierto que la autoridad administrativa dictó la resolución de fecha 27 de julio del 2010, donde se le declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, asimismo, interpuso recurso de reposición en fecha 29 de octubre del 2010, en contra de la resolución de fecha 27 de julio del 2010, rechazándose que hasta la fecha de interposición de la presente demanda contencioso administrativo, no se haya resuelto el recurso de reposición, ya que consta en el expediente administrativo a folio 27 que la autoridad administrativa dictó la resolución en fecha 6 de diciembre del 2010, donde le declara sin lugar el recurso de reposición por improcedente, resolución que el apoderado de la parte demandante se notificó personalmente en fecha 30 de diciembre del 2010, por lo que existe, una evidente causa de inadmisibilidad de la demanda; no es cierto que dicha Secretaría de Estado no le dio valor a lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 8 y lo que establece el Convenio 87 relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicalización de la Organización Internacional del Trabajo en su Artículo 3, como lo pretende hacer ver el actor de esta demanda, pues es de pleno conocimiento que la conducta administrativa de la demandada ha sido en estricto cumplimiento a la Ley y que en ningún momento se ha violentado los Estatutos del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras, tal como lo expresa la parte demandante, porque es precisamente para no causar intromisión en los asuntos internos de esa organización sindical que dictó la resolución de fecha 1 de febrero del 2010, que declaraba sin lugar por improcedente la oposición a la solicitud de inscripción de la junta directiva sindical, así como la solicitud de suspensión del acto y la nulidad de actuaciones a partir de la providencia de fecha 4 de enero del 2010, emitida por esa Dirección General en el expediente número 090/JD/OS/09 presentada por el señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA, en su carácter de afiliado al Sitrabantral según lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo y en estricto cumplimiento a los convenios 87, articulo 3 Numeral “2” y 97 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que olvida el demandante que quienes deben observar las disposiciones del procedimiento y de los Estatutos que rigen la elección de la Junta Directiva que representen a los trabajadores del Banco Central de Honduras, son sus propios Directivos y Afiliados, esto de conformidad a lo que establecen los artículos 28 y 39 literal “a” de los Estatutos del SITRABANTRAL; que dentro de esta organización sindical existan conflictos, en relación a la junta directiva la solución debe ser resuelta a lo interno de dicha organización mediante una Asamblea General ordinaria o extraordinaria, por lo tanto, las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal “razón por cual no consta que con la resolución impugnada se haya violentado “el debido proceso”.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia declarando improcedente la acción promovida por el señor Mario Rodríguez Rivera, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en la resolución de fecha 27 de julio de 2010, emitido por la Secretaría de Estado del Trabajo y Seguridad Social, en virtud de que la Dirección General del Trabajo no tiene la facultad para declarar invalidez de cambios ocurridos en las juntas directivas de un sindicato ya que son actos consecuencia del ejercicio del derecho que tiene los trabajadores de elegir con libertad a sus representantes; no se reconocen los daños y perjuicios como situación jurídica individualizada, sin costas; bajo el criterio que la presente causa inicia por el hecho de que se haya realizado una supuesta asamblea sin haber sido convocada legalmente, ante tal situación es preciso mencionar que la norma laboral vigente y establecida en el Código de Trabajo en el articulo 494 habla de las atribuciones de la asamblea general y entre ellos esta la elección de los miembros de la junta directiva; articulo que esta implícitamente ligado al articulo 496 de ese mismo cuerpo legal que establece los requisitos para que tengan validez las decisiones tomadas en las asambleas generales, actos que son propios de cada sindicato con la única obligación de notificar a la Secretaria de Trabajo por conducto de la Dirección General del Trabajo la nomina de la junta directiva provisional (Art. 481.7 Código del Trabajo); que de lo expuesto anteriormente se puede establecer que para garantizar efectivamente la autonomía de dichas organizaciones, sus miembros tienen la plena libertad de elegir a sus representantes; por consiguiente las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a entorpecer el ejercicio de este derecho, ya sea en lo relativo al desarrollo de las elecciones sindicales, a las condiciones de elegibilidad, reelección o destitución de los representantes, por lo que los cambios en una junta directiva de un sindicato es un proceso interno de cada organización sindical que no requiere que la Secretaria del Trabajo haga un pronunciamiento mostrándose o no de acuerdo con lo aprobado por dicha organización sindical, como en este caso de elegir con plena libertad a sus representantes en base a sus estatutos sindicales, por lo que esta suscrita considera que la emisión o pronunciamiento en ese sentido por parte de la Secretaria de Trabajo seria limitar los derechos reconocidos por el Código de Trabajo a las organizaciones sindicales; asimismo es importante destacar que la parte demandada en su escrito de contestación de demanda expone causas de inadmisibilidad, en referencia a este aspecto debió haber sido alegado mediante la figura de defensas previas en el momento procesal oportuno, tomando en consideración que el ahora demandante según constancia que obra a folio 33 hace constar que desde el 22 de diciembre del 2009 ya no labora para el Banco Central y por lo tanto ya no es miembro de dicho Sindicato; con la prueba aportada y valorada así como de la lectura del Estatuto asimismo de normas vigentes como ser el Código de Trabajo así como los Convenios Internacionales suscritos por Honduras en materia sindical, se ha podido establecer que el acto objeto de impugnación se ha emitido conforme a derecho.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que el demandante alega la ilegalidad de la inscripción de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras; sin embargo, tanto el Código del Trabajo como los Convenios Internacionales reconocen el derecho a la libertad sindical, siendo este un principio sindical fundamental para el funcionamiento de éstos, que conlleva a ser libres de la injerencia de las Autoridades Públicas al ejercer su derecho, entre otros, de elegir libremente sus Representantes, así como a no estar sujetos a disolución o suspensión por vía administrativa, es decir, que las Autoridades Públicas deben de abstenerse de toda intervención que tienda a limitar dichos derechos o a entorpecer su ejercicio legal; las autoridades públicas no tiene facultades para dirimir un conflicto ocurrido en lo interno de un sindicato, lo que compete única y exclusivamente a sus afiliados para garantizar efectivamente la autonomía de los mismos, ya que sus miembros tienen la plena libertad para elegir a sus representantes, que es lo que aconteció en el caso de autos, al solicitarse la inscripción de una nueva Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras y oponerse el demandante a la misma, lo cual constituye un conflicto que debe ser resuelto por el mismo sindicato en la forma establecida en sus estatutos, ya que la demandada únicamente procede a inscribir lo solicitado, conforme a derecho, lo demás debe ser resuelto a lo interno del Sindicato, ya que si la demandada procede a dirimir dicho conflicto estaría interviniendo en las decisiones del Sindicato.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado ELVIN RUBEN GOMEZ, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 211-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 666-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada CLAUDIA CECILIA ORTEGA, presentó en fecha veinte de octubre de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veinticuatro y veintisiete de octubre de dos mil catorce, los Abogados CLAUDIA CECILIA ORTEGA y ELVIN RUBEN GOMEZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó providencia en fecha diez de noviembre de dos mil catorce, teniendo por personados en tiempo y forma a los Abogados CLAUDIA CECILIA, ORTEGA, como recurrida y ELVIN RUBEN GOMEZ, como recurrente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que señala: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que expresa lo siguiente: “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” Este relacionado con el Artículo No.496 incisos a) y c) del Código del Trabajo establece que: “Para la validez de las decisiones tomadas en las asambleas generales de las organizaciones sindicales, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que la asamblea haya sido convocada en la formas y con las condiciones previstas en los estatutos; b)...; c) Que se levante acta de cada sesión, firmada por quien la presida y el secretario correspondiente, en la cual se expresará el número miembros concurrentes a la sesión, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones tomadas.” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en el Artículo No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y relacionado con el Artículo No.496 incisos a) y c) del Código del Trabajo, se considera que “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” “Para la validez de las decisiones tomadas en las asambleas generales de las organizaciones sindicales, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que la asamblea haya sido convocada en la formas y con las condiciones previstas en los estatutos; b)...; c) Que se levante acta de cada sesión, firmada por quien la presida y el secretario correspondiente, en la cual se expresará el número de miembros concurrentes a la sesión, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones tomadas.” Son esas normas que el Tribunal Ad-Quem interpreta de manera errónea pues estos Artículos son claro ya que dispone cuando debe declarar procedente la acción y eso ocurre cuando se incurre en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico. Por lo que al no ser aplicados por el Tribunal Ad-Quem se infrinjo las normas precitadas produciendo con ello violaciones al debido proceso y a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dejando con ello en indefensión y vulnerando los derechos y garantías constitucionales por que el fallo no se ajusta a derecho. ÚNICO: Que de acuerdo al considerando (5) del Fallo recurrido, el Tribunal Ad-Quem declara que el derecho a la libertad sindical es un principio fundamental para el funcionamiento de los sindicatos y que conlleva a ser libres de injerencia de las Autoridades Públicas contraviniendo lo que ordena la Ley en el Código del Trabajo en su Artículo No.496 incisos a) y c) y esté relacionado con el Artículo No.8 numeral 1 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo siguiente: “El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;” por lo que la Jurisdicción del Contencioso Administrativo está facultado para revisar los Actos de la Administración Pública y si estos no están reñido con la Ley, Lo que debió haber hecho el Tribunal Ad-Quem en su sentencia de fecha 31 de Julio de 2014 era seguir lo que se ordena en los Artículos No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo No.496 incisos a) y c) y esté relacionado con el Artículo No.8 numeral 1 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero impone un “UN HECHO ILEGAL COMO SI FUERA LEGAL” que no es el pretendido por la ley para Juzgar y solucionar el Fondo del Litigio, incurre en una Aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, haciendo procedente CASAR la sentencia recurrida. El Código Procesal Civil establece en su Artículo 12 numeral 5 el principio doctrinario del “IURA NOVIT CURIA” el cual obliga al juez a resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo hayan sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. Por lo que el Tribunal Ad-Quem debió resolver la cuestión litigiosa de acuerdo a los Artículos No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo No.496 incisos a) y c) y esté relacionado con el Artículo No.8 numeral 1 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.- II. El cargo en la forma expuesta no esta llamado a prosperar debido a que el Censor comete los siguientes defectos técnicos: a) no es claro ni preciso en el señalamiento si la violación de la norma se deriva de falta, indebida aplicación o interpretación errónea de la norma de derecho invocada como infringida; b) el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es una norma procesal que regula que la sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere y procedente cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder, por ello no tiene el carácter de ser una norma material que defina el fondo del asunto; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a otras disposiciones no señaladas en su formulación, tal es el caso de los artículos 8 numeral 1) inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 12 numeral 5) del Código Procesal Civil.- III. En el segundo motivo de casación el Impetrante establece lo siguiente: “APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: c) LA FORMA Y CONTENDIO DE LA SENTENCIA: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil que señala “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que expresa lo siguiente: “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” Este relacionado con el Artículo No. 510 inciso b) del Código del Trabajo establece que: “Para ser miembro de la Junta Directiva de un sindicato, tanto de la provisional como de las reglamentarias, deben reunirse los siguientes requisitos, además de los que exijan los estatutos respectivos: a)...; Ser miembro del Sindicato;...” Y relacionado con artículo 44 inciso d) de los estatutos del SITRABANTRAL que expresa que “se debe acreditar la condición de miembro afiliado por un término no menor de un año” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en los Artículos No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y esté relacionado con el Articulo 510 inciso b) del Código del Trabajo y 44 inciso d) de los Estatutos del SITRABANTRAL, al no ser aplicados por el Tribunal Ad-Quem se infrinjo las normas precitadas produciendo con ello violaciones al debido proceso y a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dejando con ello en indefensión y vulnerando los derechos y garantías constitucionales por que el fallo no se ajusta a derecho. ÚNICO: Se solicita en el presente Recurso de Casación el control de la motivación fáctica del hecho número (6) de la sentencia impugnada para que se revise su existencia ya que el hecho no es cierto y en la sentencia se dice que si es cierto, en virtud que obra en los Medio de Prueba No.16 y 17 de la parte demandante, el 18 de Agosto de 2009 y 22 de Junio de 2009 que corren agregados a los folios 75 al 77 y 78 al 80 respectivamente varios miembros de la supuesta Junta directiva no aparecen en el Libro de Afiliados al SITRABANTRAL Y no acreditaron ante la Dirección de Trabajo que eran afiliados al SITRABANTRAL, por lo que lo expresado por el Tribunal Ad-Quem es inexistente, pero cuando emite su sentencia el Tribunal Ad-Quem objeto de este recurso de casación y declara como válida la inscripción de la Junta Directiva del SITRABANTRAL sin cumplir con los requisitos que la Ley exige para declarar como validas las elecciones y en vez de eso impone un “UN HECHO INEXISTENTE COMO QUE EXISTE” que no es el pretendido por la ley para Juzgar y solucionar el Fondo del Litigio, incurre en una Aplicación e interpretación de la normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, haciendo procedente CASAR la sentencia recurrida”.- IV. Que el anterior cargo no está llamado a prosperar debido a las siguientes consideraciones: a) no es claro ni preciso en el señalamiento si la violación de la norma se deriva de falta, indebida aplicación o interpretación errónea de la norma de derecho invocada como infringida; b) insta la revisión de los hechos, así como de la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual esta vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previene el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza en su explicación, alegatos propios de instancia.- V. Que el Recurrente expone un tercer motivo, manifestando lo siguiente: “APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que señala: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No.29 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que expresa lo siguiente: “Cuando se formulare alguna petición ante la administración y ésta no notificare la resolución en los plazos señalados en el Artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el interesado podrá denunciar el retraso y transcurridos ocho días desde la denuncia, podrá considerar denegada su petición, a efecto de formular frente a esta denegación presunta, el correspondiente recurso administrativo o la acción jurisdiccional, según proceda, o esperar la resolución expresa de su petición.” Y este relacionado con el Artículo 84 inciso a) de la Ley del Procedimiento Administrativo que establece: “La resolución de todo procedimiento se notificará: En el plazo máximo de diez (10) días, contados a partir del día siguiente de la presentación del primer escrito, cuando lo solicitado se pueda resolver de plano, en el fondo; y,..” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: Que de conformidad a lo establecido en el Artículo No.29 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se establecen los plazos para que la Administración notifique la Resolución correspondiente y ese plazo según el Artículo 84 inciso a) de la Ley del Procedimiento Administrativo es de 10 días y de acuerdo a la Afirmativa Ficta levantada por Notario Público, el Tribunal Ad-Quem no respeto dicha figura administrativa ni la Jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia obviando por completo pronunciarse al respecto y de acuerdo al Artículo 84 inciso a) de la Ley del Procedimiento Administrativo que establece el plazo de espera para que se emita la Resolución correspondiente, no se cumplió con lo que ordena la Ley. ÚNICO: La pretensión del actor fue que se ejecutara la afirmativa ficta en vía administrativa, lo que no ocurrió y procedió de acuerdo a la Jurisprudencia de ese Alto Tribunal al llevarla a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que se le ordenará a la parte demandada procediera a ejecutarla, pero el Tribunal Ad-Quem no se pronunció al respecto cuando lo que debió es reconocer la Afirmativa Ficta, pues como quedo atestado por el Notario Público Elías Herrera Álvarez en el Acta Notarial de fecha 02 de Febrero de 2010 (Medios de prueba 5 y 6 de la parte demandante), no se había emitido ninguna resolución en el plazo de diez (10) ordenado por el Artículo 84 inciso a) de la Ley del Procedimiento Administrativo, por lo que había operado el mecanismo de Afirmativa Ficta, pero el Tribunal Ad-Quem ni si quiera respeto la Afirmativa Ficta al tenor de lo que ordena el Artículo 29 b de la Ley del Procedimiento Administrativo, obviando reconocer una “FIGURA” que es el pretendido por la ley para emitir resolución y solucionar el Fondo del Litigio, incurre en una Aplicación e interpretación de la normas de derecho empleadas para la solución del fondo del asunto, haciendo procedente CASAR la sentencia recurrida. JURISPRUDENCIA DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en el Recurso de Amparo No.71-06 en relación a la figura de la Afirmativa Ficta lo siguiente: “CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 29 reformado de la Ley de Procedimiento Administrativo, la afirmativa ficta es la decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas, se consideran aceptadas. CONSIDERANDO: Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos por el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término especifico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la afirmativa ficta, en todo lo que le favorezca. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispuesto en los artículos 29-A y 29-B adicionados de la Ley de Procedimiento Administrativo, el interesado en los beneficios de la Afirmativa Ficta deberá obtener la certificación respectiva, para que surta, erga omnes, todos los efectos jurídicos correspondientes y que, en caso de denegarse por la autoridad administrativa la certificación de estilo, el interesado lo hará constatar en el Acta Notarial que al efecto se levante, de manera que deberá entenderse que la petición ha sido resuelta en un sentido afirmativo al solicitante; lo anterior sin perjuicio de que, todos los actos que realice la citada autoridad con posterioridad al acaecimiento de la afirmativa ficta; serán contrarios a derecho y recurribles ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declaratoria de su nulidad, con las consiguientes responsabilidades para el infractor.- CONSIDERANDO: Que bajo el ordenamiento jurídico existente, este Tribunal estima que la certificación de haber operado la Afirmativa Ficta y/o en su caso, el Acta notarial que así lo evidencia, será atestado legal suficiente que ampare al agraviado respecto de los derechos derivados del silencio administrativo, siempre y cuando lo pretendido en el reclamo formulado esté regulado por el Derecho Administrativo, razón por la que, la inadmisibilidad del amparo reclamado está ajustada a derecho, siendo consecuencia improcedente la reposición solicitada…)”. Sentencia de amparo de fecha veintitrés de marzo de de dos mil cuatro, emitida por la Sala de lo Constitucional en el expediente No.2614=03, en el antepenúltimo considerando, se estableció que: “… que del examen de los antecedentes que contiene el expediente administrativo se desprende que la autoridad administrativa no observó la formalidad del debido proceso administrativo al omitir extender una certificación previa resolución administrativa, por lo cual se configura el mecanismo de afirmativa ficta adicionado a ello que se produjo una notificación por la tabla de avisos del despacho, no siendo el caso por cuanto, tal notificación solo procedía hacerla personalmente de conformidad con lo que dispone la Ley del procedimientos administrativos.”.- VI. Que el anterior motivo tampoco constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) no es claro ni preciso en el señalamiento si la violación de la norma se deriva de falta, indebida aplicación o interpretación errónea de la norma de derecho invocada como infringida; b) insta la revisión de los hechos, así como de la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual esta vedado en este extraordinario recurso, conforme lo previene el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación alude a otras disposiciones no señaladas en su formulación, tal es el caso del artículo 29-B de la Ley de Procedimiento Administrativo y aduce que ha operado la afirmativa ficta en la resolución impugnada, cuando dicha situación no ha sido expuesta en el proceso.- VII. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VIII. En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IX. El artículo 701 numeral 1) del citado Código, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de abril del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha doce de abril del año dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 562-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL