Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-469-14 — Registro 5940

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que el contrato suscrito no se llevó a cabo en su totalidad por las empresas consultoras por fuerza mayor, eximiéndolas de responsabilidad, incumpliendo el Estado de Honduras al pago acordado, teniendo que pagar los intereses que surgen de lo establecido en el articulo 28 de la Ley de Contratación del Estado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil dieciseis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, en la fecha supra indicada dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACIÓN, representado en juicio por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ; y, el recurrido: las Sociedades Mercantiles ASOCIACION DE PROFESIONALES (ASP) e INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A, representadas en juicio por el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para su restablecimiento como ser el pago de beneficios legales, prestaciones contractuales de contrato de consultoría, indemnización por daños y perjuicios más costas del juicio; promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de enero de dos mil once, por el Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, actuando en su condición de representante procesal de las empresas ASOCIACION DE PROFESIONALES (ASP) e INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S.A., contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACIÓN, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El representante de las demandantes manifestó en el escrito de su acción, que son empresas consultoras de reconocido prestigio, en fecha doce de febrero del dos mil nueve, el Secretario de Estado de ese entonces suscribió un contrato denominado “Contrato de Consultoría del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial de Honduras (PLANOT)”, teniendo por objeto la elaboración de un diagnóstico integral multidimensional para la elaboración del PLANOT, con un costo de L. 2,170,512.00 acordándose cuatro pagos de la siguiente manera: primero 20%, segundo 30%, tercero 40% y cuarto del 10%, en fecha dieciséis de febrero del dos mil nueve el Arquitecto en su condición de Director General, envió nota dirigida al líder del consorcio estableciendo la fecha del diecinueve de febrero del mismo año para el inicio del trabajo, previendo el comienzo de la ejecución física del proyecto para el veintitrés del mismo mes y año; se dio un informe de los avances de las etapas 1, 2 y 3 quedando tácitamente aprobados por el contratante, al no hacer oportunamente observaciones dentro del plazo establecido contractualmente, exponiéndolas días después y aceptándolas aún extemporáneamente por lo que se realizaron las modificaciones establecidas, entregando informes de las demás etapas, llegando a su finalización sin recibir el pago pendiente y acordando, incumpliendo así lo estipulado en los contratos, presentando el reclamo administrativo correspondiente sin recibir respuesta alguna.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACIÓN, contestó la demanda señalando que acepta los hechos parcialmente, en virtud que no se agotó la vía administrativa ya que el reclamo presentado fue interpuesto por una sociedad mercantil que por si sola no constituye parte en la relación contractual; se realizó el primer pago no cancelando el resto en virtud que el proyecto quedó inconcluso y al no tener respuesta alguna se debió seguir lo establecido en el articulo 29, 29 A de la afirmativa ficta. En fecha cinco de abril de dos mil once, la parte demandada interpuso defensas previas basándose en: la falta de agotamiento de la Vía Administrativa, en virtud de manifestar, que en el respectivo expediente administrativo no se ha emitido la correspondiente Resolución y esto, por falta de información, ya que en su momento se requirió al Apoderado Legal con el objetivo de que acreditara que el señor Rubio representa al Consorcio INYPSA/ASP, ya que en el expediente solamente consta que representa a INYPSA y está pendiente de notificar la providencia de fecha 08 de Marzo del 2011, el Apoderado de la peticionaria, antes que cumplir con lo requerido, prefirió recurrir a la acción Contencioso Administrativa; que el demandante equivocó el camino, pues antes de proceder a pedir una Pronta Resolución y una declaratoria de denegatoria presunta, debió cumplir con el procedimiento establecido en la Ley para obtener la declaración de haber operado la figura de afirmativa ficta, en vista que la indicada figura deroga lo que anteriormente se conoció como silencio administrativo, según Decreto 255-2002 contentivo de la afirmativa ficta; que la pretensión del demandante es improcedente, ya que él consideraba que existía el silencio de la administración, cuando debió haber procedido según la norma vigente hondureña contemplada en el articulo 29 reformado de la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo que fue reformado mediante la Ley de Simplificación Administrativa; que es importante señalar que la Sociedad Mercantil denominada Asociación de Profesionales ASP Consultores S.A. de C.V. e INYPSA Informes y Proyectos, S.A., no han agotado la vía administrativa, en vista que no presentaron el reclamo administrativo correspondiente, ya que las diligencias contenidas en el expediente administrativo corresponden únicamente al Consorcio formado por Informes y Proyectos S.A. ( INYPSA ) y la Asociación de Profesionales ASP Consultores S.A. de C.V., pero ese Consorcio no tiene personalidad jurídica según nuestra Legislación, eso no es más que un Contrato, como bien lo expresa el artículo 17, párrafo primero de la Ley de Contratación del Estado, de manera que es inobjetable la falta de agotamiento de la vía administrativa, porque el referido reclamo administrativo no fue interpuesto por persona jurídica que sea titular de un derecho que tenga a bien considerar lesionado, pues en el caso concreto, debieron haber sido las dos Sociedades Mercantiles las que tenían que incoar el reclamo en cuestión, puesto que al ser personas jurídicas, si son sujetos de derechos y obligaciones, a diferencia de un Consorcio sin personería jurídica, establecido al amparo del artículo 17 relacionado de la Ley de Contratación del Estado; resolviendo el Juzgado en fecha diez de junio de dos mil once desestimar las defensas previas por inexistentes e improcedentes, sin costas.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de octubre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción incoada, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, anulando totalmente el mismo, reconoce a favor de las empresas al pago de L. 1,736,409.60, cantidad pendiente de pago por los servicios prestados en la consultoría a titulo de daños y perjuicios la cantidad de L. 1,736,409.60 y sin costas; bajo el criterio que se probó la obligación clara e inexcusable por parte del Estado de Honduras por la suscripción de un contrato de consultoría, por no resolverse un reclamo administrativo y constituirse un acto presunto por el silencio negativo ocasionando daños y perjuicios teniendo que pagar el daño emergente y el lucro cesante.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintisiete de marzo del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la sentencia del a-quo, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto y sin costas; bajo el criterio que el contrato suscrito no se llevó a cabo en su totalidad por las empresas consultoras por fuerza mayor, eximiéndolas de responsabilidad, incumpliendo el Estado de Honduras al pago acordado, teniendo que pagar los intereses que surgen de lo establecido en el articulo 28 de la Ley de Contratación del Estado.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, presentó en fecha once de junio del año dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintisiete de marzo del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 083-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el numero Exp. 013-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha doce de junio del dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, Abogado CARONTE ROJAS ZAVALA, en fecha veinticinco de agosto del dos mil catorce, presentó escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha ocho de septiembre del año dos mil catorce, los Abogados NADYA LILIANA HERNANDEZ y CARONTE ROJAS ZAVALA, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los Abogados NADYA LILIANA HERNANDEZ y CARONTE ROJAS ZAVALA, presentaron escritos en fecha nueve de septiembre del dos mil catorce, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la falta de aplicación del artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo. DISPOSICION INFRINGIDA: La sentencia no solo ha violado el artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo por falta de aplicación sino también los artículos 83 , 85 y 142 de esta Ley y el articulo 51 letra ch) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna la sentencia promulgada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con fecha 27 de marzo de 2014. PRECEPTO AUTORIZANTE: Baso ese Recurso de Casación en el articulo 719 número 2 del Código Procesal Civil, como precepto autorizante. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo ordena: “No se podrá demandar judicialmente, en materia de derecho privado al Estado, a las instituciones autónomas y a las municipalidades, sin previo reclamo administrativo presentado ante el titular del órgano o de la entidad respectiva.” En el presente caso el demandante con fecha 12 de enero de 2011 promovió su causa ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, estando en curso el procedimiento de reclamo administrativo iniciado. El demandante en ese momento de la presentación de la demanda no tenía derecho e concurrir a la instancia judicial, en otros términos no tenia en tiempo y forma la legitimación procesal activa. Por consiguiente, la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo igualmente que el Juzgado aquo al no reparar que se había cometido la omisión del artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo es decir ignorando el mandato legislativo contenido en el artículo 146 aludido hace ineludible que la Honorable Corte Suprema de Justicia proceda conforme a derecho y admita este recurso de casación, case la sentencia y resuelva lo conducente conforme al articulo 727 numeral 3 del Código Procesal Civil. La omisión de un artículo de la Ley que ordena un procedimiento no quita la apreciación de la existencia de la infracción de la norma, se viola un precepto tanto por la aplicación como por la omisión de normas de derecho que deban emplearse para la solución del fondo del litigio…”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) falta de relación de la norma de derecho citada como infringida con la cuestión debatida, ya que si bien es cierto que la situación jurídica que regula el artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto al agotamiento de la vía administrativa fue objeto de controversia, la misma ya fue dirimida mediante la resolución correspondiente de defensas previas, por lo que el actual fallo impugnado no tenía porque fundarse en dicha disposición sino en lo referente al fondo del asunto, tal como ocurrió en el presente caso; b) Es confuso en el señalamiento de la disposición infringida, ya que en un acápite cita como violado el artículo 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en otro esa misma disposición, así como otras de dicho ordenamiento y el artículo 51 literal ch) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y, c) en su explicación hace mención de otras disposiciones no indicadas en su formulación, como es el caso del artículo 727 numeral 3) del Código Procesal Civil.- III. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.-NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de junio del dos mil dieciséis; certificación de la resolución de fecha veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 469-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL