Sentencia CA-530-14 — Registro 5968
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, bajo el criterio que el demandante ha dejado claro que esos meses laborados no se encontraban regidos por ninguno de los medios plasmados por la Ley para que existe toda relación laboral (contrato o acuerdo)se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar debido a que la Censora comete los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) el precepto autorizante no guarda relación con el concepto de la infracción alegada, lo cual lo vuelve impreciso; y, c) en la explicación del cargo alude a normas no señaladas en el motivo como es el caso de los artículos 1348 del Código Civil y 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.-"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de mayo de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, en la fecha supra indicada dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) ahora conocida como SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), representado en juicio por la Abogada KATY YANETH RODRIGUEZ; y, Recurrido: el señor LINO CORONADO TEJEDA, representado en juicio por la Abogada LIDIA GIRON PASTRANA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal por no ser conforme a derecho, por infringir el ordenamiento jurídico por exceso y desviación de poder, declarar la ilegalidad del mismo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por retención de salarios devengados mas el decimotercer y decimocuarto mes y a manera de indemnización por daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir hasta que se ejecute la sentencia definitiva y los demás derechos que se produzcan durante la secuela del juicio, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil once, por la Abogada LIDIA GIRON PASTRANA, mayor de edad, soltera, hondureña y de esta domicilio, en su condición de apoderada del señor LINO CORONADO TEJEDA CRUZ, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) ahora conocida como SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), por medio de la Procuraduría General de la República.- I.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción que comenzó a laborar con el demandado el uno de febrero del año dos mil seis, en el cargo de Jefe Superior de Seguridad, mediante la suscripción de varios contratos, siendo el último con una vigencia del cuatro al veintiséis de enero del año dos mil diez, sin embargo a pesar de que no se formalizó la firma de un nuevo contrato, siguió laborando en dicha institución, cumpliendo a cabalidad con las funciones que le fueron asignadas por el Gerente Administrativo, en fecha cinco de abril del año dos mil diez, su jefe inmediato le comunicó de manera verbal que hiciera efectiva la entrega de su puesto de trabajo y de los bienes que tenía asignados porque su cargo lo ocuparía una nueva persona asignada por dicha institución, que los meses de febrero, marzo y abril laborados no le fueron cancelados, en fecha veintinueve de julio del año dos mil once dio por agotada la vía administrativa.- 2.- La parte demandada, SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) ahora conocida como SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), contestó dicha demanda señalando que el demandado inició su relación de trabajo a través de un contrato de servicios profesionales, el mismo omite que dicha contratación fue efectiva a partir del uno de febrero del año dos mil seis, con vencimiento al treinta de abril del mismo año, suscribiendo posteriormente contratos de servicios profesionales que no fueron continuos, siendo su última contratación comprendida del cuatro al veintiséis de enero del año dos mil diez, no le consta que el demandante haya laborado fuera de la vigencia del contrato y sin autorización por escrito de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, por lo tanto no existe responsabilidad alguna y resultan infundadas sus pretensiones.- 3.- La parte demandada en fecha ocho de marzo del año dos mil doce interpuso defensas previas alegando las siguientes tres causales de inadmisibilidad siguientes: Primera causa de inadmisibilidad: Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos, Segunda causa de inadmisibilidad: Por ser un acto firme, es decir aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente, Tercera causa de inadmisibilidad: Falta de Legitimación del demandante.- 4.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en definitiva en la que declaró procedente la acción incoada por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento resolvió, el pago de los días laborados y no pagados, no se le reconoce el pago de los salarios dejados de percibir, ni el pago del decimotercer y decimocuarto mes de salario, sin costas; bajo el criterio. Si bien es cierto el ahora demandante ha dejado claro que esos meses laborados no se encontraban regidos por ninguno de los medios plasmados por la Ley para que existe toda relación laboral (contrato o acuerdo), pero no es menos cierto que la Constitución de la República de Honduras en su artículo 128 establece la obligación que a igual trabajo, igual remuneración, basado en ello y tomando en cuenta que el ahora demandante ha probado ante este tribunal haber laborado durante los meses de febrero, marzo, y cinco días de abril, todos del año 2010, y siendo de que no es imputable a él, el hecho de que la Administración Pública no haya utilizado cualquiera de los mecanismos antes referidos para determinar su relación laboral, pues este suscrito es del parecer que se le deben de reconocer el pago de los salarios durante el tiempo que ha laborado. Que no se le reconocen al demandante los salarios dejados de percibir, en vista de no estar sujeto a ningún mecanismo que define toda relación laboral, tanto no existe un incumplimiento valido por parte de SOPTRAVI, que determine que el acto que a puesto fin a la relación laboral del ahora demandante, haya ocasionado daños y perjuicios que conlleven el pago de salarios que dejó de percibir por haberse emitido un acto contrario a lo que ya establecen las normas en cuanto a la relación laboral se refiere.- De igual manera no se le reconoce el pago de décimo tercer, décimo cuarto mes de salario, solicitado, en vista que está plenamente acreditado que el ahora demandante, no estaba vinculado laboralmente con el demandado.- 5.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio que si bien es cierto el contrato de servicios profesionales firmado entre el demandante y la demandada finalizó el veintiséis de enero del año dos mil diez, no es menos cierto que el demandante acreditó que laboró con la demandada hasta el cinco de abril del año dos mil diez, fecha en que se le comunicó que se le había separado de su cargo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada KATY YANETH RODRIGUEZ, en fecha veintiuno de agosto del año dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.202-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 532-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7.- La representación procesal de la recurrida, Abogada LIDIA GIRON PASTRANA, presentó en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil catorce escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha tres de octubre del año dos mil catorce, las Abogadas KATY YANETH RODRIGUEZ y LIDIA GIRON PASTRANA, respectivamente.- 8.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintisiete de octubre del año dos mil catorce, teniendo por personados a las Abogadas LIDIA GIRON PASTRANA y KATY YANETH RODRIGUEZ, en concepto de parte recurrida y recurrente respectivamente.- II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida, ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por falta de aplicación del articulo 31 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral uno (1) literal a) del articulo 719 del Código Procesal Civil. LA INFRACCIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: Al confirmar la sentencia definitiva, proferida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha 24 de Julio del 2014, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo hace suya la misma y comete la misma infracción de Ley cometida por el A-quo al no utilizar artículos de Ley que son aplicables al caso concreto, es decir que en el caso que nos ocupa el Juzgador no debió haber admitido por la vía contenciosa administrativa la demanda promovida por el Señor Lino Coronado Tejeda, en virtud de que la supuesta causa que motivo el presente Juicio se origino por et supuesto hecho de que el demandante siguió laborando por dos meses sin consentimiento de la Autoridad Nominadora, y at dar un simple vistazo a los contratos suscritos entre las partes, específicamente en su cláusula QUINTA, párrafo segundo claramente establecen: “No hay responsabilidad de la Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), si el empleado labora fuera de la vigencia de este contrato; si no tiene autorización por escrito de la Sub Gerencia de Recursos Humanos”. Clausula esta, de pleno conocimiento del demandante. Por consiguiente el Juzgador debió aplicar lo estipulado en el Articulo 31 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que es claro cuando establece: “No se admitirá la acción contencioso Administrativa respecto de: a) Los actos firmes, es decir, aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente.....” Como puede observar a simple vista el demandante una vez que firmo dichos contratos estaba consiente que el seguir laborando fuera de contrato no se hacia acreedor de derechos subjetivos que ahora reclama desconociendo a todas luces lo establecido en el artículo 1348 del Código Civil que establece: “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Sin dejar de mencionar que el artículo 3 del mismo cuerpo legal en su literal a), establece que La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá lo referente at cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los Contratos de Servicios Profesionales ó Técnicos que se celebren con el Estado siempre y cuando estos estén vigentes no vencidos como el caso de autos. Hecho este que quedo plenamente probado con las pruebas aportadas al proceso, como ser las copias de unos supuestos memorandos que corren agregadas a los autos, los que no hacen prueba por el hecho de ser unas simples copias que no están autenticadas y mucho menos cotejadas con sus originales a los que el Juzgador dio fuerza legal, tomándolos como base en el referido fallo. Razón por la cual procede casar parcialmente la sentencia recurrida en el sentido de declarar además Sin lugar el pago de salarios adeudados”.- II.- El cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar debido a que la Censora comete los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, b) el precepto autorizante no guarda relación con el concepto de la infracción alegada, lo cual lo vuelve impreciso; y, c) en la explicación del cargo alude a normas no señaladas en el motivo como es el caso de los artículos 1348 del Código Civil y 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- III.- En el segundo motivo de casación la Impetrante establece lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida, ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por aplicación indebida de los artículos 116 y 118 de la Ley General de Administración Publica; 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo; PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral dos (2) del articulo 719 del Código Procesal Civil. LA INFRACCIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: Al confirmar la sentencia definitiva, proferida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha 24 de Julio del 2014, la Corte de Apelaciones del Trabajo hace suya la misma y comete la misma infracción de Ley cometida por el A-quo al utilizar artículos de Ley que no son aplicables al caso concreto, por la simple y sencilla razón de que no se trata de un caso de Despido o Cesantía, que se deriven de actos dictados por la Administración, como ser decretos, acuerdos, resoluciones o providencias, por otra parte no se visualiza la anulabilidad de acto alguno en el cual se haya incurrido en cualquier infracción del ordenamiento Jurídico, y mucho menos que haya habido exceso o desviación de poder por parte de la Autoridad Nominadora, pues a todas luces se vislumbra que el único que abuso de la confianza patronal fue el trabajador al querer utilizar cualquier mecanismo que hiciera parecer la existencia de una relación laboral que ya estaba fenecida. Por tanto no existe incumplimiento por parte de la nominadora al no haber contrato que lo llevase a una obligación con el demandante. Por lo que debe casarse parcialmente la sentencia en este segundo motivo de casación.”.- IV.- Que el anterior cargo no está llamado a prosperar debido a las siguientes consideraciones: a) entre las disposiciones señaladas como violadas por aplicación indebida, los artículos 118 de la Ley General de Administración Pública y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, contienen párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar a cual de ellas dirige su ataque; y, b) no establece con claridad la incidencia de la infracción en el sentido de la decisión impugnada, ni tampoco indica cual o cuales serían las normas que se debieron aplicar en sustitución de las señaladas como violadas.- V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de mayo del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 530-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL