Sentencia CA-527-15 — Registro 5966
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia declararando improcedente la acción bajo el criterio que la demandada, como autoridad pública, no tiene facultades para dirimir un conflicto ocurrido en lo interno de un sindicato, lo que compete única y exclusivamente a sus afiliados para garantizar efectivamente la autonomía de los mismos, ya que sus miembros tienen la plena libertad para elegir a sus Representantes, que es lo que aconteció en el caso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) es impreciso en el concepto de la infracción, ya que omite precisar si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como violada; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; d) habiéndose formulado el cargo en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, disposición que ampara la causal de casación en cuando a las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, es impropio señalar como violada una norma estrictamente procesal, lo que conlleva a una falta de claridad y precisión conforme a la técnica casacional; e) en su explicación hace referencia a normativa no citada como violada, tal es el caso de los artículos 8 numeral 1) inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 12 numeral 5) del Código Procesal Civil; y, f) formula alegatos de instancia.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) es impreciso en el concepto de la infracción, ya que omite precisar si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como violada; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; d) habiéndose formulado el cargo en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, disposición que ampara la causal de casación en cuando a las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, es impropio señalar como violada una norma estrictamente procesal, lo que conlleva a una falta de claridad y precisión conforme a la técnica casacional; e) en su explicación hace referencia a normativa no citada como violada, tal es el caso de los artículos 8 numeral 1) inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 12 numeral 5) del Código Procesal Civil; y, f) formula alegatos de instancia.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, en la fecha supra indicada dictan el siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL) representado en juicio por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS por las actuaciones de LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, representada en juicio por la Abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para que se declare la ilegalidad y la nulidad de un acto administrativo de carácter particular emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, se solicita la suspensión del acto reclamado, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha 04 de agosto del 2009 por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA en su condición de Representante Procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL), contra el ESTADO DE HONDURAS por las actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL representado en juicio por la Abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA.- I.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 23 de enero del 2009, el señor Francisco Javier Morazán en su supuesta condición de presidente del SITRABANTRAL, presentó solicitud ante la Dirección General del Trabajo para la inscripción de su supuesta Junta Directiva Central electa ilegalmente en Asamblea General Ordinaria en fecha 15 de diciembre del 2008, consecuentemente en fecha 28 de enero del 2009 el demandado presentó oposición al registro de dicha directiva sindical por ser extemporánea e ilegal, ya que existen vicios de nulidad y violaciones a lo prescrito en el Código del Trabajo y los estatutos de organización sindical, dicho escrito no fue incorporado al expediente de registro de inscripción de la junta directiva 003/RIJD/OS/09 por la Dirección General del Trabajo, sino que se abrió un expediente por separado sin darle número de ingreso y sin tener por personado al apoderado del demandado para resolver en la resolución sobre ambas peticiones, favoreciendo de esta manera a la solitud de inscripción solicitada por el señor Francisco Javier Morazán. En fecha 03 de febrero del 2009, la Dirección General del Trabajo rechazó el escrito de oposición presentado por el apoderado demandante, estableciendo los fundamentos por los cuales se declara sin lugar dicha oposición, por lo tanto en fecha 10 de febrero del 2009 se interpusieron recurso de apelación contra dicha resolución, que es considerada una providencia por parte de la Dirección General del Trabajo y con dicho acto administrativo está limitando derechos de los administrados y violentando lo prescrito en la Ley General de la Administración Pública. En el Recurso interpuesto se establecen las razones por las cuales no procede la inscripción de la junta directiva, ya que la Secretaría de Trabajo siempre ha exigido los requisitos establecido en la Ley para inscribir una Junta Directiva y ahora se pretende hacer creer que no es un procedimiento administrativo. El presidente de SITRABANTRAL no hizo la convocatoria para asamblea general ordinaria a celebrarse en la primera quincena de diciembre del año 2008 ya que los directivos tenían medida cautelar de prohibición de reunirse como directivos sindicales en virtud de una denuncia interpuesta el 07 de febrero del 2008, por consiguiente las actuaciones realizadas por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social demuestran el parcialismo con las paralelas que la Patronal Banco Central de Honduras le ha montado al SITRABANTRAL.- 2.- El instituto demandando contestó dicha demanda señalando que aún está en proceso el expediente sobre la inscripción de la junta directiva del SITRABANTRAL, no habiendo resolución dictada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que defina la ilegalidad de tal elección; así mismo expuso que siempre se realizó la diligencia, que el escrito de oposición se conoce en pieza separada al de la comunicación del registro de la Junta Directiva y no es necesario un nuevo número de registro ya que la pieza separada forma parte de la pieza principal que contiene la comunicación del registro antes mencionado. El demandado también menciona que no le consta la supuesta paralela auspiciada por la parte patronal y que este extremo deberá ser probado; asimismo manifiesta que la resolución emitida declarando sin lugar la oposición, se realizó dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 84 literal a) de la Ley de Procedimiento Administrativo y en cuanto al Recurso de Apelación, argumenta que el apoderado demandante manifiesta situaciones internas del Sindicato y que dichos conflictos deben ser resueltos al interior del mismo, por esa misma razón rechaza los hechos sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y decimoprimero, ya que las situaciones expuestas en los mismos son conflictos internos y en cuanto a lo establecido en el Convenio 87 de la OIT relacionado con su artículo 3 numeral 2, las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que limite este derecho o a entorpecer su ejercicio legal y por lo tanto la autoridad pública no debe intervenir y deberá ser solucionada por el Sindicato, ya que las funciones de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social es conocer la comunicación hecha por la Junta Directiva y verificar si están en orden los requisitos exigidos por la Ley para darla por bien comunicada y si existe una oposición, tales controversias deberán ser dilucidadas por el Sindicato según sus Estatutos de manera interna.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de abril del 2015, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por el Abogado Fabrizzio Antonio Valle Ventura, en su condición de representante procesal del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras (SITRABANTRAL), por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución de fecha 22 de mayo del 2009, en consecuencia se anula totalmente, no se reconoce la situación jurídica al demandante, por no haberlo solicitado debidamente en su escrito de demanda; bajo el criterio que indistintamente la decisión tomada por la administración de resolver de plano la pretensión del demandante en vía administrativa, sin cumplir requisitos que ordena la ley, asimismo este tribunal es del criterio que por la naturaleza de lo peticionado en vía administrativa, esto debió de haberse resuelto siguiendo lo ordenado para la emisión de resoluciones de pretensiones que no son posibles de resolver de plano en cuanto al fondo del asunto, por lo que hubo de haberse evacuado las pruebas de los involucrados y escuchados a los entes competentes para adoptar su decisión final, lo que no ocurrió, viciando de nulidad el acto impugnado; que si bien es cierto el acto impugnado se encuentra viciado de nulidad, lo que conlleva a su nulidad, pero no es menos cierto, que del análisis del escrito de demanda, se desprende que el actor planteó la misma en forma parcial según lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley de esta Jurisdicción, por lo que el tribunal solo puede decretar la nulidad del acto impugnado, pero no puede reconocer situación jurídica individualizada por no haberlo pedido el demandante tal como lo señala la ley, en consecuencia el alcance que tendría la nulidad del acto impugnado, es la de regresar los autos a su naturaleza primaria en vía administrativa, y únicamente para que se le de de nuevo trámite a la solicitud de oposición, siguiendo el procedimiento que ordena la Ley de Procedimiento Administrativo en asuntos que no son de puro derecho, y se emita la resolución que finalice el conflicto administrativo.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, dictó sentencia revocando la proferida en primera instancia, en el sentido de declarar improcedente la acción promovida por el Abogado Fabrizzio Antonio Valle Ventura, en su condición de representante procesal del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras (SITRABANTRAL) contra el Estado de Honduras, por un acto administrativo dictado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por estar el mismo dictado conforme a derecho, sin costas; bajo el criterio que en el caso de autos, la demandada, como autoridad pública, no tiene facultades para dirimir un conflicto ocurrido en lo interno de un sindicato, lo que compete única y exclusivamente a sus afiliados para garantizar efectivamente la autonomía de los mismos, ya que sus miembros tienen la plena libertad para elegir a sus Representantes, que es lo que aconteció en el caso de autos, al comunicarse la elección de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Honduras y al oponerse el demandante a la misma, constituye un conflicto que debe ser resuelto por el mismo sindicato en la forma establecida en sus Estatutos, ya que la demandada únicamente debe proceder a dar cumplimiento a lo solicitado y comunicado, conforme a derecho y a la documentación presentada, lo demás debe ser resuelto a lo interno del Sindicato, ya que si la demandada procede a dirimir dicho conflicto estaría interviniendo en las decisiones del Sindicato.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, en fecha veintisiete de julio de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 21 de mayo del 2015, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.247-2010, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.211-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha 27 de julio del 2015, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, presentó en fecha 23 de septiembre del 2015, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha 23 de septiembre del 2015, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha 27 de julio y 23 de septiembre del 2015, los Abogados, FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA y MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha cinco de noviembre de dos mil quince, teniendo por personados a los Abogados MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, como recurrido y FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, como recurrente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCION DEL FONDO DEL LITIGIO: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que señala: Causales del Recurso “1)…, 2) Igualmente; se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que expresa lo siguiente: “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” Este relacionado con el Artículo No.496 incisos a) y c) del Código del Trabajo establece que: “Para la validez de las decisiones tomadas en las asambleas generales de las organizaciones sindicales, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que la asamblea haya sido convocada en la formas y con las condiciones previstas en los estatutos; b)...; c) Que se levante acta de cada sesión, firmada por quien la presida y el secretario correspondiente, en la cual se expresará el número de miembros concurrentes a la sesión, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones tomadas.” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en el Articulo No.81 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y relacionado con el Artículo No.496 incisos a) y c) del Código del Trabajo, se considera que “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” “Para la validez de las decisiones tomadas en las asambleas generales de las organizaciones sindicales, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que la asamblea haya sido convocada en la formas y con las condiciones previstas en los estatutos b)...; c) Que se levante acta de cada sesión, firmada por quien la presida y el secretario correspondiente en la cual se expresará el número de miembros concurrentes a la sesión, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones tomadas.” Son esas normas que el Tribunal AD-QUEM interpreta de manera errónea pues estos Artículos son claros ya que dispone cuando debe declarar procedente la acción y eso ocurre cuando se incurre en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico. Por lo que al no ser aplicados por el Tribunal Ad-Quem se infringió las normas precitadas produciendo con ello violaciones al debido proceso y a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dejando con ello en indefensión y vulnerando los derechos y garantías constitucionales por que el fallo no sé ajustó a derecho. ÚNICO: Que de acuerdo al CONSIDERANDO (5) del Fallo recurrido, el Tribunal AD-QUEM expresa lo siguiente: “Que en la Resolución impugnada la demandada establece claramente que no puede intervenir en la resolución de problemas internos de una Organización Sindical, en virtud del principio de autonomía sindical derivado del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que resuelve de plano la oposición presentada por el demandante, lo cual es correcto,” con esto contravino lo que ordena la Ley en el Código del Trabajo en su Artículo No.496 incisos a) y c) y esté relacionado con el Artículo No.8 numeral 1 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo siguiente: “El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que, prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;’ por lo que la Jurisdicción del Contencioso Administrativo está facultado para revisar los Actos de la Administración Pública y ver si estos están reñidos con la Ley y no justificarse de que no aplica la ley porque aplicarla es intervenir en los sindicatos, cuando el Código del Trabajo nació precisamente para fomentar y proteger los sindicatos, por lo que su no aplicabilidad es lo que vulnera los sindicatos. El Código Procesal Civil establece en su Artículo 12 numeral 5 el principio doctrinario del “IURA NOVIT CURIA” el cual obliga al juez a resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo hayan sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. Por lo que el Tribunal Ad-Quem debió resolver la cuestión litigiosa de acuerdo a los Artículos No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, No.496 incisos a) y c) del Código del Trabajo y esté relacionado con el Artículo No.8 numeral 1 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero lo que hizo el Tribunal AD-QUEM es imponer un razonamiento ilegal revistiéndolo de legalidad, cuando lo que debió hacer es juzgar y solucionar el fondo del litigio, y no que hizo lo contrario, dejando de aplicar e interpretar las normas de derecho al caso concreto, por lo que es procedente CASAR la sentencia recurrida.”.- II.- Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) es impreciso en el concepto de la infracción, ya que omite precisar si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como violada; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; c) no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada; d) habiéndose formulado el cargo en el artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil, disposición que ampara la causal de casación en cuando a las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, es impropio señalar como violada una norma estrictamente procesal, lo que conlleva a una falta de claridad y precisión conforme a la técnica casacional; e) en su explicación hace referencia a normativa no citada como violada, tal es el caso de los artículos 8 numeral 1) inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 12 numeral 5) del Código Procesal Civil; y, f) formula alegatos de instancia.- III.- En el segundo motivo de casación el Impetrante establece lo siguiente: “APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN: c) LA FORMA Y CONTENDIO DE LA SENTENCIA: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil que señala: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que expresa lo siguiente: “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere. La sentencia declarará procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder.” Este relacionado con el Artículo No. 510 inciso b) del Código del Trabajo establece que: “Para ser miembro de la Junta Directiva de un sindicato, tanto de la provisional como de las reglamentarias, deben reunirse los siguientes requisitos, además de los que exijan los estatutos respectivos: a)...; Ser miembro del Sindicato;...” Y relacionado con artículo 44 inciso d) de los estatutos del SITRABANTRAL que expresa que “se debe acreditar la condición de miembro afiliado por un término no menor de un año.” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en los Artículos No.81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y esté relacionado con el Artículo 510 inciso b) del Código del Trabajo y 44 inciso d) de los Estatutos del SITRABANTRAL, al no ser aplicados por el Tribunal AD-QUEM se infringió las normas precitadas produciendo con ello violaciones al debido proceso y a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dejando con ello en indefensión y vulnerando los derechos y garantías constitucionales porque el fallo no se ajusta a derecho. ÚNICO: Se solicita en el presente Recurso de Casación el control de la motivación fáctica del Considerando (6) de la sentencia impugnada para que se revise su existencia ya que establece que los Estatutos son los que señalan “ya que la demandada únicamente debe proceder a dar cumplimiento a lo solicitado y comunicado, conforme a derecho y a la documentación presentada, lo demás debe ser resuelto a lo interno del Sindicato, ya que si la demandada procede a dirimir dicho conflicto estaría interviniendo en las decisiones del Sindicato» el A0-QUEM soslaya esta prueba y prácticamente da como válida la inscripción de la Junta Directiva del SITRABANTRAL sin cumplir con los requisitos que la Ley exige para declarar como validas las elecciones y en vez de eso no incursiona en solucionar el Fondo del Litigio, fallando en la Aplicación e interpretación de la normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, haciendo procedente CASAR la sentencia recurrida.”.- IV.- Que el anterior cargo no está llamado a prosperar debido a las siguientes consideraciones: a) es impreciso en el concepto de la infracción, ya que omite precisar si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como violada; b) insta la valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.- V.- Que el Recurrente fundamenta su tercer motivo, manifestando lo siguiente: “APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA: Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil que señala: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a)...; b)...; c) La forma y contenido de la sentencia.” NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No.208 del Código Procesal Civil, que expresa lo siguiente: CONGRUENCIA 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Y esto relacionado con el Artículo 705 del Código Procesal Civil que establece la finalidad del recurso de apelación: “1. El recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. 2. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba.” INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: La sentencia de segunda instancia en su CONSIDERANDO (6) lo que señala es que “la demandada únicamente debe proceder a dar cumplimiento a lo solicitado y comunicado, conforme a derecho y a la documentación presentada, lo demás debe ser resuelto a lo interno del Sindicato, ya que si la demandada procede a dirimir dicho conflicto estaría interviniendo en las decisiones del Sindicato “. UNICO: En resumidas cuentas, todo el actuar del Tribunal AD-QUEM se basa en esbozar que cuando el Patrono le monta una paralela a un sindicato no se puede aplicar ni el Código del Trabajo ni los estatutos pues eso es intervenir en los sindicatos, entonces lo correcto es que los sindicatos queden a la deriva, ósea que queden desprotegidos, abandonados y desamparados porque si se aplican las leyes que protegen la institucionalidad y democracia interna de los sindicatos eso es intervenir en ellos y violar Convenios Internacionales, asimismo que los sindicatos deben arreglar esos problemas en casa, y no traer sus problemas al Poder Judicial, lo que sería igual que decirle a las sociedades mercantiles que arreglen sus problemas de accionistas o socios por sí mismos, o a los vecinos de una comunidad que arreglen sus problemas con el patronato, y que no se debe acudir al Poder Judicial porque eso es menoscabar el Estado de Derecho. Así que la Inscripción de una Junta Directiva de un Sindicato para el Tribunal ADQUEM no es un Procedimiento Administrativo sino una mera comunicación a la Dirección General del Trabajo, a pesar de que previo a que la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social inscriba una Junta Directiva, exige los siguientes documentos (el artículo 496 y 510 del Código del Trabajo y 44 de los Estatutos del SITRABANTRAL), a saber: 1. Certificación Punto de Acta de Elección de la Junta Directiva Central 2. Nomina en Triplicado de la Junta Directiva Central del Sindicato 3. Constancias de Trabajo de la Junta Directiva Central del Sindicato 4. Constancias de Afiliación Sindical de la Junta Directiva Central del Sindicato 5. Partidas de Nacimiento de la Junta Directiva Central del Sindicato 6. Fotocopias Tarjetas de Identidad de la Junta Directiva Central del Sindicato 7. Constancias de saber leer y escribir de la Junta Directiva Central del Sindicato 8. Constancia de Antecedentes Penales de la Junta Directiva Central del Sindicato 9. Caución del Tesorero del Sindicato 10. Acta de la Asamblea General Ordinaria 11. Original de la Convocatoria. Así que, como se puede apreciar inscribir una junta directiva que no reúne los requisitos mínimos para su elección, inscribir a un individuo como presidente de un sindicato sin ni siquiera ser afiliado a la misma, es intervenir la democracia interna de los sindicatos, ya que el Convenio No.98 de la Organización Internacional del Trabajo habla de evitar la constitución de sindicatos controlados por el Patrono y el Código del Trabajo. Y el Artículo 510 del Código del Trabajo, hablando sobre los requisitos para ser miembros de la Junta Directiva en el último párrafo dice: “La falta de cualquiera de estos requisitos invalida la elección;...”.- VI.- Que el anterior cargo no resulta atendible en razón de lo siguiente: a) es impreciso en el concepto de la infracción, ya que omite precisar si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como violada; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada y formula alegatos de instancia.- VII.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VIII.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IX.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 35 párrafo primero, 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia: RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de mayo del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha diecinueve de abril del año dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 527-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL