Sentencia CA-490-14 — Registro 5813
Resumen
En primera instancia se declara con lugar la demanda especial en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo particular en segunda instancia se confirma la sentencia reiterando el criterio del Juzgador de primera instancia, bajo el señalamiento de que el procedimiento para la emisión del acto impugnado esta viciado de nulidad por incurrir en infracciones al ordenamiento jurídico
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que analizado el cargo que antecede, se desprende que el mismo resulta inadmisible, dado que el Impetrante en su explicación insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, tal como lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. En adición, confusamente señala otra forma distinta de violar la ley, al sostener: “… En su lugar el Tribunal de Alzada aplica en forma indebida el artículo número 129 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, si en el juicio está debidamente acreditada la delegación para celebrar la audiencia de descargo.”, lo cual debió haber estructurado en forma separada e independiente."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de abril del año dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, representado en juicio por el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ; y, Recurrido: el señor SANTOS MARGARITO SÁNCHEZ PONCE, representado en juicio por el abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo particular emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, que se reconozca la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto sin que se le pagaran los derechos e indemnizaciones laborales a que tiene derecho y como medida para el restablecimiento de sus derechos que se le paguen todos los derechos e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir con todos sus aumentos, pago de vacaciones, decimotercer mes, decimocuarto mes y demás beneficios colaterales que se generen desde la fecha de la cancelación de su acuerdo de nombramiento hasta la ejecución de la sentencia, costas, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha seis de mayo del año dos mil trece, por el señor SANTOS MARGARITO SANCHEZ PONCE, hondureño, mayor de edad, casado y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio de la Procuraduría General de la República.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que fue nombrado mediante acuerdo D.G.P.P. 1155-2002, el siete de octubre del año dos mil dos, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil trece, se le notificó el acuerdo de cancelación 0674-2013 de esa misma fecha, donde el Secretario de Estado de dicha dependencia, acordó su cancelación de su acuerdo de nombramiento y sin seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contestó dicha demanda rechazando lo manifestado por el demandante, al establecer que se emitió el acuerdo de cancelación sin causa justificada y sin seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, siendo todo lo contrario, a su vez refiere que el demandante en su demanda no precisa cuales son los hechos que violentaron dicho procedimiento, en vista que solo refiere que se violento lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, decreto 67-2008.- 3. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD interpuso defensas previas, alegando causa de inadmisibilidad de la demanda, por adolecer de defectos formales, el cual fue resuelto en fecha tres de septiembre del año dos mil doce y declarado sin lugar pues la demanda contiene todos los requisitos exigidos por la ley.- 4. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando PROCEDENTE la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, RECONOCIÓ la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento resolvió reconocer el derecho al pago de prestaciones laborales, consistentes en la indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta quince años, derechos adquiridos, más pago de los salarios dejados de percibir desde su cancelación hasta que se ejecute el presente fallo, declaró extinguida la relación laboral existente entre las partes; bajo el criterio que se prescindió total y absolutamente del procedimiento para llevar a cabo el presente despido, ya que al existir tal incongruencia, la parte demandada a incurrido en un exceso de poder, en vista de no existir una conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto, ya que a la audiencia de descargos se le citó por unas faltas y se le sancionó por otras.- 5. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, reiterando el criterio del Juzgador de primera instancia, bajo el señalamiento de que el procedimiento para la emisión del acto impugnado esta viciado de nulidad por incurrir en infracciones al ordenamiento jurídico; además, sobre el tema de que la Ley Orgánica de la Policía Nacional no establece el pago de prestaciones laborales, si bien es cierto dicha ley no relacionada nada al respecto, no es menos cierto que la constitución de la República si lo establece, igual que el Decreto Legislativo 287-2005, por lo cual dicho pago es procedente.- 6. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, en fecha veinticinco de agosto del año dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.216-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 173-2013 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintisiete de agosto del año dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 7. El apoderado de la parte recurrida, Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil catorce escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordeno remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el termino que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce y veinticinco de septiembre del año dos mil catorce, los Abogados OSCAR CARIAS NUÑEZ y JOSE ARMANDO ESPINAL, respectivamente.- 8. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha seis de octubre del año dos mil catorce, teniendo por personados a los Abogados OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ y JOSE ARMANDO ESPINAL, en concepto de parte recurrente y recurrida respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta sus motivos, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: Se impugna la sentencia recurrida de fecha 24 de julio del año 2014, por falta de aplicación del artículo 126 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en relación que debió ser empleado para resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículo número 126 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, por falta de aplicación, que ha debido emplearse para resolver la cuestión de fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 24 de julio del 2014. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que en la sentencia recurrida, no se considero lo establecido en el artículo 126 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, y que se encuentra en la fundamentación legal del acuerdo de cancelación del demandante, y que la Ley nos asiste para que haya sido cancelado de su cargo de policía penitenciario el señor Santos Margarito Sánchez Ponce, y la misma se orienta manifestando que cuando un miembro de la Carrera Policial, incurre en el cumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, podrá ser despedido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado de Honduras, ya que esta debidamente comprobado que el demandante, incumplió una orden girada por el Director de la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” ubicada en Tamara, Francisco Morazán, de no abandonar las instalaciones ni ingerir bebidas alcohólicas el 31 de diciembre del 2012, por cualquier eventualidad que se presentara en el Recinto penitenciario, por lo cual se le realizó audiencia de descargo, acreditándose en el juicio que el Director de la Penitenciaría Nacional delego en la Abogada Paramanza Y. Romero Salgado, la facultad de realizar la audiencia de descargo, en el considerando número 5 el Tribunal Sentenciador no vertió ningún pronunciamiento sobre el artículo 126 numeral 1 de la Ley, que refleje la razón o inaplicabilidad del mismo. Puede resultar que para el Tribunal no existan razones fundadas para la cancelación del demandante, pero es lógico si omite lo establecido en el artículo 126 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, omisión en aplicar la norma jurídica que si regula el caso, por lo que procede casar la sentencia recurrida. En su lugar el Tribunal de Alzada aplica en forma indebida el artículo número 129 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, si en el juicio está debidamente acreditada la delegación para celebrar la audiencia de descargo.”.- II.- Que analizado el cargo que antecede, se desprende que el mismo resulta inadmisible, dado que el Impetrante en su explicación insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, tal como lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. En adición, confusamente señala otra forma distinta de violar la ley, al sostener: “… En su lugar el Tribunal de Alzada aplica en forma indebida el artículo número 129 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, si en el juicio está debidamente acreditada la delegación para celebrar la audiencia de descargo.”, lo cual debió haber estructurado en forma separada e independiente.- III.- Que como segundo motivo de casación expone: “Se impugna la sentencia recurrida, de fecha 24 de julio del 2014, por aplicación indebida del artículo 128 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, empleado para resolver la cuestión de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículo número 132 párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, al ser aplicado indebidamente como norma de derecho empleada para la solución del fondo del litigio. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 24 de julio del 2014, excepto en cuanto a dispone “sin costas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo número 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Mi representada, citó al demandante a una audiencia de descargo en relación a las faltas graves cometidas establecidas en el artículo 123 numerales 3 y 16 dela Ley Orgánica de la Policía Nacional, audiencia de descargo en la cual el demandante no logro justificar las faltas cometidas de embriaguez habitual ni la negligencia o descuido de la cooperación del servicio policías o a las disposiciones de los superiores, por lo que emitió el acuerdo de cancelación del nombramiento del demandante, señor Santos Margarito Sánchez Ponce, ya que como policía penitenciario de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos, asignado a la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto” incurrieron en la comisión de faltas graves establecidas en al Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, ya que como Policía Penitenciario desobedeció una orden girada por el Director de la Penitenciaría Nacional y de no ingerir bebidas alcohólicas, incurriendo en el incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en el artículo 127 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras. El Tribunal Sentenciador aplica indebidamente el artículo número 128 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras al establecer en la sentencia recurrida que el demandante no fue cancelado por la comisión de las faltas graves establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras. Por consecuencia de la aplicación indebida al Juez Ad Queen dejo de aplicar correctamente la norma jurídico que si regula el caso. Por estas razones es que este motivo debe ser casado.”.- IV.- Que tampoco es admisible el anterior cargo, ya que se evidencian los siguientes defectos técnicos: a) que el motivo en la forma expuesta carece de claridad y precisión al indicar por una parte que la disposición infringida por aplicación indebida a sido el articulo 128 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras y por otra que lo fue el articulo132 párrafo segundo de la misma ley; b) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, tal como lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación enuncia normas no señaladas como violadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 123 numerales 3) y 16) y 127 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras.- V.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI.- En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación subjúdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 721 numeral 2), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de abril del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha doce de abril del año dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 490-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL