Sentencia CA-390-15 — Registro 6484
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
El cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar, debido a que el Censor señala como infringida una disposición que no es de carácter adjetiva o procesal, sino que es vinculada con el tema de las normas de derecho empleadas o que debieron aplicarse para la solución del fondo del litigio, como ser el señalado artículo 21 numeral 3) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, por lo que la causal del recurso de casación que debió sustentar era con base al artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil; también se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del referido Código; y, b) en su explicación alude a normas no enunciadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República y 29 de la Ley General de la Administración Pública, además realiza alegatos propios de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, representado en juicio por el Abogado JOSÉ EDUARDO PINTO CHINCHILLA; y, Recurrido: el señor MEDARDO ENRIQUE FERRERA LAGOS, representando en juicio por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de la situación jurídica individualizada por la cancelación ilegal de que fue objeto y como medida para el restablecimiento del Derecho que se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios caídos, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor MEDARDO ENRIQUE FERRERA LAGOS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a prestar los servicios a la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, adscrito a la Unidad de Apoyo Técnico Presidencial, nombrado mediante acuerdo No.020-2007 de fecha 19 de junio de 2007, en el cargo de Supervisor de Transporte; la demandada emitió el acuerdo de cancelación No.180-A-DP-2010 de fecha 30 de agosto de 2010, mediante el cual se hizo efectivo a partir del 31 de agosto de 2010, donde acordó cancelar al demandante del cargo que desempeñaba sin seguir procedimiento alguno como ser el Derecho de Defensa, ya que no se le llamó a la correspondiente audiencia de descargos, ni se le invocó causal legal alguna de despido, pese a que la relación laboral estaba protegida por la Ley de Servicio Civil por no ser un cargo de confianza y que dicho puesto no se encuentra establecido en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil como cargo excluido.- 2. La parte demandada, contestó dicha demanda señalando que efectivamente existió una relación de servicio originada mediante la suscripción de Contratos de Servicios Profesionales vigentes desde el 1 de marzo de 2006, pero, en fecha 19 de junio de 2007, mediante Acuerdo Ejecutivo No.020-2007, se le nombró en el “Cargo de Supervisor de Transporte, de la Comisión Presidencial de Modernización del Estado” y no en la Unidad de Apoyo Técnico Presidencial, como erróneamente lo manifiesta la parte demandante, lo cual en este Acuerdo y en la estructura organizativa correspondiente, expresamente se establece que el cargo a desempeñar es un Puesto Excluido que se encuentra fuera del Régimen de Servicio Civil, no cubierto o amparado por dicho Régimen, por lo tanto al darle la Ley de Servicio Civil el carácter de Puesto Excluido al cargo que ocupó de Supervisor de Transporte de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, se concluye que su cancelación se realizó apegada irrestrictamente al derecho y no puede invocarse causal alguna de las establecidas en dicha ley especial, para proceder a la cancelación del demandante, pues su puesto era y es de libre nombramiento y remoción por parte de la autoridad nominadora, por lo que en ningún momento se le han violentado los derechos, procesos o garantías constitucionales, pues la exclusión del Régimen del Servicio Civil, para todos los empleados o funcionarios que se desempeñaron o se desempeñan en cualquier cargo en la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, se da por virtud estricta de ley, específicamente el literal b) del artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, pues esta Secretaría de Estado es la Secretaría General de la Presidencia, lo cual aparece establecido clara y textualmente en las funciones primordiales establecidas en el artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública, por lo anterior, todo lo relacionado por el demandante para funcionarios de esta Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, era y es inaplicable por virtud expresa de Ley.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de junio de dos mil catorce, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el señor Medardo Enrique Ferrera Lagos, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el Acuerdo de Cancelación No.180-A-DP-2010, de fecha 30 de agosto del 2010, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial, por medio del cual se le canceló al demandante; en consecuencia se anula totalmente; reconocimiento de la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se resolvió: condenar al Estado de Honduras, al pago de los derechos e indemnizaciones laborales, es decir, el pago de sus prestaciones, pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación hasta la fecha en que se ejecute dicha sentencia, pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos, y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, cálculo que se difiere para la fase de ejecución de la sentencia; condenar al Estado de Honduras, a reconocer, ejecutar y pagar al demandante los conceptos señalados, sin costas; bajo el criterio que la Ley de Servicio Civil, es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre el servidor público y los diferentes órganos del sector estatal, conteniendo dicho ordenamiento dos regímenes claramente diferenciados por los cuales la administración pública puede prescindir de los servicios de sus empleados, siendo estos: a) Régimen de cancelación por despido y b) Régimen de cancelación por cesantía, ambos establecidos con una serie de requisitos que necesariamente debe cumplir la administración; el régimen de cancelación por despido, es una facultad de la administración, cuando considera que las actuaciones de los servidores se enmarcan dentro de las causales consideradas como de extrema gravedad, que contemple el despido como sanción por la comisión de una falta grave; por todo lo expuesto anteriormente se puede condensar que el cargo que ocupaba el demandante no estaba contemplado en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil y 11 del reglamento, tampoco indica el motivo o causal de la cancelación del demandante; de igual manera no consta en autos que la autoridad nominadora haya dado cumplimiento a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para proceder a la cancelación del demandante por cesantía o despido, por lo que infringe el ordenamiento jurídico por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido en la Ley.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del demandante estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos, y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, ya que este no desempeñaba un puesto de confianza o excluido del régimen de servicio civil, por no encontrarse comprendido en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil como cargo excluido; trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante, resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JOSÉ EDUARDO PINTO CHINCHILLA, en fecha dieciséis de junio de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.155-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.530-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, presentó en fecha seis de agosto de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diez de agosto de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha diez de agosto de dos mil quince, los Abogados JOSÉ EDUARDO PINTO CHINCHILLA y DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiuno de agosto de dos mil quince, teniendo por personados a los Abogados DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, como recurrido y JOSÉ EDUARDO PINTO CHINCHILLA, como recurrente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LOS ACTOS Y GARANTÍAS PROCESALES CUANDO SU INFRACCIÓN SUPONGA LA NULIDAD O PRODUJERA INDEFENSIÓN. Este motivo se sustenta en el Artículo 719.1, letra b) del Código procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión por la NO aplicación del Artículo 21 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil aplicable. Los Magistrados emisores de la Sentencia recurrida en Casación infringen y violan flagrantemente las Garantías de la Defensa, del Debido Proceso y de la Legalidad con que deben actuar los funcionarios judiciales, tutelados por el Artículo 82, 90, 321, 323 de la Constitución de la República, pues la sentencia de segunda instancia emitida infringe abiertamente lo dispuesto en el Artículo 21 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil (Acuerdo de 175) que es el aplicable al caso de autos y es el que establece de forma clara y expresa el estado de exclusión del demandante, siendo que fue nombrado en el cargo de Supervisor de Transporte bajo Puesto Excluido en la Comisión de Modernización del Estado dependiente de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, es decir fue nombrado en la propia Secretaría General de la Presidencia de la República, según la competencia fundamental otorgada en el Artículo 29 de la Ley General de Administración Pública; por lo tanto todo el personal de esa Secretaría de Estado están bajo Puesto Excluido del Régimen de Servicio Civil y sus Beneficios, es así que el demandante al haberse desempeñado en el mismo local de las oficinas del Secretario de Estado del Despacho Presidencial, se convirtió en un Empleado de Confianza por virtud de Ley y no precisamente por la labor que realiza, sino por desempeñar sus funciones en el mismo local que ocupa del Secretario de Estado y es lo que mi representado ha reclamado en todo momento, invocando justicia a nombre del Estado de Honduras. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. Que al pronunciarse la Honorable Corte de Apelaciones en la Sentencia recurrida que el cargos que desempeño el demandante por no encontrase comprendido en el Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil. Al respecto este tribunal olvida que el Reglamento de la Ley de Servicio Civil contenido en el Acuerdo 175 estando vigente al momento de su nombramiento, en su Artículo 21 Numeral 3 establece que se debe entender el personal de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República aquel que desempeñe sus funciones en el mismo local de las oficinas de ambos funcionarios y/o estén en continuo contacto con ellos, estamento que afirma el inminente Estado de Exclusión del demandante. La Corte de Apelaciones hace caso omiso a la exclusión contundente que el legislador le otorga a todo el personal de la Secretaría de Estado del despacho Presidencial por ser un personal de confianza del Secretario de Estado por ejercer la Secretaría General de la Presidencia de la República, competencia que le establece el Artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública que le establece las competencias fundamentales a las Secretarías de Estado y para la del Despacho Presidencial le define: “Lo concerniente a la Secretaría General de la Presidencia de la República”... y ya el Artículo 48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo además establece el régimen de competencias fundamentales de las Secretarías de Estado y para la Secretaría del Despacho Presidencial le compete. 1. La atención de los asuntos concernientes a la Secretaría General de la Presidencia de la República; precepto jurídico relacionado directamente con el Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil que dice: Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: b) Al personal de la Secretaría General de la Presidencia y a los demás servidores que desempeñen cargos de confianza personal del Presidente de la República, presupuesto que aplica sin duda al hoy demandante, pues este se desempeñó en la Secretaría General de la Presidencia de la República, es decir la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial. EXTREMO DE ESTRICTO DERECHO QUE DEBE PREVALECER Y QUE AFIRMA A TODAS LUCES LA EXCLUSIÓN EXPRESA ESTABLECIDA POR EL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 21 NUMERAL 3 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL APLICABLE Y QUE AMPLIA EL ARTÍCULO 3 INCISO B) DE LA LEY, Y QUE LA CORTE DE APELACIONES NO APLICÓ, SENCILLAMENTE NO LE DA VALIDEZ A ESTE ESTAMENTO, PUES TAMPOCO SE PRONUNCIÓ AL RESPECTO MANIFESTADO ANTERIORMENTE EN VÍA RECURSO DE APELACIÓN POR MI REPRESENTANDO, VICIOS QUE DEBE SER ENMENDADOS POR LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.”.- II. El cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar, debido a que el Censor señala como infringida una disposición que no es de carácter adjetiva o procesal, sino que es vinculada con el tema de las normas de derecho empleadas o que debieron aplicarse para la solución del fondo del litigio, como ser el señalado artículo 21 numeral 3) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, por lo que la causal del recurso de casación que debió sustentar era con base al artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil; también se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración del material probatorio, lo cual resulta inapropiado en este extraordinario recurso conforme lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del referido Código; y, b) en su explicación alude a normas no enunciadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República y 29 de la Ley General de la Administración Pública, además realiza alegatos propios de instancia.- III. En el segundo motivo de casación el Impetrante establece lo siguiente: “CONSISTE EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE DERECHO EMPLEADAS PARA LA SOLUCIÓN DEL FONDO DEL LITIGIO. Este motivo se sustenta en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil, en cuanto a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio, por la interpretación errónea de los Artículos 3 de la Ley de Servicio Civil en relación al Artículo 21 numeral 3 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil contenido en el Acuerdo 175 del 18 de Febrero de 1976; 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Mi representando ha venido reiterando y reclamando en el presente juicio la aplicación en todo su contexto del Artículo 21 Numeral 3 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil contenido en el Acuerdo Número 175 del 18 de Febrero de 1976. El Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil que establece: Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: b) Al personal de la Secretaría General de la Presidencia y a los demás servidores que desempeñen cargos de confianza personal del Presidente de la República. El Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Servicio que desarrolla el precepto jurídico antes señalado, dice: Las disposiciones de la Ley de Servicio Civil no serán aplicables a: 3) El personal de la Secretaría de Estado de la Presidencia de la República y los servidores que desempeñen cargos de confianza del Presidente de la República. Para los efectos de este numeral, se entenderá personal de la Secretaría de la Presidencia de la República, y de confianza del Presidente de la República, aquel que desempeñe sus funciones en el mismo local de las oficinas de ambos funcionarios y/o estén en continuo contacto con ellos. 4)… al 21)… Siendo contundente el presupuesto que hoy invocamos y es por el único hecho de laborar en las mismas oficinas del Secretario de Estado del Despacho Presidencial que se considera excluido el cargo desempeñado por el demandante, por lo tanto no se encuentran amparado para demandar, y ya lo establece el Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, párrafo primero, que dispone que en materia de personal solamente podían impugnarse en vía contencioso administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público cuando este estuviera protegido por una ley especial. El demandante al desempeñarse en un puesto excluido del Régimen de Servicio Civil, no tiene derecho al pago de cualquier indemnización presente, pasada o futura, teniendo la facultad y potestad la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial de la Libre Remoción y Nombramiento por tratarse de personal de su confianza y no necesita causal de despido, no por la función que realiza, sino por el hecho de laborar en las oficinas que ocupa la Secretaría del Despacho Presidencial, es decir la Secretaría General de la Presidencial por lo que los convierte en funcionarios de exclusiva confianza del Secretario de Estado, no por la función que realizan sino por el hecho de laborar en las oficinas del propio funcionario. Asimismo, el Artículo 2 de la Ley de Servicio Civil establece: “El Régimen del Servicio Civil comprenderá a los servidores del Poder Ejecutivo, cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y sus Reglamentos”. De lo anteriormente citado se establece clara y expresamente que está amparado bajo el régimen de Servicio Civil, el servidor público que haya estrictamente ingresado al servicio llenando y cumpliendo previamente condiciones y requisitos en esta ley especial, es por ello, que nos vemos obligados a remitirnos al artículo 11 de la Ley de Servicio Civil, que estable los requisitos para ese efecto y debemos señalar con contundencia que ninguno de ellos le fue aplicado al demandante, por ejemplo, no cursó ni aprobó ningún examen de competencia, no pasó ningún período de pruebas, para ser nombrado, no presentó comprobantes del pago de impuestos o de estar exento, etcétera, pues sencillamente su nombramientos fue directo en puesto excluido del régimen, no clasificado dentro del mismo, por lo que se reitera que ni por su nombramiento se aplicó requisito alguno, ni para sus cancelaciones se aplicó un procedimiento de ley o causal para ese efecto, pues no le fueron ni le son aplicables las disposiciones de la ley especial de Servicio Civil, además, en relación al artículo 12 de la Ley de Servicio Civil, el mismo establece que corresponde a la Dirección General de Servicio Civil, elaborar y mantener al día un manual de clasificación de cargos y en el mismo sencillamente el demandante, no está incluido ni incorporado y, el Estado de Honduras y sus dependencias como la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, no puede contravenir, no puede alterar, no puede incumplir sendas disposiciones legales administrativas, ni sendas realidades y registros administrativos que lleva la Dirección General de Servicio Civil cumpliendo con la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE EL PRESENTE MOTIVO. En sentido manifestamos que si el demandante laboró en la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, UNA SECRETARÍA DE ESTADO EXCLUIDA DEL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL Y TODO SU PERSONAL, no por la función o actividad que realiza SU PERSONAL, sino por el hecho preciso de laborar en esa Secretaría de Estado, EXCLUSIÓN OTORGADA POR EL ARTÍCULO 21 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL APLICABLE QUE ES CLARO AL EXCLUIR POR COMPLETO A TODO SU PERSONAL (Y CUANDO DICE EL LEGISLADOR, TODO, ES TODO) EL PERSONAL DE CASA PRESIDENCIAL Y DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL y así lo decidió el legislador al darle un tratamiento especial al personal que depende del Presidente de la República y del Secretario de Estado de la Presidencia, pues como se puede apreciar en el texto del Artículo 21 antes citado, el legislador no excluye nominalmente a otras Secretarías de Estado como si lo hace expresamente con la Secretaría del Despacho Presidencial, en consecuencia al excluir taxativamente a todo su personal, a este personal no le aplica el Artículo 22 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil aplicable, por ende el Secretario de Estado del Despacho Presidencial por mandato de Ley (Artículo 21 numeral 3) no envía la lista hasta con un máximo de 5 empleados que él considera de su confianza, ya que el Reglamento le dice que todo el personal que labora en la Secretaría de Despacho Presidencia es excluido, de lo contrario el legislador sencillamente en el Artículo 21numeral 3 ni mencionaría en su texto a la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, por lo que en concusión contundente a esta Secretaria del Despacho Presidencial a todo su personal no le aplica el contenido del Artículo 22 del Reglamento invocado.”.- IV. El cargo que antecede resulta inadmisible, ya que se incurrió en los siguientes defectos técnicos: a) insta la revisión de los hechos, así como la apreciación y valoración del material probatorio, lo cual está vedado en este extraordinario recurso, tal como lo establece el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) alegando la interpretación errónea del artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, estando obligado a señalar cual fue el alcance equivocado que el ad-quem le dio dicha disposición y cual en su concepto, era el indicado o correcto, al no hacerlo así le resta precisión y claridad al motivo; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- V. Para fines jurisprudenciales se debe recordar que el artículo 129 de nuestra Constitución de la República consagra el derecho de estabilidad laboral que gozan los trabajadores en general, por lo que cualquier limitación al mismo, debe estar expresamente contenido en la normativa legal, como es el caso del artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, que excluye números clausus a ciertos funcionarios y empleados públicos de la protección y tutela de esa ley especial, por lo que se les considera cargos excluidos de dicho régimen, con base a ello la administración pública debe velar por apegar sus actuaciones al ordenamiento jurídico aplicable y no realizar exclusiones que puedan estimarse en exceso de sus facultades y atribuciones legales.- VI. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 64, 127, 129, 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE:
- NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de enero del dos mil diecisiete; certificación de la resolución de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 390-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO