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Sentencia CA-508-14 — Registro 5961

Resumen

En primera intsancia se dictó sentencia declarando inadmisible la acción interpuesta por la demandante, por haber ejecutado actos contrarios e incompatibles con el ejercicio de su cargo judicial, al ostentar cargos de representación de un partido político en una mesa electoral receptora en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnico siguientes: a) carece de claridad y precisión en su formulación cuando se indica como infringido el artículo 3 literal 3) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, tal numeral no existe en la citada ley, es hasta en el desarrollo del cargo que se refiere al artículo 3 inciso c) de tal cuerpo legal; b) en su explicación se indican los artículos 80 y 129 de la Constitución de la República y el 79 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero tales disposiciones no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación del mismo; y, c) se insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) Del Código Procesal Civil."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) señala entre otros como infringidos los artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, disposiciones que contienen varios numerales que regulan situaciones jurídicas diferentes y que era necesario precisar; b) en el desarrollo del cargo se indican los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pero tales disposiciones no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación del mismo; c) se insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) señala entre otros como infringidos los artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, disposiciones que contienen varios numerales que regulan situaciones jurídicas diferentes y que era necesario precisar; b) en el desarrollo del cargo se indican los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pero tales disposiciones no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación del mismo; c) se insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) se realizan inapropiados alegatos de instancia"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de abril de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: la señora LEILA EDILIA MOTIÑO YANES, representado en juicio por el Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, representado en juicio por la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMÍNGUEZ CHÁVEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria de daños e indemnización de perjuicios, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas necesarias para su restablecimiento por quebrantamiento del procedimiento administrativo y por ser injusto e ilegal el despido de que fue objeto la demandante, que se ordene el pago de los salarios dejados de percibir, los incrementos salariales, bonificaciones y demás derechos laborales a título de daños y perjuicios, desde la fecha de la ilegal y arbitraria destitución de que fue objeto, hasta el día en que de acuerdo a la sujeción del procedimiento procesal quede firme la sentencia que al efecto se dicte, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, por la señora LEILA EDILIA MOTIÑO YANES, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que ingresó al Sistema Judicial el 21 de mayo de 1996, desempeñándose en el cargo de Defensora Pública asignada en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, y en consideración a los méritos profesionales y capacidad mostrada en el desempeño de sus funciones, fue ascendida al cargo de Juez de Letras Supernumeraria de la Sección Judicial de la misma ciudad; en fecha 13 de enero de 2003, la demandante recibió un sobre conteniendo el Acuerdo No.137 de fecha 8 de enero de 2003, en donde se le notificó la destitución del cargo, atribuyéndole de manera ilegal haber incurrido en actos incompatibles con el ejercicio del cargo; que las actuaciones realizadas por la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, transgreden el Principio de Legalidad, ya que el Reglamento de Inspectoría faculta realizar investigaciones únicamente a la Inspectoría General de Tribunales, por consiguiente la Dirección de Administración de Personal, lejos de cumplir con las atribuciones que la Ley y el Reglamento le señalan, abusando de su autoridad, con pruebas fabricadas y de manera extemporánea, ante el fracasado intento de buscar causas justas que ameritaran una sanción administrativa en contra de la demandante, por consiguiente, sí las leyes no le dan tal facultad no tienen autoridad para ello y en relación al artículo 158 del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, sólo puede tener aplicación cuando se trate de un hecho notorio y públicamente conocido y que no haya dudas acerca de la incompatibilidad; siguiendo con el orden de violaciones al Debido Proceso que garantiza el artículo 90 de la Constitución de la República, sobre todo en lo referente a que no puede despedirse a un trabajador sino mediante información sumaria previa y escuchadas en audiencia las razones y descargos del interesado, realizando las investigaciones pertinentes y evacuando las pruebas que correspondan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 188 del Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial; que apenas habían transcurrido 2 días de haber terminado el período de maternidad la demandante, cuando mediante fax enviado al Juzgado recibió cédula de citación con fecha 18 de septiembre 2002, por el cual se le citaba para una audiencia descargo a responder por actos incompatibles con el ejercicio del cargo sin especificar cual fue el acto que supuestamente ejecutó la demandante, pues, el artículo 50 de la Ley de la Carrera Judicial cita una diversidad de actos que se consideran incompatibles, de lo cual, la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, tenía como obligación legal determinar con claridad sin ninguna duda cual era el acto incompatible en que supuestamente había intervenido y poder hacer uso la demandante del legítimo derecho a la defensa, y aportar las pruebas de descargo, violando con ello el contenido del artículo 65 de la Ley de la Carrera Judicial; era tanto el afán y la prisa de la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, que 2 días después de habérsele tomado la audiencia de descargo número 114-2002 de fecha 24 de septiembre de 2002, sin contar con prueba que justificara tal proceder, en fecha 26 de septiembre del mismo año, se emitió resolución recomendando a la Corte Suprema de Justicia despedir del cargo de Juez a la demandante, por haber participado como delegado de un Partido Político ante la mesa electoral número 10648-4 ubicada en la Escuela Luis A. Zúñiga de la ciudad de la ciudad de El Progreso y mandó que se remitiera a la Presidencia copia de ésta resolución.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ), contestó dicha demanda señalando que la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento tienen por objeto que la justicia pueda ser impartida en forma pronta y cumplida por Magistrados y Jueces probos, dignos y respetables y que el sistema de administración de justicia sea una garantía total de imparcialidad, eficiencia y buen servicio, para preservar la justicia, la paz social y el imperio de la Ley, también tiene como objetivo regular las relaciones entre el poder judicial y sus servidores, mediante la delimitación de sus derechos y deberes; el Régimen de la Ley de la Carrera Judicial comprenderá a todos los servidores del Poder Judicial cuyo nombramiento se haya efectuado por la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los procedimientos establecidos en la misma y su reglamento; que corresponde a la Dirección de Administración de Personal como órgano ejecutivo encargado de la aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento velar por su estricto cumplimiento; los Jueces y magistrados prestarán sus servicios en forma exclusiva al poder judicial y no podrán por consiguiente, realizar actividades que sean incompatibles con el desempeño de sus cargos tal como sucede en el presente caso bajo examen, es de hacer la observación que en adición a lo ya argumentado, los funcionarios judiciales y el personal auxiliar del poder judicial de las áreas jurisdiccionales y administrativas, no podrán participar por ningún motivo alguno en actividades de tipo partidista de cualquier clase excepto la de emitir su voto personal, así como lo establecen las leyes de la República, que limitan la participación a ciertos ciudadanos que ocupan cargos de administración de justicia, porque dicha función, constitucionalmente está reglamentada como no compatible con dichas funciones y que la demandante a sabiendas de dicha prohibición expresa por la Ley, participó en eventos que condujeron al Estado de Honduras a dar por terminada la relación laboral mediante su destitución, sin responsabilidad alguna en vista de haber incurrido en violación a una norma que era menester por parte de la demandante observa, por lo que se concluye que están debidamente probados los hechos investigados por la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial y que concluyó acertadamente en el despido de la misma sin responsabilidad alguna para el Estado de Honduras, por haber ejecutado la demandante actos contrarios e incompatibles con el ejercicio de su cargo judicial, al ostentar cargos de representación de un partido político en una mesa electoral receptora; que la demandante quiere confundir el buen criterio del Juzgador, al manifestar que la Dirección de Personal de la Carrera Judicial se inventó la causal de despido, y que en todo caso la vigilancia de los operadores de los Órganos Jurisdiccionales le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Inspectoría General de Tribunales, y no a través de la Dirección de Personal de la Carrera Judicial; en otro orden de ideas, la demandante quiere desnaturalizar este procedimiento, y lo que no pudo demostrar en el expediente administrativo donde se resolvió su despido, lo quiere hacer valer en esta instancia, no detallando con claridad donde se encuentran los vicios, para que este tribunal estime procedente su pretensión manifestando reiteradamente su buen comportamiento sin aportar elementos jurídicos, para que se le reconozca su infundada pretensión.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha once de abril de dos mil trece, dictó sentencia declarando inadmisible la acción interpuesta por la señora Leila Edilia Motiño Yanes, contra el Estado de Honduras, por actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, por las razones ya descritas anteriormente; ordenó el archivo de las presentes diligencias, sin costas; bajo el criterio que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece los momentos procesales oportunos para que cada sujeto procesal invoque lo relevante a la admisión o no de una Demanda, para tal efecto, el Juez lo puede hacer por medio de la subsanación al momento de que se presente la Demanda como lo dice el Artículo 47, (esto no fue realizado por el entonces Juez de esta Judicatura) y al momento de dictar sentencia, como lo establece el artículo 80 de dicha Ley; el artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señala taxativamente que de oficio el Juez en la sentencia definitiva declarará la inadmisibilidad en los casos siguientes: a) Cuando su conocimiento no correspondiere a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa; b)…; c).... ch)… d)… e) Que el escrito de demanda adoleciere de defectos formales que impidan verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, lo que ocurre en el presente caso, esto debido a que en la pretensión del demandante no se encuentra la Solicitud de Nulidad de un Acto Administrativo lo que en definitiva constituye un defecto formal que impide verter pronunciamiento sobre el fondo del asunto, asimismo la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es clara al indicar que esta Judicatura sólo conocerá de la EJECUCION de las resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial, lo que no sucede en este caso, pues como se explicó anteriormente el objeto de contienda en este juicio no es la Ejecución de una Resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial sino un pago de Daños y Perjuicios por considerar que dicha resolución es injusta y arbitraria, debiéndose por lo tanto declarar inadmisible la presente demanda.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de junio de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que es claro que el presente asunto no es competencia de los tribunales de esta jurisdicción, por no poder pretenderse la nulidad de actos administrativos en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial, ya que al tenor del cuerpo legal aquí descrito, al momento de la cancelación de la demandante, únicamente se podía pretender la ejecución de actos positivos en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial, y no la nulidad de actos administrativos como fue pretendido por la parte actora, ya que esta última pretensión era dirimible ante el Consejo de la Carrera Judicial, y de no estar de acuerdo con la decisión emitida por dicho órgano, procedía el recurso de amparo ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, ya que hasta la entrada en vigencia de la actual vigente Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, es que los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer la nulidad de actos administrativos de separación de servidores y funcionarios judiciales, pero en el momento de la cancelación de la demandante, como se explicó anteriormente, en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial, no era posible dicha pretensión, por mandato expreso de la ley.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, el Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES, en fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cinco de junio de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 158-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 019-2006 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Cortés, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, la Abogada CLARISSA MARGARITA DOMÍNGUEZ CHÁVEZ, presentó en fecha uno de octubre de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dos de octubre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha tres de octubre de dos mil catorce, los Abogados CLARISSA MARGARITA DOMÍNGUEZ CHÁVEZ y JULIO CESAR LAGOS REYES, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó providencia en fecha veinte de octubre de dos mil catorce, teniendo por personados a los Abogados JULIO CESAR LAGOS REYES, como recurrente y CLARISSA MARGARITA DOMÍNGUEZ CHÁVEZ, como recurrida, en consecuencia sígase con el tramite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “SE IMPUGNA LA SENTENCIA DICTADA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE FECHA CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, POR DEFECTO EN EL EJERCICIO DE LA JURISDICCION POR APLICACIÓN ERRONEA DEL ARTÍCULO 3 NUMERAL 3 DE LA LEY DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Se infringe el artículo 3 numeral 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por aplicarlo erróneamente, manifestándose concretamente porque el Órgano Jurisdiccional niega indebidamente que le corresponde la jurisdicción para resolver acerca de la pretensión que se somete. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha Cinco de Junio del año Dos Mil Catorce, al hacer suyos todos los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1, inciso a) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Como consta en el proceso Contencioso Administrativo, al amparo del artículo 129 de la Constitución de la República, en fecha Veinte de Abril del año Dos Mil Seis, mi representada promovió la Demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con fundamento en el evidente despido arbitrario e injusto de que fue objeto, debido a que la disposición constitucional otorga derecho al trabajador de elegir entre una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas; o a que se le reintegre; mi representada optó por reclamar los salarios dejados de percibir a título de daños, e indemnización de perjuicios, como consecuencia, las indemnizaciones legales y convencionales previstas; para sorpresa nuestra, la sentencia impugnada vía recurso de casación, niega tener jurisdicción para resolver el asunto sometido a su conocimiento, lo que no resulta legal, lógico, congruente, justo ni equitativo, que un Organo Jurisdiccional conduzca a mi representada, y a su servidor, por todo el escabroso camino procesal, para que después de Ocho años declare que sobre la pretensión oportunamente deducida y sostenida la oposición por la Procuraduría General de la República, manifieste en la sentencia que no puede verter pronunciamiento por falta de competencia; aplicando erróneamente el contenido del artículo 3 numeral 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y según el fallo recurrido el caso que nos ocupa, no es competencia de los Tribunales de ésta jurisdicción, por no poder pretender la nulidad de actos administrativos en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial, ya que al tenor del cuerpo legal aquí descrito, al momento de la cancelación de la demandante, únicamente se podía pretender la ejecución de actos positivos en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial, y no la nulidad de actos administrativos como fue pretendido por la parte actora, ya que ésta última pretensión era dirimible ante el Consejo de la Carrera Judicial, y de no estar de acuerdo con la decisión emitida por dicho órgano, procedía el recurso de amparo ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, ya que hasta la entrada en vigencia de la actual Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, es que los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer la nulidad de actos administrativos de separación de servidores y funcionarios judiciales, pero en el momento de la cancelación de la demandante, como se explicó anteriormente, en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial, no era posible dicha pretensión por mandato expreso de la Ley (erróneo criterio sostenido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo). El razonamiento anterior más que una interpretación legal, considero que los Honorables Magistrados, dejaron de ejercer la función jurisdiccional, adoptando una postura legislativa y carentes de ecuanimidad al momento de dictar el fallo, y no los culpo ni juzgo por ello, entiendo la postura en que se encuentran, y eso me motiva a continuar con este proceso hasta agotar el último recurso interno, por considerar que mi representada le asiste la razón y el derecho a que un Tribunal imparcial, se pronuncie sobre el fondo del asunto que ha sido sometido a conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; veamos, en el caso que nos ocupa, no cabe la menor duda que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sí está facultada para conocer y fallar sobre el asunto sometido a su conocimiento; a tal efecto, el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; señala: a) La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a)... b) ... c) La ejecución de las resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago de indemnizaciones.....”, lo que implica una aplicación errónea de la precitada norma legal; tal y como lo hemos expresado anteriormente, el acto que origina la Demanda, lo constituye la resolución o llámese sentencia que fue dictada por el Consejo de la Carrera Judicial en fecha Veintiuno de Febrero del año Dos Mil Seis, con motivo del Reclamo de Reintegro al cargo de Juez de Letras Supernumerario de la sección judicial de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, en el Expediente Administrativo 642-03, acto que causó estado con el nombramiento del Juez Sustituto; en efecto, el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señala concretamente de que conocerá la Jurisdicción de lo contencioso administrativo; y el inciso c) establece con precisión que casos conocerá dicha jurisdicción veamos: I.- En primer lugar conocerá de la ejecución de resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial que tengan por objeto reintegros; y, II) En segundo lugar, conocerá, de las resolución que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial que tenga por objeto el pago de indemnizaciones; en esta disposición legal se manifiesta la errónea aplicación del contenido del citado artículo, muy convenientemente citado por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que lo aplica literalmente sin atender a la disyuntiva ó que aparece en el texto del inciso c) del artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; consecuente con ello, mi representada la Ex Juez, LEILA EDILIA MOTIÑO YANES, si le asiste el derecho de promover acciones para reclamar Indemnización de Perjuicios derivados de resolución dictadas en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial; a reclamar el reconocimiento de su situación jurídica individualizada con la adopción de medidas para su pleno restablecimiento como ser la indemnización de perjuicios, sin necesidad de reclamar nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución adoptada por el Consejo de la Carrera Judicial en fecha Veintiuno de Febrero del año Dos Mil Seis, que confirmó el injusto e ilegal despido de que fue objeto y que causó estado al nombrar el sustituto, y le asiste el derecho, no solo porque el propio artículo 3 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo determina con claridad cuando señala que conocerá, de las resolución que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial que tengan por objeto el pago de indemnizaciones, sino porque el artículo 129 de la Constitución de la República, ampara ese reclamo, otorga un derecho constitucional al trabajador de elegir entre el reintegro ó a reclamar una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; de tal suerte que la jurisdicción de lo contencioso administrativo sí es la llamada a fallar el fondo del reclamo presentado en tiempo por mi representada, consecuentemente, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, relativo a la inadmisibilidad de la acción; porque la demanda está bien fundamentada al motivar su reclamo al amparo del artículo 3 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo relacionado con el artículo 129 de la Constitución de la República como Ley Primaria de la Nación; y con ello se determina con claridad que si tiene competencia la Jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer y fallar la demanda, competencia que ya se exteriorizó con la admisión de la demanda, su contestación u oposición, apertura de prueba, y la formulación de conclusiones; y el Órgano Jurisdiccional tiene la obligación de fallar sobre lo alegado y probado en juicio, debiendo verter su pronunciamiento, sin negarle a mi representada su derecho de acceder ante los Tribunales de Justicia; la negación de la competencia y jurisdicción vulnera la garantía constitucional prevista en el artículo 80 de la Constitución de la República, relativo al derecho de petición; por lo antes expuesto, ruego la admisión del presente motivo y en su oportunidad declarar la nulidad casando la sentencia recurrida, resolviendo conforme a derecho. AGRAVIO: El agravio que causa a mi poderdante la sentencia, es precisamente que se le priva del Derecho de peticionar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, que rechaza el conocimiento del proceso por falta de jurisdicción o competencia para resolver acerca de la pretensión que se somete y confirma la sentencia definitiva de primera instancia que declara inadmisible la acción, produciendo con ello defecto en el ejercicio de la jurisdicción. APLICACIÓN PRETENDIDA. Que se declare con lugar el Recurso de Casación por el Motivo de casación que nos ocupa, declare la nulidad absoluta de la sentencia, ordenar al Órgano correspondiente, con devolución de las actuaciones que sí fuere posible en razón del estado del proceso, en el plazo de Treinta (30) días dicte sentencia sobre el fondo.”.- II. Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por los defectos técnico siguientes: a) carece de claridad y precisión en su formulación cuando se indica como infringido el artículo 3 literal 3) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, tal numeral no existe en la citada ley, es hasta en el desarrollo del cargo que se refiere al artículo 3 inciso c) de tal cuerpo legal; b) en su explicación se indican los artículos 80 y 129 de la Constitución de la República y el 79 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero tales disposiciones no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación del mismo; y, c) se insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) Del Código Procesal Civil.- III. En el segundo motivo de casación el Impetrante establece lo siguiente: “SE IMPUGNA LA SENTENCIA DICTADA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE FECHA CINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, POR INFRACCION DE LOS ACTOS Y GARANTIAS PROCESALES QUE HACEN NULO LO ACTUADO Y PRODUCEN INDEFENSION. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Las disposiciones que se consideran infringidas son los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, aplicados supletoriamente por mandato expreso del artículo 134 de la Ley de La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de las cuales el Órgano Jurisdiccional ha causado rebeldía al infringirlas. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de fecha Cinco de Junio del año Dos Mil Catorce, la cual ha hecho suyos los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 1 inciso b) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: La sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, infringe la obligación que tiene el Órgano Jurisdiccional de juzgar dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición; el fundamento de esta obligación fundamental que tiene el Juzgador, la encontramos precisamente en el contenido del artículo 206 del Código Procesal Civil, cuando indica: Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; esto se traduce en el deber del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo exclusivamente con las pretensiones y negaciones o excepciones que en su caso, hayan planteado las partes durante el juicio; lo cual no lo refleja la sentencia recurrida, quien al igual que la Juez de Primera Instancia, acudió a subterfugios de apariencia legal para no pronunciar fallo sobre el fondo del asunto, y en donde sin objeción alguna quedó demostrada la ilegalidad e injusticia del acto administrativo que contiene el despido de mi representada; la congruencia, por su parte, ha de entenderse como aquél principio normativo dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional por lo cual debe haber identidad entre lo resuelto y lo controvertido, oportunamente por los litigantes; este principio de congruencia, estriba en que las sentencias deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formulada por el demandado, es decir, a las pretensiones que las partes oportunamente hayan deducido durante la substanciación del pleito; y que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí; en materia de congruencia, la sentencia recurrida en éste acto, representa una triste calamidad jurídica, porque no existe ningún asomo de que el Órgano Jurisdiccional haya resuelto en concordancia con la demanda y contestación, o lo que es lo mismo decir, no ha resuelto según las pretensiones fijadas por cada una las partes contendientes; y la exhaustividad, impone al Juzgador el deber de resolver sobre todo lo pedido por las partes; por lo que también el fallo impugnado carece de todos esos elementos, es decir, que el fallo recurrido carece de claridad, impregnada de confusión, carece de precisión y de exhaustividad; estos elementos imponen al Tribunal la obligación de resolver sin apartarse de la causa de pedir, por lo que conforme al numeral 2 del artículo 206 del mismo Código Procesal Civil, señala que: El Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las reglas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Señores Magistrados, no caben ni deben haber excusas para no pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido al conocimiento del Juzgador conforme al Principio de Derecho conocido como Iura novit Curia, es decir, que el Juez conoce el Derecho, por lo que está en la obligación de fallar sin pretextos y dictar una sentencia conforme a derecho, sin acudir a subterfugios con apariencia de derecho, haciendo conclusiones inapropiadas para evitar resolver sobre el fondo, transgrediendo así, los actos y garantías procesales relativos a los requisitos internos de las sentencias, que al no observarse hacen nula sentencia, y como consecuencia, también la sentencia recurrida, produce indefensión violando garantías previstas en la Constitución de la República como el Derecho de Defensa y Debido proceso, regulados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; de tal suerte, que es significativo que el juzgador tenga el deber de cuidado de analizar toda la controversia sometida a debate a efecto que su parte resolutiva sea acorde al litigio (principio de correlación de la sentencia con la demanda); cualquier sentencia que no sea precisa o clara puede conseguir el efecto contrario de su naturaleza, causando confusión e incertidumbre lo que por si trae indefectiblemente inseguridad jurídica que tanto se jacta el Estado de garantizar. No obstante lo anteriormente expresado, la sentencia definitiva dictada por éste Honorable Órgano Jurisdiccional, y que en éste acto se recurre carece de fundamentación, se limitó a citar disposiciones jurídicas sin establecer de manera justificada y razonada, lo que motivó a declarar inadmisible la acción.- Es básico que las resoluciones judiciales tengan una adecuada fundamentación fáctica y jurídica, la cual debe ser real y convincente, lo cual no ocurre en la sentencia recurrida, que implica fundamentar una sentencia: Deben expresarse los motivos de hecho y de derecho en que se basa la resolución, así como la indicación del valor que se le haya atribuido a los elementos de prueba presentados; por lo que al pronunciarse el fallo no se hizo referencia alguna en relación a la prueba ni a las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito se limitó a pronunciarse sobre una inexistente falta de jurisdicción; en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación, ya que a través de la misma se exponen las razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas; la fundamentación cumple dos funciones, a saber: 1.- Interna: En el proceso, explica a los involucrados porque se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos; y, 2) Externa: Dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso, evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el Juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes; que mensaje se puede manifestar cuando una Ex Juez de la nación reclama a que el Órgano Jurisdiccional se pronuncie sobre una demanda sustentada en prueba, y los Tribunales de la República, no se pronuncien sobre lo alegado y probado en juicio, argumentando que no tienen jurisdicción; se manda un mensaje equivocado; al carecer la sentencia recurrida de fundamentación, no se exterioriza la imparcialidad del Tribunal, no se manda un mensaje que se está resolviendo con apego a la Ley; esta falta de fundamentación nos orienta a calificar lo fallado que no se manifestó el elemento de la imparcialidad, no fue vista la parte demandada como parte procesal, sino como el superior jerárquico, se exteriorizó la falta de independencia, el temor de fallar y pronunciarse sobre el fondo del asunto, dictando por ello un fallo incongruente, ilegítimo, transgresor de las garantías constitucionales de defensa y debido proceso y carente de fundamentación. Porque es importante la fundamentación al dictarse una sentencia; la respuesta es simple, la fundamentación debe entenderse como el ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez, lo cual no ocurrió en el caso que se recurre; todo lo contrario, la sentencia definitiva es confusa, contradictoria y se aparta en lo absoluto de resolver sobre las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito.- No se debe confundir motivar con fundamentar, quien motiva explica las causas de sus decisiones; quien explica da razones para hacer aceptable lo que ha resuelto; por eso en materia jurídica, las decisiones solo son válidas sí están respaldadas por razonamientos legales, esto es: Fundamento Factico, Fundamento Probatorio, y Fundamentos Jurídicos.- Para evitar confusiones innecesarias entre motivos y fundamentos la Teoría de la Fundamentación de Resoluciones, acude a una diferencia propia de las ciencias exactas: 1.- Contexto de Descubrimiento: Se refiere a un proceso decisional, es decir a una actividad mental que no siempre se guía por criterios lógicos, puede incluso optarse por una solución sin seguir un método identificable o acudiendo a criterios irracionales.- 2) Contexto de justificación: Según este contexto, una vez que se ha descubierto algo, debe explicarse de alguna forma. De tal suerte que la regla de oro en el tema de la fundamentación es que solo se puede decidir aquello que se está en condiciones de fundamentar; en el caso que se recurre, la sentencia carece de manera absoluta de fundamentación para declarar inadmisible la acción; el deber de motivar la sentencia consiste en la exigencia, para el Juzgador de precisar los hechos en que funda su decisión, con base en las pruebas practicadas en el proceso, en el caso que nos ocupa se obvió referirse a la prueba simplemente porque la prueba aportada dio la razón a mi representada de que fue objeto de un despido ilegal que transgredió el propio procedimiento disciplinario previsto en la entonces Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento. La motivación requiere que el Juzgador analice y valore cada uno de los medios de prueba practicados en el proceso y que, basándose en tal análisis y valoración determine los hechos en que fundará su resolución; es decir, que pesa sobre el Juzgador, el deber de examinar absolutamente todas las pruebas de autos, a fin de determinar, con el resultado de ese análisis, sí se probaron o no y en qué medida, los hechos fundatarios del derecho exigido o de las excepciones o defensas opuestas.- Conociendo en qué consiste el deber de motivar, es importante hacer una diferenciación con el deber de fundamentar, tal y como se ha dicho, el deber de fundar las sentencias, consiste en que se deben dictar conforme a la interpretación jurídica de la Ley y a falta de ésta en los Principios Generales del Derecho, pero el deber de fundar, no basta con citar o mencionar los artículos del texto legal citado, o los preceptos jurídicos que se estimen aplicables, el deber de fundar exige, además, que el Juzgador exponga las razones o argumentos por los que estime aplicables tales preceptos jurídicos; lo que implica, que la motivación y fundamentación exigen al Juzgador el análisis y la valoración de todos los medios de pruebas practicados para que precise los hechos sobre los que basa su resolución, además de la indicación de los preceptos jurídicos en los cuales la funde, exponiendo las razones por los que consideró aplicables tales preceptos de derecho.- Las exigencias de motivación y fundamentación tienen por objeto no solo que el Juzgador exprese sus razones de hecho y sus argumentaciones jurídicas, sino sobre todo, que tales razones y argumentaciones puedan ser revisadas por el Tribunal que, en su caso conozca de la impugnación contra la sentencia; o como escribió HANS REICHEL, “Los fundamentos de la resolución judicial, tienen por objeto, no solo convencer a las partes, sino mas bien fiscalizar al Juez con respecto a su fidelidad legal, impidiendo sentencias inspiradas en una vaga equidad o en el capricho.” En el caso que nos ocupa, la sentencia definitiva que se recurre carece de motivación y fundamentación porque la Honorable Corte Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, se limitó a citar disposiciones legales encaminadas a no pronunciarse sobre el fondo del asunto, sin realizar ningún tipo de motivación, razonamiento o reflexión que impidió pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, sobre los argumentos previstos en el Recurso de Apelación, y sobre lo alegado y probado en el pleito; habiéndose producido indefensión, al no tomar en cuenta, ni valorar o razonar en forma correcta los argumentos presentados, no solo en la presentación de la demanda, en la formulación de conclusiones, sino también en la expresión de agravios formulados en el Recurso de Apelación; consecuente con lo antes expuesto, la ausencia de claridad, precisión, exhaustividad, la falta de fundamentación, al no haberse fallado dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas por las partes, indefectiblemente producen infracción de los actos y garantías procesales que hacen nulo lo actuado y producen indefensión; por lo cual, es procedente la admisión del Recurso de Casación por el motivo invocado, y en su oportunidad declarar la nulidad casando la sentencia recurrida. AGRAVIO: El agravio que causa a mi poderdante la sentencia recurrida, se debe a que infringió la obligación que tiene el Órgano Jurisdiccional de juzgar dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición; dictando una sentencia, con evidente falta de claridad, imprecisa, incongruente, y sin la concurrencia de exhaustividad y fundamentación suficiente. APLICACIÓN PRETENDIDA. Que se declare con lugar el Recurso de Casación por el Motivo de casación que nos ocupa, declare la nulidad absoluta de la sentencia, y dicte la sentencia que en derecho corresponda.”.- IV. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) señala entre otros como infringidos los artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, disposiciones que contienen varios numerales que regulan situaciones jurídicas diferentes y que era necesario precisar; b) en el desarrollo del cargo se indican los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pero tales disposiciones no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación del mismo; c) se insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) se realizan inapropiados alegatos de instancia.- V. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de mayo del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha doce de abril de dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 508-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL