Sentencia CA-544-14 — Registro 5969
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia interlocutoria declarando desestimar el alegato de defensa previa consistente en que la demanda contiene defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto establecido en el artículo 80 letra e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en segunda instancia se confirma
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) la causal invocada en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales en la adecuación del procedimiento amparada en el artículo 719.1 letra a) del Código Procesal Civil, no tiene relación con el tema de la incongruencia del fallo, ya que dicha situación debió ser expuesta con base al literal c) de dicha disposición sobre la forma y contenido de la sentencia; b) al atacar por aplicación indebida la sentencia de segundo grado es necesario señalarle al Tribunal cual fue la norma que debió haberse aplicado en su sustitución conforme a la técnica casacional; c) en la explicación aduce a otras normas no señaladas en la formulación del motivo, como ser los artículos 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos y 200 numerales 1) y 2) letras b) y c) del Código Procesal Civil; y, d) realiza alegatos propios de instancia.."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de mayo de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrentes: los señores FELIPE CANELAS y NOÉ LÓPEZ MEJÍA, representados en juicio por la Abogada ERMELINDA CASTELLÓN MAURIZ; y, Recurrido: el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), representado en juicio por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAÍNEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contenciosa administrativa, para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo, por no ser conforme a derecho, por infringirse el ordenamiento jurídico y quebrantarse las formalidades esenciales del procedimiento haberse dictado con exceso y deviación de poder, se reconozca una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento y reconocimiento, se adopten las medidas necesarias siguientes: que se condene a la parte demandada a restituir o en su defecto a pagar un volumen de 15,000 m3 de madera de la especie pino, la que estaban destinadas para ser aprovechadas y procesadas, tomando como base el valor por cada metro cubico de las últimas subastas que ha adjudicado la AFE COHDEFOR hoy INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, el pago de una indemnización de daños y perjuicios, que comprenden lucro cesante y daño emergente, más los gastos incurridos en la preparación de los planes de manejo y planes operativos por cuenta de los demandantes, así como los intereses comerciales autorizados por el Banco Central de Honduras, los que deberán ser calculados desde la fecha 10 de marzo del año 2008, en vista que mediante resolución número GG-MP-0412008, firmada por el Ingeniero Santos Edgardo Cruz, Subdirector de Desarrollo Forestal; anuló los planes de manejo y operativo y su respectivo adendum n° gg-015-2000, en la que se aprobó el plan de manejo con registro bp-J5-002-2000-II y consecuentemente la resolución, plan operativo anual n° J5-003-2007, las que estaban firmes, consentidas y creadoras de derechos subjetivos concretos a favor de los interesados, hasta la fecha que se restituya la madera o efectué el pago reclamado, por haber incurrido en actos y omisiones en que interviene genero de culpa y negligencia de los funcionarios que rectoraban la anterior administración de la AFE COHDEFOR hoy ICF, quienes actuando con exceso y deviación de poder autorizaron el aprovechamiento de dicha madera en pie en el sitio privado denominado “Chindona” ubicado en el Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho, a la Cooperativa Mixta Gualaco Limitada (COMIGUL) como si fuera sitio nacional aún siendo dicho sitio de naturaleza privada y de su propiedad legitima, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de septiembre del año dos mil diez, por los señores FELIPE CANELAS y NOÉ LÓPEZ MEJÍA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción que de conformidad al instrumento No.2 extendido en la ciudad de Juticalpa, en fecha 14 de enero de 1998, ante los oficios del Notario Carlos Rodolfo Madrid Cruz, donde consta que el señor Noé López Mejía obtuvo mediante compra-venta del señor Felipe Canales, 2 caballerías de derecho de tierra, ubicados en el Sitio denominado Chindona, Jurisdicción del Municipio de Gualaco, en el Departamento de Olancho, inscrito bajo el número 64 del tomo 465 del Registro de La Propiedad de Olancho, según Constancia de Libertad de gravamen del asiento N° 64 torno 465, extendida por el Registro de la Propiedad de Olancho, en fecha 26 de febrero de 1998, en la que consta que el inmueble inscrito a favor del Señor Noé López Mejía, se encuentre libre de todo gravamen, con Certificación íntegra del asiento número 64 tomo 465 extendido por Registro de la Propiedad de Olancho, en fecha 20 de febrero de 1998, dicho asiento no presenta notas marginales, con certificación extendida por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, del Departamento de Olancho, en fecha 23 de septiembre de 1997, en la que declara heredero Ab Intestato al señor Felipe Canelas de los bienes dejados por derecho de transmisión de su abuela Desideria Canelas, las dejadas a ésta por su padre Tomas Canelas y los dejados a éste por su padre Gregorio Canelas, mediante resolución N°.GG015-2000 de la Gerencia General de la AFE COHDEFOR, de fecha 25 de enero del año 2000, en el Expediente Con Registro Número BP-J5-002-2000-I, aprobó el plan de manejo, del terreno denominado CHINDONA, Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho, presentado por el Abogado Carlos Madrid en representación del señor Noé López Mejía, fue en base a los dictámenes técnicos, revisiones de campo, criterios recomendaciones de la regional de Olancho este, según memorandum Número D-RFOE-0l6-2000 de fecha 13 de enero del año 2000, departamento de manejo de bosques, dictamen TT-AL- 1566-98 emitido por la asesora legal y en aplicación de las leyes y Reglamentos Forestales Vigentes resolvió aprobar el plan de manejo con una superficie de 412.5 hectáreas, el cual tendría una corta anual permisible de 2,879.6 M3 por año previo autorización de la AFE COHDEFOR, seguidamente La Gerencia General de La AFE COHDEFOR, y que comprendía el quinquenio 1999 al año 2003, mediante Resolución número GG-0l5-2000 en el expediente con registro Número RP-l6-002-2000-IL, y basándose en los dictámenes técnicos, revisiones de campo, criterios y recomendaciones de La Dirección Regional de Olancho, según memorandum número RFO-D-04112006 de fecha 03/02/2006, Memorandum del departamento de Desarrollo Productivo Numero DDP-656-2006 de fecha 13/06/2006, dictamen TT-AL-1566198, memorandum número AL-163-2006 emitidos por Asesor Legal dictamen técnico, de ubicación número DGIG-0085--2006 emitido por el Departamento de Gestión de Información Gerencial (DGIG, en el cual no se manifiestan conflictos con áreas protegidas y micro cuencas legalmente declaradas en cumplimiento a lo estipulado en la resolución Número GG-MP-002-2005 en aplicación de las leyes y reglamentos forestales vigentes resolvió: aprobar el Adendum al plan de manejo del expediente con registro BP-15-002-2000-II del Sitio CHINDONA inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Departamento de Olancho, bajo el número 61 y 64 tomos 463 y 465 con una superficie a manejar de 418. 81 hectáreas, con un crecimiento de 2,057.M3/ año y que comprende el quinquenio del año 2006 al año 2010. Dichas Resoluciones ya estaban firmes, consentidas y creadoras de derechos subjetivos a su favor. Resulta que la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal AFE COHDEFOR hoy INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) Infringiendo el ordenamiento jurídico, quebrantando las formalidades esenciales del procedimiento, con exceso y desviación de poder, en fecha 10 de marzo del año 2008, emitió la RESOLUCION NUMERO GG-MP-04-2008, firmada por el Ingeniero Santos Edgardo Cruz, Sub Director de Desarrollo FORESTAL; MEDIANTE LA CUAL ANULO LOS PLANES DE MANEJO Y OPERATIVO Y SU REPECTIVO ADENDUM N° GG-015-2000, EN LA QUE SE APROBO EL PLAN DE MANEJO CON REGISTRO BP-15-002-2008-II CONSECUENTEMENTE LA RESOLUCION, PLAN OPERATIVO ANUAL N° J5-003-0007, las que estaban firmes, consentidas y creadoras de derechos subjetivos concretos a su favor, desconociendo las autoridades anteriores que cuando un órgano o entidad que forma parte de la administración Pública o esté interesada en la anulación de un acto propio firme generador de derechos subjetivos, no los puede anular de oficio y solo podrá anular aquellos actos que no reconozcan o declaren derechos subjetivos a los particulares y podrán ser anulados por la administración en cualquier momento y sin sujetarse a procedimiento alguno; pero aquellos actos que van a lesionar derechos subjetivos de los particulares solamente se pueden anular en aplicación del artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece: que la declaración de nulidad de los actos nulos de pleno derecho, se hará de oficio y en cualquier momento por el órgano que dicta el acto por el superior previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (PGR), en el presente caso se omitió dicho procedimiento. Además en dicho procedimiento la AFE COHDEFOR anuló dichas resoluciones de manera unilateral sin participar los afectados en dicho procedimiento, lo que vulnera el derecho de defensa y el justo y debido proceso ya que nadie puede ser condenado sin observarse la garantía del debido proceso como ser el derecho a ser oído y derecho a ofrecer y producir pruebas. Ya que esto consiste en la posibilidad que el administrado puede ser escuchado sus razones alegaciones en su momento oportuno ante el órgano administrativo respectivo, derecho que, podrá usar sin más limitaciones que las que resulten impuestas por el decoro y buen orden del procedimiento. Y para que este derecho sea efectivo es preciso que el administrado conozca las actuaciones, la que se concreta en la vista de las actuaciones administrativas como consecuencia rige el principia General de la obligación de exhibir al administrado en forma concreta las actuaciones. Resulta que la AFE COHDEFOR hoy ICF, en fecha 24 de septiembre del año 2004, suscribió un contrato de negociación de venta directa N° BN-10485- 2004 con el nombre del Plan de Manejo de Gualaco con la Cooperativa Mixta Gualaco representada por el señor ERMINLO FERNANDEZ, par la cantidad de 94,419 M3 de madera de pino en pie a un precio de Lps. 262.201M3 ascendiendo el valor total de la venta de Lps. 247,566.62 ingreso monetario a favor de La AFE, COHDEFOR.- Desde que fue de su conocimiento, que se extrajo madera de pino en pie mediante contrato BN-10485-2004, autorizado por la AFE COHDEFOR a dicha cooperativa en su inmueble, como si fuera sitio nacional se presentaron una serie de escritos ante esa institución solicitando se les repusiera el volumen exacto de la propiedad, autorizados ilegalmente por dicha institución y al no tener respuestas positivas o conciliatorias por parte de la AFE COHOEFOR.- Que de la Resolución GG-Mp042-2008 de fecha 10 de marzo del año 2008, dictamen técnico CIEF-0530-2007 de fecha 29 de noviembre del año 2007, en el cual describe, que este plan de manejo se encuentra un 60% en terrena nacional, 40% en sitio privado, se encuentra ubicado en el Municipio de Gualaco Departamento de Olancho, la anulación del plan de manejo Registro No. BP-J-002-20008-U y Plan Operativo Anual No. J-5-003-2007, en el Sitio de su propiedad, denominado “CHINDONA” Jurisdicción de Gualaco, Departamento de Olancho, aprobado con un volumen bajo manejo de 46,767.95 M3 con una cuota anual permisible do 2,057.00 M3, donde se desprendió que la institución demandada ha cometido un evidente abuso de autoridad, ya que la ley no tiene efecto retroactivo tal como se describe en al artículo No. 96 de la Constitución de la República, ya que anular la Resolución GG-OTH-2000 y su adendum en la que se aprueba el Plan de Manejo Registro No. BP-J5-002-2008- II y Plan Operativo Anual No. J5-002-2000-II, mediante Resolución GG-MP-042-008 de fecha diez de marzo del año dos mil ocho, se obvió el debido proceso administrativo y Ley Forestal vigente en ese entonces, en virtud de que la Resolución GG-015-2000, es FIRME y CONSENTIDA desde el momento que el apoderado legal en ese entonces se notificó de la misma, de acuerdo a lo ya establecido en el artículo No. 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que anular las resoluciones antes descritas conlleva responsabilidades Administrativas, civiles y penales del funcionario o empleado que ordena a suscribir la misma- Ya que no se puede anular una Resolución que fue emitida en el año 2008 y con la cual se realizaron aprovechamientos forestales con sus respectivos planes operativos aprobados por la AFE-COHDEFOR, y es más la misma institución aprueba la readecuación del mismo Plan do Manejo mediante adendum o resolución GG-015-2000 en techa trece de junio del año dos mil seis, en su segundo quinquenio con una vigencia hasta el 13 de julio del año dos mil once (2011).- Y para que La AFE-COHDEFOR pudiera ANULAR esta Resolución debía someterla al órgano superior jerárquico competente en este caso al Consejo Directivo de esa institución en aquel entonces, tal y coma se describe en el artículo N°.122 de la Ley de Procedimiento Administrativo y previo dictamen de la Procuraduría General de la República, tal como lo ordena el artículo 119 de la antes referida ley, lo cual no fue así, ya que dicha institución con evidente exceso y desviación de poder, decidió de manera arbitraria y de forma unilateral sin la participación de los afectados anular la misma con la Resolución GG-MP042-2008 de fecha diez de mazo del año dos mil ocho, sin sujetarse a lo ya establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo para estos actos en materia de declaración de nulidad, es por la cual que con este acto perjudicial a sus intereses los conlleva a solicitar las INDEMNIZACIONES correspondiente y ya establecida en el artículo No. 123 de La Ley de Procedimiento Administrativo.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), contestó la demanda rechazando los hechos alegados por la parte demandante, pues la resolución impugnada declaró sin lugar el reclamo administrativo presentado, el cual se encontraba firme así como gozaba de la presunción de legitimidad.- 3.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) interpuso en fecha dieciocho de mayo del año dos mil once, escrito de defensas previas, alegando no haber sido recurrido en tiempo y forma, actos consentidos expresamente y confirmatorios de actos firmes, defensa consignada en el artículo 31 letra a) en relación con los artículos 63 letra a) y 80 letra c), pues la parte litigante presentó un reclamo de daños y perjuicios por la anulación del plan de manejo BP-J5-002-2000-II y plan operativo anula número J-5-003-2007, y siendo que la resolución citada fue notificada el 1 de abril del 2008, al momento de la presentación de la demanda, el mismo se encontraba firme, ya que no interpuso contra el mismo ningún recurso ordinario y al no haberlo hecho, se produce el consentimiento del acto y con ello su plena eficacia, el presente caso esta defensa previa se enmarca en lo establecido en el artículo 31 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que ha operado por parte del particular un consentimiento del acto tal como ha operado en este caso la resolución GG-MP-042-2008, asimismo alegó que mediante decreto legislativo 17-2010 de fecha 28 de marzo de 2010, se promulgó la Ley de Fortalecimiento de los ingresos, equidad social y racionalización del gasto público, en la cual en su artículo 64 dispone que las demandas incoadas en contra del Estado de Honduras, su representante para efectos de citaciones se harán por medio de la Procuraduría General de la República, en consecuencia el Director Ejecutivo del ICF no ostenta representación legal alguna para poder ser nominado o considerado como parte demandada en un juicio.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de octubre del año dos mil trece, dictó sentencia interlocutoria declarando: a) desestimar el alegato de defensa previa consistente en a) que la presente demanda contiene defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto establecido en el artículo 80 letra e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por INEXISTENTE, declarar con lugar las defensas previas, consistentes en : a) que el acto administrativo impugnado es firme, b) que el acto administrativo es un acto confirmatorio de un acto firme consentido, c) que el acto administrativo es reproducción de otros anteriores ya definidos o firmes, todos establecidos en el artículo 31 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, declaró la inadmisibilidad de la presente demanda, promovida por los señores Felipe Canelas y Noé López Mejía, en contra el ICF, por existir causales de inadmisibilidad descritas en la sentencia interlocutoria. Sin Costas. Criterio: del análisis tanto de lo manifestado por la parte incidentista como incidentada, y de los documentos de merito y en lo que respecta a la Defensa Previa consistente EN QUE EL ACTO ES FIRME, EN VIRTUD DE NO HABERSE RECURRIDO EN TIEMPO Y FORMA, este suscrito es del criterio que en vista que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 02 de febrero del 2012 a otorgado el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, en su condición de apoderado legal de la parte demandada Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), hace evidente que la presente defensa previa se debe declarar con lugar, en virtud de constar en autos que el génesis de la reclamación administrativa del demandante la motiva una resolución administrativa por parte de la autoridad gubernamental demandada, que anula una anterior decisión administrativa que le otorga un derecho al demandante y esta última resolución administrativa no fue impugnada por la parte actora, ya que consta que la misma fue notificada el 01 de abril del 2008, sin que el afectado por la misma interpusiera recurso alguno contra dicha actuación administrativa, por consiguiente adquirió el carácter de firme y consentida por la parte actora.- Que de igual manera y siendo que el acto administrativo que se impugna es firme al haberse consentido, por tanto hace que también existan los otros alegatos de defensa previa y que consisten en que la demanda se ha dirigido en contra de un acto administrativo confirmatorio de un acto firme y que el acto sea reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes, en cuanto a la Defensa Previa, consistente en DEFECTO FORMAL QUE IMPIDE VERTER PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO, este suscrito considera que en el presente caso de autos, es inexistente, en vista que si bien es cierto la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, establece que para efectos de la defensa legal de los intereses del Estado en los diferentes juicios o demandas incoadas en su contra, a partir de la vigencia de la misma, la Procuraduría General de la República, asumirá la representación legal de todas las Instituciones del Gobierno Central, incluyendo los órganos desconcentrados, como lo es el caso de la demandada; no es menos cierto, que el hecho de haberse emplazado al representante legal de dicha institución en virtud de su Ley, sea este, un defecto de forma que impida verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, ya que el fallo puede emitirse sin confusión, ya sea que se emplace a la Procuradora General de la República o al Representante Legal de la parte demandada, ya que en el mismo se declarará procedente o improcedente la acción, según sea el caso, anulándose el Acto Administrativo Impugnado condenando al Estado de Honduras a través del Instituto Nacional Conservación y Desarrollo Forestal, Aéreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) o por el contrario confirmando dicho acto, debiéndose librar la comunicación respectiva a dicho instituto para su conocimiento, teniendo aún la Representación Legal de la demandada el Director Ejecutivo, ya que la Representación Legal la asume la Procuraduría General de la República, únicamente para efectos de la defensa legal de los intereses del Estado en los diferentes juicios o demandas incoadas en su contra, en consecuencia, no existe ningún defecto que impida verter pronunciamiento en las presentes diligencias, lo que hace que este alegato de defensa previa, sea inexistente.- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha doce de junio del año dos mil catorce, dictó sentencia confirmando, la proferida por el a-quo; bajo el criterio que existe la causa de inadmisibilidad señalada en la sentencia de amparo recibida en consulta obligatoria.- 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada ERMELINDA CASTELLÓN MAURIZ, en fecha veinticuatro de junio del año dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha doce de junio del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.224-14, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.195-12 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha siete de agosto del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la recurrida, Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, presentó en fecha seis de octubre del año dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha ocho de octubre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintidós de octubre del año dos mil catorce, los Abogados ERMELINDA CASTELLÓN MAURIZ y JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diez de noviembre del año dos mil catorce, teniendo por personados a los Abogados ERMELINDA CASTELLÓN MAURIZ, como recurrente y JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, como recurrida, en consecuencia sígase con el trámite legal correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “CONSISTE EN LA APLICACION E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA ADECUACION DEL PROCEDIMIENTO. Este motivo se sustenta en el Articulo 719.1 letra a) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales en la adecuación del procedimiento, en cuanto a la aplicación indebida del Articulo 35 que literalmente dice “LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUZGARA DENTRO DE LOS LIMITES DE LAS PRETENSIONES FORMULADAS POR LAS PARTES Y DE LAS ALEGACIONES DEDUCIDAS PARA FUNDAMENTAR LA ACCION Y LA OPOSICION.” Y En relación con el articulo 31 letra a) de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que dice “NO SE ADMITIRA LA ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA RESPECTO DE: LOS ACTOS FIRMES, ES DECIR AQUELLOS QUE NO HUBIEREN SIDO RECURRIDOS EN TIEMPO Y FORMA O QUE HUBIEREN SIDO CONSENTIDOS EXPRESAMENTE, Y LOS CONFIRMATORIOS DE LOS ACTOS FIRMES CONSENTIDOS, ASI COMO LOS QUE SEAN REPRODUCCION DE OTROS ANTERIORES, YA DEFINITIVOS O FIRMES. Que la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo al artículo 35 de la ley, juzgara dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición, no obstante, si el tribunal, dentro del plazo para dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa, lo someterá mediante providencia en la que, advirtiendo que no prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo de ocho días hábiles para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo” La Corte de Apelaciones Sentenciadora, infringiendo la disposición anteriormente citada, dispone, mediante la sentencia recurrida en Casación, FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso De Apelación interpuesto por la Abogada ERMELINDA CASTELLON MAURIZ, en su condición de Apoderada Legal de los Señores: FELIPE CANELAS Y NOE LOPEZ MEJIA; SEGUNDO: Confirmar la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en fecha 29 de octubre del año 2013, y que corre agregadas a folios números 289 al folio 295 inclusive de la pieza separada de Defensas Previas, con dicha sentencia se le puso término al pleito en segunda instancia en un proceso contencioso administrativo, la que está viciada de nulidad por no ser clara, precisa, exhaustiva ni congruente.- Que la sentencia de la cual estoy interponiendo y formalizando el Recurso de Casación y por extensión la dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, no se encuentran ajustadas a derecho PORQUE LA CORTE DE APELACIONES COMO SEGUNDA INSTANCIA HIZO SUYOS LOS ALEGATOS QUE FUERON DEDUCIDOS EN PRIMERA INSTANCIA, para confirmar la sentencia que dictó el Juzgador de primera instancia quien puso fin at proceso declarando con lugar la Defensa Previa consistente en: a) Que el acto administrativo impugnado en la presente demanda es firme. b) Que el acto administrativo es un acto confirmatorio de un acto firme consentido. Y C) Que el acto administrativo es reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes, todos establecidos en el articulo 31 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por 10 manifestado en el considerando 3) de la presente sentencia interlocutoria y a la vez declaro la inadmisibilidad de la presente demanda promovida por los Señores; FELIPE CANELAS Y NOE LOPEZ MEJIA, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). Como puede ser posible que la parte incidentista al presentar sus defensas previas en el Juzgado de primera instancia lo hizo de una manera general donde en la misma causa existen tres motivos de defensas previas como ser: a.- ACTO FIRME EN VIRTUD DE NO HABER SIDO RECURRIDO EN TIEMPO Y FORMA b.- ACTOS CONSENTIDOS EXPRESAMENTE c.- ACTOS CONFIRMATORIOS DE ACTOS FIRME; en primer lugar el incidentista presentó esta DEFENSA PREVIA, como si fuera una sola desconociendo que en la misma habla tres tipos de actos de la cuales en su planteamiento de alegaciones no desarrollo ninguna. Y para ilustración de esa Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo hacemos las distinciones de cada una de ellas. a.- EN CUANTO A QUE EL ACTO ES FIRME EN VIRTUD DE NO HABER SIDO RECURRIDO EN TIEMPO Y FORMA: El incidentista está faltando a la verdad, porque si consta en autos que el acto administrativo impugnado fue recurrido en tiempo y forma tal como está acreditado con los documentos que obran juntos con el escrito de demanda. b.- EN CUANTO A LOS ACTOS CONSENTIDOS EXPRESAMENTE Y CONFIRMATORIOS DE ACTOS FIRMES también está faltando a la verdad porque esto se desvaneció de la siguiente manera: Porque hay diferencia entre actos confirmatorios de actos firmes y actos que son reproducción de actos firmes., para el caso los actos confirmatorios de actos firmes son los que se emiten para confirmar un acto fume, es decir cuando se deniega una petición porque lo solicitado ya fue denegado al mismo peticionario o concedido parcialmente en un acto firme anterior, o cuando no se admite un recurso porque se ha interpuesto fuera de los plazos establecidos en la ley para ello. c.- Y LOS ACTOS QUE SON REPRODUCCION DE ACTOS ANTERIORES FIRMES, son aquellos que se producen cuando el órgano se pronuncia por segunda vez en el mismo sentido sobre una cuestión ya resuelta anteriormente por el mismo Órgano., pero debe de haber una identidad entre el acto firme y el acto que lo confirma o lo reproduce, ya que Si el fundamento de estos actos es evitar que se reviva una cuestión ya decidida en acto definitivo por el mismo órgano, lógico es, entonces, que entre el acto firme y el acto que es confirmatorio de éste o que es su reproducción, debe haber una perfecta identidad, en vista que el acto posterior debe limitarse efectivamente, a confirmar o reproducir el acto firme, es decir, deben ser idénticos. Solo así se justifica la impugnabilidad del acto posterior que simplemente confirma o reproduce el acto firme. Además que la justificación de la impugnabilidad de ambos actos, por tanto, se encuentra en la perfecta identidad que se da entre el acto firme y el acto posterior, ya que este se limita a confirmar o reproducir el primero. No obstante, es importante advertir que la identidad no debe entenderse en forma grafica, en efecto, en el acto confirmatorio, por ejemplo, no es preciso que reproduzca literalmente el acto firme, basta que se exprese que no se concede lo solicitado en virtud de que ya ha sido resuelto en un acto que ha adquirido el carácter de firme, 0 bien se declare que no se admita un recurso por haberse interpuesto fuera del plazo legal para ello, lo que se confirma, desde luego, es lo que el acto contiene. En otro orden de ideas tenemos que el acto que es reproducción del acto firme, tampoco se exige la reproducción literal de este, aunque podría darse tal reproducción, en todo caso, lo importante es que se produzca una igualdad en esencia, es decir, en lo que el acto contiene, porque la identidad de ambos actos con el acto firme, debe ser en lo siguiente., en los sujetos, en lo que se pide y en los motivos o causa. En cuanto a la IDENTIDAD EN LOS SUJETOS, para que exista identidad en los sujetos, significa que debe ser la misma persona, tanto en el acto firme como en el posterior que lo confirma o reproduce, la peticionaria o el recurrente. En cuanto a la IDENTIDAD EN LO QUE SE PIDE., la identidad en lo que se pide, significa que tanto en el acto firme como en el posterior, lo pedido sea exactamente lo mismo., no basta entonces, que se dé la identidad en los sujetos. También es imprescindible que se dé también la identidad en la petición. Y en cuanto a la IDENTIDAD EN LOS MOTIVOS O CAUSA., ambos actos, tanto el firme como el posterior que lo confirma o reproduce, deben sustentarse en los mismos hechos, antecedentes y derecho aplicable., ya que el acto posterior, entonces, debe sustentarse en el mismo hecho o antecedente que le sirvió de causa al acto firme, igualmente debe sustentarse en el mismo precepto legal que le sirvió de motivo al acto firme, ya que cualquier variación, evita que surja la identidad en los motivos o causa entre ambos actos. Con lo antes relacionado, se confirma que hay diferencia entre el acto confirmatorio, de actos firmes y de actos que son reproducción de actos firmes y por lo tanto no hay la misma identidad entre el acto firme y el acto que lo confirma y el que lo reproduce., en cuanto al fundamento de estos actos las peticiones son distintas y que ya fueron resueltas mediante actos definitivos y hay diferencia en la identidad de los sujetos en la identidad de lo que se pide y en la identidad de los motivos y causas., por lo tanto esta causa de defensa previa es inútil e improcedente. Y como para ilustración de este Tribunal es de mucha importancia indicarle con precisión lo siguiente: Que para aclaración del Tribunal. Resulta que La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal AFE COHDEFOR hoy INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). Infringiendo el ordenamiento jurídico, quebrantando las formalidades esenciales del procedimiento, con exceso y deviación de poder, en fecha 10 de marzo del año 2008, Emitió la RESOLUCION NUMERO GG-MP-042-2008, firmada por el Ingeniero SANTOS EDGARDO CRUZ, SUBDIRECTOR DE DESARROLLO FORESTAL; MEDIANTE LA CUAL ANULO LOS PLANES DE MANEJO Y OPERATIVO Y SU REPECTIVO ADENDUM N° GG-015-2000, EN LA QUE SE APROBO EL PLAN DE MANEJO CON REGISTRO BP-J5-002-2000-II Y CONSECUENTEMENTE LA RESOLUCION, PLAN OPERATIVO ANUAL N° J5- 003-2007, las que estaban firmes, consentidas y creadoras de derechos subjetivos concretos a favor de mis representados. Desconociendo las autoridades anteriores que cuando un Órgano o entidad que forma parte de la administración Pública o esté interesada en la anulación de un acto propio firme y generador de derechos subjetivos, no los puede anular de oficio y solo podrá anular aquellos actos que no reconozcan o declaren derechos subjetivos a los particulares y podrán ser anulados por la administración en cualquier momento y sin sujetarse a procedimiento alguno; PERO AQUELLOS ACTOS QUE VAN A LESIONAR DERECHOS SUBJETIVOS DE LOS PARTICULARES SOLAMENTE SE PUEDEN ANULAR EN APLICACIÔN DEL ARTICULO 119 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO que establece: que la declaración de nulidad de los actos nulos de pleno derecho, se hará de oficio y en cualquier momento por el órgano que dicto el acto o por el superior previo dictamen favorable de Ia Procuraduría General de la República (PGR). en el presente caso se omitió dicho procedimiento. Además en dicho procedimiento la AFE COHDEFOR anulo dichas resoluciones de manera unilateral sin participar los afectados en dicho procedimiento. Lo que vulnera el derecho de defensa y el justo y debido proceso va que nadie puede ser condenado sin observarse la garantía del debido proceso como ser el derecho a ser oído y derecho a ofrecer y producir pruebas. Ya que esto consiste en la posibilidad que el administrado puede ser escuchado sus razones y alegaciones en su momento oportuno ante el Órgano administrativo respectivo, derecho que podrá usar sin más limitaciones que las que resulten impuestas por el decoro y buen orden del procedimiento. Y para que este derecho sea efectivo es preciso que el administrado conozca las actuaciones, lo que se concreta en la vista de las actuaciones administrativas como consecuencia rige el principio general de la obligación de exhibir al administrado en forma concreta las actuaciones. Y NO ES LO QUE SUCEDE EN EL PRESENTE CASO Y QUE EL INCIDENTISTA PRETENDE HACER CREER EN EL JUZGADO Y EN LA CORTE DE APELACIONES, ELLO NO SOLO PORQUE SE ESTE ALEGANDO, SINO PORQUE CONSTA EN AUTOS, tanto en la pieza principal como en los expedientes administrativos acompañados por la parte demandada a esta pieza separada de defensas previas. TAMBIEN SE PUEDE APRECIAR QUE EL PIEZA QUE CORRE EN SEGUNDA INSTANCIA DONDE SE TRAMITO EL AMPARO PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA CONSTA EL DICTAMEN DEL FISCAL EN BASE A LO QUE ORDENA LA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, QUIEN FUE DEL CRITERIO “QUE NO SE OTORGUE EL AMPARO SOLICITADO POR EL IMPETRANTE”. INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. Que con lo anteriormente citado nos llevan a la conclusión, como así consta en autos, de que el juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y la Corte de Apelaciones sentenciadora se pronuncio sobre hechos inexistentes, motivo por el cual dicho Tribunal Ad-Quen violó el procedimiento que el Artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo señala para la emisión de las sentencias; y, si bien es cierto que el Párrafo Segundo de dicho precepto legal confiere a los Jueces y Magistrados del fuero de lo contencioso-administrativo la potestad discrecional de someter al conocimiento de las partes cualesquiera cuestión que, a su juicio, deba ser resuelta en la sentencia aunque las partes no la hayan deducido como pretensión, también es cierto que dicha discrecionalidad está condicionada a que dichos Jueces y Magistrados pongan en conocimiento de las partes las cuestiones que consideren que, aunque no hayan sido debatidas por las partes, deben resolverse en la sentencia, a efecto de que todas las partes se pronuncien sobre dichas cuestiones, condición que no se cumplió en el caso que nos ocupa, pues los Honorables Señores Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, en ningún momento pusieron en conocimiento de las partes en el litigio de mérito que consideraban necesario o conveniente. Como consecuencia, la sentencia recurrida es incongruente con las pretensiones deducidas en el juicio y, al darse tal incongruencia, dicha sentencia está viciada de nulidad porque viola normas procesales (Articulo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo), que son de orden público, y al estar dicho fallo viciado de nulidad se impone como imperativo decretar la nulidad del mismo para adecuar el procedimiento por la vía legal y correcta. También se violento el artículo 200 numero 1) y 2) letra b, c, y d del Código Procesal Civil los que literalmente dicen: las sentencias serán siempre motivadas y contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa la parte dispositiva o fallo. “En los antecedentes de hecho se consignaran, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que la funden que hayan sido alegados oportunamente y que tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubieren propuesto y practicado y los hechos probados en su caso. “ En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso, la Corte Sentenciadora al emitir su sentencia omitió los requisitos antes señalados, por lo tanto dicha Sentencia está viciada de nulidad porque viola Normas Procesales que son de orden público y al estar dicho fallo viciado de nulidad se impone como imperativo decretar la nulidad del mismo para adecuar el procedimiento por la vía legal y correcta. Al haber inobservancia por parte de la Corte de Apelaciones Sentenciadora a lo preceptuado por el Artículo 35 en relación al articulo 31 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se emite un fallo incongruente con las pretensiones deducidas por las partes y dicho fallo pone fin al juicio, el que no es correcto porque de la exhaustiva revisión de los antecedentes se desprende que el acto impugnado no es firme ni consentido, porque consta en el expediente administrativo que se agoto la vía y se interpuso el Recurso de reposición y posteriormente se presento la demanda en tiempo y forma en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, donde consta que la parte incidentista demandada faltando a la verdad hizo alegatos inútiles e improcedentes pero aun así el Juzgado y la segunda instancia hizo suyos los alegatos planteados por el mismo. Por lo tanto la sentencia recurrida es incongruente con las pretensiones deducidas. Al no ser puesta en conocimiento de las partes se infringió el adecuado procedimiento para posteriormente dictar la sentencia que conforme a derecho podría corresponder., tal como lo dispone el Párrafo Segundo del mencionado Articulo 35 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, y por ende al no adecuar ese procedimiento se violo flagrantemente la garantía Constitucional del Debido Proceso, así como también infringe la garantía constitucional de la defensa, pues al pronunciarse la sentencia recurrida emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, y al no ser puesta dicha cuestión en conocimiento de las partes para que se pronunciaran sobre ella, tal como así lo dispone el Párrafo segundo del mismo Artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, la Corte de Apelaciones Sentenciadora infringió el debido proceso dejando completamente indefensos a mis representados. Obstaculizándole el derecho al acceso a los tribunales de la república.”.- II.- Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) la causal invocada en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales en la adecuación del procedimiento amparada en el artículo 719.1 letra a) del Código Procesal Civil, no tiene relación con el tema de la incongruencia del fallo, ya que dicha situación debió ser expuesta con base al literal c) de dicha disposición sobre la forma y contenido de la sentencia; b) al atacar por aplicación indebida la sentencia de segundo grado es necesario señalarle al Tribunal cual fue la norma que debió haberse aplicado en su sustitución conforme a la técnica casacional; c) en la explicación aduce a otras normas no señaladas en la formulación del motivo, como ser los artículos 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos y 200 numerales 1) y 2) letras b) y c) del Código Procesal Civil; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- III. Que el Recurrente en un segundo motivo arguye: “CONSISTE EN LA APLICACION E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCION SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENCION. Este motivo se sustenta en el Articulo 719.1 letra b) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión, por la aplicación indebida del Articulo 35 en relación al articulo 31 letra a) de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Al quebrantar el Articulo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los Magistrados emisores de la Sentencia recurrida en Casación infringen y violan flagrantemente las Garantías de la Defensa, del Debido Proceso, y de la Legalidad con que deben actuar los Funcionarios Judiciales, tuteladas por los Artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República que literalmente dicen: “ARTICULO 82.- El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”.- “ARTICULO 90.- Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...”.-”ARTICULO 321.- Los Servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad”.- “ARTICULO 323.- Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial sujetos a la Ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito”. Asimismo el Artículo 61 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, creada mediante Decreto No. 219-2011 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 32706 de fecha 28 de diciembre del 2011 y vigente a partir del 17 de enero del 2012, en su Artículo 61 preceptúa lo siguiente: “Los Jueces y Magistrados solidariamente con el Estado responderán civilmente por los daños y perjuicios que causen cuando, en el desempeño de sus funciones, infrinjan las leyes por dolo, negligencia o ignorancia inexcusables.” INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO: Que se evidencia claramente que la sentencia interlocutoria objeto de apelación y por extensión la Sentencia Interlocutoria dictada por esa Corte de Apelaciones en fecha 12 de Junio el año 2014, no se encuentran ajustadas a derecho en vista que no se han sustentado acerca de los hechos alegados y los fundamentos jurídicos en que respectivamente apoyaron sus pretensiones las partes colitigantes. Desconociendo que la demanda como pretensión principal se contrae a que en Sentencia Definitiva, se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo consistente en la RESOLUCIÔN DE-MP-067-2010, DE FECHA 13 DE ABRIL DEL Af10 2010, la que fue dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). Infringiendo el ordenamiento jurídico, quebrantando las formalidades esenciales del procedimiento y haberlas dictado con exceso y desviación de poder, mediante la cual declaro Sin Lugar el Reclamo administrativo presentado por mis representados.- se reconozca una Situación Jurídica Individualizada y para su pleno restablecimiento y reconocimiento se adopten las medidas necesarias siguientes: Que se condene a la parte demandada para que restituya un volumen de 15,000 M3 de madera de la especie pino que comprende una corta anual permisible de 2.879.6 M3 para los años 1999 - 2003 y una corta anual permisible de 2,057.00 M3 para los años 2006 - 2010, o en su defecto se pague el volumen de dicha madera, la que estaban destinadas para ser aprovechada y procesada por mis representados, tomando como base el valor por cada metro cubico de las últimas subastas que ha adjudicado LA AFE COHDEFOR, HOY INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÔN Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF).- El pago de una indemnización de danos y perjuicios, que comprenden lucro cesante por las ganancias dejadas de percibir por ser privados mis representados del aprovechamiento de madera que fue legítimamente autorizado por la AFE COHDEFOR y daño emergente, por las pérdidas que mis representados han sufrido por no permitirle los aprovechamientos de madera que le fueron autorizadas mediante planes de manejo y planes operativos por la AFE COHDEFOR en su propiedad privada. Más los gastos incurridos en la preparación de los planes de manejo y planes operativos por cuenta de mis representados, así como los intereses comerciales autorizados por EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, los que deberán ser calculados desde la fecha 10 de marzo del año 2008, en vista que mediante RESOLUCION NUMERO GG-MP-042-2008, firmada por el Ingeniero SANTOS EDGARDO CRUZ, SUBDIRECTOR DE DESARROLLO FORESTAL; MEDIANTE LA CUAL ANULO LOS PLANES DE MANEJO Y OPERATIVO Y SU RESPECTIVO ADENDUM N° GG-015-2000, EN LA QUE SE APROBO EL PLAN DE MANEJO CON REGISTRO BP-J5-002-2000-II Y CONSECUENTEMENTE LA RESOLUCION, PLAN OPERATIVO ANUAL N° J5-003-2007, las que estaban firmes, consentidas y creadoras de derechos subjetivos concretos a favor de mis representados. Hasta la fecha que se restituya la madera o efectúe el pago reclamado. por haber incurrido en actos y omisiones en que interviene genero de culpa y negligencia de los funcionarios que rectoraban la anterior administración de LA AFE COHDEFOR HOY ICF, quienes actuando con exceso y deviación de poder autorizaron el aprovechamiento de madera en pie en EL SITIO PRIVADO DENOMINADO “CHINDONA” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, A LA COOPERATIVA MIXTA GUALACO LIMITADA (COMIGUL) COMO SI FUERA SITIO NACIONAL AUN SIENDO DICHO SITIO DE NATURALEZA PRIVADA Y PROPIEDAD LEGITIMA DE MIS REPRESENTADOS.- Por lo tanto la sentencia recurrida es incongruente con las pretensiones deducidas en el juicio y, al darse tal incongruencia, dicha sentencia está viciada de nulidad porque viola normas procesales (Artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo), que son de orden público, y al estar dicho fallo viciado de nulidad se impone como imperativo decretar la nulidad del mismo para adecuar el procedimiento por la vía legal y correcta. También se violentó el artículo 200 numero 1) y 2) letra b, c, y d del Código Procesal Civil los que literalmente dice: las sentencias serán siempre motivadas y contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa la parte dispositiva o fallo. “En los antecedentes de hecho se consignaran, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que la funden que hayan sido alegados oportunamente y que tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubieren propuesto y practicado y los hechos probados en su caso. “ En los fundamentos de derecho se expresaran, en párrafos separados y numerados los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso, la Corte Sentenciadora al emitir su sentencia omitió los requisitos antes señalados, por lo tanto dicha Sentencia está viciada de nulidad porque viola Normas Procesales que son de orden público y al estar dicho fallo viciado de nulidad se impone como imperativo decretar la nulidad del mismo para adecuar el procedimiento por la vía legal y correcta. Y al no poner en conocimiento de las mismas partes la cuestión relacionada con otros motivos no debatidos en el juicio, previo a dictar la sentencia impugnada, los Honorables Señores Magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo violaron flagrantemente la disposición legal contenida en el Articulo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, poniendo así la sentencia recurrida en un piano de incongruencia respecto de las pretensiones deducidas por las partes y violando así los Magistrados Sentenciadores, también flagrantemente, la garantía de la defensa tutelada por el Articulo 82 de nuestra Constitución de la República, pues dejaron en total indefensión a la parte demandante, hoy recurrente, misma que, al no ponérsele en conocimiento que la cuestión relacionada con los motivos que sustentaron la sentencia y que no ha sido debatido en juicio, no se le dio ninguna oportunidad ni se le fijó ningún procedimiento mediante el cual pudiera pronunciarse y defenderse en relación con dicha cuestión. Ignorando inexcusablemente el Párrafo Segundo del Artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone lo siguiente: “No obstante, si el Tribunal dentro del plazo para dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa, lo someterá a aquellas mediante providencias en la que advirtiendo que no prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo de ocho días hábiles para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo”. Al no aplicar esta Norma la Corte de Apelaciones sentenciadora, en consecuencia la Sentencia recurrida también viola de manera flagrante la Garantía del debido proceso, pues al no respetar los limites que, respecto de la congruencia de las sentencias con las pretensiones formuladas por las partes, que señala el Artículo 35 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, los Magistrados Sentenciadores también violaron el procedimiento que en relación con la emisión de las sentencias dicho Precepto Legal establece de manera taxativa. Y, por Ultimo, la sentencia impugnada también viola flagrantemente el principio y garantía constitucional de la legalidad establecida en los Artículos 321 y 323 de nuestra Constitución de la República, pues al no respetar los limites que respecto de la congruencia de las sentencia que señala el mismo Artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, los Honorables Señores Magistrados Sentenciadores actuaron al margen de dicho principio y garantía de legalidad establecida por nuestra Carta Magna, razón por la cual la Sentencia impugnada deberá ser declarada nula absolutamente, pues la circunstancia de haber sido dictada al margen de la Ley supone dicha nulidad, pues la misma deja en total indefensión a una de las partes en el juicio que dicho fallo pretende resolver. Y de paso según el Artículo 61 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, se desprende que dicha sentencia fue dictada infringiendo las leyes, donde se puede comprobar que ha habido negligencia o ignorancia inexcusable al emitirse la sentencia que es objeto del presente recurso.- IV. Que el anterior cargo también no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) es impreciso al no indicar con claridad cual de los párrafos que contiene el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es el aplicado indebidamente por el ad quem, ya que los mismos tienen relación con distintas situaciones jurídicas y por ello era necesario especificar a cual de ellas dirigía su ataque; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- V.- Que el Recurrente fundamenta su tercer motivo, manifestando lo siguiente: “TERCER MOTIVO: CONSISTE EN LA APLICACION E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. Este motivo se sustenta en el Artículo 719.1 letra C) del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan. La forma y contenido de la sentencias., por la aplicación indebida del Artículo 31 letra a) de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Que la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Primera instancia en fecha 29 de octubre del 2013, y por extensión la sentencia dictada por esa Corte de Apelaciones en fecha 12 de junio del año 2014, y que ahora estamos recurriendo mediante Recurso de Casación ambas no se encuentran ajustadas a derecho, en vista que se ha aplicado y ha interpretado indebidamente normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- Que si bien es cierto que en el presente caso se presento una ACCION DE AMPARO con número de registro 245-2011, promovida Por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, en su condición de Apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÔN Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, contra la sentencia Interlocutoria de fecha Treinta y Uno (31) de agosto del ano 2011, dictada en la pieza separada de defensas previas con Registro número 554-2010-6 por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción, mediante la cual FALLO: DESESTIMAR LAS PRESENTES DEFENSAS PREVIAS POR IMPROCEDENTES, SENTENCIA ESTA QUE SE ENCONTRABA AJUSTADA A DERECHO NO OBSTANTE LA CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE SENTENCIA DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL AO 2012, LE OTORGO EL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO SIN MENCIONAR EN LA PARTE RESOLUTIVA DEL FALLO CUAL FUE LA RAZON PARA OTORGAR EL MISMO Y CUAL FUE LA CAUSA QUE CONSIDERO EN LAS DEFENSA PREVIA, para otorgar dicho amparo ya que no era claro, ni preciso lo que conllevaba una incongruencia en dicho fallo y a la que fue confirmada en CONSULTA por la Sala Constitucional, lo que constituye solamente un antecedente pero no jurisprudencia, ni doctrina legal para tomarla como base y llevándose de encuentro las garantías constitucionales reconocidas en la Constitución de la República COMO SER EL DERECHO DE DEFENSA, EL DEBIDO PROCESO Y EL ACCESO A LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA y además se aclaran algunos conceptos de los cuales la Honorable Corte De Apelaciones De Lo Contencioso Administrativo, no tomo en consideración al momento de decidir sobre la acción de amparo en la motivación de la sentencia de amparo en el CONSIDERANDO (6) la Honorable Corte De Apelaciones De Lo Contencioso Administrativo expresa que la causa de inadmisibilidad a través de DEFENSAS PREVIAS por la parte demandada consistente en que la acción se encuentra dirigida contra un acto firme e virtud de no haber sido recurrido en tiempo y forma. Actos consentidos expresamente y confirmatorios de actos firmes; fue incorrectamente desestimada por el A-QUO, ya que consta en el presente caso de autos la existencia de dicha causas de inadmisibilidad de la demanda y luego en el CONSIDERANDO (7) expresa que existe la causa de inadmisibilidad descrita en el considerando que nos antecede porque consta de autos que el génesis de la reclamación administrativa del demandante la motiva una resolución administrativa por parte de la autoridad gubernamental demandada que anula una anterior decisión administrativa que le otorgaba un derecho al demandante y esta última resolución administrativa no fue impugnada por la parte actora ya que consta que la misma fue notificada el uno de abril del año 2008, sin que el afectado por la misma interpusiera recurso alguno contra dicha actuación administrativa por consiguiente adquirió el carácter de firme y consentida por la parte actora. Se desprende que la Honorable Corte De Apelaciones De Lo Contencioso Administrativo al sustentarse con lo antes relacionado no aprecio debidamente diciendo que la acción se ha dirigido contra un acto firme en virtud de no haber sido recurrida en tiempo y forma ni tampoco en un acto consentido expresamente y confirmatorio de actos firmes y en vista de que no era cierto porque EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CORRECTAMENTE DESESTIMO DICHA CAUSA DE DEFENSAS PREVIAS por ser inexistente y quien se fundamentó: Que del análisis tanto de lo manifestado por la parte incidentista como incidentada y de los documentos de mérito y en lo que respecta a la DEFENSA PREVIA CONSISTENTE EN QUE EL ACTO ES FIRME EN VIRTUD DE NO HABER SIDO RECURRIDO EN TIEMPO Y FORMA, para definir esta DEFENSA PREVIA era necesario establecer el acto administrativo, que la incidentada demandante impugna, observándose que se trata de la Resolución DE-MP-067-010 de fecha 13 de abril del año 2010, a través de la cual se resolvió el reclamo administrativo, siendo recurrido hasta culminar con el recurso de reposición, el cual fue declarado sin lugar y notificado el demandante el 12 de agosto del año 2010, empezando a correr el plazo de 30 días rara presentar la demanda ante esta jurisdicción a partir del 13 de agosto del año 2010 y finalizando el 24 de septiembre de ese mismo año siendo presentada la misma el 22 de septiembre de año 2010, desprendiéndose pues el acto objeto de impugnación (Resolución DE-MP-067-010 de fecha 13 de abril del año 2010) en ningún momento es firme, en vista que se agotó el tramite legalmente establecido y luego también se sustento que EN CUANTO A LA DEFENSA PREVIA CONSISTENTE EN ACTOS CONFIRMATORIOS DE LOS ACTOS FIRMES CONSENTIDOS ESTE TIPO DE DEFENSA PREVIA, NO CONCURRE EN EL PRESENTE CASO EN VISTA QUE EN LA PRESENTE DEMANDA, LA PARTE INCIDENTADA DEMANDANTE EN NINGUN MOMENTO HA CONSENTIDO ACTO ALGUNO Y POR TANTO NO PUEDE DARSE SU CONFIRMACIÔN. Y en cuanto a la DEFENSA PREVIA CONSISTENTE EN ACTOS QUE SEAN REPRODUCCION DE OTROS ANTERIORES YA DEFINITIVOS 0 FIRME PARA QUE EXISTA ESTE TIPO DE DEFENSA PREVIA ES IMPORTANTE ESTABLECER TRES ELEMENTOS. 1.- Identidad de sujetos, 2.- pretensiones 3.- fundamentos. Para identificar estos tres elementos en el presente caso es necesario establecer las diferentes Resoluciones que existen, encontrando lo siguiente: LA PRIMERA: Consiste en el derecho otorgado por el Gerente General de AFE COHDEFOR, a los Señores Felipe Canelas y Noé López Mejía, mediante la aprobación del PLAN DE MANEJO BP-J5-002-2000-II Y PLAN OPERATIVO ANUAL N° J-5-003-2007. LA SEGUNDA: Es aquella que mediante Resolución N° GG-MP-042-2008 La Gerencia General de COHDEFOR le quita ese derecho a los Señores Felipe Canelas y Noé López Mejía, LA TERCERA: Es la resolución impugnada en la presente demanda DEMP-0067-2010 emitida por el ICF a través de la cual declara sin lugar el reclamo administrativo por los Señores Felipe Canelas y Noé López Mejía, en contra de dicho instituto, para determinar la existencia de los tres elementos es objeto de estudio el segundo acto (Resolución N° GG-MP-042-2008) y comparándolas con el tercer acto (Resolución DE-MP-0067-2010) CONSTATANDOSE QUE EN UNO QUITA UN DERECHO Y QUE EN EL OTRO SE IMPUGNA UN DERECHO. Lo que lleva a determinar que las pretensiones son diferentes; así mismo se observa que el segundo acto (Resolución N° GG-MP042-2008) la parte actora es la Gerencia del ICE contra los Señores Felipe Canelas y Noé López Mejía, y en tercer acto (Resolución DE-MP-0067-2010) la parte actora son los Señores Felipe Canelas y Noé López Mejía, en contra de la Gerencia del ICF, comprobándose que no existe una identidad de sujetos, ya que aparece como reclamados en una de la resoluciones y en otra como reclamantes; De igual manera como se trata de diferente pretensiones los fundamentos no son los mismos. De lo antes expuesto se desprende que las partes no son coincidentes con los tres elementos para determinar la existencia de la presente defensa previa, por lo tanto se comprueba que la misma no existe. Nos extraña que con todos estos argumentos jurídicos la Honorable Corte De Apelaciones De Lo Contencioso Administrativo, haya otorgado tal amparo sin precisar a que causa se refirió en el presente caso. Y ahora el Juzgado mediante sentencia interlocutoria de fecha 29 de octubre del ano 2013, haya declarado con lugar las defensas previas consistentes en: a) Que el acto administrativo impugnado en la presente demanda es firme. b) Que el acto administrativo es un acto confirmatorio de un acto firme consentido. Y c) Que el acto administrativo es reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes, todos establecidos en el articulo 31 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por lo manifestado en el considerando 3) de la presente sentencia interlocutoria y a la vez declaro la inadmisibilidad de la presente demanda promovida por los Señores; FELIPE CANELAS Y NOE LOPEZ MEJIA, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), por existir causales de inadmisibilidad descritas en esta sentencia interlocutoria. INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. Como puede ser posible que la parte incidentista al presentar sus defensas previas en el Juzgado de primera instancia lo hizo de una manera general donde en la misma causa existen tres motivos de defensas previas como ser: a.- ACTO FIRME EN VIRTUD DE NO HABER SIDO RECURRIDO EN TIEMPO Y FORMA b. ACTOS CONSENTIDOS EXPRESAMENTE c.- ACTOS CONFIRMATORIOS DE ACTOS FIRME; en primer lugar el incidentista presentó esta DEFENSA PREVIA, como si fuera una sola desconociendo que en la misma habla tres tipos de actos de la cuales en su planteamiento de alegaciones no desarrollo ninguna. Que los supuestos para declarar la inadmisibilidad de la demanda no se encuentran comprendidas en el articulo 31 letra a) de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si se revisa el fallo del Juzgado en su acápite. TERCERO: DECLARO LA INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA Y LO PROCEDENTE ERA DECLARAR INADMISIBLE LA ACCION. Lo que hace incongruente dicha sentencia y por lo tanto tiene vicios de nulidad. Además el fundamento que utilizo es para el caso de declarar inadmisible la acción no la demanda, tal como lo hizo en el fallo que ahora estamos apelando. Olvidando que el DERECHO PUBLICO aparece en la medida en que la administración actúa a través de sus órganos dispuesta a tutelar con su intervención el interés que la norma declara y haciendo de la norma jurídica a aplicar una norma obligatoria y será en la medida en que los actos realizados por los entes administrativos se asemejen a lo que realizan las personas privadas, en nuestro país cuando la experiencia en el ejercicio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa sea más amplia, podamos contar con una autentica jurisprudencia administrativa que sirva de foro para iluminar a nuestros jueces y tribunales en la solución de los problemas que se plantean al delimitar las cuestiones como ser la causa de defensa previa de la cual estamos recurriendo en este momento en relación a la naturaleza contenciosa administrativa. CONCLUYENDOSE que los supuestos para declarar inadmisible la demanda son distintos a los presupuestos para declarar inadmisible la acción. Lo que no fue apreciado debidamente al dictarse la sentencia por ser incongruente y no estar ajustada a derecho y que contiene vicios de nulidad que por esas razones estamos pidiendo Y EN VISTA QUE VIVIMOS EN UN ESTADO DE DERECHO Y AL RESPETO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE A MI REPRESENTADOS SE LES RESPETE EL DERECHO QUE TIENEN AL LIBRE ACCESO A LOS TRIBUNALES PARA EJERCITAR SUS ACCIONES EN LA FORMA QUE SEÑALAN LAS LEYES.- Al dictar la resolución recurrida en Casación, la Corte de Apelaciones hizo caso omiso al no establecer en la misma Si cabe algún recurso contra ella con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del Órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir. (Ver articulo 197.2 del CPC).- Como consecuencia, a mis representados no se le concedió ninguna oportunidad ni se le señaló ningún procedimiento mediante el cual la misma pudiera pronunciarse y defenderse respecto de dicha cuestión, quedando así en total indefensión, razón por la cual procede que la sentencia impugnada sea casada en base al presente motivo.”.- VI.- Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) si bien es cierto alega aplicación indebida del artículo 31 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no indica cual es la norma que el Tribunal debió aplicar en su sustitución; y, b) realiza alegatos de instancia.- VII.- Que la Recurrente solicita adicionalmente, nulidad absoluta de la sentencia, la cual dice: “Que la solicitud de nulidad absoluta de actuaciones de la resolución impugnada consistente en la sentencia de fecha 12 de junio del 2014, Dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, la fundamento en el articulo 321 de la Constitución de la República que literalmente dice: “Que los servidores del estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad” y artículos 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil, hay nulidad absoluta en el acto jurisdiccional de la sentencia de segunda instancia dictada el 12 de junio del 2014, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por haberse dictado dicho fallo sin haberse observado los procedimientos a que se refiere el articulo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- en consecuencia la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando consta en autos decretarse de oficio, aunque las partes no lo aleguen. Y el articulo 206 del Código Procesal Civil que regula los requisitos internos de la sentencia donde deben ser dictadas con claridad y exhaustivas y el articulo 208.1 del mismo código dispone que las sentencias deben ser: congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito en virtud de que su fallo en el caso de méritos no es congruente con las pretensiones deducidas en el juicio.- Ya que el acto impugnado consiste en la Resolución DE-MP-067-2010, de fecha 13 de abril del año 2010, la que fue emitida por el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÔN Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). La que no es firme ni consentida y consta en el expediente administrativo que se interpuso el recurso de Reposición quedando agotada la vía administrativa y la demanda fue interpuesta en tiempo y forma tal como consta acreditado en autos.- ignorándose que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgara dentro de los limites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición, no obstante, si el Tribunal dentro del Plazo para dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiere no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa lo someterá a aquellos mediante providencia en la que advirtiendo que no prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo de ocho días hábiles para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Que si bien es cierto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encuentra facultado para apreciar otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa, esa facultad es arbitraria en vista que debe tener como requisito previo oír a la parte afectada, tanto por el legitimo derecho constitucional a la defensa, como por el hecho de que en la mayoría de los casos con dicha resolución se pone fin al juicio, al no admitirse la acción interpuesta, situación que en el caso de autos no se dio, porque no fue expuesta oportunamente a las partes, como una pretensión objeto de debate, y como ya se dijo que es procedente que esa Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral-Contenciosa, anule de oficio la sentencia recurrida de casación, porque adolece la misma de vicios de nulidad, en vista que nadie puede ser Juzgado sino por Juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad que los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente, por su conducta oficial sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Que revisada la Sentencia de fecha 12 de junio del 2014, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la que confirma la de primer grado. Que además se observa cierta ligereza por parte del Juzgador de Segunda instancia en cuanto a la debida motivación que debe contar todo fallo judicial y los razonamientos facticos y jurídicos que determinan el tipo de decisión de que se trate máximo cuando la situación de la revisión del acto administrativa se realiza en relación a un punto de derecho, referido al tipo de Resoluciones dictadas en instancias administrativas sobre peticiones o reclamos ya resueltos. Que la Nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando consta en autos decretarse de oficio, aunque las partes no lo aleguen.- que por las razones antes expuestas es procedente anular de oficio la sentencia recurrida. En vista que la Corte de Apelaciones sentenciadora ni tan siquiera observo los fundamentos jurídicos en que se sustentó las alegaciones de la parte dictando una sentencia que es totalmente incongruente por sustentarse en motivos que son objeto de nulidad en el presente caso.”.- VIII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas; por otra parte, el Recurrente ha tenido expedito la oportunidad procesal de exponer esos argumentos mediante los motivos de casación que franquea la Ley, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- IX.- En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las oscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- X.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- XI.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra ésta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace merito, en sus tres motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad absoluta solicitada de la resolución impugnada. 3) DECLARAR FIRME la resolución recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de ésta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique ésta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de mayo del dos mil dieciséis; certificación de la resolución de fecha tres de mayo del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 544-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL