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Sentencia CA-37-15 — Registro 5641

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por el demandante, por estar legitimado como heredero ab intestato, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, reconociendo la situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento se resolvió condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud al pago de daños y perjuicios a favor del demandante, quedando diferido al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que en el cargo anterior se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, sin embargo olvida la Censora que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha establecido el criterio que el Tribunal Ad Quem al confirmar el fallo del A quo hace suyos los pronunciamientos y criterios del Tribunal de primer grado, también dicha resolución contiene los requisitos sobre forma y contenido de las sentencias, dando las explicaciones necesarias en que se funda la decisión vertida, en consecuencia, revisada la misma cuenta con la suficiente y congruente motivación con respecto a la condena impuesta a la parte demandada, por lo cual el motivo pierde su eficacia; aunado a lo anterior, se insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual es impropio en este extraordinario recurso conforme a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y también realiza extensos alegatos de instancia.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.Que en el cargo anterior se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, sin embargo olvida la Censora que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha establecido el criterio que el Tribunal Ad Quem al confirmar el fallo del A quo hace suyos los pronunciamientos y criterios del Tribunal de primer grado, también dicha resolución contiene los requisitos sobre forma y contenido de las sentencias, dando las explicaciones necesarias en que se funda la decisión vertida, en consecuencia, revisada la misma cuenta con la suficiente y congruente motivación con respecto a la condena impuesta a la parte demandada, por lo cual el motivo pierde su eficacia; aunado a lo anterior, se insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual es impropio en este extraordinario recurso conforme a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y también realiza extensos alegatos de instancia.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, representado en juicio por la abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA; y, Recurrido: el señor SANTOS EVANGELISTO OSORTO (Q.D.D.G.) y continuada por el señor SANTOS LUCIO OSORTO, Heredero Ab intestato del demandante original, representado en juicio por el abogado RIGOBERTO CHIMILIO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se decrete la nulidad de un acto administrativo, por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento que se adopte como medida necesaria condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud a pagar una indemnización compensatoria en concepto de daños y perjuicios, derivados de una mala praxis y negligencia médica en un hospital estatal, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado RIGOBERTO CHIMILIO, en su condición de representante procesal del señor SANTOS EVANGELISTO OSORTO (Q.D.D.G.) y continuada por el señor SANTOS LUCIO OSORTO, Heredero Ab intestato del demandante original, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO SALUD, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 5 de junio del 2007, se presentó al Hospital Escuela el señor Santos Evangelisto Osorto, enfermo acompañado de su tío Santos Lucio Osorto, por lo que tuvo que ser atendido de Emergencia por una insuficiencia renal, al sufrir de esa dolencia física, los médicos de turno de ese día después de haberle realizado los exámenes pertinentes o de rutina, lo dejaron interno, transcurridas aproximadamente cinco horas, y en forma inconsulta de su familiar que lo acompañaba fue operado de una CRANIOTONIA POR UN HEMATOMA SUBTURAL, equivocadamente, ya que antes de ingresarlo se le había practicado la tomografía, y es allí donde se detectó que el problema del paciente era una insuficiencia renal, esto puede ser constado en el expediente clínico N° 2100446 del 05 de junio del 2007, y el Exp. 2100438, correspondiente a la señora Maria Avila Soto, quien es la persona a quien tenían que haber operado de CRANIOTONIA POR HEMATOMA SUBTURAL, dicha operación fue realizada en el Hospital Escuela quedando registrada en los expedientes antes descritos, que se encuentran bajo la custodia del Ministerio Público, ya foliados; con fecha 14 de agosto del 2008, en representación del señor Santos Evangelisto Osorto; se interpuso reclamo administrativo previo a la vía judicial, ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, reclamo promovido contra el Estado de Honduras, a través de dicha secretaría, a causa de mala práctica y negligencia médica en perjuicio del señor Santos Evangelisto Osorto, a causa de una intervención quirúrgica que se le practicara en el Hospital Escuela dependiente de esta Secretaría de Estado; que en virtud de tal reclamo administrativo la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, mediante la Resolución No. 70-2009-SS, de fecha 06 de mayo del año 2009, declaró sin lugar por improcedente el reclamo administrativo, cabe señalar que por ser contraria a derecho dicha resolución, en fecha 29 de mayo del 2009, se interpuso contra la misma el correspondiente recurso de reposición ante la misma Secretaría de Estado, recurso que mediante providencia de la misma fecha 29 de mayo del año

2009, declaró sin lugar el recurso de reposición, siendo la notificación de la resolución en fecha 23 de junio del mismo año, con lo cual se puso fin a la vía administrativa; en vista que la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud para emitir la resolución de fecha 6 de mayo del año 2009, por la cual se declaró sin lugar por improcedente el reclamo administrativo, infringiendo el ordenamiento jurídico, actuando incluso con exceso de poder y desviación de poder, por lo que se acude ante ese Órgano Jurisdiccional para que imparta la debida justicia, revisando dicho acto administrativo, el que se califica de injusto, arbitrario e ilegal, dado que viola y se aparta de normas fundamentales y de orden público contenidas en la Constitución de la República, Código de Salud, Código Civil, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley General de la Administración Pública, Ley de Simplificación Administrativa, así como por existir alteración de los hechos, falta de conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto y otros vicios inherentes al objeto o contenido del mencionado acto administrativo.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, contestó dicha demanda señalando que con fecha 5 de junio del 2007 fue remitido el señor Santos Evangelisto Osorto desde el Hospital Regional del Sur hacia el Hospital Escuela de Tegucigalpa, M.D.C., por padecer de una insuficiencia Renal Crónica (IRC) y como la sintomatología presentada por su enfermedad era muy similar a la sintomatología que presenta un paciente que sufre de Hematoma Subdural Crónica, fue que se ordenó la toma de un TAC Cerebral (Tomografía), cuyo examen también había sido ordenado para otra paciente que presentaba la misma sintomatología de la Hematoma Subdural Crónica y los médicos de turno al imponerse de los expedientes clínicos de cada uno, observaron que el demandante ingresa por una Hematoma Subdural Crónica con insuficiencia renal crónica, pues el primer diagnóstico es de mayor gravedad que el segundo aunque presenten similar sintomatología, ordenando dichos médicos la remisión a la sala de operaciones para efectuar la craneotomía por Hematoma Subdural Crónica la que no fue posible llevarse a cabo debido a que los médicos neurocirujanos al efectuar el Agujero de Trepano, observaron que no había hematoma bajo la Duramadre, procediendo de inmediato a suturar la pequeña herida sin tocar la duramadre y cerebro, por tal razón es inconcebible que el demandante alegue secuelas y perturbaciones psicológicas en su normal estado de salud mental, ya que el cerebro no se comprometió en ningún momento durante este procedimiento, posteriormente se traslada el paciente a la sala de Medicina Interna donde fue evaluado minuciosamente descartándose la Hematoma Subdural Crónica y reforzándose el diagnóstico de insuficiencia renal crónica debido a los cambios conductuales y de conciencia que fue producto de Encefalopatía Urémica, programándose para colocación de Catéter Abdominal con el fin de realizar el Diálisis Peritoneal, que se hace en menos de veinticuatro (24) horas desde el ingreso del señor Santos Evangelisto Osorto, recibiendo tratamiento para este tipo de enfermedad; posteriormente en fecha 7 de junio del 2007 el reclamante fue evaluado por los médicos de neurocirugía debido al agujero de trepano hecho en la cabeza, encontrando la herida limpia y sin complicaciones, siguiendo el cuidado intensivo requerido, en fecha 8 de junio del 2007 fue nuevamente evaluado en la sala de diálisis de dicho Hospital, detectándosele una Leucosistósis por lo que se ordena el traslado inmediato a la Sala “B” de medicina de hombres, siendo necesario una nueva evaluación médica que se realiza en fecha 9 de junio del 2007 presentando buen estado general de salud y concluyendo con sus ciclos de diálisis peritoneal, fue así que se ordena en fecha 10 de junio del 2007 dar de alta médica a la parte actora, pero en fecha 11 de junio del 2007 siendo las dos (2:00) de la mañana, se ordena por parte de los médicos tratantes, omitir el alta ordenada debido a que el paciente tenía el habla incoherente, verbarreico y refiriendo alucinaciones, no se cuantifica fiebre y se ordena abrir Diálisis Peritoneal, explicando a su familiar acompañante quien negó la autorización para abrir nuevamente el referido Diálisis Peritoneal y de ser necesario se realizaría punción lumbar para investigar alguna posible infección y en fecha 11 de junio del 2007 como a eso de las ocho y treinta minutos de la mañana, se reportó la fuga del paciente debido a la renuencia de su familiar para no continuar realizándose la diálisis peritoneal; es importante mencionar que un paciente con diagnóstico de insuficiencia renal crónica, presenta sintomatologías como ser problemas de delirio debido a la alza de uremia, cefalea intensa en región occipital, pérdida de la visión, vómitos entre otros y al estar descompensados presentan serios trastornos de conciencia y problemas conductuales que se agravan al descompensarse por la falta de diálisis, debido a la fuga efectuada por el demandante puso en riesgo su vida y actuó con negligencia ya que era necesario abrirle nuevamente la diálisis peritoneal trayendo consigo serias consecuencias, pues la falta del tratamiento requerido pudo hacer que el paciente entrara en estado comatoso, llegándose a la conclusión que el actuar del reclamante exime de toda responsabilidad tanto al personal tratante, al Hospital Escuela y a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, por lo que la indemnización reclamada es improcedente; la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud al emitir la resolución No.70-2009-SS de fecha 6 de mayo del 2009 declarando sin lugar el reclamo administrativo presentado por la parte demandante, lo hizo sabiamente conforme a derecho, sin violentar ninguna disposición legal y sin exceso o desviación de poder, pues quedó claramente establecido que el peticionario en ningún momento aportó las pruebas necesarias para acreditar los extremos alegados en dicho reclamo administrativo como tampoco acreditó fehacientemente mediante los medios necesarios cuales eran los verdaderos daños y perjuicios en que incurrió el demandado al intervenir quirúrgicamente al señor Santos Evangelisto Osorto, limitándose únicamente a presentar documentos inútiles que no acreditan los daños y perjuicios que supuestamente se le causaron al mandatario, documento que consiste en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público para la investigación de los hechos ocurridos en el Estatal Hospital Escuela, dependencia de la mencionada Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de abril de dos mil catorce, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por el abogado Fabián García Rodríguez, en su condición de representante procesal del señor Santos Evangelisto Osorto (Q.D.D.G.) y continuada por el señor Lucio Osorto, por estar legitimado como heredero ab intestato, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en la resoluciones Número 70-2009-SS, de fechas 06 de mayo del 2009, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en consecuencia se anula totalmente; reconocimiento de la situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento se resolvió condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud al pago de daños y perjuicios a favor del demandante, quedando diferido al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos, sin costas; bajo el criterio que está debidamente acreditado en autos que el señor Santos Evangelisto Osorto (Q.D.D.G.) fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Escuela, en fecha 05 de junio del 2007, quien fue remitido equivocadamente de CRANIOTONIA POR HEMATOMA, quedando registrado en el expediente del paciente, por lo que el reclamo está basado en el hecho de la negligencia y la mala práctica médica, en perjuicio del paciente Santos Evangelisto Osorto (Q.D.D.G.); que si bien es cierto, tal como lo manifiesta la parte demandada, se le realizó el procedimiento remitiendo los médicos al paciente a la sala de operaciones para realizarle una craneotomía por hematoma subtural crónica la que no fue posible llevarse a cabo en el Hospital Escuela, no es menos cierto, que la parte demandada en su contestación de la demanda a folio treinta y cuatro de autos ordenaron se realizara dicho operación no siendo necesaria para el paciente de nombre Santos Evangelisto Osorto (Q.D.D.G.), seguidamente le surgieron después de la intervención quirúrgica realizada en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, por lo cual existe la negligencia médica, que es lo que origina una responsabilidad patrimonial del Estado; en cuanto a la mala praxis médica ya como delito debe ser tipificado por autoridad competente, en el presente caso únicamente estamos valorando la procedencia de daños y perjuicios; la parte demandante solicita daños y perjuicios por la mala praxis medica, estando acreditada dicha negligencia, por lo cual es procedente el pagos de daños y perjuicios, ya que dicha circunstancia provoco la muerte del demandante; sin embargo, no se acreditó en autos la cantidad de dichos daños y perjuicios, por lo cual, y en virtud que la ley de esta jurisdicción establece que si la sentencia declarare procedente la acción y si se hubiere pretendido el resarcimiento de daños o la indemnización de perjuicios, como lo es en el presente caso, la sentencia se limitara a declarar el derecho y quedará diferido al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos; que en el presente caso, de la lectura del expediente de merito se desprende que se ha infringido el ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto, al existir negligencia del personal del Hospital Escuela, siendo responsable patrimonialmente el Estado.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que consta en autos que el señor Santos Evangelisto Osorto (Q.D.D.G.), el día 5 de junio del 2007, se presentó acompañado de su tío Santos Lucio Osorto, al Hospital Escuela, en vista de que él iba enfermo, de insuficiencia renal, los médicos de turno de ese día, después de realizarlo los exámenes de rutina, lo dejaron interno; que sin consultarle a su familiar, quien se encontraba con el enfermo en el Hospital Escuela, este fue operado de una CRANIOTONIA por una HEMATOMA SUBTURAL, equivocada, ya que antes de ingresar se le había practicado la tomografía y es allí donde se le dicto que el problema del señor Santos Evangelisto Osorto (Q.D.D.G.), era una insuficiencia renal, lo que se encuentra debidamente acreditada al expediente clínico No.21000446 del 5 de junio del 2007, y en el expediente 2100438, que corresponde a la señora MARIA AVILA SOTO, que es la persona que tenían que operar de CRANIOTONIA POR HEMATOMA SUBTURAL, esta operación fue hecha en el Hospital Escuela, quedando registrado bajo custodia del Ministerio Publico, por lo que consta en autos que el señor Santos Evangelisto Osorto (Q.D.D.G), fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Escuela en fecha 5 de junio de 2007, y quedando demostrado la mala praxis practicada en el paciente Santos Evangelisto Osorto (Q.D.DG); la parte demandante solicita daños y perjuicios por la mala praxis médica, estando acreditada dicha negligencia, por lo cual es procedente el pago de los daños y perjuicios ya que dicha circunstancia fue lo que provocó la muerte del demandante, sin embargo no se acredito en autos la cantidad de daños y perjuicios ocasionados por lo que se procede a declarar el derecho de estas y quedara diferido al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de la misma; al estar acreditado que se realizo mala praxis medica, por negligencia es procedente el pago de los daños y perjuicios ya que dicha circunstancia fue lo que provoco la muerte del demandante señor Santos Evangelisto Osorto (Q.D.D.G.), por lo que existe responsabilidad patrimonial del Estado, por las actuaciones del personal del Hospital Escuela, al haberse acredito que hubo infracción al ordenamiento jurídico.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.315-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.240-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado RIGOBERTO CHIMILIO, presentó en fecha nueve de enero de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha doce de enero de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha quince de enero de dos mil quince, los abogados LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA y RIGOBERTO CHIMILIO, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha cuatro de febrero de dos mil quince, teniendo por personados a los abogados LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA, como recurrente y RIGOBERTO CHIMILIO, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Se impugna la falta de aplicación de los artículos 200 numeral 1 y 2 incisos b) y c) 207 del Código Procesal Civil que regula la forma y contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica en relación con los artículos 13 y 245 del mismo Código Procesal Civil. Con este motivo se pretende demostrar que el control factico de la motivación en la sentencia impugnada carece de suficiencia, racionalidad y carácter lógica lo cual llevó al tribunal de alzada a emitir un fallo con una motivación defectuosa con un sentido diferente del fallo que debió dictarse. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Se consideran infringidos los artículos 13, 200 numerales 1 y 2 incisos b) y c), 207, 245 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 719.1 inciso c) y 720 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA. Se impugna toda la parte dispositiva de la sentencia, salvo en la parte que dispone SIN COSTAS. El artículo 200 numeral 1 y 2 incisos b) y c) del Código Procesal Civil prescribe: “ARTICULO 200. CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS. 1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)... b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que se funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso. c) En los fundamentos de derecho, se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que hayan de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.” El ARTICULO 207. MOTIVACION, prescribe: “1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” En el presente caso se ha producido una falta de aplicación de los artículos antes citados, que regulan la forma y contenido de las sentencias, dando lugar con ello a estimar una indemnización tanto del daño emergente como del lucro cesante, con razonamientos no solo son ilógicos sino también arbitrarios y que han dado un sentido diferente del fallo que debió dictarse. En el mes de agosto de 2009 el Abogado RIGOBERTO CHIMILIO, actuando como apoderado del señor SANTOS EVANGELISTO OSORTO promovió demanda para la nulidad de un acto administrativo, por no ser conforme a derecho, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento y reconocimiento, que se adopte como medida necesaria, condenar al ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Salud a pagar una justa indemnización compensatoria en concepto de daños y perjuicios derivados de una mala praxis por negligencia médica en un hospital estatal, argumentando que “el 5 de junio de 2007 se presentó al Hospital Escuela el señor SANTOS LUCIO OSORTO, por lo que tuvo que ser atendido de emergencia por una insuficiencia renal, al sufrir de una dolencia física, los médicos de turno de ese día después de haberle realizado los exámenes pertinentes o de rutina, lo dejaron interno, transcurrida aproximadamente cinco horas y en forma inconsulta de su familiar que lo acompañaba fue operado de una CRANIOTONIA POR UN HEMATONA SUBTURAL. Equivocadamente, ya que antes de ingresarlo se le había practicado la tomografía y es allí donde se detectó que el problema de mi representado y paciente era una insuficiencia renal, esto puede ser constatado en el Expediente clínico No. 2100446 del 05 de junio del 2007 y el Exp. 2100438 correspondiente a la señora MARIA AVILA SOTO quien es la persona a quien tenían que haber operado de CRANIOTONIA POR HEMATOMA SUBDUTURAL, dicha operación fue realizada en el Hospital Escuela quedando registrada en los expedientes antes descritos, que se encuentran bajo la custodia del Ministerio Público, ya foliados.” Consta en la primera pieza de autos la inscripción de la defunción No. 00058 del Registro Nacional de las Personas que el señor SANTOS EVANGELISTO OSORTO falleció el 17 de agosto de 2010, imponiéndose como causa de la defunción INFECCION DE LOS RIÑONES. El Juzgado de primera instancia en sentencia de 10 de abril de 2014 declaró procedente de la acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistentes en las Resoluciones Números 70-2009-SS de fecha 6 de mayo de 2009 emitida por la Secretaría de Salud y para el pleno restablecimiento resolvió condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Salud al pago de daños y perjuicios a favor de la demandante, quedando diferido al período de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos. El ESTADO DE HONDURAS recurrió en apelación la sentencia antes referida y la Corte recurrida en sentencia de fecha 23 de octubre de 2014 falló declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la sentencia definitiva de 10 de abril de 2014, motivándola entre otras consideraciones, en las siguientes: “CONSIDERANDO (8): Que la parte demandante solicita daños y perjuicios por la mala praxis médica, estando acreditada dicha negligencia, por lo cual es procedente el pago de los daños y perjuicios ya que dicha circunstancia fue lo que provocó la muerte del demandante, sin embargo no se acreditó en autos la cantidad de daños y perjuicios ocasionados por lo que se procede a declarar el derecho de estas y quedara diferido al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de la misma. CONSIDERANDO (9): Que del estudio y análisis en su conjunto de las pruebas presentadas por las partes, así como del expediente administrativo, y de los fundamentos de derecho en que ambas partes apoyan sus pretensiones esta corte observa y concluye que al estar acreditado que se realizó mala praxis médica, por negligencia es procedente el pago de los daños y perjuicios ya que dicha circunstancia fue lo que provocó la muerte del demandante señor SANTOS EVANGELISTO OSORTO (Q.D.D.G.), por lo que existe responsabilidad patrimonial del Estado por las actuaciones del personal del Hospital Escuela, al haberse acreditado que hubo infracción al ordenamiento jurídico.” Como fácilmente se podrá observar, la motivación de la sentencia de segunda instancia es arbitraria porque se sustenta en hechos inexistentes, ya que como consta de autos que cuando se promovió la demanda el señor SANTOS EVANGELISTO OSORTO aún vivía, que no fue sino hasta cuando había transcurrido más de tres (3) años, que falleció de una infección de los riñones, que también consta de autos que él padecía de una insuficiencia renal desde hace varios años, de donde resulta como lógica incontrovertible que no murió como consecuencia de la operación que se le hizo en el Hospital Escuela. No existe en el proceso ninguna prueba de que el señor SANTOS EVANGELISTO OSORTO haya fallecido de resultas de la operación que se le practicó, tanto es así que la demanda no se sustenta en hechos de tal naturaleza, no obstante el Tribunal Sentenciador confirma la sentencia de primera instancia pero con una motivación totalmente equivocada, que se aleja de toda lógica y razón, evidenciando con ello que se ha hecho caso omiso de la aplicación de los artículos 200 numeral 1 y 2 incisos b) y c) 207 del Código Procesal Civil. El artículo 720.1 y 2 del Código Procesal Civil manda que “por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia”, “sin embargo, y dentro del literal c) del numeral uno del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” Pues bien, la conclusión a la que ha arribado el Ad quem es equivocada si su motivación es defectuosa, como en efecto así ha ocurrido. Pero ¿Cómo es que el Ad quem ha llegado a cometer un yerro de tal magnitud que lo ha hecho declarar un hecho inexistente? La Corte de Apelaciones recurrida en el considerando 9 ha expresado que ha estudiado y analizado la prueba en su conjunto, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 13 y 245 del Código Procesal Civil que dicen: “ARTICULO 13. VALORACION DE LA PRUEBA. 1. El Juez ha de valorar la prueba de manera, precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido. 2. La valoración legal de la prueba solo es admisible en el interrogatorio de las partes y en la prueba documental, y únicamente cuando una norma así lo indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3. En todo caso el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que lo condujeron a la apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no norma que le obligue, quedando prohibida la arbitrariedad.” “ARTICULO 245. VALORACION DE LA PRUEBA. 1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución.” Para llegar a la valoración de las pruebas el Tribunal debió fijar los hechos probados de acuerdo con el artículo 200.2 inciso b), pero no lo hizo, por consiguiente no pudo motivar la sentencia en una forma que fuera lógica, de acuerdo con el conocimiento y criterio humano y de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Tal como lo dice el artículo 720 antes citado, con este recurso no se pretende instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas, sino que el control de la motivación fáctica para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico. En este caso particular, es incuestionable que el Ad quem ha incumplido con su obligación de aplicar también los artículos 13 y 245 precitados, pues el análisis y valoración de la prueba lo hizo en forma conjunta, es decir, que no lo hizo de manera precisa y razonada, o peor aún, de manera arbitraria, pues al contrario, de haberlo hecho se habría dado cuenta de qué se había muerto SANTOS EVANGELISTO OSORTO, de ahí entonces que lo que se pone de manifiesto es que el Tribunal de Alzada por no seguir los lineamientos que establecen los artículos 200 numeral 1 y 2 incisos b) y c) 207 del Código Procesal Civil en relación con los artículos 13 y 245 también del mismo Código, llegó a establecer razonamientos ilógicos y arbitrarios, que dieron lugar a un fallo distinto del que habría de dictarse de cumplirse con su aplicación, por lo que procede que se case la sentencia”.- II. Que en el cargo anterior se solicita el control de la motivación fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, sin embargo olvida la Censora que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha establecido el criterio que el Tribunal Ad Quem al confirmar el fallo del A quo hace suyos los pronunciamientos y criterios del Tribunal de primer grado, también dicha resolución contiene los requisitos sobre forma y contenido de las sentencias, dando las explicaciones necesarias en que se funda la decisión vertida, en consecuencia, revisada la misma cuenta con la suficiente y congruente motivación con respecto a la condena impuesta a la parte demandada, por lo cual el motivo pierde su eficacia; aunado a lo anterior, se insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual es impropio en este extraordinario recurso conforme a lo dispuesto en el articulo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil y también realiza extensos alegatos de instancia.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo 2) de nuestra Constitución. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida esta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha doce de enero del dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 37-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL