Sentencia CA-510-14 — Registro 5962
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando improcedente la acción incoada, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, bajo el criterio queno hubo infracción al ordenamiento jurídico al haberse emitido el acuerdo de cancelación a la parte demandante, pues consta en autos que el mismo fue citado a una audiencia de descargo, en la cual no pudo el demandante desvirtuar el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, confirmándose en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en su formulación se alude a la falta de aplicación de la norma señalada como infringida y en su desarrollo a la “… aplicación e interpretación de las normas de derecho…” lo cual le resta claridad y precisión al cargo, ya que si una norma no fue aplicada no pudo ser al mismo tiempo interpretada; y, b) se indica como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1, inciso b) y c), numeral 2 del Código Procesal Civil, pero es contrario a la técnica del recurso el señalamiento de varios causales en un mismo motivo, debiendo ser señaladas en forma separada e independiente.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
ue el anterior cargo no está llamado a prosperar debido a los siguientes defectos técnicos: a) en su formulación se alude a la falta de aplicación de la norma señalada como infringida y en su desarrollo a la la “…aplicación e interpretación de las normas de derecho…” lo cual le resta claridad y precisión al cargo, ya que si una norma no fue aplicada no pudo ser al mismo tiempo interpretada; b) se indica como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1, inciso b) y c), numeral 2 del Código Procesal Civil, pero es contrario a la técnica del recuso el señalamiento de varios causales en un mismo motivo, debiendo ser indicadas en forma separada e independiente; c) en la explicación del motivo se insta la revisión de os hechos y la interpretación y valoración de las pruebas lo cual, le es vedado a este tribunal de conformidad con el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) se realizan en su desarrollo inapropiados alegatos de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de abril de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARÍA FERNANDA CASTRO MENDOZA, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: MARCIAL EMILIANO MATUTE RUIZ, representado en juicio por los Abogados JOSÉ ARMANDO ESPINAL y MARCO ANTONIO SÁNCHEZ; y, Recurrido: ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representado en juicio por la Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto y como medida para su pleno restablecimiento de sus derechos que se ordene mediante sentencia definitiva se le reintegre a su antiguo puesto de trabajo y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir con todos sus aumentos, pago de vacaciones, decimocuarto, mes decimotercer mes y demás beneficios colaterales desde la fecha de su cancelación hasta la ejecución de la sentencia, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa. M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de marzo del año dos mil doce, por el señor MARCIAL EMILIANO MATUTE RUIZ, mayor de edad, soltero, hondureño, Policía Conductor de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio de la Procuraduría General de la República.- I.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción que fue nombrado mediante acuerdo número 689-2009 de fecha uno de abril del año dos mil nueve, el dieciséis de marzo del año dos mil doce, se le hizo entrega del acuerdo de cancelación número 382-2012 de fecha nueve de marzo del año dos mil doce, conteniendo el oficio número SEDS-SG-429-2012, de fecha catorce de marzo del año dos mil doce, efectivo a partir del último día de su notificación, en donde el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad acuerda la cancelación de su nombramiento, sin ser la causa justificada para la cancelación de su acuerdo y sin seguir el procedimiento establecido en las leyes.- 2.- La parte demandada, ESTADO DE HONDURAS por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contestó dicha demanda señalando que el acto que hoy es objeto de impugnación se originó por la conducta impropia del ahora demandante, el no cumplimiento con las obligaciones inherentes como un miembro de la Carrera Policial, violentando la Ley por la cual se rigen; en virtud que la Ley Orgánica de la Policía Nacional en los artículos 24 numeral 2 establecen las obligaciones de los miembros de la policía nacional, demostrándose mediante la respectiva investigación y audiencia de descargo que se le celebró al demandante, la causal de su despido fue por haber incurrido en lo establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras específicamente en el artículo 126 numeral 6 y se demostró que el demandante incurrió en la causal de despido antes en mención en virtud que los testigos que se encontraban en la Patrulla RPM-22 al mando del ‘Clase 1 Juan Antonio Rosales Ávila, son contestes al manifestar que el señor Matute Ruíz le disparó a la Patrulla después de haber realizado un registro a las personas que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en el Billar Matute, decomisando un arma blanca (machete) hecho que molestó al hoy demandante puesto que el arma decomisada era propiedad de su amigo y siguió disparando al aire y tierra poniendo en peligro la vida de los integrantes de la patrulla y los ciudadanos que se encontraban en los alrededores; así mismo consta en el Acta de descargo que el señor Marcial Emiliano Matute Ruíz en ningún momento niega haber disparado su arma, afirmando que no hizo más de diez disparos; el actuar del demandante (disparar al aire y tierra poniendo en peligro la vida de los miembros de la patrulla y vecinos de la comunidad) corresponde a una justa causa para que sea cancelado, en virtud que se contrapone al servicio policial de brindar seguridad tanto a las personas como a sus bienes y al mismo tiempo entorpeciendo la labor policial que en esos momentos realizaban sus compañeros y que son erróneos sus alegatos al manifestar que se evidencia la ilegalidad e injusticia la decisión de su cancelación de igual manera menciona que se violentó la estabilidad laboral preceptuado en el artículo 129 de la Constitución de la República, por lo que no es menos cierto que el mismo artículo menciona la justa causas de separación por lo que si bien es cierto, la Ley garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores, no menos cierto que el mismo artículo hace mención a la justa causa de separación; como se podrá observar existe una justa causa para que el señor Matute Ruíz haya sido cancelado, dándole cumplimiento a la Ley Orgánica de la Policía Nacional al artículo 126 numeral 6, se siguió el procedimiento administrativo establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, como ser en los artículos 127,128 y 129. Dicha resolución agota la vía administrativa, quedando expeditas las acciones que correspondan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en fecha 24 de enero del 2012 se le entregó al demandante cédula de citación para audiencia de descargo para el día 25 de enero del 2012, con el objeto de escuchar los descargos que este considere a la falta imputada. Evacuada que fue a audiencia en el día y hora indicada siguiendo con el procedimiento administrativo de sanción se remitieron las diligencias a la división Jurídica de la División Jurídica de la Dirección Nacional de la Policía Preventiva, de conformidad al Artículo 132 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que es válido el procedimiento administrativo realizado al policía Marcial Emiliano Matute Ruíz y remitir las dirigencias a la Dirección Nacional de la Policía Preventiva para que se emita la cancelación del acuerdo de nombramiento del demandante por haber incurrido en una de las causales estipulas en el Artículo 126 numeral 6 que literalmente señala los miembros de la carrera policial podrán ser despedidos de sus cargos sin responsabilidad para el Estado de Honduras, por cualquiera de las causas siguientes 1)...2)... 3)... 4)...5)... 6) Por todo acto de violencia, injurias, calumnias, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra durante sus labores, o fuera de servicio, en contra de sus superiores en grado o mando, o compañeros de trabajo.” En consecuencia Señor juez el Procedimiento Administrativo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad al emitir acuerdo de cancelación número 0382-212 está apegado a derecho y dentro de los términos allí establecidos, tal y como consta en el expediente administrativo.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa. M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de marzo del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva en la que declaró IMPROCEDENTE La acción incoada, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación número SEDS-0382-2012 de fecha 09 de Marzo del 2012 contenido en el oficio número SEDS-SG-429- 2012 de fecha 14 de Marzo del 2012; en vista de lo cual confirma el mismo. Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio; bajo el criterio que en el caso de autos no hubo infracción al ordenamiento jurídico al haberse emitido el acuerdo de cancelación a la parte demandante, pues consta en autos que el mismo fue citado a una audiencia de descargo en fecha 24 de enero del 2012, misma que fue celebrada el día siguiente Miércoles 25 de enero del 2012, dándose de esta manera cumplimiento a lo estipulado en el párrafo tercero del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, audiencia esta, en la cual no pudo el demandante desvirtuar el incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 numeral 2) de la referida Ley, ya que el mismo reconoció en la audiencia de descargo su actuación en los hechos que se le atribuyen, hechos estos que no logró desvirtuar tanto en vía administrativa como en vía judicial, es en virtud de ello que se debe declarar sin lugar la presente acción por estar dictado el acto administrativo impugnado conforme a Derecho. Que el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional en su párrafo tercero establece que a audiencia de descargo se verificara dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a notificación, en el lugar donde el miembro (a) de a Carrera Policial realiza sus funciones, tal como sucedió en el expediente de mérito.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecisiete de julio del año dos mil catorce, dictó sentencia confirmando, la proferida por el a-quo; bajo el criterio que para la emitir el acuerdo de cancelación del demandante se siguió el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL, en fecha veintiocho de agosto del año dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha diecisiete de julio del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.209-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 133-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa. M.D.C., departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha uno se septiembre del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la recurrida, Abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, presentó en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de esa misma fecha, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas uno y seis de octubre del año dos mil catorce, los Abogados JOSÉ ARMANDO ESPINAL y MARCO ANTONIO SANCHEZ y DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veinte de octubre del año dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados JOSÉ ARMANDO ESPINAL y MARCO ANTONIO SANCHEZ y DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna por falta de aplicación del artículo 115 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, Decreto 67-2008 en relación con el artículo 321 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 719 numeral 1, inciso b) y c), numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMINETO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte Dispositiva de la Sentencia Impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Artículo 719 numeral 1 inciso b) y c).- Causales del Recurso, Dispone: Inciso b) Los Actos y Garantías procesales cuando su infracción suponga nulidad o produjera indefensión; y c) La forma y contenido de la Sentencia; Artículo719 numeral 2 del Código Procesal Civil: Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del Litigio. El Artículo 115 de la Ley orgánica de la Policía Nacional prescribe: El miembro de la policía Nacional sometido a proceso penal o procedimiento disciplinarlo por falta grave, será suspendido en el desempeño de sus funciones. Al señor MARCIAL EMILIANO MATUTE RUIZ, al momento de iniciársele el procedimiento administrativo disciplinario nunca fue suspendido del cargo. La constitución de la República en su Artículo 321 dispone: Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. La omisión en la aplicación del Artículo 115 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional acarrea nulidad, por lo que la sentencia formulada bajo esos términos es defectuosa y procede en consecuencia se case.”.- II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en su formulación se alude a la falta de aplicación de la norma señalada como infringida y en su desarrollo a la “… aplicación e interpretación de las normas de derecho…” lo cual le resta claridad y precisión al cargo, ya que si una norma no fue aplicada no pudo ser al mismo tiempo interpretada; y, b) se indica como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1, inciso b) y c), numeral 2 del Código Procesal Civil, pero es contrario a la técnica del recurso el señalamiento de varios causales en un mismo motivo, debiendo ser señaladas en forma separada e independiente.- III.- En el segundo motivo de casación el Impetrante expone lo siguiente: “Se impugna por falta de aplicación del artículo 128 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, Decreto 67-2008 en relación con el artículo 321 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el articulo 719 numeral 1, inciso b) y c), numeral 2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMINETO QUE SE IMPUGNA: Se impugna Parcialmente los FUNDAMENTOS DE DERECHO: en la parte de los CONSIDERANDO (4): “Que del estudio y análisis del presente caso se concluye que la Sentencia definitiva venida en Recurso de Apelación está dictada conforme a Derecho, esto porque tal como señala el A-QUO, la demandada para emitir el Acuerdo e Cancelación del Demandante siguió el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional específicamente en sus artículos 126 at 132.” Y CONSIDERANDO (5): Que tal como lo establece el A-QUO en el fallo apelado y consta en autos, el demandante fue citado a una Audiencia de descargos en cuya citación se le señala la falta imputada, la cual se realizo con la presencia del demándate y en la forma establecida en la Ley, ya que si bien es cierto, en la correspondiente citación se señala que la audiencia se celebrara el día Miércoles 24 de enero a las 09:00 a.m., efectuándose la citación el 24 de enero a las 2:00 p.m., no menos cierto es, que al realizarse la misma el 24 de Enero por la tarde y señalarse pues la audiencia se Celebraría el Miércoles 24, siendo lo correcto miércoles 25 y al llevarse a cabo la audiencia en dicha fecha 25 de Enero y comparecer el Demandante a la misma, se entiende que este se dio por enterado que la audiencia se celebraría al día siguiente, es decir, el 25 de enero, ya que asistió a la misma, llevándose a cabo conforme a derecho…” y totalmente la parte Dispositiva de la Sentencia Impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Articulo 719 numeral 1 inciso b) y C).Causales del Recurso, Dispone: Inciso b) Los Actos y Garantías procesales cuando su infracción suponga nulidad o produjera indefensión; y c) La forma y contenido de la Sentencia; Articulo7l9 numeral 2 del Código Procesal Civil: Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del Litigio. Se violento la normativa Jurídica, Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, al habérsele practicado a nuestro representado, señor MARCIAL EMILIANO MATUTE RUIZ, el Veinticinco (25) de Enero del año Dos Mil Doce (2012), la respectiva AUDIENCIA DE DESCARGO, sin previamente haber sido NOTIFICADO, como lo establece el artículo 128 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, que literalmente expresa: “Para efecto de la aplicación de las Sanciones antes establecidas se deberá Notificar por escrito al miembro de la Carrera Policial objeto de procedimiento disciplinario, las razones de cambio o de los hechos que se le imputan, que de resultar no desvirtuados o de insuficiente mérito darían lugar a la aplicación de una sanción. También deberá notificarse el lugar, fecha y hora en que se celebrara la audiencia para escuchar los descargos que el citado tenga y las pruebas que pueda aportar.” Es evidente que para que se considere INFRINGIDA UNA LEY, se entenderá que lo ha sido, cuando dados los hechos que se declaren probados, se hubiere infringido un precepto legal que deba ser observada en la aplicación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras y en el presente caso se ha obviado principios jurídicos de obligatoria observancia, lo que va en detrimento de nuestro representado y en el presente caso se cometió la infracción del artículos 128 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras. Si bien es cierto en el expediente de merito se encuentra agregada CEDULA DE CITACION de fecha 24 de Enero del 2012 que literalmente dice: “EL INFRASCRITO JEFE DE RECURSOS HUMANOS, DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL NO. 1 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA, AL SENOR (A) MARCIAL EMILIANO MATUTE RUIZ, HACE SABER QUE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY, SE LE CITA EN LEGAL Y DEBIDA FORMA PARA QUE COMPAREZCA A LA AUDIENCIA DE DESCARGO QUE SE LE LLEVARA A CABO EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL NO. 1 A LAS 9:00 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 24 DE ENERO DEL AÑO 2012, CON EL OBJETO DE ESCUCHAR LOS DESCARGOS QUE DEBERA PRESENTAR CON RELACIÓN A LA FALTA QUE SE LE IMPUTA: “ESCANDALIZAR EN VIA PUBLICA Y AMENAZAS A MUERTE A LOS AGENTES POLICIALES QUE LE REQUIRIERON EL DIA SABADO 14 DE ENERO DEL 2012 EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, ATLANTIDA”. PARA LO CUAL DEBERA ACOMPAÑARSE DE UN TESTIGO, PUDIENDO APORTAR LAS PRUEBAS QUE ESTIME CONVENIENTE, EN CASO DE SU NO COMPARECENCIA SE TENDRA SU REBELDIA COMO ACEPTACIÓN TACITA DE LOS CARGOS O DE LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN. LA PRESENTE CITACIÓN SE FUNDAMENTA EN LOS ARTICULOS 128, 129 131 DE LA LOPN. FIRMA Y SELLO JEFE DE RECURSOS HUMANOS JEFATURA DEPARTAMENTAL NO. 1” Nuestro representado nunca fue Notificado en legal y debida forma como lo establece el Artículo 128 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, para que compareciera a la Audiencia de Descargo que se le practico el 25 de Enero del 2012, sino que fue citado a una Audiencia de Descargo para el mismo día 24 de enero del 2012, por consiguiente al NO ESTAR plenamente acreditada la NOTIFICACION como lo estipula el Artículo 128 de la precitada Ley para el 25 de Enero del 2012, hubo infracción al ordenamiento jurídico establecido en la Ley orgánica de la Policía Nacional y al haber infracción al ordenamiento jurídico el Acuerdo de Cancelación del nombramiento es Nulo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34 inciso C) de Ia Ley de Procedimiento Administrativo. La constitución de la República en su Artículo 321 dispone: Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. La omisión en la aplicación del Artículo 128 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, convierte el acto administrativo en Nulo, porque no se notificó a nuestro representado para la audiencia de Descargo del 25 de enero del 2012.”.- IV.- Que el anterior cargo no está llamado a prosperar debido a los siguientes defectos técnicos: a) en su formulación se alude a la falta de aplicación de la norma señalada como infringida y en su desarrollo a la la “…aplicación e interpretación de las normas de derecho…” lo cual le resta claridad y precisión al cargo, ya que si una norma no fue aplicada no pudo ser al mismo tiempo interpretada; b) se indica como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1, inciso b) y c), numeral 2 del Código Procesal Civil, pero es contrario a la técnica del recuso el señalamiento de varios causales en un mismo motivo, debiendo ser indicadas en forma separada e independiente; c) en la explicación del motivo se insta la revisión de os hechos y la interpretación y valoración de las pruebas lo cual, le es vedado a este tribunal de conformidad con el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) se realizan en su desarrollo inapropiados alegatos de instancia.- V.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de mayo del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha doce de abril del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 510-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL