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Sentencia CA-544-15 — Registro 6503

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia declarando procedente la acción incoada, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que el Acto Impugnado fue emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en las Leyes aplicables, ya que no fue acreditado que se haya seguido procedimiento alguno.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el anterior motivo resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en el precepto autorizante, ya que los literales a) y b) del numeral 1) del artículo 719 del Código Procesal Civil, comprenden dos causales diferentes del recurso, que debieron ser formuladas en forma separada e independiente; b) en la explicación se alude a los artículos 3 del Código Procesal Civil, 22 párrafo segundo del Decreto No. 12-2000 del 5 de mayo del año 2000, 2 reformado del Decreto 150-88, publicado en La Gaceta No. 25,717 el 27 de diciembre de 1988 y 11 del Decreto 12-2000 quecreó la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en su formulación; y, c) siendo el desarrollo del cargo un simple alegato de instancia de situaciones que ya fueron dilucidadas por medio de una sentencia interlocutoria de defensas previas, mediante la cual fue decidido la inadmisibilidad de las mismas.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) se omite la disposición que se considera violada y el concepto de la infracción, ya que el que indica no es propio de esta materia; y, c) se realizan alegatos propios de instancia.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resoluciòn que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, en representación de la desaparecida DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE, representando en juicio por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ; y, Recurrido: el señor JOSE FRANCISCO PINEDA CORDON, representado en juicio por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, declarar la ilegalidad del acto y nulidad, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su pleno restablecimiento, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Francisco Morazán, por el señor JOSE FRANCISCO PINEDA CORDON contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE.- ANTECEDENTES DE HECHO.- I. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que fue nombrado mediante Acuerdo No.002-07, de fecha 2 de enero del año 2007, en el cargo de Jefe de Servicios Generales, devengando un salario mensual de L. 30,000.00 y cancelado por cesantía de su cargo mediante acuerdo No. 008-09 de fecha 28 de septiembre del año 2009, sin seguir el procedimiento establecido en la ley de servicio civil y su reglamento.- II. La parte demandada, El Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que el régimen aplicable a los empleados de la institución demandada es el del Código del Trabajo y no el de la Ley de Servicio Civil. Es importante poner en conocimiento que el demandante no quiso recibir tanto su acuerdo de cancelación como el pago de los derechos que por ley le corresponden, y debido a esto, en fecha 28 de septiembre del año 2009, se procedió a levantar un acta con la comparecencia de Ramón Chacón Ferrufino, Director Ejecutivo, Abogada Ruth Contreras Dubón, Asesora Legal, Licenciada Telma Torres, Administradora General, Abogado Marco Tulio Castro, Jefe de Recursos Humanos y ante la presencia del demandante; en la citada acta las autoridades de la demanda manifestaron que el demandante no solamente se rehusó a firmar el acta y a recibir su acuerdo de cancelación, sino que tomó la decisión de ausentarse de sus labores. Es evidente que al demandante no se le entregó su acuerdo de cancelación, por lo tanto resulta improcedente decretar la nulidad de un acto administrativo, pues el mismo no fue consumado por una de las partes, haciendo que este no adquiera el carácter de firme.- III.- La demandada en fecha veinticinco de enero del año dos mil once, dejó plasmada como medio de defensa previa, la causa de inadmisibilidad de la demanda, argumentando que la presente acción debió dirimirse ante el Juzgado de Letras del Trabajo, la cual fue desestimada en resolución dictada por el Juzgado de primera instancia el veinticuatro de mayo del año dos mil trece.- IV.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en el departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de enero de dos mil quince, dictó sentencia declarando procedente la Acción incoada, en consecuencia se anula el Acuerdo de Cancelación por cesantía N° 008-09 del 28 de setiembre de 2009, reconocer la situación jurídica individualizada reclamada, y para su pleno restablecimiento se reinstala al demandante a su cargo como JEFE DE SERVICIO o a otro de igual salario y categoría en caso de ser imposible su restitución al cargo que se ordena y como medida para restablecerla se ordena el pago de los sueldos dejados de percibir, desde la fecha de cancelación hasta que sea definitiva y satisfactoriamente reintegrado al cargo, incluyendo cualquier aumento salarial, bonificación o cualquier otra variante que haya tenido la plaza a la cual se le reintegra. Se decreta, en su caso, la nulidad del Acuerdo de Nombramiento del sustituto del demandante, condenar al Estado de Honduras a ejecutar y pagar los derechos reconocidos en la forma antes señalada, bajo el criterio que de conformidad con el artículo 7 del Decreto 12-2000 que contiene la Ley Para El Desarrollo Rural Sostenible, LA DINADERS es un ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería, por lo tanto un ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería. El personal permanente de dicho ente, por estricta aplicación del artículo 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, está sujeto al Régimen de Servicio Civil; ante este escenario, y tomando en consideración que la cancelación del demandante ha sido por cesantía, la Ley de Servicio Civil contempla en sus artículos 53 54, 187, 188, 189, 190, 191, 192 y 193 del Reglamento los procedimientos y requisitos que La Autoridad Nominadora debe de observar que para proceder a cancelar por cesantía a un servidor o empleado, y claramente se puede observar de autos que ninguno de estos aspectos fue considerado a la hora de despedir por cesantía al demandante; por lo tanto, el Acuerdo de cancelación de la demandante es ilegal al haber emitido dicho acto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento señalado por la Ley de Servicio Civil y Su Reglamento.- V.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha trece de agosto del dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que el Acto Impugnado fue emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en las Leyes aplicables, ya que no fue acreditado que se haya seguido procedimiento alguno y consta de autos una copia autenticada del Acto Impugnado y un acta de notificación al demandante de su Acuerdo de Cancelación, siendo por lo tanto, improcedente el alegato del apelante en cuanto a que no se consumó el acto de cancelación del demandante; y en vista de que está protegida por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, tal como lo establece el artículo 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; ya que los Actos de la Administración Pública deben hacerse con la legalidad y el procedimiento que las Leyes respectivas establecen y en el presente caso, el Acto Impugnado es nulo de pleno derecho al prescindirse totalmente, para su emisión, del procedimiento establecido, ya que no consta en autos se haya realizado procedimiento alguno para la cancelación del demandante y siendo que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que los Actos Administrativos serán dictados por el Órgano Competente, respetando los procedimientos previstos en el Ordenamiento Jurídico, y que son anulables los Actos que incurran en cualquier infracción del Ordenamiento Jurídico, incluso el exceso de poder y en el caso de autos no se realizó procedimiento alguno para la emisión del mismo es que se debe confirmar el fallo definitivo venido en Apelación por estimar que el mismo está dictado conforme a derecho.- VI.- La representación procesal de la parte recurrente/recurrida, Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en fecha catorce de septiembre del año dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha trece de agosto del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.185-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.334-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante providencia de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- VII.- La representación procesal de la parte recurrida/recurrente, Abogado DAVID GABRIEL AVARADO LEITZELAR, presentó en fecha doce de octubre del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha trece de octubre del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintinueve de octubre del año dos mil quince, los Abogados DAVID GABRIEL AVARADO LEITZELAR y OSCAR DOÑAS CHAVEZ, respectivamente.- VIII.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diecinueve de noviembre del año dos mil quince, teniendo por personados a los Abogados DAVID GABRIEL AVARADO LEITZELAR y OSCAR DOÑAS CHAVEZ, respectivamente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta un primer motivo, manifestando lo siguiente: “Acuso a la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el día trece de agosto del dos mil quince, porque es violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa de los artículos 4 reformado literal a), 24, 25 párrafo primero, 31 literal c), 51 literal ch) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido bajo el marco jurídico del artículo 719 numeral 1) literal a) y b) del Código Procesal Civil. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Es de conocimiento de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, que la infracción directa se produce cuando el texto de la norma legal es absolutamente claro, pero la sentencia contiene disposiciones abierta contra el ordenamiento jurídico antes citado. Cuando establecemos en este motivo de casación que la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el trece de agosto del dos mil quince, expresa abierta pugna con las normas legales insertas en este primer motivo, y que precisamente detallo a los Honorables Magistrados: 1.- En la contestación de la demanda explicamos en forma clara y precisa que la jurisdicción no era competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sino que el Juzgado de Letras del Trabajo, como se le hizo ver al Tribunal de Primera Instancia en las Defensas Previas; exposición que no tuvo aceptación, al igual que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso al confirmar en cada una de sus partes la sentencia, hace propia el contenido de la primera instancia. - La infracción se produce cuando el artículo 4 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso le indica al tribunal de primera y segunda instancia que no corresponderán a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo: a) Las cuestiones de orden laboral, aunque relacionadas con actos de la administración pública se atribuyan por una ley a otra jurisdicción. Por el contenido del artículo antes indicado, no debió conocer la acción del demandante el tribunal de primera instancia, con lo cual violó las garantías del debido proceso consignadas en el artículo 3 del Código Procesal Civil. 2.- Los artículos 24 y 25 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establecen con rigurosidad jurídica, el artículo 24 párrafo tercero, que cualquier acto de impugnación debería transcribírsela a la Procuraduría General de la República, y dentro de las pruebas ejecutadas, no aparecen el cumplimiento de esta norma legal; asimismo el artículo 25 de dicha ley, es claro en cuanto a que la representación y defensa de las entidades estatales se regirán por lo que dispongan las leyes especiales ó sus respectivas leyes orgánicas (párrafo primero de dicha norma).- Al efecto el Decreto No.12.2000 que emitiera el Congreso Nacional de la República el 5 de mayo del año 2000 y que se encuentra vigente, no se le puede negar que en el artículo 22 párrafo segundo establece que el personal no seleccionado gozará de los derechos que le confieren LAS LEYES LABORALES DEL PAIS; es entendido que este concepto tan claro y transparente, no dice que al personal que se le diera por terminada la relación de trabajo, gozarán de los derechos de la Ley del Servicio Civil, sino de las leyes laborales expuestas en nuestro Código del Trabajo; de allí que la apreciación del Juzgado en su fallo, entra en pugna con estas disposiciones legales. 3.- En lo concerniente a la Ley y el Reglamento del Servicio Civil, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es contradictoria. En sus antecedentes de hecho, en el considerando dos, sostiene lo que la parte demandada técnica y jurídicamente ha venido exponiendo, que la jurisdicción le pertenece a los Tribunales del Trabajo, pero en el considerando tres, aplica nuevamente que la cancelación del cargo, la autoridad nominadora no siguió procedimiento alguno para cancelar por cesantía al demandante, en clara violación a los presupuestos prescritos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento; pues bien Honorables Magistrados: Al no haberse analizado las condiciones legales específicas del presente juicio, el artículo 2 reformado por el Decreto 150-88 y publicado en La Gaceta No.25,717 el 27 de diciembre de 1988. ordena que las resoluciones del Régimen del Servicio Civil comprenderá a los servidores del Poder Ejecutivo1 cuyo ingreso al servicio se haya efectuado1 llenando las condiciones y requisitos que establezca esta ley y sus reglamentos.- Las mismas disposiciones serán aplicables a los funcionarios y empleados de las Municipalidades, en cuanto los servidores del Poder Legislativo y Judiciales y los mismos de los organismos descentralizados que se regirá por sus respectivas leyes orgánicas, reglamentos y estatutos. En este caso, el demandante nunca probó que su puesto estaba protegido por la Ley y Reglamento del Servicio Civil. El Decreto 12-2000 en su artículo 11, creó la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, el cual se conocerá con las siglas DINADERS, como un organismo con autonomía técnica y financiera, por lo que al dejar de aplicar las normas relativas al proceso, se conceptualiza la infracción directa de las normas jurídicas citadas, precisamente la norma transcrita en este numeral; motivo éste que en sentencia definitiva deberá CASAR la Corte Suprema de Justicia.”.- II. Que el anterior motivo resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en el precepto autorizante, ya que los literales a) y b) del numeral 1) del artículo 719 del Código Procesal Civil, comprenden dos causales diferentes del recurso, que debieron ser formuladas en forma separada e independiente; b) en la explicación se alude a los artículos 3 del Código Procesal Civil, 22 párrafo segundo del Decreto No. 12-2000 del 5 de mayo del año 2000, 2 reformado del Decreto 150-88, publicado en La Gaceta No. 25,717 el 27 de diciembre de 1988 y 11 del Decreto 12-2000 que creó la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en su formulación; y, c) siendo el desarrollo del cargo un simple alegato de instancia de situaciones que ya fueron dilucidadas por medio de una sentencia interlocutoria de defensas previas, mediante la cual fue decidido la inadmisibilidad de las mismas.

III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “Acuso a la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el trece de agosto del dos mil quince, de ser violatoria de normas sustantivas nacionales por infracción directa del artículo 25 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación al artículo 35 del Acuerdo 1036 de fecha 5 de septiembre del año 2000 que se desprende del Decreto 12-2000, tal como reza la motivación en su primer considerando del Acuerdo 1036-00 publicado el 5 de septiembre del año 2000. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este segundo motivo de casación encuentra su marco jurídico en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil que dice: Que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. Cuando la Honorable Corte de lo Contencioso Administrativo en su fallo de fecha trece de agosto del dos mil quince, deja expuesto que el marco jurídico cuando se canceló al demandante, es el Régimen el Servicio Civil y su Reglamento, porque según la Corte de Apelaciones no estaba vigente el Reglamento, lo cual es absolutamente falso, porque el Acuerdo 1036 de PRONADERS se publicó el 5 de septiembre del año 2000, y el artículo 35 establece la libre remoción del personal, no menciona en ningún aspecto dicho Acuerdo, que el procedimiento debe estar comprendido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento; con lo cual, al seguir la doctrina apegada a lo antes expuesto, don Enrique Arambulá Durán sostiene que: La violación directa de la ley, parte de la base de que la sentencia no aplicó las normas que regula el caso debatido y establecido en el proceso, ó que la aplique a hecho no demostrado para que haga producir efectos contrarios a la norma, ó no deduzca las consecuencias en ella previstas. Según el ilustre Tratadista don Enrique Arambulá Durán, que ésta clase de género de violación, es ante todo la actitud manifiesta rebeldía del sentenciador contra las normas legales, ó de abuso o desacierto en su aplicación, como cuando, por ejemplo estando acreditado el contrato de trabajo en el proceso, deja de aplicar la norma que lo regula, con todas sus consecuencias, ó se le aplica no estando comprobada. En términos sencillos, al dejar de aplicar las normas que corresponden al presente caso, existe la infracción directa del artículo 25 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que ya le indica a los tribunales de lo Contencioso que la defensa de las entidades estatales se regirán por los que dispongan sus leyes especiales ó sus respectivas leyes orgánicas, y no por la Ley y Reglamento del Servicio Civil.”.- IV. Que el anterior cargo tampoco resulta admisible en razón de lo siguiente: a) que la disposición señalada como infringida es de carácter estrictamente procesal y por ello no concuerda con el tipo de infracción alegada, que se refiere a la falta de aplicación de una norma de derecho empleada para la resolución del fondo del litigio; y, b) en el desarrollo se realizan alegatos de situaciones que ya fueron dilucidadas por medio de una sentencia interlocutoria de Defensas Previas.- V.- Que el Recurrente fundamenta su tercer motivo, manifestando lo siguiente: “Se acusa la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el trece de agosto del dos mil quince, por error de hecho, consistente en la falta de apreciación de las pruebas DOCUMENTALES. Dicho motivo lo enmarcamos dentro del artículo 719 en el numeral 1) literales b) y c) del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 68 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y artículos 2 reformado por Decreto 150-88, publicado el 27 de diciembre de 1988, 3 reformado por Decreto 150-88 y 137-89, publicado el 28 de septiembre de 1988 de la Ley de Servicio Civil, y 21 numeral 14) del Reglamento de dicha ley. Se detallan las pruebas documentales siguientes: a) Acta de Fecha 28 de septiembre del año 2009, mediante la cual el demandante se rehusó a firmar y no aceptó el Acuerdo de Cancelación; b) El Acuerdo No.O11-08 con fecha 30 de septiembre del año 2008, firmado por el Ingeniero Angel Murillo Selva, Director Ejecutivo de DINADERS; c) Acuerdo No.008-09 de fecha 28 de septiembre del 2009, firmado por el Ingeniero Ramón Chacón Ferrufino, Director Ejecutivo de DINADERS. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1), literal c) del Código Procesal Civil, en cuanto al contenido de la sentencia, al no haber considerado las pruebas aportadas al presente juicio. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. ¿Cuándo entendemos que existe el error de hecho?, cuando el sentenciador deja de apreciar en su valor jurídico los documentos que se detallan: a) El Acta de fecha 28 de septiembre del 2009, mediante la cual se comprueba Honorables Magistrados, que el demandante JOSE FRANCISCO PINEDA CORDON, se rehusó a firmar el Acuerdo de Cancelación, éste documento tiene un valor indubitable y de carácter público, que no fue impugnado por la parte demandante, y que está firmado por el Ingeniero Ramón Chacón Ferrufino, Director Ejecutivo DINADERS, Abog. Ruth Contreras Dubón, Asesor Legal DINADERS, por el Gerente Administrativo DINADERS, por el Jefe de Recursos Humanos DINADERS; el objeto es que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, sostiene en su considerando tres (3), que el demandante se negó a recibir su Cancelación de despido y que al notificarlo ya era un acto administrativo sujeto de ser impugnado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo un requisito que presentara la Certificación del Acuerdo, ó en el caso que nos ocupa, una fotocopia debidamente autenticada. Cuando emprendemos una acción de carácter judicial, debemos acompañar a la demanda el acto impugnado, y lo que hizo el demandante fue presentar una fotocopia desnaturalizada, y después el tribunal ordenó la subsanación, y lo que hizo el apoderado demandante fue autenticar dicha fotocopia; cabe destacar que al hacerlo, entendemos por sentido general que el acto administrativo no fue consumado, no se demostró que el demandante le hubieren notificado personalmente la cancelación del cargo por cesantía. b) Se le demostró al tribunal de primera instancia y que la Honorable Corte de Apelaciones al confirmar el fallo hace propio el del Juzgado, al haber presentado el Acuerdo No.011-08 con fecha 30 del mes de septiembre del año 2008, firmado por el Director Ejecutivo, Ángel Murillo Selva, cuando este ya no estaba ejercitando dicha dirección. c) Acuerdo 008-09 de fecha 28 de septiembre del 2009! mediante el cual se le iba a notificar al demandante su cancelación por cesantía, y como no lo recibió, no se consolida el acto administrativo, a pesar que la Corte de Apelaciones, así lo manifiesta y sin ningún fundamento legal, de que el acto administrativo es objeto de impugnación, aún sin estar notificado.”.- VI.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) se omite la disposición que se considera violada y el concepto de la infracción, ya que el que indica no es propio de esta materia; y, c) se realizan alegatos propios de instancia.- VII. Que en el cuarto motivo se aduce: “Se acusa la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el trece de agosto del dos mil quince, por error de hecho, consistente en la falta de apreciación de las pruebas DOCUMENTALES. Dicho motivo lo enmarcamos dentro del artículo 719 en el numeral 1) literales b) y c) del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 68 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y artículos 2 reformado, 3 reformado de la Ley de Servicio Civil y 21 numeral 14) del Reglamento de dicha ley. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1), literal c) del Código Procesal Civil, en cuanto al contenido de la sentencia, al no haber considerado las pruebas aportadas al presente juicio. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. Este motivo de casación igual que el anterior, la ley es violentada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su fallo dictado el trece de agosto del año dos mil quince para hacer una relación sintética de los antecedentes de hecho, en el considerando uno (1), no me explico cómo se puede anular un acto administrativo sin haberse notificado; como asimismo sin haberse notificado, se expresa que se haya prescindido del procedimiento de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. En el considerando dos (2), la Corte de lo Contencioso reconoce que no existió un Acuerdo de Cancelación original, sino primero una fotocopia y segundo otra fotocopia autenticada, además se refiere a la opinión del Consejo del Servicio Civil que es un documento indubitable y público, en cuanto confirma que PRONADERS /DINADERS, no se encuentran contemplada dentro del Régimen de Servicio Civil, por lo cual no tiene que comparecer a este Consejo, solicitando dictamen para cancelar a sus empleados. Así lo establece el oficio de fecha 10 de junio del 2013 que la Presidenta del Consejo de Servicio Civil, María Nieves Argueta Cruz, le notifica a la Licenciada Tannia R. Castillo, Secretaria por Ley del Juzgado de Letras de lo Contencioso; por si acaso el documento no se encuentra, se vuelve a presentar adjunto al presente Recurso de Casación. Anteriormente, el Consejo del Servicio Civil mediante Oficio NO.-NP-097-09, agosto del 2009, le notificó al Licenciado Ramón Chacón Ferrufino, Director Ejecutivo DINADERS, por intermedio de la Dirección General del Servicio Civil, que DINADERS y FONADERS, independientemente de su categoría no están regulados por la Ley del Servicio Civil. La contradicción del tribunal de primera instancia como la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al confirmar el fallo, es que le dan valor jurídico a un acto que no se consumó; que no existió. Otro aspecto vulnerable, según la Corte de lo Contencioso, es que DINADERS no siguió el procedimiento de cancelación ante el Consejo del Servicio Civil, y por último, la indebida fotocopia autenticada que le da un valor absoluto para poder declarar la acción CON LUGAR; nunca repararon en los formalismos de los documentos señalados, y por si acaso, se vuelven acompañar al presente recurso; las contradicciones de la Magistrada ponente Abogada RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, nos vuelve a dejar con el concepto de que cualquier trabajador le gana fácilmente al Estado los juicios, pero son los fallos que se dictan, quizás por un interés político, se desborda, no tomando en cuenta los argumentos legales, ni mucho menos las pruebas aportadas, como también al hacer relación del Reglamento Interno de PRONADERS en el considerando siete (7), la Magistrada expresa, que este fue aprobado hasta en el año 2010; de allí los graves errores y contradicciones de la Corte de Apelaciones en relación al Acuerdo No.008-09, el que no fue notificado al demandante, por lo que jurídicamente no existe un acto que se pueda impugnar.. Se presenta el Decreto Legislativo Número 12-2000, mediante el cual nace PRONADERS, DINADERS y FONADERS, cada institución con su propia administración y autonomía, y el Reglamento que se le cita es el 1036-00 de fecha 02 de agosto del año 2000, es decir nueve (9) años pasaron de vigencia, cuando el trabajador abandonó su trabajo.”.- VIII.- Que al igual que en el tercer motivo el Censor incurre en los mismos defectos técnicos, a saber: a) se insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración de la prueba, lo cual le es vedado a este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) se omite la disposición que se considera violada y el concepto de la infracción, ya que el que indica no es propio de esta materia; y, c) se realizan alegatos propios de instancia. Por ende el cargo de mérito resulta inadmisible.- IX. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación válida, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- XI.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece, que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h) numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:

  1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en sus cuatro motivos. 2) DECLARAR FIRME la resolución recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de enero del dos mil diecisiete; certificación de la resolución de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 544-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA

LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO