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Sentencia CA-462-14 — Registro 5956

Resumen

Se declara la nulidad de la senetncia dictada por la Corte de Apelaciones,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Hito

"Del expediente administrativo contenido en el proceso de merito, se desprende que en fecha 6 de mayo de 2013, fueron notificadas al abogado Daniel Josué Reyes Tabora, en su condición de apoderado de la parte demandante, la Resolución No. 277-2013 de fecha 12 de abril de 2013, emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio por la Secretaría General de dicha institución, en la cual si bien es cierto se realiza personalmente a dicho Profesional del Derecho, en dicha actuación se advierte que: a) no se entregó en ese acto la copia de dicha resolución; y, b) no se le puso en conocimiento si el acto administrativo ponía fin o no a la vía administrativa, los recursos y acciones que contra el mismo procedían y el órgano competente para resolverlos conforme a lo dispuesto en el articulo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo; concluyéndose por ello que la notificación realizada al abogado Daniel Josué Reyes Tabora, en su condición de apoderado de la parte demandante en fecha 6 de mayo del 2013, por parte de la referida Secretaria General, incumple la norma antes relacionada, siendo por ello defectuosa.- ". Que de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo: “Las notificaciones defectuosas surtirán, sin embargo, efecto a partir de la fecha en que se haga manifestación expresa en tal sentido por el notificado o se interponga el recurso procedente”.-

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que de conformidad con el artículo 126 de esa misma Ley, la convalidación de los actos administrativos lo puede realizar la administración de los que son estimados como anulables, subsanando los vicios de que adolezcan, por lo tanto es una de las formas de sanear los actos administrativos, por ende la notificación debe reunir los requisitos de ley de lo contrario no es apta para producir la eficacia de la misma, que como acto de comunicación debe permitir al administrado hacer uso del derecho de defensa y por ello la misma surte sus efectos en la vía judicial conforme lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando el interesado dándose por enterado presentare en tiempo y forma su demanda en contra del acto administrativo de que se trate.- ". Que el artículo 212 numeral 4) del Código Procesal Civil, señala: “los actos procesales serán nulos cuando se prescindan de normas esenciales de procedimiento siempre que por esa causa se haya producido indefensión”.- ". Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de abril del dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: la Sociedad ENFRIADORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (ENFRIHON), representado en juicio por el Abogado DANIEL JOSUÉ REYES TÁBORA; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, representado en juicio por la Abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular por haber sido dictado con infracción del ordenamiento jurídico, se ordene el otorgamiento de la licencia denegada, acumulación objetiva eventual, condena en costas, en su caso, condena en la indemnización de daños y perjuicios, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, por el abogado DANIEL JOSUÉ REYES TÁBORA, en su condición de representante procesal de la Sociedad ENFRIADORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (ENFRIHON), contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La sociedad demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 24 de julio de 2012, le solicitó a la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, el otorgamiento de una Licencia de Agente de la CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., fundamentando dicha solicitud en lo dispuesto en la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras y su Reglamento y en los servicios de agencia que la demandante le prestaba a la CERVECERÍA desde el año de 1996, el contrato de agencia que vinculaba a la CERVERCERÍA con ENFRIHON venció el 31 de octubre del 2012 y la solicitud de licencia hecha por la demandante fue denegada mediante Resolución No. 734-2012, de fecha 9 de agosto de 2012 y el recurso de reposición interpuesto en contra de dicha denegatoria fue dictado mediante resolución No.277-2013, de fecha 12 de abril de 2013; en cuanto a la alegación de que el contrato ya estaba vencido, se aclaran los siguientes extremos: que al momento en que se presentó la solicitud de ENFRIHON el contrato aún estaba vigente y si la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio no le resolvió el Recurso de Reposición interpuesto por la demandante a tiempo fue por su propia culpa o negligencia y no por la culpa o negligencia de ENFRIHON; y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Casas Nacionales y Extranjeras, las acciones derivadas de dicha ley prescriben en tres (3) años contados a partir de los hechos que las motiven o de la modificación, negativa de renovación o terminación de contrato de agencia, representación o distribución, eso quiere decir que aún vencido el contrato de agencia que vinculaba a ENFRIHON con la CERVERCERIA, éste tiene hasta el 31 de octubre del 2015, para reclamarle a la CERVECERIA las indemnizaciones a que tiene derecho de conformidad con la Ley de Representantes Distribuidores y Agentes de Casas Nacionales y Extranjeras; no obstante lo anterior, según el artículo 12 del Reglamento de dicha ley, para poder hacer dicha reclamación ENFRIHON debe estar inscrito en el registro que para tales efectos lleva la Secretaría de Estado, sino no puede hacer la reclamación, de tal forma que si ENFRIHON cumplió los requisitos para ser inscrita como Agente de la CERVERCERIA, la no inscripción de ella en el registro correspondiente por parte de la Secretaria de Estado viola su Derecho de Defensa puesto que al rehusarse a inscribir a ENFRIHON, ésta no puede hacer uso de los derechos que le concede la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, contestó dicha demanda señalando que se emitió la Resolución 734-2012 de fecha 9 de agosto de 2012, por medio de la cual se declaró sin lugar la solicitud de Licencia de Agente de Empresa Nacional, presentada por el demandante como concesionaria de la empresa CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V. en virtud que el contrato presentado por el demandante, no contiene las condiciones del contrato de Representante, Distribuidor y Agente, en vista que el referido contrato suscrito entre las partes, es decir CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V. y ENFRIADORES DE HONDURAS, S. A. DE C. V. (ENFRIHON), es un contrato en que la obligación principal es la de prestar “Servicio de Mantenimiento Técnico” a los equipos de refrigeración comercial propiedad de la CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V. y no la de agenciar sus productos comerciales y por tanto no reúne las condiciones y requisitos establecidos en la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras y su Reglamento; la prestación del servicio brindado por la sociedad ENFRIADORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (ENFRIHON), no guarda relación directa con el giro comercial principal, al que se dedica la Sociedad Mercantil CERVECERIA HONDUREÑA, S.A DE C.V.; además según la nota de fecha 02 de mayo de 2012, que consta en el expediente administrativo, se da por concluida la relación contractual existente entre ambas empresas, y en consideración a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras y en los escritos presentados por el apoderado legal de la Sociedad Mercantil CERVECERIA HONDUREÑA, S.A DE C.V., en los que manifiesta que no hay intenciones por parte de la empresa de dar en CONCESIÓN (Contrato de Agencia) los servicios recibidos. El artículo 12 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras señala que “No podrán invocar protección a la Ley, quienes no estén debidamente inscritos”; en fecha 12 de abril del 2013 se emitió la Resolución No. 277-2013 que corre agregada a folio 153 del expediente administrativo por medio de la cual se declaró sin lugar el Recurso de Reposición impetrado contra la resolución No. 734-2012, habiéndose notificado el apoderado legal del ahora demandante en fecha seis (6) de mayo del 2013, tal como se acredita en el expediente administrativo a folio 162 vuelto; el demandante aduce que la falta de otorgamiento de la licencia solicitada y su inscripción en el registro, violenta su derecho de defensa y que no puede hacer uso del derecho que le otorga la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, para reclamar a la CERVECERIA HONDUREÑA, S.A DE C.V., las indemnizaciones que supuestamente tiene derecho de conformidad a la citada Ley, se aclara en esta instancia judicial así como se le señaló oportunamente en las resoluciones relacionadas que la Ley antes citada no le es aplicable, en conclusión, para que una licencia de Representante, Distribuidor o Agente, sea inscrita en el Registro que al efecto lleva la demandada, el concedente debe haber designado al concesionario como tal, y este no es el caso, por las razones antes expuestas.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, dictó auto resolutivo desestimando el alegato de defensa previa, consistente en que la demanda se hubiere interpuesto por persona no legitimada, establecido en el artículo 80 letra b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por inexistente; declaró con lugar, los alegatos de defensas previas consistentes en: 1) que la demanda se hubiere presentado fuera del plazo establecido, 2) que la demanda tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativo por ser firme, establecidos respectivamente en el artículo 80 letra d); y artículo 80 letra c), en relación con el artículo 31 letra a), todos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por los motivos establecidos en los numerales sexto y séptimo de los fundamentos de derecho señalados en la presente resolución; declaró a su vez la inadmisibilidad de la presente demanda, interpuesta por el abogado Daniel Josué Reyes Tabora, en su condición de apoderado legal de la Sociedad Enfriadores de Honduras S.A. de C.V. (ENFRION), en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, sin costas; bajo el criterio que en cuanto a la primera causa de defensas previas alegada y que consiste en que la demanda ha sido presentada fuera del plazo legal establecido, pues para determinar este tipo de alegato de defensa previa, es requisito indispensable establecer cual es el acto administrativo que impugna y a través del cual la parte demandante tiene por agotada la vía administrativa, como previo a interponer la demanda en la vía judicial, ante tal efecto observamos que dicho acto lo constituye la Resolución 277-2013 emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, de fecha 12 de abril del 2013 (Ver folios del 163 al 166 de la pieza de Defensas Previas), mediante la cual le declaran sin lugar el Recurso de Reposición, misma que ha sido notificada de manera personal al apoderado legal de la parte demandante abogado Daniel Josué Reyes Tabora, en fecha 6 de mayo del 2013 (Ver folio 172 vuelto de la pieza de Defensas Previas), por tanto partiendo del día siguiente hábil que es el 7 de mayo del 2013, se constata que el demandante tenía hasta el día lunes 17 de junio del 2013 para presentar la demanda ante este Juzgado, y así cumplir con el plazo de 30 días hábiles que le otorga la ley para realizarlo, la cual no realizo en tiempo, ya que fue presentada hasta el día 25 de junio de ese mismo año, por tanto es evidente que la presente demanda ha sido presentada ante este Tribunal fuera del plazo legal establecido, lo que conlleva a que se declare con lugar este alegato de defensa previa; que en cuanto al segundo alegato de defensa previa y que consiste en que la demanda tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contenciosa Administrativo por ser firme, pues como se estableció en el análisis anterior, al haberse presentado la demanda ante este Juzgado de lo Contencioso Administrativo fuera del plazo de 30 días hábiles, hace que el acto administrativo impugnado sea firme y por ende que no sea susceptible de impugnación ante esta Jurisdicción, lo que conlleva a determinar que se debe declarar con lugar también este alegato de defensa previa; en cuanto al tercer alegato de defensa previa, misma que consiste en que la demanda se hubiere interpuesto por persona no legitimada, para determinar la existencia o no de este alegato de defensas previas nos remitimos al estudio de la causa y miramos que al establecer el demandante una denegatoria por la parte demandada al no otorgarle la licencia para prestarle a la Cervecería Hondureña S.A. de C.V. los servicios de manteniendo y reparación a los equipos de refrigeración comercial localizados en establecimientos comerciales que operan en pulperías y mercaditos, lo hace tener un interés directo para solicitar ante este Juzgado, la nulidad del acto administrativo que le deniega su pretensión, asimismo la legitimidad también conlleva el reconocimiento de la situación jurídica individualizada, que es la otra situación que se pide en esta Jurisdicción, y que al establecer el demandante la denegación de su pretensión, lo hace titular de un derecho subjetivo que a su criterio a sido violado, observándose, por tanto que tiene una actitud para ser demandante como tal, y para ejercer una petición derivado de una supuesta negación al no otorgarle una licencia para prestar un servicio, el cual el suscrito en sentencia definitiva, se pronunciaría sobre el reconocimiento de esa situación jurídica individualizada, por tanto se debe desestimar la presente defensa previa.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de junio de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando el auto resolutivo de defensas previas de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, sin costas; bajo el criterio que consta de autos tal como lo establece el a quo, que no existe notificación defectuosa en virtud que el demandante se notificó personalmente y se dio por enterado del contenido del acto impugnado al solicitar certificación del mismo, lo que hace evidente que la demanda esta presentada fuera del plazo respectivo, porque el demandante tenía hasta el diecisiete de junio del dos mil trece, para presentar su escrito de demanda, y quien lo hizo extemporáneamente hasta el veinticinco de junio de dos mil trece; al tener conocimiento el demandante del contenido del acto administrativo impugnado, no puede existir notificación defectuosa, esto porque al ser su notificación personal le convalida, y se da por enterado de sus alcances, al pedir la certificación de la misma, no pudiendo alegar desconocimiento de su contenido y alcance, lo que en consecuencia hace que evidentemente existan las dos causales de inadmisibilidad decretadas por el a quo, porque una es consecuencia de la otra, ya que al estar presentada la demanda fuera del plazo establecido para la misma, la acción se dirige contra un acto firme, el que no es susceptible de impugnación ante los tribunales de esta jurisdicción.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado DANIEL JOSUÉ REYES TÁBORA, presentó en fecha veintitrés de julio de dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 173-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 247-13 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, la abogada KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, presentó en fecha doce de agosto de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha catorce de agosto de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución ambas partes.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó providencia en fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados KELY LIDUVINA MOLINA MEZA, como recurrida; JUAN ENRIQUE GUILBERT VILLELA, actuando como coadyuvante y apoderado de la Sociedad CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. de C.V., y DANIEL JOSUÉ REYES TÁBORA, como recurrente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- III. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV. Que el Recurrente pide la nulidad subsidiaria de actuaciones, basado en lo siguiente: “Siendo que la sentencia emitida por el Tribunal Ad-Quem en fecha 05 de junio del año 2014, carece de motivación fáctica en relación a como se produce en el proceso administrativo que nos ocupa la notificación personal en relación a las normas de derecho que regulan las notificaciones, simplemente establece que por el aspecto de haber solicitado certificaciones de actos, se ha convalidado la notificación, pero no existe motivación respecto a como se cumplen los requisitos legales de dicha notificación, siendo el objeto litigioso y alegado por las partes. Dentro de los efectos de la Ley encontramos, que las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares. Asi como que, no podrá atribuirse a la Ley otro sentido que el que resulte explicitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. No pueden quedar al libre arbitrio de las partes, es obligación por Ley de los funcionarios de notificar con las formalidades establecidas en la norma procesal, ello en observancia del principio de legalidad y el de responsabilidad de los funcionarios, ya que éstos no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Además, resulta incongruente el fallo al establecer que es la parte la que al solicitar certificaciones ha convalidado la notificación, cuando quien practica las notificaciones es la Secretaría General y no la parte, interasado o representante procesal, a éste debe ponersele en conocimiento la resolución (notificacion personal o por tabla o por haberse dado por enterado) cumpliendo todos los requisitos legales para que pueda surtir efecto, sino existen dichas exigencias legales, no puede surtir efecto la notificación y en este caso la Corte recurrida ha considerado que es la parte la que debe cumplir las exigencias legales (solicitar certificación del acto) y no el notificante (entregar copia integra del acto). En las defensas previas formuladas la pretensión del demandado establece entre otros, que la demanda fue presentada fuera de los plazos y que el acto impugnado es firme, nuestra pretensión es que se desestimen los tres argumentos de defensas previas, ninguna de las partes ha solicitado o se ha referido a que la parte convalido o no la notificación, ya que dichas notificaciones las practica la Secretaría General, por lo cual, ademas de ilógico que una de las partes pueda convalidar la notificación personal, es ilegal por no ser su función como parte en un proceso, las partes deben ser notificados no notificantes. En el caso, es evidente la falta de requisitos legales de la notificación que intento practicar la Secretaria, tambien es evidente que se solicitaron certificaciones de las resoluciones porque el notificante no cumplio con lo establecido en el articulo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo al no entregar copia integra del acto que se trata, requisito sine qua none en la practica de la notificación personal, certificaciones que no fueron entregadas y que se tuvieron que solicitar por escrito y fueron entregadas hasta el mes de julio (14 y 15 de julio de 2013, Folios 185 y 188 del Expediente Administrativo). También es evidente, que son dos formas de notificar personalmente y por la tabla de avisos, en este caso la notificación que se intento es de carácter personal y sin reunir los requisitos legales que establece la Ley de Procedimiento Administrativo para estos actos, por lo que no puede surtir efecto, ni convalidarse como con total incongruencia lo hace ver la Corte acusada. Estos requisitos legales para las notificaciones los determina la ley a efecto de garantizar al notificado el pleno conocimiento del acto y pueda ejercitar sus acciones y no se violenten derechos constitucionales como la defensa, el debido proceso y el poder comparecer a los tribunales en demanda de justicia. Puede observarse que el fallo resulta viciado de nulidad por la falta de motivación expuesta y la incongruencia alegada, ya que con solo observar el Expediente Administrativo pudo determinarse que la notificacion es defectuosa, que si bien se solicitaron certificaciones, éstas fueron entregadas hasta el mes de julio, mes en que se interpuso la demanda, por tanto en tiempo y en forma. Dicha incongruencia en el presente caso altera el tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, pues se ha dictado sin oportunidad de debate ni de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el tema decidendi. En fundamento de lo expuesto procede declarar la nulidad de la sentencia recurrida de fecha cinco (5) de junio del año Dos Mil Catorce (2014) dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el recurso de apelación interpuesto por mi representada en contra de la resolución de Defensas Previas dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce”.- V. Que la sentencia de segunda instancia que confirma el auto resolutivo del ad quem donde se declaran con lugar las defensas previas opuestas por la parte demandada en relación a que la demanda se ha presentado fuera del plazo establecido y que la misma tiene por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción Contencioso administrativo, bajo el criterio de que la demanda fue presentada después de los treinta días hábiles contados a partir de la finalización del plazo para el agotamiento de la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el articulo 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que no puede existir notificación defectuosa del acto administrativo impugnado ya que el demandante se notificó personalmente y se dio por enterado del mismo al solicitar certificación.- VI. No obstante a lo anterior, de los autos aparece que en fecha de fecha 15 de julio de 2013, el a quo observó como causa de inadmisibilidad de la demanda de merito, lo referente a la expiración del plazo para la presentación de la misma, otorgándose a la parte actora el plazo de 10 días para subsanar tal defecto. La parte actora en fecha 14 de agosto de 2013, presentó escrito argumentando que la demanda fue presentada en tiempo y forma en virtud de que la notificación realizada del acto administrativo impugnado es defectuosa, teniendo el Juzgador de primera instancia por subsanada la demanda, sin embargo, su posición cambia al momento de resolver las defensas previas opuestas por la parte demandada con fundamento en los articulo 80 literal d) y 51 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, declarado con lugar las mismas, cuando esta situación ya había sido dilucidada y resuelta en el proceso (ver folios 69 al 75 de la pieza principal y 1 al 4 y del 214 al 216 de la pieza separada de defensas previas).- VII. Del expediente administrativo contenido en el proceso de merito, se desprende que en fecha 6 de mayo de 2013, fueron notificadas al abogado Daniel Josué Reyes Tabora, en su condición de apoderado de la parte demandante, la Resolución No. 277-2013 de fecha 12 de abril de 2013, emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio por la Secretaría General de dicha institución, en la cual si bien es cierto se realiza personalmente a dicho Profesional del Derecho, en dicha actuación se advierte que: a) no se entregó en ese acto la copia de dicha resolución; y, b) no se le puso en conocimiento si el acto administrativo ponía fin o no a la vía administrativa, los recursos y acciones que contra el mismo procedían y el órgano competente para resolverlos conforme a lo dispuesto en el articulo 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo; concluyéndose por ello que la notificación realizada al abogado Daniel Josué Reyes Tabora, en su condición de apoderado de la parte demandante en fecha 6 de mayo del 2013, por parte de la referida Secretaria General, incumple la norma antes relacionada, siendo por ello defectuosa.- VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo: “Las notificaciones defectuosas surtirán, sin embargo, efecto a partir de la fecha en que se haga manifestación expresa en tal sentido por el notificado o se interponga el recurso procedente”.- IX. Que de conformidad con el artículo 126 de esa misma Ley, la convalidación de los actos administrativos lo puede realizar la administración de los que son estimados como anulables, subsanando los vicios de que adolezcan, por lo tanto es una de las formas de sanear los actos administrativos, por ende la notificación debe reunir los requisitos de ley de lo contrario no es apta para producir la eficacia de la misma, que como acto de comunicación debe permitir al administrado hacer uso del derecho de defensa y por ello la misma surte sus efectos en la vía judicial conforme lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuando el interesado dándose por enterado presentare en tiempo y forma su demanda en contra del acto administrativo de que se trate.- X. Que el artículo 212 numeral 4) del Código Procesal Civil, señala: “los actos procesales serán nulos cuando se prescindan de normas esenciales de procedimiento siempre que por esa causa se haya producido indefensión”.- XI. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XII. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, habiéndose advertido la violación del derecho de defensa y el debido proceso, resulta procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 8 numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 y 11 del Código Civil; 22, 212 numeral 4) del Código Procesal Civil; 87, 88, 89 y 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional de fecha 5 de junio del 2014, visible del folio 9 al 12 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de abril del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha doce de abril del año dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 462-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL