Sentencia CA-464-14 — Registro 5812
Resumen
En primera instancia se declara improcedente la acción promovida por el demandante, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado; bajo el criterio que la pretensión del demandante en cuanto a ser nombrado en propiedad no seria legalmente aplicable pues la plaza nunca fue declarada como vacante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) no establece con la suficiente claridad la violación de los preceptos legales señalados como infringidos, por cuanto en la “CAUSAL Y EXPRESION DEL UNICO MOTIVO DE CASACION”, expresa: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo de litigio” y en el “PRECEPTO AUTORIZANTE” señala que está “comprendida en el Artículo del Código Procesal Civil No. 719 que manda en su numeral 1): “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales…” ; planteamiento que resulta contradictorio violentando la independencia de los cargos de casación; b) alude a invocar como normas de derecho infringidas todas las disposiciones citadas por el Ad Quem en su fallo, sin que las mismas sustenten debidamente el cargo; c) en su explicación alude a normas no señaladas como violadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 64 y 128 de la Constitución de la República; d) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, e)en su explicación realiza alegatos propios de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) no establece con la suficiente claridad la violación de los preceptos legales señalados como infringidos, por cuanto en la “CAUSAL Y EXPRESION DEL UNICO MOTIVO DE CASACION”, expresa: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo de litigio” y en el “PRECEPTO AUTORIZANTE” señala que está “comprendida en el Artículo del Código Procesal Civil No. 719 que manda en su numeral 1): “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales…” ; planteamiento que resulta contradictorio violentando la independencia de los cargos de casación; b) alude a invocar como normas de derecho infringidas todas las disposiciones citadas por el Ad Quem en su fallo, sin que las mismas sustenten debidamente el cargo; c) en su explicación alude a normas no señaladas como violadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 64 y 128 de la Constitución de la República; d) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, e)en su explicación realiza alegatos propios de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de marzo de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el señor JOSE OMAR DOMINGUEZ MEDINA, representado en juicio por el abogado BRANDON RENÉ PORTILLO IRÍAS; y, el Recurrido: EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, representado en juicio por la abogada MARGARITA MOLINA REYES.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, por haberse emitido contra derecho, la resolución número 445-SE-2011, en clara violación contra el Estatuto del Docente, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento se ordene mediante sentencia firme el reintegro a su cargo u otro de igual o mejor categoría y salario, con carácter de permanente, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, derechos adquiridos desde la fecha de emisión del acto nulo impugnado hasta aquella en que cumpla con la sentencia con todos los aumentos y demás derechos que se produzcan durante el transcurso del juicio y durante el tiempo de cumplimiento de la sentencia mas costas del juicio, que haya sido promovida por el señor JOSE OMAR DOMINGUEZ MEDINA, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Economía y Matemáticas y de este domicilio, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de febrero del año dos mil doce, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción que solicita la nulidad de un acto administrativo en materia ordinaria consistente en las resoluciones 445-SE-2011 y 248-SE-201 1, por medio del cual mediante acuerdos 2327-SE-08 y 0513-SE-09, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación acordó nombrar en el cargo de asistente técnico de manera interina con vigencia del primero de septiembre al treinta y uno de diciembre del dos mil ocho; el primero y el segundo tenía vigencia del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil nueve, en sustitución de la Licenciada Edith Marisela Figueroa, nombramientos que se hacen efectivos en la Unidad, de la Dirección General de Servicios estudiantiles, cargo que seguía desempeñando después del vencimiento del acuerdo a la espera de la renovación del nuevo acuerdo, hecho que acredito con el pago efectuado en enero del 2010 ya que por medio del oficio numero CTN006-10 de fecha diecinueve de enero del dos mil diez, el asistente de coordinación técnica nacional y el coordinador administrativo financiero le hacen saber a la licenciada Edith Marisela Figueroa su nombramiento como Coordinadora de la Coordinación de Desarrollo Institucional, que oficialmente nunca le fue notificado que su acuerdo había vencido el treinta y uno de diciembre del dos mil nueve, ya que era costumbre que una vez vencido el acuerdo este se le renovaría dentro de los tres meses siguientes al vencimiento lo que constituye una humillación y una clara violación a sus derechos como docente consagrados en el articulo 13 numeral 13 del Estatuto del Docente, así mismo el articulo 52 del reglamento del estatuto del docente señala que si el docente estuviese cubriendo una plaza vacante interinamente durante seis meses consecutivos y ha ingresado a la misma cumpliendo con todos los requisitos en la ley establecidos, el reglamento y los manuales correspondientes, tiene derecho a que se le nombre en propiedad en caso de que la plaza se convierta en vacante definitiva, que la no renovación de su acuerdo de trabajo, constituye una clara y directa contravención al articulo 27 del Reglamento del Estatuto del Docente, violándose los artículos 16 numeral 3, 23 de la Ley de Estatuto y 64 del reglamento de dicho estatuto que señala que los asistentes técnicos docentes son puestos cuya vigencia es permanente, por lo tanto contaba con el derecho a permanecer en el puesto mientras la Licenciada Edith Marisela Figueroa no retornara a su cargo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por medio de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, contestó dicha demanda señalando que acepta que el demandante laboro de forma interina con la Secretaria de Estado en el despacho de Educación mediante acuerdos 2327-SE-08 Y 051 3-SE-09, emitidas por dicha Secretaria, mediante los cuales se le nombró en forma interina en el cargo de asistente técnico en la Dirección General de Servicios Estudiantiles, dependencia de esa Secretaria de Estado, en sustitución de la Licenciada Edith Marisela Figueroa quien gozaba de licencia, rechazando la afirmación de que el demandante siguió laborando para la Secretaria de Educación puesto de que la documentación se puede apreciar que en su último acuerdo interino contemplaba un plazo de contratación del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil nueve, por lo que el demandante no puede argumentar que fue despedido pues de manera libre y consentida firmo un contrato de carácter temporal, por lo que era consiente de la fecha de finalización del mismo y no tiene derecho a que se le beneficie como empleado permanente pues el estaba contratado como interino para sustituir a alguien quien gozaba de una licencia y una vez vencida la misma tenia que retornar a su puesto, el cual fue ocupado temporalmente por el demandante por lo que su pretensión de ser nombrado permanentemente es imposible ya que el articulo 103 del Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño señala “Es prohibido llenar en forma permanente las vacantes interinas”, que la parte demandada que en cuanto a lo manifestado por el demandante en el sentido de que debió ser nombrado en propiedad los articulo 13 del Estatuto del Docente Hondureño y 52 de su reglamento, no son aplicables al caso, pues la plaza de asistente técnico nunca fue declarada como vacante, todo o contrario esa plaza le pertenece a la Licenciada Edith Marisela Figueroa, a quien se le otorgo licencia; así mismo es oportuno señalar que además de que la plaza jamás se convirtió en vacante definitiva, al demandante no se le aplican las disposiciones del Estatuto del Docente Hondureño, pues dicha Ley especial establece el régimen de administración de personal que tutela La carrera docente y el demandante no ingreso mediante concurso al puesto que desempeñó, no es parte de La carrera docente, únicamente ocupo de manera interina el cargo de asistente técnico, por lo que el acto impugnado esta emitido conforme a derecho.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha trece de noviembre del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando IMPROCEDENTE la acción promovida, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la resolución numero 445-SE-2011 de fecha 20 de enero del 2012 y 248-SE-2011 emitidas por la Secretaria de Estado en el despacho de Educación, sin costas.; bajo el criterio que la pretensión del demandante en cuanto ha ser nombrado en propiedad no seria legalmente aplicable pues la plaza nunca fue declarada como vacante, ya que la misma pertenece a la docente Licenciada Edith Marisela Figueroa a quien se le otorgó licencia nombrando de manera temporal al ahora demandante, interinato que según acuerdo 051 3-09 tenia vigencia del 01 al 31 de diciembre del 2009, al igual que del análisis realizado en los numerales anteriores no ingreso mediante concurso solamente obtuvo el goce de una licencia la que una vez finalizada regreso a su titular tal y como lo establecen las disposiciones del Estatuto del Docente y su reglamento, por lo tanto al haber concluido la vigencia del acuerdo como interino termino su relación laborar con dicha Secretaria de Estado, por lo tanto se declara improcedente la pretensión del demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio que la demandada siguió correctamente el procedimiento para la resolución del reclamo presentado por el demandante, resolviendo el mismo conforme a derecho.- 5.- La representación procesal de la parte demandante, el abogado BRANDON RENÉ PORTILLO IRÍAS, en fecha veinticuatro de junio del año dos mil catorce, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación por Infracción de Ley ó Doctrina Legal contra la sentencia dictada, en fecha veintidós de mayo del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.165-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 087-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 6.- La representación procesal de la parte demandada abogada MARGARITA MOLINA REYES, presentó en fecha veinticinco de julio del año dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha uno de agosto del año dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución los abogados MARGARITA MOLINA REYES y BRANDON RENE PORTILLO IRIAS.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los abogados MARGARITA MOLINA REYES y BRANDON RENE PORTILLO IRIAS, presentaron escritos de personamientos en fechas dieciséis y diecinueve de agosto del año dos mil catorce, en concepto de parte Recurrida y Recurrente respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para Ia solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendida en el Artículo del Código Procesal Civil, número 719 que manda en su numeral 1: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: inciso b): Los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; y numeral 2: Que manda: Se podrá impugnar la aplicación e interpretación. Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS POR EL AD-QUEM PARA LA SOLUCION DE FONDO DEL LITIGIO. Las normas de derecho aplicadas por el AD-QUEM para la solución del fondo del litigio, son las contenidas en los artículos 82, 90, 303 y 304 de la Constitución de Ia República; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales; 1, 2, 7, 9, 89, 90, 129y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 5, 13, 16, 17, 18, 20 y demás aplicables del Estatuto del Docente; 1, 3, 52, 65, 66, 68 y demás aplicables del Reglamento del estatuto del docente; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 22, 193, 195, 200, 479, 713, y 913 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DE LA VIOLACION. La Corte Sentenciador, sustentó o fundamentó su fallo, básicamente en los considerandos siguientes: “Considerando (5): Que si bien es cierto, el demandante fue nombrado en el cargo de Asistente Técnico, también es cierto, que dicho nombramiento se realizó en formo interina, en virtud de un permiso otorgado a la persona que ostenta dicho plaza en forma permanente.- Considerando (6): Que se hace la anterior relación, porque el Estatuto del Docente establece los presupuesto que debe cumplir el docente para tener derecho a que se le nombre en propiedad en el puesto en que ha sido nombrado interinamente, siendo estos, que el puesto se convierta en vacante definitiva mientras lo esté desempeñando, que hubiere ingresado al mismo legalmente y lo hubiere ocupado por seis meses y en el caso del demandante no cumple todos los presupuestos que señala el Estatuto y su Reglamento, ya que no acreditó haber Ingresado a dicho plaza cumpliendo todos los requisitos establecidos en Ia Ley y el Reglamento, así como tampoco acredito, con los documentos respectivo y de forma fehaciente que el puesto que desempeñaba se haya convertido en vacante definitiva, por el contrario, la parte demandada acredito que la persona nombrada permanentemente en dicha plaza solicito su reintegro, por lo cual el demandante no tiene derecho a que se le nombre en el cargo que desempeño interinamente, como ya se dijo, por no cumplir con todos los requisitos para hacer valer dicho derecho”.- Lo que no es cierto, puesto que con el oficio número CTN-006-10 de fecha diecinueve (19), de enero del año dos mil diez (2010), en donde los señores JUAN RAMON OVIEDO y MELVIN A. ARGEÑAL, actuando en su condición de Asistente de Coordinación Técnica Nacional y Coordinador Administrativo Financiero respectivamente, se le hizo saber a la licenciada EDITH MARISSELA FIGUEROA, SU NUEVO NOMBRAMIENTO como Coordinadora de la Coordinación de Desarrollo Institucional, siendo esto una clara evidencia de que la señora EDITH MARISSELA FIGUEROA, NUNCA REGRESO, NI REGRESARIA A SU PUESTO ORIGINAL dejando de esto forma su plaza en VACANTE DEFINITIVA documento que el tribunal A-QUO y AD-QUEM, nunca tomaron en cuenta para dictar su fallo, el cual para mayor veracidad pudo ser solicitado su original por el tribunal ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación.- Por otro lado, en lo que se refiere a que el demandante fue nombrado a su cargo en forma interina, debo manifestar que dicha afirmación es cierta; sin embargo éste al tener más de dieciséis (16) meses laborando para la secretaría en forma interina puede solicitar su permanencia, ya que dicho cargo quedo en vacante definitiva según lo anteriormente manifestado, y aun cuando no haya entrado a la Secretaría a través de un concurso el demandante obtuvo la plaza y la trabajó, eso quiere decir que mi poderdante gozo del derecho que el mismo Ministro en propiedad le otorgó, y no es posible que ahora la Secretaría de Estado quiera venir a negar los derechos conexos derivados de los puestos en los cuales mi representado laboró, en toda su carrera profesional dentro de la secretaría. Es importante destacar la trascendencia que tiene dicho oficio sobre el presente caso, y no es posible que dos Tribunales lo pasaran por alto, habiendo sido este mencionado en varias ocasiones del proceso; del cual ambos Tribunales alegan que dicho requisito nunca fue comprobado en juicio, porque no se presento en el momento procesal oportuno, no obstante, el tribunal tiene el derecho de solicitar un auto de mejor proveer para tener un mejor panorama del caso y de los pruebas al momento de dictar sentencia; auto de mejor proveer que fue solicitado por el demandante en la fase de conclusiones en la primera instancia del cual el tribunal A-QUO hizo caso omiso ante dicha petición, ya que en la audiencia preliminar fue rechazada la presentación del mencionado oficio, en vista de haber sido solicitado el mismo como Reconocimiento Judicial y no como un atento Oficio de parte del Juzgado, y apelando a la importancia que existe en que el juez deba tener en su poder y en su conocimiento todo la documentación probatoria necesaria para emitir un fallo justo; fue que se solicito el uso de la figura del “Auto de mejor Proveer”, para que así, el Juez del Tribunal A-QUO pudiera solicitar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación (Subsecretario de Servicios Educativos, Coordinación Administrativa Financiera y al Proyecto GDHUSAID N°522-0436. Programa EDUCATODOS) el original o la copia autenticada del o los oficios que fueren necesarios, para que así tuviese un mayor claridad al momento de dictar sus Fallo.- Dicho solicitud fue amparada en lo que establece el Código Procesal Civil Vigente: Artículo 129 inciso 2: “Los requisitos formales nunca podrán Interpretarse de manera que se conviertan en una TRABA INSUPERABLE para el acceso a la justicia de los ciudadanos”; artículo 229 inciso 2: “Sin embargo, excepcionalmente el tribunal puede acordar de oficio y por medio de auto, que se practiquen determinadas pruebas complementariamente a los propuestas por las partes, cuando considere que los medios aportados por las partes son insuficientes, de modo que impidan una correcta formación de su convicción, sin perjuicio de sus facultades durante el desarrollo de las audiencias en que se practique la prueba.” y artículo 239 inciso 5 y 6: “5.- El juez o tribunal procurará que un simple defecto de forma en la proposición de un medio probatorio no deje sin efecto la petición, si se deduce claramente su propósito. 60- Cuando el Tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertíos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. En el caso a que se refiere el párrafo anterior, las partes podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba.” Por todo la anterior expuesto es que se considera una hubo uno clara violación al proceso y a la interpretación de la Ley, puesto que el demandante tiene derecho a ser reintegrado y además de eso a su permanencia. Para finalizar, es importante hacer mención de los artículos que se violentaron de nuestra Carta Magna, la Constitución de la República, mismos que van en el siguiente orden: Artículo 64: “No se aplicarán Leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”; Y el artículo 128, mismo que determina: “Las leyes que rigen las relaciones entre patrono y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las garantías establecidas en esta constitución de la república. De esta forma, declaro que para mayor claridad al momento de dictar el fallo, si la Honorable Corte Suprema de Justicia lo estima necesario, solicito la celebración de una audiencia tal y como lo permite el artículo 721 numeral 3 del Código Procesal Civil.- II.- Que el cargo resulta inadmisible por las razones siguientes: a) no establece con la suficiente claridad la violación de los preceptos legales señalados como infringidos, por cuanto en la “CAUSAL Y EXPRESION DEL UNICO MOTIVO DE CASACION”, expresa: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo de litigio” y en el “PRECEPTO AUTORIZANTE” señala que está “comprendida en el Artículo del Código Procesal Civil No. 719 que manda en su numeral 1): “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales…” ; planteamiento que resulta contradictorio violentando la independencia de los cargos de casación; b) alude a invocar como normas de derecho infringidas todas las disposiciones citadas por el Ad Quem en su fallo, sin que las mismas sustenten debidamente el cargo; c) en su explicación alude a normas no señaladas como violadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 64 y 128 de la Constitución de la República; d) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba lo cual, tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, e) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- III.- El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el Recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha nueve de marzo del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 464-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL