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Sentencia CA-56-15 — Registro 5642

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada reconociéndole la situación jurídica individualizada en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la Ley de Servicio Civil y su reglamento estipula el procedimiento a seguir para prescindir de los servicios de un Servidor Público por cesantía, no constando que se haya seguido tal proceso, infringiendo así el ordenamiento jurídico aplicable siendo injustificada la cancelación del demandante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) en su formulación señala como violados por falta de aplicación los artículos 200 y 207 del Código Procesal Civil, cuando los mismos cuentan con numerales relacionados con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cual o cuales de ellas dirige su ataque; b) se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, pero no demuestra ni señala en cual o cuales de estas categorías de defecto ha incurrido el Juzgador de instancia; c) no es preciso el señalamiento del precepto autorizante al indicar que el mismo “se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1), inciso b) y c) del Código Procesal Civil”, lo cual configura distintas causales del recurso; y, d) este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha venido señalando que el Tribunal Ad Quem al confirmar el fallo del A-quo hace suyos los pronunciamientos y criterios del Tribunal de primer grado y los hace suyos al confirmar la misma. Además la resolución censurada contiene los requisitos sobre forma y contenido de las sentencias, dando las explicaciones necesarias en que se funda la decisión vertida, en consecuencia, revisada la misma cuenta con la suficiente motivación, por lo cual el motivo pierde su eficacia.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior cargo también resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se indica como norma infringida el artículo 208 del Código Procesal Civil, el cual contiene dos numerales, que si bien fueron transcritos, no se indica con precisión a cual de ellos se dirige su ataque; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal en este extraordinario recurso, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación, realiza alegatos propios de instancia.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de enero de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO; y, Recurrido: el señor OSMIN ARMANDO GOMEZ BANEGAS, representado en juicio por el abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la declaración de nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios y demás beneficios dejados de percibir a título de daños y perjuicios mas costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de mayo del dos mil diez, por el señor OSMIN ARMANDO GOMEZ BANEGAS, mayor de edad, soltero, Bachiller Técnico Industrial en Electricidad, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción que inició su relación laboral mediante acuerdo en fecha dos de noviembre del dos mil siete, en el cargo de Conserje II, en la Dirección y Coordinación Superior, el treinta de octubre del dos mil nueve con efectividad el siete de octubre del mismo año fue ascendido al cargo de Inspector de Bienes Nacionales II, de la misma dirección, mediante acuerdo de fecha veintidós de abril del dos mil diez, efectivo el treinta del mismo mes y año, se le cancelaba de su cargo notificándole defectuosamente ya que se le notificó de un acuerdo inexistente no. 15-2010, siendo injusto y arbitrario ya que se le violentaron sus derechos, sin seguir el procedimiento de ley.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, contestó dicha demanda señalando que la cancelación por cesantía está instituida como una de las facultades discrecionales y excepcionales que ostenta la administración publica; mediante oficio no. SEDS-324-2010, se dirigió al Consejo de Servicio Civil solicitando la emisión del dictamen respectivo en relación a la cancelación por cesantía del demandante, en base a lo establecido en la referida Ley, haciendo del conocimiento que se cuenta con los fondos presupuestarios necesarios para honrar el pago de los derechos laborales que conforme a la ley corresponda, cumpliendo así con las exigencias del ordenamiento jurídico sin causar infracción.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de noviembre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada; reconociéndole la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordena la reinstalación a su puesto de trabajo, mas el pago de los sueldos dejados de percibir, aumentos salariales, bonificación o cualquier otra variante que se haya dado en su ausencia y sin costas; bajo el criterio que no se acreditó en el juicio que la Autoridad Nominadora haya seguido totalmente el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento para el despido por cesantía pues solo consta una consulta hecha al consejo del Servicio Civil, existiendo infracción al ordenamiento jurídico y acarreando con ella nulidad del acto impugnado.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha trece de noviembre del dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio que la Ley de Servicio Civil y su reglamento estipula el procedimiento a seguir para prescindir de los servicios de un Servidor Público por cesantía, no constando que se haya seguido tal proceso, infringiendo así el ordenamiento jurídico aplicable siendo injustificada la cancelación del demandante, no probándose que se haya dado el fin de la cesantía ya que si bien es una facultad excepcional, está revestida de legalidad y para que surta efectos debe de cumplirse tal como se señala en la Ley.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, en fecha cinco de enero del dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha trece de noviembre del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.340-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 270-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintiséis de enero del dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrida, abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON, presentó en fecha veintitrés de enero del dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de esa misma fecha, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintisiete de enero del dos mil quince, los abogados KEVIN RAMON MURILLO NELSON y MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha nueve de febrero del dos mil quince, teniendo por personado al abogado KEVIN RAMON MURILLO NELSON en concepto de parte recurrida y por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por el abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO apoderado del Estado de Honduras; en consecuencia sígase con el tramite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha trece de noviembre del dos mil catorce, y que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “se impugna la sentencia recurrida de fecha, trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014), por la falta de aplicación de las normas procesales que regulan el contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 200, 207, en relación con el y el 720 numeral 2, todos del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna parcialmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha trece (13) de noviembre del año dos mil catorce (2014), en lo que se refiere a los ordinal PRIMERO y SEGUNDO. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1, Literales b) y c) en relación con el artículo 720 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 719 inciso c) del numeral 1 del Código Procesal Civil prescribe: “1) Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: c) La forma y contenido de las sentencias.” El artículo 720 del Código Procesal Civil, en sus numerales 1) y 2) prescribe: “1) Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2) Sin embargo, y dentro del literal e) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” Con fundamento en las disposiciones transcritas se solicita por este recurso el control de la motivación fáctica de la sentencia por haber llegado a una conclusión equivocada el Tribunal de Segunda Instancia en la falta de aplicación de las normas que regulan el contenido de las sentencias. El Código Procesal Civil en sus artículos 200 y 207 impone de manera meridiana el contenido de las sentencias, los cuales se citan textualmente: “ARTICULO 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustara al contenido formal siguiente: a)... b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, su caso. e) En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. d)... 3. ...“ “ARTICULO 207. MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” La sentencia es un proceso lógico de pensamiento en donde la conclusión a que se llega es el resultado del análisis de los diversos elementos fácticos que se presentan en el juicio subsumiéndolos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, debiendo por tanto, haber una conexión lógica entre estos y esa conclusión. Del estudio de la sentencia en cuestión se manifiesta una situación contraria al derecho.- II.- Que en el cargo que antecede el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, a saber: a) en su formulación señala como violados por falta de aplicación los artículos 200 y 207 del Código Procesal Civil, cuando los mismos cuentan con numerales relacionados con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cual o cuales de ellas dirige su ataque; b) se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, pero no demuestra ni señala en cual o cuales de estas categorías de defecto ha incurrido el Juzgador de instancia; c) no es preciso el señalamiento del precepto autorizante al indicar que el mismo “se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1), inciso b) y c) del Código Procesal Civil”, lo cual configura distintas causales del recurso; y, d) este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha venido señalando que el Tribunal Ad Quem al confirmar el fallo del A-quo hace suyos los pronunciamientos y criterios del Tribunal de primer grado y los hace suyos al confirmar la misma. Además la resolución censurada contiene los requisitos sobre forma y contenido de las sentencias, dando las explicaciones necesarias en que se funda la decisión vertida, en consecuencia, revisada la misma cuenta con la suficiente motivación, por lo cual el motivo pierde su eficacia.- III.- Que el Recurrente señala en su segundo motivo lo siguiente: “Se impugna la falta de aplicación del artículo 208 del Código Procesal Civil que regula el contenido de la sentencia dando lugar a la incongruencia. DISPOSICION INFRINGIDA: Articulo 208 del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna parcialmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha trece (13) de noviembre del año dos mil catorce (2014) en lo que se refiere a los ordinales PRIMERO y SEGUNDO. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1, letra c) del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 208 del Código Procesal Civil prescribe: “ARTICULO 208. CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuaran las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna el fundamento de Derecho contenido en el Considerando (4) de la sentencia recurrida: Que del estudio y análisis en su conjunto del presente caso se concluye que la sentencia definitiva venida en Recurso de Apelación está dictada conforme a derecho, esto porque el apélate alega la cancelación del demandante se realizó conforme a derecho, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por ser el Régimen aplicable al caso de autos; sin embargo, la referida Ley establece los requisitos y el procedimiento para que la Autoridad Nominadora pueda prescindir de los servicios de un Servidor Público por cesantía, no constando en autos se hay realizado totalmente el procedimiento establecido en dicha Ley para la cancelación del demandante, por lo cual, el Acto Impugnado se emitió infringiendo el ordenamiento jurídico aplicable, siendo por lo tanto, nulo el Acuerdo de Cancelación, sin seguir para su emisión el procedimiento establecido, ya que todas las disposiciones relacionadas a la cancelación por cesantía están vigentes, por lo cual son de obligatorio cumplimiento y solo el cumplimiento de alguna de ellas, como ser la consulta al Consejo de Servicio Civil, no implica el cumplimiento de todo el procedimiento establecido. 3. Como pueden observar Honorables Magistrados, la Corte Sentenciadora no tomó en consideración en su totalidad las pruebas aportadas por mi representado, las que demuestran, siendo necesario aclarar, que tal situación no constituye ni suspensión ni despido; asimismo se obvió el hecho que la demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que el demandante manifiesta que se le ha despedido sin que previamente se le haya pagado las prestaciones laborales y luego solicita el reintegro al cargo, por lo que no es posible establecer la prevalencia de la petición respecto de una cosa sobre otra. 4. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Artículo 53 literal (b) de la Ley de Servicio Civil y 187 numeral 2) establecen: Reducción se servicio o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa. 5. Artículo 140 del Reglamento de Servicio Civil: Si un servidor público fuere separado de su cargo sin mediar justa causa debidamente comprobada, tendrá derecho: 1.- A que se le reintegre a su antiguo puesto o a otro de igual categoría y salario. 2.- si lo anterior no fuera posible por motivos de fuerza mayor o se el servidor opta por no reclamar el reintegro, a que se le pague en concepto de indemnización el equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince años tomando como base el promedio de los últimos seis meses de salario devengados o fracción de tiempo menor cuando no se hubiere cumplido en ese periodo. 3.- En el caso del inciso anterior, al pago en concepto de preaviso de un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años. 4.- al pago de la parte proporcional de la cantidad que deberá habérsele pagado en concepto de vacaciones en relación con el tiempo trabajado, cuando no hubiera disfrutado de ese derecho, según dispone la ley y el presente Reglamento. 5.- Al pago de la parte proporcional que corresponda en concepto del decimo tercer mes, en concepto de aguinaldo, y de decímo cuarto mes en concepto de aguinaldo, y decimo cuarto mes en concepto de compensación social. 6. Artículo 141 del Reglamento de Servicio Civil: La indemnización a que se refiere el inciso 2 del Artículo anterior en concepto de auxilio de cesantía, se pagará en forma proporcional al tiempo trabajado. 7. Si bien es cierto las normas antes aludidas pertenecen a un cuerpo legal adjetivo, también es cierto que además tienen el carácter de norma sustantiva, en cuanto confiere el derecho subjetivo a favor de los servidores públicos, por lo que se siguió con el procedimiento establecido en la ley y no puede calificarse como injusto e ilegal ni debe conllevar más responsabilidad. 3. Debe notarse que la parte demandante, presentó demanda consistente en solicitar la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, por medio del cual se le canceló su nombramiento por cesantía, así como el reintegro a su antiguo puesto de trabajo, mas salarios dejados de percibir, en virtud de alegar, entre otras cosas, que en su acuerdo de cancelación se argumenta la causal de cesantía pero sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, lo que evidencia la ilegalidad e injusticia de tal decisión. Todo lo anterior es falto a la verdad, ya que mi representado se apegó a la normativa jurídica antes mencionada tal como quedó evidenciado en su Acuerdo de Cancelación y como se manifestó en el escrito de Contestación de Demanda, donde en cada uno de sus hechos se hace relación al acto administrativo, y se apega a lo dispuesto en las normas antes señaladas; y tanto el Tribunal de Primera Instancia como el de Segunda Instancia dejaron sentado erróneamente un criterio que es lesivo a mi representado, quien sí cumplió con la normativa jurídica aplicable al caso que nos ocupa, contrario a lo manifestado por la parte demandante.”.- IV.- Que el anterior cargo también resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) se indica como norma infringida el artículo 208 del Código Procesal Civil, el cual contiene dos numerales, que si bien fueron transcritos, no se indica con precisión a cual de ellos se dirige su ataque; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal en este extraordinario recurso, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación, realiza alegatos propios de instancia.- V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También el artículo 701 numeral 1) del referido Código, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS, por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de febrero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha diecinueve de enero del dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 56-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL