Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-392-15 — Registro 6493

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la demandante por no estar ajustado a derecho el acto impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en vista de que se ha dictado con infracción al ordenamiento jurídico al haber cancelado a la demandante sin tener suficiente prueba que la responsabilizara de haber cometido la falta de violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en el estatuto en segunda instancia se confirma.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) en su formulación señala como infringidos los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, los cuales contienen numerales con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar; además cita los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República los cuales no ostentan el carácter de normas procesales que regulen la forma y contenido de la sentencia, conforme a la causal invocada; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación hace referencia normativa no indicada como violada o relacionada, tal es el caso de los artículos 80 de la Constitución de la República y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y además, realiza alegatos propios de instancia"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) en su formulación señala como infringidos los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, los cuales contienen numerales con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar; además cita los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República los cuales no ostentan el carácter de normas procesales que regulen la forma y contenido de la sentencia, conforme a la causal invocada; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación hace referencia normativa no indicada como violada o relacionada, tal es el caso de los artículos 80 de la Constitución de la República y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y además, realiza alegatos propios de instancia"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrentes y Recurridos: el ESTADO DE HONDURAS, representado por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR; y, la señora LETICIA SANCHEZ YUSDY, representada por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, respectivamente.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injustificada de que fue objeto la demandante, y como medida para el pleno restablecimiento del derecho que se ordene el pago de las prestaciones laborales y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir con todos los aumentos, vacaciones, décimo cuarto mes, décimo tercer mes y demás beneficios colaterales desde la fecha de la cancelación hasta la ejecución de la sentencia, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora LETICIA SANCHEZ YUSDY, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 23 de febrero de 1999 fue nombrada en el cargo de Secretaria asignada a la Fiscalía Local de Puerto Lempira, dependencia del Ministerio Público mediante Acuerdo 087-99; en fecha 02 de junio de 2010, se emitió el Acuerdo LSGS-225-2101, en donde el Fiscal General de la República Abogado Luis Alberto Rubí Avila, le concedió Licencia sin goce de sueldo, en virtud de que en fecha 24 de mayo del año 2010, fue admitida la solicitud de imposición de sanción de despido, presentada ante el Consejo de Personal, por el apoderado legal de la División de Recursos Humanos; el 26 de septiembre de 2012, se emitió por parte del Ministerio Público el Acuerdo de Cancelación Número 236-2012 y notificado a la demandante en fecha 02 de noviembre de 2012, por la causal de despido tipificada en el artículo 60 literal a) del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público en relación con el artículo 172 literal a) del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, que dice: “Serán causas de despido, las siguientes: a) Incumplimiento reiterado o violación grave de alguna de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la Ley, el Estatuto y este Reglamento”, sin habérsele comprobado a la demandante dichas faltas que supuestamente cometió, por lo que el despido es totalmente ilegal e injustificado, violentando el Principio de Estabilidad laboral establecido como Garantía Constitucional en el artículo 129 de la Constitución de la República.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el señor Fiscal General de la República en ese momento Abogado Luis Alberto Rubí Ávila emitió un Acuerdo de Cancelación No. 236-2012 de fecha 26 de septiembre del 2012 y el cual fue notificado en fecha 02 de noviembre de 2012, el mismo fue emitido previo a habérsele practicado todo un procedimiento disciplinario de despido a la ahora demandante en el cual quedo determinado una conducta reprochable por parte de la antes referida en su condición de servidora del Ministerio Público, lo cual la hizo incurrir en la causal de despido establecida en el artículo 60 inciso a) del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público en relación con el artículo 172 inciso a) del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, los cuales mandan que: “Serán causas de despido, las siguientes: a) Incumplimiento reiterado o violación grave de alguna de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la Ley, el Estatuto y este Reglamento”, causal de despido que fue debidamente probada ante el Consejo de Personal en relación a la conducta presentada por esta ex servidora del Ministerio Público, y de la cual ella tampoco en el momento de sus descargos a su favor logró acreditar que no era cierto que no había incurrido en las mismas, por lo cual se rechaza de forma categórica las argumentaciones de la parte demandante; con lo anterior afirmamos que tal cancelación por despido practicada a la demandante fue realizada en justificada, legal y debida forma, no violentándose de ninguna forma la garantía Constitucional del Principio de Estabilidad Laboral que argumenta la actora a lo largo de esta demanda; habiendo un convencimiento de una conducta reprochable y contraria “administrativamente” de la demandante quién en ese momento era servidora del Ministerio Público y se encontraba sujeta a deberes y obligaciones establecidas en la normativa interna de la institución, y de quien existían indicios racionales en la participación de la pérdida de un kilo de cocaína del almacén de evidencias (esto en el campo penal), todo esto sustentado en conclusiones producto de un trabajo investigativo realizado por detectives encargados del caso, tal y como lo establece el procedimiento establecido en la normativa interna del Ministerio Público, la División de Recursos Humanos solicitó ante el Consejo de Personal la imposición de la sanción de despido de la hoy demandante, siendo que la conducta presentada por esta la hicieron incurrir en la causal de despido ya referida.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando procedente la acción promovida por la señora Leticia Sánchez Yusdy; decretando la nulidad del acto administrativo, es decir, se anula el acuerdo de cancelación No.236-2012 del 26 de septiembre de 2012 por no estar ajustado a derecho el mismo, en vista de que se ha dictado con infracción al ordenamiento jurídico al haber cancelado a la demandante sin tener suficiente prueba que la responsabilizara de haber cometido la falta de violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en el estatuto; reconoció a favor de la demandante su situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se adopta como medida, condenar al Ministerio Público al pago a favor de la demandante de sus respectivas prestaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, ambos montos se calcularan desde el 2 de noviembre de 2012, hasta la fecha en que el presente fallo sea firme; se declara extinguida la relación de servicios entre las partes, sin costas; bajo el criterio que de toda la prueba presentada para sustentar la responsabilidad administrativa de la demandante con el hecho de la perdida de una evidencia, únicamente resaltan las versiones de dos testigos, “Puerto” y “Lempira”, que coinciden en que ha ambos se les ofreció por parte de la supuesta hermana de la demandante la venta de un Kilo de cocaína, pero ninguna de las declaraciones es concluyente en que dicho Kilo en efecto existía y que era el mismo Kilo que era custodiado como evidencia en el mismo Almacén. En conclusión, para determinar que la demandante ha cometido una violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en este Estatuto, es necesario que de forma irrefutable se haya presentado prueba en ese sentido, es decir, por ejemplo una prueba que demuestre que la llave del almacén donde se custodian las evidencias la haya tenido la demandante en su poder, o, que la custodia del Almacén de Evidencias de acuerdo a las funciones de toda Secretaria sea su responsabilidad de conformidad con las funciones del Manual de Clasificación de Puestos y Salarios, o que alguien la haya visto sacar dicha evidencia del Almacén etc. Ninguno de estos aspectos consta de manera irrefutable de autos y lo único que consta son las dos versiones de testigos protegidos que no son contundentes, puesto que para poder establecer una Presunción Judicial que le atribuya responsabilidad administrativa a la demandante, ante la absoluta ausencia probatoria que le atribuya una verdadera obligación en custodiar el Almacén de Evidencias, debe de haber como mínimo suficientes indicios que por su precisión, gravedad, número y concordancia, produzcan la convicción referente a la responsabilidad administrativa de la demandante; en el presente caso, éste último requerimiento no se encuentra, por lo tanto, al no estar probado que en efecto la demandante era la responsable de la Custodia del Almacén de Evidencia, no se le puede atribuir la causal de despido por violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en este Estatuto, pues ¿Cuál fue la Obligación o prohibición grave que la demandante cometió en el desempeño de su cargo que le amerito la cancelación de su puesto y que la vinculan con la perdida de una evidencia? Lo anterior no se ha podido establecer, y por lo tanto el acto de cancelación es nulo pues se ha infringido el ordenamiento jurídico al cancelar a la demandante por una causal que no está plenamente probada, y cuya adopción de ha realizado a través de indicios, que en ésta materia para que tenga valor probatorio se requiere cumplir con la regla del artículo 478 del Código Procesal Civil y ello no ocurre en el presente caso, incluso, ni siquiera se ha podido establecer de manera clara, con la respectiva cadena de custodia, que la demandante tenía responsabilidad alguna en ese sentido.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha catorce de mayo de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que no se ha podido acreditar la existencia del vínculo requerido entre la demandante y la pérdida de la droga, además que en sentencia con carácter de firme dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, a la ahora demandante se le trató de deducir responsabilidad penal, por los mismos hechos de esta demanda, el Tribunal sentenciador resolvió absolver por falta de pruebas suficientes a la demandante como autor responsable penalmente del delito de hurto en perjuicio de la Administración Pública, y en vista que se demostró que no cometió ninguna falta, la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente; en cuanto a lo que apela la parte demandante, solicitando se le reconozcan el pago de los salarios dejados de percibir con todos los aumentos, pago de vacaciones, décimo cuarto mes, décimo tercer mes y demás beneficios colaterales desde la fecha de la emisión del acuerdo de la Licencia sin goce de sueldo hasta la ejecución de la sentencia, debe declararse improcedente, en virtud de que consta en el petitum de la demanda que el objeto del debate definitivamente fijado en la audiencia preliminar de la demanda en la celebración de la audiencia preliminar que lo anterior no fue solicitado en debido tiempo y forma, tal y como lo establece el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil, por lo consiguiente lo solicitado es improcedente.- 5. La representación procesal de la parte recurrente-demandada, Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, y la representación procesal de la parte recurrente-demandante, Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, en fechas veintiséis y veintinueve de junio de dos mil quince, respectivamente, interpusieron escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha catorce de mayo de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.136-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No.441-2012 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad quem, mediante providencia de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrente-recurrida, Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL, presentó en fecha cuatro de agosto de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha seis de agosto de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha once de agosto de dos mil quince, los Abogados JOSÉ ARMANDO ESPINAL y MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiuno de agosto de dos mil quince, teniendo por personados a los Abogados MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR y JOSÉ ARMANDO ESPINAL, en concepto de parte recurrentes-recurridos, respectivamente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se han tenido por interpuestos los recursos de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia; que el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal de la parte demandada, expone un primer y único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida por la Aplicación Indebida[1]de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimamos infringidos los Artículos 82, 89, 90 de la Constitución de la República; 200, 206, 207, 208 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.1.c). del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia recurrida, excepto en cuanto dispone “Sin Costas”. EXPLICACION DEL MOTIVO: La sentencia definitiva que se viene a recurrir, en su acápite de FUNDAMENTOS DE DERECHO: en el CONSIDERANDO (9), el Ad-quem motiva “Que del análisis y estudio del conjunto de pruebas aportadas por las partes, así como del expediente administrativo y de los fundamentos legales en que ambas partes apoyan sus pretensiones, esta Corte de Apelaciones observa y concluye que: No se ha podido acreditar la existencia del vinculo requerido entre la demandante y la pérdida de la droga, además que en sentencia con carácter de firme dictada por el Tribunal de Sentencias de La Ceiba, (a la ahora demandante se le trato de deducir responsabilidad penal) por los mismos hechos de esta demanda, el Tribunal sentenciador resolvió absolver por falta de pruebas suficientes a la demandante como autor responsable penalmente del delito de hurto en perjuicio de la Administración Pública, y en vista que se demostró que no cometió ninguna falta, la acción interpuesta por la demandante resulta ser procedente.”; esta motivación contenida en el Considerando antes trascrito, podemos razonarla como la valoración insigne o ilustre que el Ad-quem realiza en esta sentencia definitiva de recurso de apelación, en donde supuestamente se condensa la valoración de las pruebas aportadas y las alegaciones de las partes, y en este caso de las alegaciones de agravios y contestación de los mismos por las partes del presente juicio en el recurso de apelación interpuesto. Resulta Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que este CONSIDERANDO (9) antes relacionado realizada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en donde Fundamenta en Derecho su sentencia, NO ES MAS QUE UNA COPIA CALCADA del Considerando TERCERO del acápite de FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia definitiva de fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil catorce (2014) y que contiene el razonamiento motivado que hizo el A-quo en su sentencia de primera instancia. Cabe resaltar, que como es lógico previo a que el Ad-quem dictara la sentencia que se recurre, esta parte demandada y recurrente, expreso los agravios respectivos que considero le producía la sentencia que era objeto del recurso, y de acuerdo a como lo ordena la ley, el Juzgador, en este caso el Ad-quem se encuentra en la obligación de proporcionar una respuesta debidamente motivada y fundada en ley de dichas alegaciones de las partes.- En la sentencia que nos ocupa, nos damos cuenta que prácticamente se nos está respondiendo con el mismo análisis y razonamientos que hizo el A-quo en su sentencia, siendo obvio de que NO se nos está dando una respuesta de los agravios expresados en nuestro recurso de apelación, sino que prácticamente el Tribunal de Segunda Instancia se está sumando a la sentencia definitiva ya dictada por el Juzgado de Letras. Valorado lo anterior, resaltamos que el artículo 206.1. del Código Procesal Civil manda que: “1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2…3…”; el articulo 207.1.2. del mismo estamento legal referente a la MOTIVACION ordena que: “1. Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.”; por otra parte, el articulo 207.1.2. del código en mención dispone que “1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuaran las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.”.- En la sentencia que se viene a recurrir a través de este recurso, además de cómo quedo a la vista sus razonamientos en cuanto a los análisis de alegaciones y pruebas es una copia literal una de otra (CONSIDERANDO TERCERO de la sentencia dictada por el A-quo en relación con el CONSIDERANDO (9) de la sentencia que se recurre dictada por el Ad-quem), es evidente que no se da lo ordenado en las disposiciones legales antes trascritas, por lo tanto existe una aplicación indebida en las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, en vista de que esta Parte Demandada y hoy recurrente Expreso sus agravios alegando lo referente a una conducta administrativa anómala por parte de la señora LETICIA SANCHEZ YUSDI, expresando a este Tribunal la responsabilidad administrativa disciplinaria por actuaciones de ésta como servidora del Ministerio Público, y el Ad-quem limito su valoración y decisión a la inexistencia de un delito por falta de pruebas, debiendo recalcar que el hecho de no haber podido probar la existencia de un delito, no necesariamente lo exime de una responsabilidad administrativa y mas de índole disciplinario, hecho factico que la parte demandante ha utilizado para entablar su demanda, y pese a que este recurrente expreso sus agravios en relación a las prohibiciones y deberes violentados por la sancionada, esta Corte de Apelaciones NUNCA hizo valoración de las mismas, por lo que consideramos que esta sentencias definitiva tiene rasgos de arbitrariedad e iniquidad. Por las razones expuestas, la simplicidad que se observa en la respuesta del Tribunal conocedor del asunto, al dictar y ordenar la ejecución resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución y a las Leyes, siendo indiscutible a simple vista que no se da ninguna garantía procesal al Ministerio Público, mediante la cual se pueda tener certeza de una respuesta efectiva, un derecho de defensa, mucho menos un debido proceso, pues con la actuación del Juez se omite cualquier consideración de relevancia a la actividad dispositiva que pudiese generar el Ministerio Público en el proceso Civil, este accionar por parte del juez instructor, se limita a valorar todos los argumentos de cargo, dando una efectiva y exclusiva respuesta a los planteamientos de la parte demandante, muy probablemente desconoce el contenido esencial de los artículos 80, 82, 89 y 90 de nuestra Constitución, sin embargo, resulta muy curioso que este desconocimiento aplique exclusivamente en perjuicio de la administración pública y en definitiva del Estado de Honduras, debemos pues concluir nuestra exposición recordando que además de nuestra normativa fundamental nacional, estas sencillas peticiones de respuesta, defensa y debido proceso se resumen en el contenido de la normativa supranacional, artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que define el principio de “Protección Judicial” que tan evidentemente desconoce el Juzgador con su actuación en el presente caso: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En este sentido, resulta evidente que el Juez conocedor del asunto ignora sus deberes de: • Garantizar una efectiva Protección Judicial. • Garantizar el derecho del Ministerio Público a obtener una respuesta motivada que restablezca la regularidad procesal mediante la resolución de un recurso sencillo y rápido como lo es el de apelación, amparándonos contra un acto arbitrario y oficioso que viola evidentemente no solo el debido proceso, sino que además nuestros derechos fundamentales, reconocidos tanto por la Constitución como por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la ley; agravando el acto, el hecho de que tal violación sea cometida por una persona que actúa en el ejercicio de funciones oficiales como Juzgadores de la nación. • Vulnera asimismo con su actuación y falta de respuesta formal, el compromiso de Honduras como Estado Parte de la CIDH de: a) Garantizar mediante su actividad como autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, que se decidirá en forma fundada y debidamente motivada sobre los derechos reclamados por el Ministerio Público, o en su defecto, se obtendrá una respuesta que aunque denegatoria de estos derechos, sea igualmente fundada; por el contrario el juez conocedor del asunto obvia su deber y se ampara en la arbitrariedad y más grave aún, prácticamente en la oficiosidad al ampararse en un artículo al que da preeminencia sobre a cualquier derecho o garantía fundamental de alguna de las partes, por tal motivo al dictar y ordenar la ejecución de resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución y a las Leyes, podemos afirmar objetivamente que su actuar linda en los límites de la tipología penal, y en este sentido, no hacemos uso de un simple recurso retórico, esta afirmación es concreta, pues no garantiza el Juez con su actuar la respuesta debida y fundada del Estado, sea esta negativa o positiva, toda vez que la misma se ampara en un acto arbitrario que por su simplicidad, se funda exclusivamente en su firma y el sello de autoridad pública. Este proceder representa graves implicaciones tanto para él como autoridad pública, como para el Estado Democrático de Derecho que descansa en la impartición de justicia como pilar fundamental. Este principio esencial no debe por ningún segundo ser olvidado o desmerecido por una autoridad judicial. b) Se restringe igualmente y por las razones ampliamente indicadas nuestro derecho a desarrollar las posibilidades de un recurso judicial, pues cuando el legislador (Contrario a lo que se cree en la práctica forense ordinaria) creó los recursos de ley, lo hizo para brindar la posibilidad de reafirmar mediante una resolución debidamente argumentada el derecho aplicado o en su defecto reponer un error procesal o de fondo en la aplicación de la norma positiva, pero cuando no existe ni una respuesta fundada para el auto principal, muy a pesar de nuestra esperanza, es lógica consecuencia que no exista una respuesta al recurso de apelación debidamente fundamentada, siendo evidente que el Juez al desconocer la esencia de lo principal, evidentemente, no puede menos que sostener su arbitrariedad al redactar la resolución del recurso de apelación, omitiendo con ello cualquier posibilidad que brinde al Ministerio Público una garantía de restablecimiento a la regularidad procesal que es debida, no por el Juez sino por el propio Estado de Honduras a través de su accionar, que vulnera en perjuicio del Ministerio Público no solo el debido proceso, el derecho de defensa y el de petición sino que además reiteramos, violenta mediante la actividad de su agente (Corte de Apelaciones) la legalidad más fundamental. Definitivamente podríamos y esperamos un poco más de nuestras autoridades judiciales, pues si el Estado representado a través del Ministerio Público, no tuviese el derecho en sus planteamientos, no podríamos menos que esperar una respuesta fundada en derecho y debidamente motivada que nos convenciera de lo contrario dando respuesta a todos y cada uno de nuestros planteamientos concretos, para poder en última instancia garantizar objetivamente el derecho de la parte demandante y ahorrarle costos en litigio al Estado de Honduras. Por el contrario, la intención que nos presenta implícitamente la autoridad judicial con su actuación pareciera ser otra, pues la arbitrariedad de su respuesta infundada obliga a la prolongación de la defensa y con ello a la interposición de recursos como el presente, con costos que de persistir los atropellos en instancias ulteriores obligarían al Estado a seguir el litigio hasta sus últimas instancias; pero repetimos, al lindar esta actividad infundada con la tipología penal, más temprano que tarde deberán ser analizados sus motivos y efectos por las autoridades responsables de su prevención y castigo. En conclusión, con la sentencia definitiva que se viene a recurrir, el Ad-quem irrespeta e infringe normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia por lo que la misma es objeto de Nulidad, razón por la cual se viene invocar tal causal o motivo de casación”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) en su formulación señala como infringidos los artículos 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, los cuales contienen numerales con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar; además cita los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República los cuales no ostentan el carácter de normas procesales que regulen la forma y contenido de la sentencia, conforme a la causal invocada; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación hace referencia normativa no indicada como violada o relacionada, tal es el caso de los artículos 80 de la Constitución de la República y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y además, realiza alegatos propios de instancia.- III. Que del Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, en su condición de representante procesal de la parte demandante, en un primer y único motivo de casación expone: “Se impugna parcialmente la Sentencia Recurrida de fecha catorce de mayo del año quince por la falta de aplicación del Artículo 447 del Código Procesal Civil, relacionado con la FIJACION CON PRECISION DE LA PRETENCION DE LA DEMANDA Y OPOSICION A LA MISMA , y Articulo 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación que debió ser empleado para Resolver la cuestión de fondo del Litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción por violación o falta de Aplicación de los Artículos 447 del Código Procesal Civil y 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna parcialmente la Sentencia, específicamente lo pronunciado en el CONSIDERANDO (11) dicha Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha catorce de mayo del año 2015. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que la Sentencia Recurrida, no ha considerado lo establecido en el Artículo 447 del Código Procesal Civil, en relación a lo que establece en cuanto a la FIJACION DE LA PRETENCION y Articulo 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que es la fundamentación legal para poder FIJAR LAS PRETENCIONES DE LA DEMANDA, al igual que las pretensiones en las Conclusiones por lo que la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha violentado el debido proceso y ha dejado en indefensión a mi Representada. Resulta Honorable Corte, que el CONSIDERANDO (11) de la Sentencia Recurrida Manifiesta: QUE EN CUANTO A LO QUE APELA LA PARTE DEMANDANTE, SOLICITANDO SE LE RECONOZCA EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR CON TODOS LOS AUMENTOS, PAGO DE VACACIONES, DECIMO CUARTO MES, DECIMO TERCER MES Y DEMAS BENEFICIOS COLATERALES DESDE LA FECHA DE EMISION DEL ACUERDO DE LA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, HASTA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA, DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE, EN VIRTUD DE QUE CONSTA EN EL PETITUM DE LA DEMANDA QUE EL OBJETO DEL DEBATE DEFINITIVAMENTE FIJADO EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE LA DEMANDA EN LA CELEBRACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR NO FUE SOLICITADO EN TIEMPO Y FORMA TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE LA JURISDICCION DE LOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EL CODIGO PROCESAL CIVIL, POR CONSIGUIENTE ES IMPROCEDENTE. Honorable Corte Suprema de Justicia, es increíble que la SENTENCIA DEFINITIVA dictada por la Honorable Corte de Apelaciones, en el CONSIDERANDO (11) de dicha Sentencia , que la pretensión del pago de los SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR y demás beneficios Colaterales no fueron solicitado en tiempo y forma, ya que tal y como consta en la AUDIENCIA PRELIMINAR celebrada en fecha 08 de septiembre del año 2014 (FOLIOS 276 AL 281 del Expediente), quedo fijado como objeto del debate que es la anulación del Acuerdo de Cancelación 0236-2012 de fecha 02 de Noviembre del año 2012 y como medida para el Reconocimiento de sus Derechos se ordene a través de Sentencia Definitiva el pago de sus prestaciones laborales y los salarios dejados de percibir, desde la emisión de la Licencia Sin Goce de sueldo hasta la ejecución de la Sentencia emitida; Además Honorable Corte, en fecha 14 de Octubre del año 2014 se presento escrito de conclusiones el cual en su parte petitoria manifestaba: “Al Señor Juez PIDO: Admitir con conocimiento de la parte contraria el presente escrito de CONCLUSIONES, propuesto y presentado en tiempo y forma junto con la copia simple, tenerlo por presentado, declarar CON LUGAR LA PRESENTE DEMANDA y Ordenar a través de la SENTENCIA DEFINITIVA emitida, se ordene el pago de prestaciones laborales, mas el pago de los salarios dejados de percibir con todos sus aumentos a titulo de daños y perjuicios y demás beneficios desde la fecha en que se emite la Licencia Sin Goce de Sueldo hasta la Ejecución de la Sentencia y mas las COSTAS del presente Juicio, en virtud de la ilegalidad del despido de mi Representada.”, por lo que lo SENTENCIADO por la Corte de Apelaciones no esta DICTADO CONFORME A DERECHO, ya que no se aplico lo que estipula el Código Procesal Civil. Honorable Corte el procedimiento disciplinario de despido Ministerio Publico de acuerdo a lo que establece el Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico, se inicia con el conocimiento de alguna de las causas que dieren lugar al Despido y una de la medidas aplicadas mientras se continua con dicho procedimiento disciplinario, es la EMISION DE UNA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO y si la Autoridad Nominadora durante el tiempo que dure dicho procedimiento, esta encuentra los meritos para el despido, emite el Acuerdo de Cancelación del Servidor. Pero en presente caso en el JUEZ-A-QUO al determinado que ser PROCEDENTE LA ACCION incoada por mi Representada, decretando la Nulidad del Acto Administrativo Impugnado es decir el Acuerdo de Cancelación 236-2012 de fecha 26 de Septiembre del año 2012, por no estar ajustado a Derecho el mismo, en vista de que se ha dictado con infracción al ordenamiento jurídico, al haber cancelado a la demandante sin tener la prueba que la responsabilizara de haber cometido la falta de violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones establecidas en el Estatuto, la HONORABLE CORTE DE APELACIONES debió declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto y ordenado el pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha de emisión de la LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, hasta la fecha en que el presente fallo quede firme”, en virtud de que la emisión de la Licencia Sin Goce de Sueldo es NULA, ya que la misma forma parte del procedimiento aplicado por lo tanto los salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios deberán de pagársele a mi Representada, a partir de la emisión de la LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, contrario a lo que manifiesta la CORTE DE APELACIONES, en la Sentencia emitida y que hoy se Recurre”.- IV. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) alega la falta de aplicación, entre otros del artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, disposición que fue aplicada por el ad quem en los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, por lo cual dicha vía no era la apropiada para atacar la misma; y, b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- V. En resumen, el escrito contentivo de los recursos de casación inobservan las formalidades imperativas para que los mismos puedan ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica de casación, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- VI. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VII. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VIII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta Resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:

  1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, formulado por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR en su primer y único motivo de casación. 2) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, formulado por el Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL, en su primer y único motivo de casación. 3) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 4) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 5) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil diecisiete; certificación de la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 392-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

[1] (Recurso Extraordinaria de Casación Laboral y Casación Administrativa, William Rene Parra Gutiérrez, Ecoe Ediciones, Pagina 94, “…a) Aplicación Indebida. Hay aplicación indebida de la ley sustancial, cuando el juez administrativo para solucionar el conflicto de interés sometido a su consideración, aplica una ley que no regula el caso, y con tal actividad judicial, deja de aplicar la ley que regula el caso”.)