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Sentencia CA-557-15 — Registro 5816

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la acción incoada por los demandantes, declarando nulo el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la autoridad nominadora, para emitir esta clase de autos no cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que resultan inadmisibles los anteriores cargos, ya que en los mismos se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) ha formulado los motivos sin separarlos con la suficiente claridad y precisión, realizando una sola explicación para ambos, sin considerar lo dispuesto en el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil; y, b) realiza alegatos propios de instancia."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la abogada FABIOLA NOHELIA PEREIRA VILLATORO; y, Recurridos: el señor LORENZO ANTONIO GARCIA SANTOS y GLADYS YANET RIVERA ENAMORADO, en su condición de representante legal de sus menores hijos GILBERTO ANTONIO SANCHEZ RIVERA y JOSE MANUEL SANCHEZ RIVERA, herederos ad-intestato del señor GILBERTO ANTONIO SANCHEZ CHANDIAS, representados en juicio por el abogado MARIO ADOLFO REYES SANTOS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda administrativa en materia personal para la nulidad de actos administrativos de carácter particular que se produjeron en aplicación de un acto de carácter general por no ser estos conforme a derecho, reconocimiento de la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento el reintegro y pago de los salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por los señores LORENZO ANTONIO GARCIA SANTOS y GILBERTO ANTONIO SANCHEZ CHANDIAS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONGRESO NACIONAL.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que ingresaron a trabajar como Secretarios Técnicos de las Comisiones Especiales y Proyectos, asignados a la Comisión Especial de Seguimiento Legislativo del Congreso Nacional, según acuerdos de nombramientos de fecha 30 de septiembre de 2005, y previo reintegro judicial fueron trasladados mediante acuerdos al cargo de Analistas Jurídicos del Centro de Informática y Estudios Legislativos CIEL dependencia del Congreso Nacional; mediante acuerdos de fecha 26 de octubre de 2010, efectivos a partir del 29 de octubre del mismo año, el Presidente del Congreso Nacional acuerda cancelar por cesantía a los demandantes por reducción forzosa de servicios por razones de orden presupuestarios, para obtener una eficaz y económica organización administrativa, siendo dictados con exceso y desviación de poder ya que no se suprimieron las plazas, prescindiendo totalmente del procedimiento establecido de conformidad al artículo 34 letra c) de la Ley de Procedimiento Administrativo.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del CONGRESO NACIONAL, contestó dicha demanda señalando que se hizo la cancelación por cesantía por razones de orden presupuestario en base a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y más aún en estricta aplicación del acuerdo numero PL-01-2010 mediante el cual se establece: “Que a partir del 10 de marzo de 2010 se hará una reducción forzosa de personal auxiliar para obtener una mayor eficaz y económica organización administrativa” y la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Congreso Nacional, dándose la determinación de la cancelación por cesantía por parte de la autoridad nominadora, mediante el cual dichos acuerdos de cancelación no se produjeron con exceso y desviación de poder como pretenden hacer ver los demandantes.- 3.- Que en fecha quince de febrero de dos mil once, se presentó escrito de defensas previas, alegando que en base al artículo 63 numeral a) de la ley de lo Contencioso Administrativo establece lo siguiente “Los demandados y Coadyuvantes podrán alegar dentro de los cinco días hábiles siguientes al emplazamiento cualquiera de las siguientes defensas previas: a) Las que se funden en los motivos que con arreglo al Articulo 80 de esta Ley podrán determinar la inadmisibilidad de la acción” y con relación al artículo 80 inciso e) establece “se declara inadmisibilidad en los casos siguientes, apreciados de oficio por el Juez e) Que el escrito de la demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto”, por lo anterior el Juzgado en donde se presentó la demanda debe declarar inadmisible tal acción, en virtud que en la presentación de la demanda en los fundamentos de derecho, presentaron como sustento un articulado que confunde e impide verter un pronunciamiento ya que enuncian los artículos 1, 81, numeral 2), 255 numeral 1) letras b) y g), 424, 425 y demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles, no teniendo relación con lo pretendido en la demanda ; resolviendo el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de febrero de dos mil once, tener por subsanada en el efecto de la errónea fundamentación presentado en el escrito de la demanda dentro del termino de cinco días que manda la ley.- 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de marzo de dos mil quince, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada, decretó la nulidad del acto administrativo impugnado, reconoció la situación jurídica de los demandantes y para su pleno restablecimiento se adoptaron las siguientes medidas: en relación al señor LORENZO ANTONIO GARCIA SANTOS, se ordena al reintegro a su cargo, pago de los salarios que dejó de percibir, en cuanto a los Herederos del señor GILBERTO ANTONIO SANCHEZ CHANDIAS, señora GLADYS YANEY RIVERA ENAMORADO, en su condición de Representante legal de sus menores hijos GILBERTO ANTONIO SANCHEZ RIVERA y JOSE MANUEL SANCHEZ RIVERA, en cuanto a la imposibilidad del reintegro se reconoce el pago de sus prestaciones laborales, preaviso, auxilio de cesantía, decimotercer y cuarto mes de salario, vacaciones y cualquier otro derecho reconocido mientras el acto de cancelación tuvo sus efectos, mas el pago de los salarios dejados de percibir y sin costas; bajo el criterio que para adoptar la figura de la cesantía se debe seguir los mecanismos procesales previstos para garantizar, sobre todo, el éxito de la finalidad para la cual fue creada, no probándose en autos tal adopción, violentándole así los derechos a los demandantes por los actos administrativos viciados de nulidad.- 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha tres de septiembre de dos mil quince, dictó sentencia confirmando, la proferida en primera y sin costas; bajo el criterio que la Autoridad Nominadora, es decir el Presidente del Congreso Nacional, para emitir esta clase de autos no cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, violentando así el ordenamiento jurídico, dando como consecuencia procedente la acción incoada.- 6. La representación procesal de la parte recurrente, abogada FABIOLA NOHELIA PEREIRA VILLATORO, en fecha seis de octubre de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha tres de septiembre de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.261-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.675-2010 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha seis de octubre de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. La representación procesal de la parte recurrida, abogado MARIO ADOLFO REYES SANTOS, presentó en fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha treinta de octubre de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha tres de noviembre de dos mil quince, los abogados FABIOLA NOHELIA PEREIRA VILLATORO y MARIO ADOLFO REYES SANTOS, respectivamente.- 8. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, teniendo por personados a los abogados FABIOLA NOHELIA PEREIRA VILLATORO y MARIO ADOLFO REYES SANTOS, como recurrente/recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: Aplicación e interpretación errónea de las normas procesales que regulan: en virtud de la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo de fecha 03 de Septiembre de 2015, en la que se confirma la Sentencia definitiva dictada por el Juzgado de primera instancia en fecha 03 de Marzo del año en curso; ya que éste acto procesal nos causa indefensión al pretender que se aplique una Ley que no es la correcta en el despido de las partes demandantes. SEGUNDO MOTIVO: Aplicación e interpretación errónea de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; pues en el caso de Autos las normas de derecho empleadas por el Tribunal AD-QUEM no son las que corresponden. Sirven de fundamento autorizante el Artículo 716, 717, 718 y 719 numeral 1) letra b) y 2) del Código Procesal Civil. EXPRESIÓN DE LA NORMA DE DERECHO CUYA INFRACCIÓN SUSTENTAN LOS MOTIVOS DE CASACION: Los artículos 3, 7, 12, 207, 211, 213 y 214 numeral 1) del Código Procesal Civil en los que se establecen los principios procesales garantes del proceso y de las partes actoras, que se invocan de manera supletoria en razón de lo establecido en el Artículo 134 de la Ley de esta Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; ya que en el presente caso el acto de dictar Sentencias contrarias a derecho y con aplicación errónea de la norma jurídica, se han violentado principios procesales fundamentales que dan lugar a su anulabilidad cuando estos actos procesales contengan irregularidades, siendo los medios idóneos para lograr la anulación de los actos procesales la utilización de los recursos establecidos en la ley, como es el caso. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: Las garantías del debido proceso implican, entre otros aspectos que el proceso es por sí mismo un instrumento de tutela de los derechos sustantivos de las partes así como de los derechos adjetivos o procesales.- En ese sentido, cuando un proceso se ventila sin que se reúnan todas y cada una de las garantías en los actos procesales procede inevitablemente la declaración de anulación del mismo. Que obra en la pieza que se encuentra en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo Sentencia Definitiva de fecha 03 de Septiembre de 2015, sentencia esta que NO ES CONFORME A DERECHO, y violenta mucho de los principios jurídicos que regulan el comportamiento que se debe de observar en un administrador de justicia previo a dictar sentencia definitiva, todo esto en vista de lo siguiente: a) Claramente el AD-QUEM en su fundamentación de derecho, específicamente en su considerando CUARTO, establece que: “Que del estudio y análisis del presente caso se concluye que la sentencia definitiva venida en Recurso de Apelación esta dictada conforme a derecho, esto porque no consta que se haya seguido procedimiento alguno para la cancelación del demandante, siendo aplicable el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil en lo procedente, como supletorio, ya que la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo, aplicable al caso de autos, no establece procedimiento para cancelar por cesantía, como así fue cancelado el demandante...” Al parecer existe un desconocimiento vasto sobre la aplicabilidad de la LEY DEL ESTATUTO LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL PODER LEGISLATIVO, que claramente expresa en su Artículo 9 que: “La selección del personal se hará a través de la oficina de personal del Congreso Nacional, de conformidad a lo establecido en esta Ley. Bajo el mismo Procedimiento y a través de la misma unidad de personal, se operara todo movimiento de ascenso traslado o separación del cargo de los empleados”... Por tal razón, de la simple interpretación de dicho artículo se puede deducir que el procedimiento a seguir para la cancelación de un Empleado Público del Congreso Nacional se regirá bajo los Procedimientos la Oficina de Personal, establezca para tal efecto, sin embargo es conveniente presentar este Recurso de Casación, aduciendo que el Congreso Nacional de la República de Honduras no se encuentra adscrito al régimen del Servicio Civil, ya la misma Ley de la Institución antes mencionada establece en su artículo 2 que: “El Régimen de Servicio Civil comprenderá a los Servidores Públicos que laboran en la Secretaria de Estado, cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y su Reglamento.- Las mismas disposiciones serán aplicables a los funcionarios y empleados de la Municipalidades, y del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, en cuanto a los servidores del Poder Legislativo y Judicial, se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, reglamentos y estatutos...” Dicho lo anterior queda claro que el Poder Legislativo siendo ajeno al Régimen de Servicio Civil, se contrae a la aplicabilidad de la LEY DEL ESTATUTO LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL PODER LEGISLATIVO, específicamente en su Artículo 9 dice, “La cancelación propiamente dicha es conforme a derecho y no violenta ningún procedimiento”. b) En ese mismo orden de ideas cabe manifestarle a esta Honorable Corte Suprema de Justicia específicamente en su sala Laboral-Contencioso, que el Procedimiento que ahora es objeto de CASACIÓN, se reviste de una nulidad que opaca el procedimiento, y que el mismo constituye un error el mismo, por tal razón, por se, dicho juicio se encuentra viciado, dicho error lo pongo de manifiesto de la siguiente manera: que se interpuso Recurso de Reposición contra el Auto de fecha 28 de febrero del dos mil once, que tiene por subsanar la demanda; pero existía aquí vicio de nulidad de que dicho escrito fue presentado por los demandantes DOS DÍAS DESPUÉS DE VENCIDO EL TERMINO PARA CONTESTAR LA DEMANDA consecuentemente las razones esgrimidas para las Defensas Previas estaban subsistente al momento de la contestación y la afectación de mi representado el Estado de Honduras por los defectos de forma se materializaron en ese momento procesal Declarando Sin Lugar el Recurso de Reposición en el auto de fecha veinticuatro de dos mil once. Por lo antedicho, procede estimar estos motivos de CASACION.”.- II. Que resultan inadmisibles los anteriores cargos, ya que en los mismos se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) ha formulado los motivos sin separarlos con la suficiente claridad y precisión, realizando una sola explicación para ambos, sin considerar lo dispuesto en el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- III. Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula (Ver sentencias expedientes SL 516-12, 654-13 y 659-13).- IV. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE. Redacto el Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de abril del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 557-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL