Sentencia CA-378-15 — Registro 6483
Resumen
En segunda instancia se revoca los numerales tercero y quinto del fallo de la sentencia recurrida bajo el criterio que se otorga el pago de prestaciones laborales al demandante sin haberlas solicitado, por lo cual se debe revocar la sentencia emitida, ya que el acto impugnado es nulo de pleno derecho al infringir el ordenamiento jurídico
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) alude la aplicación indebida de varias normas que no han sido objeto de aplicación en el fallo recurrido, tal es el caso de los artículos del 106 al 115 de la Ley General de la Administración Pública, lo cual es un defecto, ya que esa forma de violar la Ley implica que el Juzgador haya utilizado las disposiciones normativas que se consideren infringidas en la decisión del fondo del asunto sometido a su conocimiento; c) se omite señalar la disposición que en concepto del Recurrente debió sustituir a la aplicada en forma indebida; y, d) en su explicación alude a normas no enunciadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 7 de la Ley General de la Administración Pública y 7 de la Ley Especial de Intervención al Ministerio Público y realiza alegatos de instancia.
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: Del auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil dieciseis la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR; y, Recurrido: señor ELVIN NOEL CARRILLO HERRERA, representado en juicio por el Abogado OLIVER GERARDO ANTONIO ERAZO GOMEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica, adopción de medidas para su pleno restablecimiento pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, reintegro y costas del juicio, promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de julio de dos mil trece, por el señor ELVIN NOEL CARRILLO HERRERA, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, hondureño y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PUBLICO.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción que inició su relación laboral en fecha quince de noviembre de dos mil seis, mediante la modalidad de varios contratos en los cargos de Receptor de denuncias, asignado en la cuarta estación de policía, luego como Asistente de Fiscal en forma interina en la Fiscalía de Delitos Comunes en la unidad de Delitos Financiera y como Fiscal Auxiliar dependiente de la Unidad de Investigación de Muerte de Mujeres ya mediante acuerdo, en fecha dos de mayo de dos mil trece, la Comisión Interventora del Ministerio Público, emitió acuerdo de cancelación por incumplimiento reiterado o violación grave alguna de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la Ley, el Estatuto y Reglamento del Ministerio Público, no encontrándose ajustado a derecho por violentarle la estabilidad laboral sin estipular justa causa, por lo cual se solicita la nulidad.- 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, por medio del MINISTERIO PUBLICO, contestó dicha demanda señalando que rechaza parcialmente lo argumentado por el demandante, en virtud que el acto impugnado se encuentra dictado conforme a derecho y siguió el trámite de ley por incumplimiento reiterado, teniendo causal para su despido.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Distrito Central, en fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando: procedente la acción incoada, anulando el Acuerdo de cancelación número CIMP054-2013, reconociendo la situación jurídica individualizada y para su restablecimiento el pago de los salarios dejados de percibir, beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldo, decimocuarto mes, bonos, vacaciones y otros derechos, no se condena en costas; bajo el criterio que el procedimiento disciplinario de despido iniciado al servidor fue desarrollado conforme a las disposiciones legales del Estatuto de la carrera del Ministerio Público y de su Reglamento, no obstante el acto administrativo impugnado en si, no fue emitido en legal y debida forma, adoleciendo de nulidad, en base al artículo 12 numeral 5 del Código Procesal Civil; entrando en vigencia la Ley Especial de Intervención al Ministerio Público mediante la cual sus actuaciones deberán realizarse con la participación de todos sus miembros y el acto impugnado consiste en el Acuerdo de cancelación número 054-2013, estando firmado solo por un miembro, careciendo de validez por no haberlo firmado los demás miembros, debiendo las actuaciones de los órganos del Estado hacerlo expresamente en lo que se establece la Ley.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdiccional nacional, en fecha catorce de mayo de dos mil quince, dictó sentencia definitiva sin lugar el recurso de apelación y declarar con lugar el recurso de apelación por adhesión; revocar los numerales tercero y quinto del fallo de la sentencia recurrida; reconocer la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro y confirmando los demás considerando de la sentencia impugnada y sin costas; bajo el criterio que se otorga el pago de prestaciones laborales al demandante sin haberlas solicitado, por lo cual se debe revocar la sentencia emitida, ya que el acto impugnado es nulo de pleno derecho al infringir el ordenamiento jurídico, ya que no se probó en juicio que el Acuerdo de cancelación haya sido firmado por todos los miembros de la Junta Interventora por ser un órgano colegiado se adoptan la decisiones por la mayoría simple.- 5.- La representación procesal de la parte demandada, Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en fecha veintiséis de junio de dos mil quince, interpuso escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada en fecha catorce de mayo de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.093-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 265-2013 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolviendo el Ad-Quem mediante providencia de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte demandante, Abogado OLIVER GERARDO ANTONIO ERAZO GOMEZ, presentó en fecha veintisiete de julio de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintiocho de julio de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley; así mismo, hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha siete de agosto de dos mil quince, los Abogados MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR y OLIVER GERARDO ANTONIO ERAZO GOMEZ.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, los Abogados OLIVER GERARDO ANTONIO ERAZO GOMEZ y MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, presentaron escritos en fecha once de agosto de dos mil quince, personándose en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su primer y único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la sentencia recurrida por la Aplicación indebida de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Estimamos infringidos los Artículos 82, 89, 90 de la Constitución de la República; 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 de la Ley General de la Administración Pública; Artículo 1 del Decreto Legislativo No. 64-2013 de fecha 17 de abril del 2013. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la sentencia recurrida, excepto en cuanto dispone “Sin Costas”. EXPLICACION DEL MOTIVO: En la sentencia definitiva que se viene a recurrir, el Ad-quem, en el acápite de Fundamentos de Derecho, Considerando (6) razona: “esto porque tal como lo señala el A-quo, el Acto Administrativo Impugnado fue adoptado por la Coordinadora de la Comisión Interventora del Ministerio Público, por ser quien firmo el mismo, debiendo haberse adoptado por mayoría simple de sus miembros, tal como lo establece la Ley Especial de Intervención del Ministerio Público lo cual no consta de autos se haya realizado conforme lo establecido en dicha normativa.” (Lo subrayado es nuestro). En el Considerando (8) de este mismo acápite, el Tribunal de segunda instancia motiva “Que la Ley Especial de Intervención al Ministerio Público establece en forma clara que la Comisión Interventora estará integrada por tres Miembros Propietarios, la cual asumirá todas las funciones que legalmente le competen al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto, quienes durante funcione la misma no ejercerán funciones atribuidas a sus Cargos, así como también establece que las Resoluciones de la Comisión Interventora serán COLEGIADAS y se adoptaran por mayoría simple de sus Miembros Propietarios y son de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento, por lo que si bien es cierto, que la Junta Interventora es un Órgano Colegiado y las decisiones y resoluciones que adopten deben ser colegiadas requisitos que en el caso de autos no se cumplió, ya que el Acto Impugnado fue emitido durante el funcionamiento de la relacionada Junta interventora. “; asimismo en el Considerando (9) de este mismo acápite valora “Que en virtud de lo anteriormente señalado, no consta de autos, que la Junta Interventora del Ministerio Público, como Órgano Colegiado, haya adoptado la Resolución contenida en el Acto Administrativo Impugnado, conforme lo establece la Ley Especial relacionada y conforme corresponde a un Órgano Colegiado, por constar que el mismo fue firmado únicamente por la coordinadora de dicha Junta Interventora, ya que si bien es cierto, la Junta Interventora tenia la facultad de emitir el Acto Impugnado, este debió ser adoptado por la mayoría de sus Miembros, ya que la Coordinadora únicamente tenia la Representación Legal de dicha Junta Interventora[i] y no la facultad de adoptar decisiones unilaterales como la del acto Impugnado. “(Lo subrayado es nuestro). De la literalidad de los razonamientos debidamente motivados en los considerandos antes referidos, es claro que el criterio del Ad-quem es que el Acto Administrativo Impugnado es nulo porque el mismo fue firmado únicamente por la Coordinadora de la Junta Interventora, y este debió ser adoptado (la decisión) por la mayoría de sus Miembros, a que la Coordinadora únicamente tenia la Representación Legal de dicha Junta interventora, considerando esta parte recurrente como un error del Tribunal tales valoraciones.- Dicho todo lo anterior, Señores Honorables Magistrados, es el momento preciso para recalcar que el Articulo 7 de la Ley General de la Administración Pública es clara y precisa, cuando taxativamente ordena que “los actos de la Administración Pública, deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: 1) La Constitución de la República; 2) Los Tratados Internacionales ratificados por Honduras; 3) La presente Ley (Ley General de la Administración Pública); 4) Las leyes Administrativas especiales; 5) Las leyes especiales y generales vigentes en la República; ... “; y si bien es cierto, el Articulo 7 de la Ley Especial de Intervención al Ministerio Público, relacionado a DE LAS RESOLUCIONES dice que “Las Resoluciones de la Comisión Interventora serán colegiadas y se adoptaran por mayoría simple de sus miembros propietarios y son de carácter obligatorio y estricto cumplimiento. “, esta disposición es la que ha servido de sustento legal tanto al A-quo como al Ad-quem para haber tomado sus decisiones en forma un tanto abrupta e irreflexiva en el caso que nos ocupa. Si reconocemos la jerarquía normativa a la cual deben de ajustarse los actos de la Administración Pública, la Ley General de la Administración Pública como una norma sustancial, regula en el acápite de Órganos Colegiados, contentivos en los Artículos del 106 al 115 de esta Ley (Ley General de la Administración Pública) la cual tiene preeminencia sobre la Ley Especial de Intervención al Ministerio Público, la forma en que los Órganos Colegiados tomaran sus decisiones. En la Sentencia Definitiva que se viene a recurrir se aprecia que el Tribunal que dicto la misma, en ningún momento realizo un razonamiento debidamente motivado de sus valoraciones hechas apegado a lo que establece el acápite de los Órganos Colegiados de la Ley General de la Administración Pública (Artículos 106 al 115), las cuales debieron de ser las leyes predominantes aplicables para llegar a sus convicciones en cuanto a la forma de tomar la decisión de la Comisión Interventora como órgano colegiado, pues desconoció en su totalidad tales normas de derecho sustantivo consignados en la Ley General de la Administración Pública, de las cuales ni tan siquiera hizo uso al momento de fundamentar en ley su decisión. En esta sentencia que se recurre, el Ad-quem ha limitado o restringido su criterio aplicado, razonando únicamente que el acto administrativo impugnado tiene vicios de nulidad porque en el solo aparece la firma de la Abogada MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO quien fungía en ese entonces como Coordinadora de la Junta Interventora del Ministerio Publico, y quien por decreto de ley también ostentaba la representación legal del Ministerio Público, ignorando completamente lo que manda la Ley General de la Administración Pública en lo relativo a los Órganos Colegiados, quien en su articulo 113 establece que “de cada sesión se levantara acta que contendrá indicación del lugar, la fecha y orden del día de la reunión, los nombres y la calidad representativa de los presentes, los puntos de deliberación, el procedimiento y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos. Las actas serán firmadas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente y se leerán y aprobaran en la misma o posterior sesión. “ Si analizamos la decisión del Ad-quem en la presente sentencia, nos damos cuenta de que hace una Indebida Aplicación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo de este asunto, pues limita su fallo valorando según su criterio una ilegalidad por la inexistencia de las firmas de los demás comisionados en el acto administrativo impugnado amparándose de la Ley Especial de Intervención al Ministerio Público, sin tomar en cuenta las normas de derecho sustancial que además de ser las que jerárquicamente tienen preeminencia sobre las anteriores, debió haber valorado en el presente caso, y en las cuales se determinan en la forma tal como lo refiere la ley de cómo se tomaran las decisiones por parte de los órganos colegiados, las cuales se tomaran en sesiones y se consignaran en actas, en las cuales se harán constar todas las incidencias ocurridas en dichas sesiones.. Dicho todo lo anterior, encontramos que la referida sentencia definitiva se encuentra revestida de arbitrariedad, dejando muchas dudas en cuanto lo resuelto por el Tribunal, pues si el Ad-quem, solamente y por petición hiciere la parte demandante valoro en el acuerdo de cancelación por despido impugnado que solo llevaba la firma de la Coordinadora de la Junta Interventora, lo que le sirvió para encontrar tal ilegalidad, ¿como puede asegurar de que esa decisión había sido tomada en forma unilateral por la firmante, si nunca valoro ni tuvo a la vista, ni tampoco la parte demandante presento como prueba de cargo, las sesiones o actas en donde se deben de tomar las decisiones tal como lo establece la Ley?; asimismo, sin haber realizado las valoraciones con respecto a la toma de decisiones como lo señala la ley administrativa, ¿Cómo puede desconocer las facultades que el Decreto Legislativo No 64-2013 le atribuye a la Coordinadora de la Junta Interventora del Ministerio Público, quien firmo en representación legal del Ministerio Público, y deducir que fue una decisión unilateral de ésta, cuando nunca realizo las valoraciones de la toma de decisión del órgano colegiado en los términos que la ley manda que deben tomarse? (actas de las sesiones), también nos preguntamos Honorables Magistrados de que, ¿Cómo es posible de que aun y cuando el A-quo en su sentencia razono motivadamente que habiendo revisado todo el procedimiento disciplinario realizado por el Ministerio Publico en contra del hoy demandante, dicho procedimiento disciplinario había sido realizado en legal y debida forma, pero el acto es nulo por la falta de firma de las otras 2 comisionadas, cuando en sus valoraciones NUNCA se apegó a las normas dispositivas correctas para valorar la toma de decisiones de órganos colegiados como lo manda la Ley General de la Administración Pública, y con esta arbitraria valoración, tanto el A-quo como el Ad-quem venga a anular el acto administrativo con razonamientos erróneos realizados por este Tribunal?; En conclusión, con la sentencia definitiva que se viene a recurrir, el Ad-quem irrespeta e infringe disposiciones legales que empleo en el fondo del presente litigio, por lo que la misma es objeto de Nulidad, razón por la cual se viene invocar tal causal o motivo de casación.- II.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) insta la revisión de los hechos e interpretación y valoración de la prueba, lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) alude la aplicación indebida de varias normas que no han sido objeto de aplicación en el fallo recurrido, tal es el caso de los artículos del 106 al 115 de la Ley General de la Administración Pública, lo cual es un defecto, ya que esa forma de violar la Ley implica que el Juzgador haya utilizado las disposiciones normativas que se consideren infringidas en la decisión del fondo del asunto sometido a su conocimiento; c) se omite señalar la disposición que en concepto del Recurrente debió sustituir a la aplicada en forma indebida; y, d) en su explicación alude a normas no enunciadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 7 de la Ley General de la Administración Pública y 7 de la Ley Especial de Intervención al Ministerio Público y realiza alegatos de instancia.- III. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en el artículo 723 numeral 2 literal a) relacionado con el artículo 720 numeral 1) y 721 literal 2) del ordenamiento legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de enero del dos mil diecisiete; certificación del auto de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 378-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO