Sentencia CA-35-15 — Registro 5898
Resumen
En primera instancia se dictó sentencia declarando improcedente la acción incoada por la demandante, por estar ajustado a derecho el Permiso Especial de Importación Temporal, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas se confirma en segunda instancia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
" Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se insta la revisión de los hechos, interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) en la explicación se alude al concepto de interpretación errónea del artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso, disposición que fue indicada en relación y no de forma directa; c) la Recurrente se limita a citar las disposiciones señaladas como vulneradas, pero no demuestra ni precisa la infracción alegada por el concepto de interpretación errónea, además el artículo 207 del Código Procesal Civil, indicado como infringido contiene dos numerales que comprende situaciones jurídicas diferentes omitiéndose a cuál de ellos dirige su ataque; d) en el desarrollo se alude a los artículos 17 del Código Civil, 6, 8 numeral 3) y 22 de la Ley General de Administración Pública, 74 de la Ley General de Minería, 57 numeral 4) del Reglamento de Organización Funcionamientos y Competencia del Poder Ejecutivo, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación del cargo; y, e) se realizan en la explicación extensos e inapropiados alegatos de instancia"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de junio de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA DE LOPEZ; y, Recurrida: la Sociedad AGREGADOS DEL CARIBE, S.A. de C.V. (AGRECASA), representada en juicio por la Abogada KARENINA CHANDIAS GUZMAN.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto propio firme declarado lesivo por la autoridad superior en la jerarquía administrativa, reconocimiento de la situación jurídica individualizada, condenando al pago de impuestos indebidamente exonerados y costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República, contra la Sociedad AGREGADOS DEL CARIBE, S.A. de C.V. (AGRECASA).- ANTECEDENTES DE HECHO.-
- La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que el 26 de julio del 2007, se solicitó ante la Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería (DEFOMIN) la dispensa de impuesto de importación para la introducción al país de equipo presentada por la Abogada Sandra Mireya Eveline Hernández, en su condición de apoderada legal de la Sociedad Mercantil “AGREGADOS DEL CARIBE, S.A. DE C.V. (AGRECASA)”, para poder introducir al país el equipo consignado en la proforma y lista de equipo que se acompañó a la solicitud que fue registrada bajo número 1335-DEFOMIN-2007; la solicitud a que se refiere el numeral anterior fue resuelta mediante resolución Dispensa No.68-08-07 del 8 de agosto del 2007, declarándola con lugar y mandando se remitan las diligencias a la Secretaría de Finanzas para la continuación del trámite como consta a folios 14 y 15 del expediente administrativo; el 14 de agosto del 2007, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a excitativa de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería y con base en las disposiciones legales que consideró del caso emitiendo el correspondiente “PERMISO ESPECIAL DE IMPORTACION TEMPORAL” dirigido al Administrador de la Aduana de Puerto Cortes, ordenando el registro en póliza libre de impuestos de importación y derechos aduaneros de 3 volquetas marca CARTERPILAR modelo 772, dos cargadoras marca CARTERPILAR Modelo 988h., 1 MONTACARGA MARCA CARTERPILAR MODELO TH560, 1 PLATAFORMA ELEVADORA GENIE, 1 GRUA TODO TERRENO GROVE DE 65 TONELADAS con valor de US $.3,261,000.00, detallado en el pedido No.03091, suscrito el permiso por el Secretario General de dicha Secretaría de Estado, Abogado Alan Ricardo Pineda Bautista; la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en fecha 18 de febrero de 2011, visto el expediente de mérito, mediante resolución SG-DM-78-2011, declaró lesivo a los intereses económicos y jurídicos del Estado el “PERMISO ESPECIAL DE IMPORTACION TEMPORAL” número 8020070260 emitido el 14 de agosto de 2007 y además en la parte resolutiva, se ordena remitir las diligencias a la Procuraduría General de la República para que proceda a solicitar dentro del plazo legal, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la ilegalidad y nulidad del “PERMISO ESPECIAL DE IMPORTACION TEMPORAL”; habiendo sido declarado inconstitucional entre otros, el artículo 74 de la Ley General de Minería, que declara que todo equipo, maquinaria, repuestos y materiales necesarios utilizados en el desarrollo eficiente y económico de las operaciones mineras con excepción de derivados del petróleo y vehículos de carácter no productivo en la actividad minera, tendrán derecho a libre mercado, exentos del pago de impuesto de importación y derechos aduaneros mientras se mantenga en vigencia la concesión, que quedó derogado como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad, al haberse concedido una exoneración con posterioridad a la fecha en que la norma fue derogada provocando un daño económico y jurídico a los intereses del Estado de Honduras pues no existía fundamento legal para concederlo y causando una lesión a los intereses económicos del Estado por cuanto su emisión generó la pérdida patrimonial como consecuencia de no haber recibido los impuestos que por ley correspondía enterar al Estado.- 2. La parte demandada, la Sociedad AGREGADOS DEL CARIBE, S.A. de C.V. (AGRECASA), contestó dicha demanda señalando que AGRECASA, cuyo capital accionario está compuesto por personas naturales y jurídicas de nacionalidad estadounidense, quienes de buena fe, sometiéndose a las formalidades de las leyes hondureñas y amparados en la estabilidad jurídica que le conceden los tratados vigentes con relación a las inversiones en el país así como nuestro derecho interno, presentó a través de sus apoderados legales solicitud ante la Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería (DEFOMIN) tendiente a que se le autorizara la importación de maquinaria y equipos para sus operaciones mediante el mecanismo denominado “importación temporal” que supone la suspensión en el pago de los impuestos, aranceles, cargos aduaneros y demás en que se incurra en la importación de dichos bienes. Es oportuno señalar que las actividades mercantiles de la demandada están concentradas en la exportación de productos de agregado hacia los Estados Unidos de América; que la Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería (DEFOMIN), en representación y bajo la responsabilidad del Estado de Honduras, y habiendo cumplido la empresa demandada con todas las exigencias previstas en las leyes de la República de Honduras y agotado el procedimiento legal correspondiente, emitió la resolución a que hace referencia la demandante, misma que es firme, continúa en plena vigencia y en ningún momento ha sido impugnada por la Administración Pública o por el Estado de Honduras; la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, también en representación y bajo la responsabilidad del Estado de Honduras, emitió el permiso especial de importación temporal a favor de la sociedad demandada, fundamentándose para ello en varias disposiciones legales vigentes en ese momento en la República de Honduras, en particular el Decreto No. 18-90 contentivo de la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía, específicamente en su artículo primero párrafo tercero y cuarto; las comprendidas en el Decreto No.382-84 de fecha 21 de mayo de 1984, “Ley del Servicio Exterior de Honduras” y otras leyes; la demandante manifestó en el hecho séptimo de su demanda que la resolución impugnada fue declarada lesiva “pues no existía fundamento legal para concederlo”, lo anterior se rechaza de manera contundente por ser falso, resulta que nuestra legislación nacional contiene una variedad de normas que autorizan y permiten la exoneración de impuestos para industrias como la que la demandada desarrolla, particularmente cuando estas se dedican de manera habitual a la exportación de sus productos, con lo que se apoya la economía nacional, se genera empleo y se fomenta la atracción de inversiones extranjeras a Honduras; estas leyes, creadas precisamente con esos altos fines, son parte de un ordenamiento jurídico que faculta a las entidades del Estado para autorizar la importación, libre de impuestos y de manera temporal, de los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de estas industrias y, por ende, eliminan la posibilidad que ahora de manera antojadiza argumenta la Administración Publica de que la exoneración otorgada a la demandada es “lesiva” para los intereses económicos de la nación; lo único verdaderamente lesivo en todo esto es el hecho que ahora, después de muchos años de haber efectuado millonarias inversiones la sociedad demandada, después de que este país le vendió la idea que existía un marco que le garantizaba estabilidad jurídica, ahora pretenda anular lo que el mismo gobierno autorizó, todo esto sin perjuicio de la responsabilidad y de las consecuencias nefastas que esto significará para la imagen del país, para la seguridad jurídica y para los mismos recursos del Estado de Honduras; es oportuno señalar que los bienes importados al amparo de la resolución proveniente de DEFOMIN y de la Secretaría de Finanzas, fue utilizada por la demandada por cuestiones temporales, es decir, sencillamente porque las gestiones ante DEFOMIN ya se habían agotado y la resolución fue emitida antes de realizarse el trámite ante la Secretaría de Industria y Comercio, pero todo con el mismo fin de importar los equipos, los que fueron adquiridos con muchísima antelación y bajo un marco jurídico que amparaba esas inversiones, exonerándolas del pago de impuestos, aranceles y demás derechos aduaneros.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, dictó sentencia declarando improcedente la acción incoada por la Abogada Ethel Deras Enamorado, en su condición de Procuradora General de la República, por estar ajustado a derecho el Permiso Especial de Importación Temporal con número de control 8020070260, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, el 14 de agosto de 2007 a favor de Agregados de Caribe S. A. de C.V. (AGRECASA), ya que el mismo fue declarado lesivo por un órgano absolutamente incompetente como lo es la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas; confirmó en todas y cada una de sus partes el “Permiso Especial de Importación Temporal” antes mencionado, sin costas; bajo el criterio que el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución SG-DM-78-2011 de fecha 18 de febrero de 2011, emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, que declara lesivo el Permiso Especial de Importación Temporal de Control número 8020070260 a favor de Agregados del Caribe S.A. de C.V., no se encuentra dictada conforme a derecho, en vista que para declarar la lesividad del acto administrativo, no se cumplió con uno de los requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que como se estableció con los hechos probados, la declaratoria de lesividad fue emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, siendo lo procedente que la declaratoria de lesividad fuera declarada por el Presidente de la República a través del Consejo de Ministros, ya que éste es el órgano superior de la jerarquía administrativa en la Administración Pública Centralizada.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que claramente el artículo 45 párrafo segundo en relación con el artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo nos señala cual es el órgano competente para declarar lesivo el acto administrativo, y en el caso que nos ocupa en virtud de encontrarse ante una decisión adoptada por una Secretaría de Estado, dicho acto solamente puede ser declarado lesivo en virtud de decreto emanado del Consejo de Ministros, previa consulta a la Procuraduría General de la República, consulta ésta que era vigente al momento en que se intentó hacer la declaratoria de lesividad; que al ser clara la ley al señalar que el competente para declarar lesivo un acto administrativo firme emitido por una Secretaría de Estado o un órgano de esta, es el Consejo de Ministros en virtud de decreto emanado del mismo, en consecuencia de la revisión de los antecedentes nos encontramos que el procedimiento de declaratoria de lesividad de actos administrativos adoptados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas está viciado de nulidad, porque el Secretario de Estado de dicho Despacho es quien declara lesivo un propio acto firme, creador de derechos subjetivos a tercero, lo que es totalmente contrario a derecho, porque el Secretario de Estado no es competente para declarar lesivos sus propios actos firmes o emitidos por algún otro órgano de su dependencia, ya que el único competente es el Consejo de Ministros como se ha venido explicando en el presente fallo.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA DE LOPEZ, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 314-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No. 175-11 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada KARENINA CHANDIAS GUZMAN, presentó en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha ocho de enero de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificadas de dicha resolución en fecha quince de enero de dos mil quince, la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA DE LÓPEZ y la Abogada KARENINA CHANDIAS GUZMAN, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha cuatro de febrero de dos mil quince, teniendo por personada a la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA DE LOPEZ, como recurrente y a la Abogada KARENINA CHANDIAS GUZMAN, como recurrida, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea de los artículos 200.1 y 2 incisos b) y c) y 207 del Código Procesal Civil que regula la forma y contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica, en relación con los artículos 15 y 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 719.1 inciso c) y 720 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA. Se impugna toda la parte dispositiva de la sentencia. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La sociedad AGREGADOS DEL CARIBE S.A. DE C.V. (AGRECASA) presentó ante la Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería (DEFOMIN) la solicitud para la Libre Importación de un equipo y Dispensa del Pago de derechos tributarios sobre el mismo, para poder introducir al país la maquinaria consignada en la proforma y lista de equipo que se acompañó a la solicitud, la cual fue declarada con lugar mediante la Resolución Dispensa 1335-D-07 No. 68-08-07 de fecha 8 de agosto de 2007. Posteriormente la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, a excitativa de DEFOMIN y en base a las disposiciones legales contenidas en la Ley General de Minería, contenida en el Decreto Legislativo No. 292-98, emitió a favor de la sociedad AGRECASA, Permiso Especial de Importación Temporal No. 8020070260, ordenando el Registro de la Póliza Libre de Impuestos de Importación Aduanera. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró mediante sentencia de fecha 4 de octubre de 2006, inconstitucionales entre otros los artículos 74 y 76 de la Ley General de Minería, por lo cual previo los trámites de ley la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas emitió la Resolución SG-DM-78-2011 de fecha 18 de Febrero de 2011 mediante la cual declaró lesivo a los intereses económicos y jurídicos del Estado el Permiso Especial de Importación Temporal No. 8020070260 que había ordenado el registro de la póliza libre de impuestos de importación solicitada por la sociedad AGREGADOS DEL CARIBE S.A. de C.V. (AGRECASA).- Declarada la Lesividad el ESTADO DE HONDURAS procedió a interponer demanda para anular su propio acto, es decir, el Permiso Especial de Importación Temporal No. 8020070260 de fecha 14 de agosto de 2007 ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en contra de la sociedad AGREGADOS DEL CARIBE S.A. de C.V. (AGRECASA), sustentando la misma en los Artículos 15 y 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La declaración de Lesividad suspendió todos los efectos de ese acto administrativo denominado Permiso Especial de Importación Temporal No. 8020070260 y quedaba sujeta a su ratificación ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por la declaración de nulidad de dicho acto, y en consecuencia el Estado exige mediante el presente juicio contencioso no solo la declaratoria de nulidad del acto, sino que también el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida de restitución el pago de los tributos por importación de maquinaria que en materia minera se dejaron de pagar por la exoneración concedida por el órgano emisor, pero el Juzgado no lo entendió así como se expone adelante. El ACTO ADMINISTRATIVO cuya anulación se pretende mediante la declaración de lesividad es el Permiso Especial de Importación Temporal No. 8020070260emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas.-Lo anterior en virtud de que DEFOMIN se declaró “incompetente” para la declaratoria de nulidad de su propio acto (Dispensa 1335-D-07), remitiendo las diligencias a la Procuraduría General de la República para su opinión sobre la procedencia de anulación. Si analizamos la Ley, el órgano administrativo que extiende las exoneraciones fiscales y por ende la Póliza Libre de Impuestos de Importación Aduanera es la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas; en este sentido no existe en la Ley de la Administración Pública ninguna disposición que señale que existe un órgano superior jerárquico que pueda resolver controversias con respecto al caso que nos ocupa, pues el Consejo de Ministros tiene de acuerdo con el número 6 del Artículo 22 de la Ley General de la Administración Pública la siguiente atribución: “6. Resolver las cuestiones de competencia que se susciten entre dos o más Secretarías de Estado.”.- Pero este no es el caso pues desde un principio estaba claro que la Dirección de Fomento a la Minería no podía por su propia Ley otorgar Dispensa sin la debida aprobación o autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, de conformidad con la Ley de Control de Franquicias Aduaneras, contenida en el Decreto No. 295. En este mismo orden de ideas el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señala: “Cuando la propia Administración autora de algún acto pretendiere demandar su nulidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo su anulación, deberá previamente declararlo lesivo a los intereses públicos, de carácter económico o de cualquier otra naturaleza, en el plazo de cuatro (4) años, a contra de la fecha en que hubiere sido dictado. Los actos dictados por un órgano de una Secretaría de Estado o de un órgano desconcentrado, de la Administración Pública Central, no podrán ser declarados lesivos por otras Secretarías de Estado u órganos desconcentrados pero sí en virtud de Decreto emanado del Consejo de Ministros, previa consulta a la Procuraduría General de la República.” (el subrayado es mío). El acto propio de la Administración en el presente caso fue declarado lesivo por el mismo órgano que lo emitió, es decir la Secretaría de Finanzas, ya que sin dicha Autorización de exoneración no pasarían los insumos exonerados por las aduanas.- Resulta erróneo en consecuencia el razonamiento hecho por el Juzgado Ad quo en suponer que el superior jerárquico para la nulidad de un acto propio es el Presidente en la República en Consejo de Ministros previa consulta de la Procuraduría General de la República; sin embargo, los artículos en cuestión son claros en su redacción y no dan lugar a otra interpretación que la que resulta de sus propios términos: es la Secretaría de Estado autora de su propio acto la que puede declararlo lesivo y solo cuando otra Secretaría de Estado pretende declarar esa lesividad, se procede por medio del Consejo de Ministros quien emite el Decreto correspondiente previa consulta de la Procuraduría General de la República. Siendo entonces que la exegesis que hace el Ad Quo de los Artículos 45 párrafo segundo y 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es errónea. Reiteramos que en el caso de autos el acto objeto de “nulidad” lo constituye la “Autorización de la franquicia, declarando el otorgamiento de la libre importación de bienes”, y dicho acto fue emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, y fue dicha Secretaría la que emitió Resolución SG-DM- 83- 2011 de fecha 18 de febrero del 2011 por medio de la cual declaró lesivo a los intereses económicos y jurídicos del Estado el “PERMISO ESPECIAL DE IMPORTACIÓN TEMPORAL No. 8020070260 de fecha 14 de agosto del 2007”, dictado por esa misma Secretaría de Estado por haber sido declarados inconstitucionales entre otros el Articulo 74 de la Ley General de Minería. Resultando nula la exoneración otorgada por carecer de fundamentación legal para la misma.- Lo anterior por haberse declarado incompetente DEFOMIN para la nulidad de la Dispensa otorgada, y por ende la nulidad del acto pretendido es el que emitió la Secretaría de Estado en los despachos de Finanzas.- El articulo pre citado nos señala en el párrafo segundo el caso en que sí un órgano de una Secretaria de Estado (DEFOMIN que dependía de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente) hubiese dictado el “acto” (que confiere derechos a terceros) no podrán ser declarados lesivos por otras Secretarías de Estado, pero sí en virtud de DECRETO emanado por el Consejo de Ministros (Art. 15 de la Ley de la Jurisdicción). El anterior escenario no es el caso que nos ocupa pues DEFOMIN se declaró incompetente para la declaratoria del propio acto es decir para la declarar nula la Resolución que otorgaba la Dispensa 1335-D-07, es por ello que remitió el asunto a la Secretaria de Estado en los Despachos. De conformidad con la el articulo 57 numeral 4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, Ley de Franquicias Aduaneras, Código Tributario etc., no existe dentro de la Ley General de la Administración Pública disposición que señale al Consejo de Ministros como Superior Jerárquico, por lo tanto la Corte de Apelaciones Ad Quo erróneamente que en el presente caso mediante la sentencia recurrida ha señalado que la Secretaría de Finanzas es incompetente para anular un acto propio, dándole una interpretación errónea al Artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues según dicha Corte el acto propio de la Secretaría de Finanzas debió ser declarado lesivo por el Consejo de Ministros y no es eso lo que dice el artículo antes citado como lo apreciamos a continuación: La Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería en fecha 12 de octubre de 2007 solicitó a la Procuraduría General de la República, dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la Declaratoria de NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE DISPENSA otorgadas por dicha Dirección a favor de la sociedad Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA S.A.). En fecha 26 de noviembre de 2007, la Procuraduría General de la República emitió DICTAMEN por medio del cual se da respuesta a las diligencias provenientes de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), señalando: “que se relación a la solicitud de dispensa de impuesto de importación de maquinaria, equipo e insumos presentada por la sociedad Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) y al procedimiento de revisión de oficio llevado a cabo por la mencionada Dirección Ejecutiva, a fin de declarar la nulidad de la resolución recaída en la referida solicitud.”.- En el punto quinto de dicho dictamen se señaló lo siguiente: “Haciendo estricta aplicación de los preceptos jurídicos relacionados anteriormente, a la par de la actividad administrativa que dio origen a la emisión del Acto Administrativo bajo examen, claramente se colige que la Resolución No. 68-08-07/DISPENSA 1335-D-07, de fecha 8 de agosto del año 2007, fue emitida con fundamento en el Artículo 74 de la Ley General de Minería, declarado inconstitucional, tal como se relaciona en el acápite tercero de este Dictamen, consecuentemente adolece de vicios que franquean su nulidad…. Finalmente, el acto administrativo dictado contraría lo dispuesto en el Articulo 8, numeral 3 de la Ley General de la Administración Pública, ya que la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN) nunca debió otorgar la referida Dispensa, por no tener atribuida por la Ley, tal potestad, ya que le fue vedada por la sentencia de la garantía de inconstitucionalidad, dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia.” Previo Informe de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Estado los Despachos de Finanzas declaró lesivo a los intereses económicos y jurídicos del Estado de Honduras TODOS LOS PERMISOS DE IMPORTACION TEMPORAL emitidos en el año 2007 y procedió además a solicitar que la Procuraduría General interpusiera las Demandas Ordinarias para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto propio firme declarado lesivo por la Autoridad Superiora en la jerarquía administrativa que lo dictó. Reconocimiento de tina situación Jurídica Individualizada condenando al pago de impuestos indebidamente exonerados y costas, promovida contra la Sociedad Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA S.A.) Con fecha 29 de mayo de 2014 el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “PRIMERO: Declarar improcedente la acción incoada por la Abogada Ethel Deras Enamorado, quien fungía en aquél momento como Procuradora General de la República, por estar ajustado a derecho el “Permiso Especial de Importación Temporal con numero de control 2020070260 emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas el 14 de agosto de 2007 a favor de Agregados del Caribe S.A. de C.V. (AGRECASA), ya que el mismo fue declarado lesivo por un órgano absolutamente incompetente, como lo es la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas. SEGUNDO: Confirmar en todas y cada una de sus partes el “PERMISO ESPECIAL DE IMPORTACION TEMPORAL” con número de Control 8020070260 emitido por la Secretaria de Finanzas el 14 de julio del 2007, a favor de la Sociedad Agregados de Caribe S.A. de C.V. TERCERO: Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio, por tener motivo suficiente para litigar. CUARTO: que contra la presente Sentencia Definitiva procede el Recurso de Apelación, el cual se deberá interponer ante este Tribunal dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo expresando en el mismo los respectivos agravios.” El Juzgado en el numeral QUINTO de la Sentencia Definitiva tuvo como hechos probados los siguientes: “QUINTO: Que el suscrito Juez, habiendo valorado los medios de prueba aportados por las partes al proceso, tuvo como hechos probados los siguientes: 1) Que la Resolución que declara lesivo el “PERMISO ESPECIAL DE IMPOTACION TEMPORAL” con No. de Control 8020070260 emitido por la Secretaría de Finanzas el 14 de agosto de 2007, a favor de la sociedad “AGREGADOS DEL CARIBE S. A. DE C.V.”, ha sido por el carácter económico y alegada dentro del plazo establecido. 2) Que la resolución que declara la lesividad ha sido emitida por la Secretaría de Finanzas. 3) Que se ha demandado en tiempo y forma ante este Juzgado la nulidad de la resolución declarada lesiva.” Asimismo el numeral SEXTO de dicha sentencia de primera instancia señala: “Que por los fundamentos antes mencionados y luego de valorar los medios de prueba propuestos por ambas partes, los cuales consistieron en documentos públicos y privados, el suscrito Juez estima que el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución SG-DM-78-2011 de fecha 18 de Febrero del 2011, emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, que declara lesivo el Permiso Especial de Importación Temporal de Control numero 8020070260 a favor de Agregados del Caribe S.A. de C.V., no se encuentra dictada conforme a derecho, en vista que para declarar la lesividad del acto administrativo, no se cumplió con uno de los requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley de esta jurisdicción, ya que como se estableció con los hechos probados, la declaratoria de lesividad fue emitida por la Secretaría de Finanzas, siendo lo procedente que la declaratoria de lesividad fuera declarada por el Presidente de la República a través del Consejo de Ministros, ya que éste es el órgano superior de la jerarquía administrativa en la Administración Pública Centralizada.” (las negrillas son nuestras). Recurrida que fue la sentencia, en fecha 23 de octubre de 2014 la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “PRIMERO: Declarar sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, Apoderada Legal Sustituta del Estado de Honduras.- SEGUNDO: CONFIRMAR la Sentencia Definitiva de fecha veintinueve de mayo del dos mil catorce dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo , con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que corre agregada a folios números ciento noventa y siete (197) al doscientos cinco (205) inclusive de la primera pieza de autos.-” La Corte en los considerandos SEIS (6) Y SIETE (7) de la Sentencia en el Recurso de Apelación tuvo como hechos probados los siguientes: “CONSIDERANDO (6): Que al ser clara la ley de esta jurisdicción al señalar que el competente para declarar lesivo un acto administrativo firme emitido por una Secretaria de Estado o un órgano de ésta, es el Consejo de Ministros en virtud de decreto emanado del mismo, en consecuencia de la revisión de los antecedentes nos encontramos que el procedimiento de declaratoria de lesividad de actos administrativos adoptado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas está viciado de nulidad, porque el Secretario de Estado de dicho Despacho es quien declara lesivo un propio acto firme, creador de derechos subjetivos a terceros, lo que es totalmente contrario a derecho, porque el Secretario de Estado no es competente para declarar lesivos sus propios actos, firmes o emitidos por algún órgano o dependencia, ya que el único competente es el Consejo de Ministros como se ha venido explicando en el presente fallo.” “CONSIDERANDO (7): Que al estar debidamente probado de autos que el procedimiento de declaratoria de lesividad de actos administrativos llevado a cabo por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, es nulo de pleno derecho por haberse dictado por un órgano absolutamente incompetente tal como consta de autos, esta Corte de Apelaciones es del criterio que se debe confirmar la sentencia definitiva venida en apelación por estar dictada conforme a derecho.”- Así las cosas infortunadamente el Juzgado A quo, como la Corte Sentenciadora hicieron caso omiso de la acción del ESTADO DE HONDURAS para recuperar a favor del erario público la recaudación tributaria indebidamente exonerada, soslayando dicha Corte que la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, tiene atribuido la autorización de las exoneraciones fiscales dentro de la Administración Pública, es por esta razón que dicha Secretaría de Estado y no DEFOMIN que declaró lesivo el acto propio emitido dentro de la misma Secretaría de Estado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 45 LJCA: “Los actos dictados por un órgano de una Secretaría de Estado o un órgano desconcentrado, de la Administración Pública Central no podrán ser declarados lesivos por otras Secretarías de Estado u órganos desconcentrados, pero sí en virtud de Decreto emanado del Consejo de Ministros, previa consulta a la Procuraduría General de la República.”.- A continuación analizamos el caso de autos: La AUTORIZACION DE IMPORTACION LIBRE DE IMPUESTOS A FAVOR DE AGRECASA fue emitida por SEFIN (A); DEMOFIN emitió resolución declarando erróneamente con lugar a la solicitud de exoneración mediante RESOLUCION DISPENSA 1329 (B); La RESOLUCION No. SG-DM-72-2011 QUE DECLARA LESIVO A LOS INTERESES ECONOMICOS Y JURIDICOS (C); Por lo tanto el párrafo del artículo precedente no establece o más bien no prohíbe que A declare la lesividad mediante C.- El Ad quo señala en su fallo: Que cuando A emite un acto, solamente D (Consejo de ministros) puede declarar C.- Así las cosas según el Ad quo solamente D podría declarar la Lesividad de un acto de la Administración Pública (C) sin importar quien o quienes lo hayan emitido, en pocas palabras para la Corte de Apelaciones de lo Contencioso y el Juzgado de dicha jurisdicción SOLAMENTE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS PUEDE DECLARAR LESIVIDAD DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LA ADMINISTRACION PUBLICA. Bajo el argumento que el proceso de lesividad que se promoviera por parte de la Administración pública había sido erróneo por haber sido declarado lesivo a los intereses del Estado el acto propio creado por la Secretaría de Finanzas según el Ad Quo en su fallo es el Presidente de la República en Consejo de ministros el superior jerárquico competente para dichos fines, pero ese razonamiento es equivocado, primero, porque como se expresó antes, el razonamiento expresado por el Tribunal Sentenciador, que confirmó el de primera instancia se sustenta en la aplicación errónea de los artículos 45 párrafo segundo y 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se evidencia un razonamiento equivocado, e interpretación errónea de los mismos pues no es el sentido que el legislador les dio. Según el razonamiento del Juzgador, la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas no podía haber decretado la nulidad de su propio acto, sino que debió hacerlo el Consejo de Ministros previa consulta de la Procuraduría General de la República, sin embargo, los artículos en cuestión son claros en su redacción y no dan lugar a otra interpretación que la que resulta de sus propios términos: es la Secretaría de Estado autora de su propio acto la que puede declararlo lesivo y solo cuando otra Secretaría de Estado pretende declarar esa lesividad, se procede por medio del Consejo de Ministros quien emite el decreto correspondiente previa consulta de la Procuraduría General de la República. En el presente caso, fue la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, el órgano competente, la que emitió la autorización del permiso especial de importación temporal a favor de AGRECASA de fecha 14 de agosto de 2007 y la que posteriormente declaró su lesividad previo dictamen de la Procuraduría General de la República. El artículo 200.1 y 2, letras b) y c), CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIA, del Código Procesal Civil expresa: “1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva del fallo.
- En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)... b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicados y los hechos probados en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y las cuestiones controvertidas , dando las razones y fundamentos legales del fallo que hayan de dictarse con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.” Y el artículo 207 del Código Procesal Civil refiriéndose a la motivación expresa: “La sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” (las negrillas son nuestras). El artículo 720 del Código Procesal Civil, EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION, prescribe: “1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” El Tribunal de segunda instancia no hace declaración sobre hechos probados por lo que se consideran como ratificados los declarados como tales en la sentencia de primera instancia. En esos hechos declarados probados el Juzgado se limitó a relacionar los medios de prueba aportados por la parte actora (ESTADO DE HONDURAS) por medio de los cuales se probó lo siguiente: 1) la Resolución que declara lesivo el “PERMISO ESPECIAL DE IMPOTACION TEMPORAL” con No. de Control 8020070260 emitido por la Secretaría de Finanzas ha sido por el carácter económico y alegada dentro del plazo establecido. 2) Que la resolución que declara la lesividad ha sido emitida por la Secretaría de Finanzas (SECRETARIA DE ESTADO QUE EMITIO EL ACTO IMPUGNADO). 3) Que se ha demandado en tiempo y forma ante este Juzgado la nulidad de la resolución declarada lesiva.- No obstante el Juzgado AD QUO al darle una interpretación errónea a la Ley de la Jurisdicción declara erróneo el procedimiento de “lesividad”, y concluye lastimosamente que “SOLAMENTE EL PRESIDENTE EN CONSEJO DE MINISTROS PUEDE MEDIANTE DECRETO DECLARAR LESIVO A LOS INTERESES NACIONALES UN ACTO ADMINISTRATIVO”.- Ahora bien, conforme el artículo 720 CPC antes citado, no se podrá instar la revisión de los hechos en casación, pero si se podrá solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo. Y en efecto, la motivación fáctica de la sentencia atiende a otros motivos que no se encuentran en esos hechos probados. Razona el Tribunal de Segunda Instancia que el acto administrativo demandado por Lesividad por el ESTADO DE HONDURAS es firme y creador de derechos y además que fue declarado por órgano incompetente, por no haber sido declarada por el Presidente de la República. Eso no es lo que dicen los hechos probados, y lo que nos está diciendo el Tribunal Sentenciador es que la existencia de esos hechos requiere de una revisión porque el mismo Tribunal reconoce que existen otros que no fueron declarados como tales por el Juzgado instructor, pero que de hecho el Tribunal de Alzada si los considera y los expone en la motivación de su sentencia, siendo estos la demanda de Lesividad presentada por el ESTADO DE HONDURAS y su resolución, desestimando la defensa del ESTADO y posteriormente el Ad quem confirmó con el razonamiento que he citado. Y si el acto impugnado Permiso Especial de Importación Temporal No. 8020070260 había sido declarado lesivo, y después demandada su nulidad, resulta ser que el acto administrativo ahora los órganos de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dan por válido a pesar de que carece de validez jurídica. De ahí entonces, que la motivación de la sentencia se sustenta en un acto administrativo que había sido declarado lesivo y que ha sido demandada su nulidad. En adición, el razonamiento sustentado por la Corte de Apelaciones recurrida es equivocado porque parte de una interpretación errónea de los artículos 15 y 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con el 17 del Código Civil que he citado, que vale aclarar, por ser parte del recurso de casación. Y si la sentencia se sustenta en una motivación que contiene presupuestos equivocados la conclusión es equivocada. La forma y contenido de una sentencia no se limita a estructurarla solamente con los requisitos que sobre ello prescribe el Código Procesal Civil, sino que tiene que cumplirse con el sentido lógico que corresponde a la legislación a aplicarse, esto es, que no basta con poner los antecedentes de hechos y los fundamentos de derecho que regulan el caso, sino que estos tienen que conforme han sido expuestos y subsumirlos en la norma jurídica, formar el silogismo, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La intención del legislador es que entre los hechos declarados probados se le aplique la norma que los regule, que la motivación este de acuerdo con esa norma, de tal suerte que la conclusión corresponda al sentido lógico del hecho juzgado, pero en el caso de autos, las normas que regulan la forma y contenido de la sentencia, principalmente en lo que respecta a la motivación, ha resultado defectuosa porque no se ha ajustado a la intención y espíritu que resulta explícitamente de los términos de la Ley y ha interpretado, en consecuencia, en forma errónea los artículos 200.1 y 2 incisos b) y c) y 207 del Código Procesal Civil que regula la motivación de la sentencia, porque el Juzgado declaró probados hechos en forma parcial, el Tribunal Sentenciador al no declarar hechos probados toma para si los del Tribunal de primera instancia en donde la motivación resulta distinta a la declaración de esos hechos que al relacionarlos con los artículos 15 y 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece una conclusión ajena a las premisas. Queda demostrado entonces que la motivación fáctica de la sentencia recurrida es defectuosa y ha sido determinante para darle un sentido diferente al fallo, en tal virtud es procedente la estimación de este motivo de casación”.- II. Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se insta la revisión de los hechos, interpretación y valoración de la prueba lo cual tiene vedado este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) en la explicación se alude al concepto de interpretación errónea del artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso, disposición que fue indicada en relación y no de forma directa; c) la Recurrente se limita a citar las disposiciones señaladas como vulneradas, pero no demuestra ni precisa la infracción alegada por el concepto de interpretación errónea, además el artículo 207 del Código Procesal Civil, indicado como infringido contiene dos numerales que comprende situaciones jurídicas diferentes omitiéndose a cuál de ellos dirige su ataque; d) en el desarrollo se alude a los artículos 17 del Código Civil, 6, 8 numeral 3) y 22 de la Ley General de Administración Pública, 74 de la Ley General de Minería, 57 numeral 4) del Reglamento de Organización Funcionamientos y Competencia del Poder Ejecutivo, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación del cargo; y, e) se realizan en la explicación extensos e inapropiados alegatos de instancia.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el Órgano Supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda de casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. El artículo 701 numeral 1) del referido Código, en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en el artículo 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra ésta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS, por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de ésta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de agosto del dos mil dieciséis; certificación de la resolución de fecha veintiuno de junio del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 35-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL