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Sentencia CA-297-15 — Registro 5653

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de omitir o indicar si la impugnación del fallo es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas de derecho que considere violadas; además, carece de explicación de forma clara y concreta; es importante señalar que la Sala se ve imposibilitada a suplir oficiosamente los defectos encontrados en la demanda de casación."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, representado en juicio por la abogada VALERIA MARIA PONCE DUARTE; y, Recurrido: el señor JOSE SEBASTIAN LOBO BENDECK, representado en juicio por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad de un acto administrativo particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adoptar como medida para el restablecimiento del derecho subjetivo violado, el reintegro al trabajo, pago de salarios caídos, incrementos salariales y demás derechos que se produzcan durante la secuela del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el señor JOSE SEBASTIAN LOBO BENDECK, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició a prestar los servicios profesionales con el Estado de Honduras en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, mediante Acuerdo N° 874/2011 de 30 de septiembre de 2011, en el cargo de Asistente Administrativo, siendo ascendido mediante Acuerdo Nº 933/2011 de fecha 14 de diciembre de 2011, como Jefe del Departamento Administrativo, labores que ha venido desempeñando el demandante de forma eficiente y leal a la institución; que la demandada emitió el Acuerdo Nº 195/2012 de fecha 7 de septiembre de 2012 y efectivo a partir de la misma fecha, mediante el cual se le cancela ilegalmente al demandante del cargo de Jefe de Departamento Administrativo, sin seguir procedimiento alguno y sin garantizar el derecho de defensa, ya que no se le llamó a la correspondiente audiencia de descargo, ni se le invocó causal alguna de despido.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, contestó dicha demanda señalando que efectivamente en fecha 7 de septiembre de 2012 mediante acuerdo DEI RR/HH No.195/2012, se canceló del cargo como Jefe del Departamento Administrativo, al señor JOSE SEBASTIAN LOBO BENDECK, quien por ser la autoridad máxima dentro del Departamento Administrativo ostentaba un cargo equivalente al de Gerente General, no llevándose a cabo ninguna audiencia de descargo en vista que el acto notificado no fue un despido, como pretende confundir el demandante en el argumento de la demanda, sino una cancelación de un puesto calificado como cargo de confianza y por lo tanto susceptible de ser removido del cargo libremente, reconociéndole todos sus derechos laborales a excepción de la estabilidad en el mismo, tal como lo establecen los artículos 8 y 9 del Acuerdo 1184 contentivo del Reglamento del Régimen Especial Laboral de la carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, publicado en el diario Oficial La Gaceta el 7 de marzo de 2012; por otro lado el ahora demandante argumenta en su escrito de demanda que se desempeñaba en el cargo de Jefe del Departamento Administrativo, no existiendo autoridad superior en dicho departamento; referente a esto, el artículo 12 del Régimen Especial Laboral de la carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, establece que: “En los casos en que el funcionario o empleado sujeto al presente Reglamento que por ascenso accediere a un puesto de confianza, conservará su antigüedad acumulada en el puesto sujeto al Régimen. Su indemnización laboral será calculada en base al promedio de sueldos devengados en los últimos seis meses”, dicho artículo no hace referencia a la estabilidad en sus cargos a personas que alcancen cargos de confianza por la vía de ascenso, simplemente señala una indemnización laboral y la antigüedad de su puesto; es por ello que se remite a lo señalado en el artículo 9 del mismo ordenamiento jurídico donde se establece que en igual caso gozan de todos los derechos laborales los empleados de confianza, manifestando como única excepción la estabilidad en sus cargos.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el señor José Sebastian Lobo Bendeck, por no ajustarse a derecho el acto impugnado, en consecuencia se anula de manera total el Acuerdo DEI-RRHH-N° 195/2012 de fecha 7 de septiembre de 2012 pues ha sido proferido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; reconocer la situación jurídica individualizada reclamada, y para su pleno restablecimiento se toman las siguientes medidas: a) reinstalar al demandante en su cargo como Jefe del Departamento Administrativo, b) se ordena el pago de los sueldos dejados de percibir por el demandante desde la fecha de cancelación o separación, hasta que sea definitiva y satisfactoriamente reintegrado al cargo, incluyendo cualquier aumento salarial, bonificación o cualquier otra variante que haya tenido la plaza a la cual se le reintegra; diferir para la etapa de ejecución de este fallo, el cálculo de los anteriores conceptos; condenar al Estado de Honduras a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) a ejecutar y pagar los derechos reconocidos en la forma antes señalada, sin costas; bajo el criterio que el cargo del cual fue cancelado el mandante como Jefe del Departamento Administrativo, no solo no se encuentra expresamente clasificado como de confianza en la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos y el Gasto Público y ni siquiera en los que enumera el artículo 3 del Reglamento del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, sino que la analogía que hace el demandado de dicho cargo con el de Gerente General viola los límites que le impone los límites de la potestad Reglamentaria y el Principio de Competencia Reglada, al comprender como sinónimos dos cargos que la Ley no prevé como tal; esto más, el referido Reglamento en su artículo 116 se avoca de manera supletoria a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento para llenar aspectos que el Reglamento no dirima, en éste sentido, el artículo 14 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, señala que necesariamente todo cargo o puesto de confianza debe de estar así clasificado en el correspondiente manual por parte de la autoridad nominadora, circunstancia que no consta de autos; en ese sentido, el demandante al desempeñar un cargo o puesto que no se considera de confianza goza también de estabilidad en su cargo, no pudiendo ser removido sino por las causales y sin antes haberse evacuado los procedimientos legalmente establecidos; de conformidad con el artículo 34 literal c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, señala que el acto es nulo cuando haya sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, es decir, el procedimiento para cancelar por despido o cesantía a un servidor público, el cual no se ha observado por la demandada para emitir el acto que hoy se impugna.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de marzo de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el objeto de la presente controversia consiste en determinar la legalidad con que ha sido dictado el acto impugnado acuerdo de cancelación del demandante DEI-RRHH-N°195/2012 de fecha 7 de septiembre del año 2012; que solo se considera como personal excluido de la protección de los derechos que al efecto brinda una determinada ley, en el caso que nos ocupa el Régimen del Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera, o aquellos empleados que en efecto se encuentran comprendidos, como personal excluido o de confianza, en la Ley que dio origen al Reglamento, y ha quedado probado que el cargo del cual fue cancelado el demandante, Jefe del Departamento Administrativo, no se encuentra clasificado o comprendido como personal excluido o de confianza en la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y recanalizada del Gasto Público y tampoco se encuentra en los que enumera el artículo 8 del Reglamento del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera; el demandado, hace una analogía del cargo de Jefe del Departamento Administrativo, que es el que desempeñaba el demandante con el cargo de gerente general, lo que trae una violación a los limites de la potestad reglamentaria, al entender como sinónimos los cargos, que la ley no considera como tal, por lo que el acuerdo de cancelación del demandante es nulo.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada VALERIA MARIA PONCE DUARTE, en fecha veintiuno de abril de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cinco de marzo de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.073-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.0801-2012-00364 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, presentó en fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, los abogados VALERIA MARIA PONCE DUARTE y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha doce de junio de dos mil quince, teniendo por personados a los abogados VALERIA MARIA PONCE DUARTE, como recurrente y OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su único motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 2 del Artículo 719 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, que a la letra dice “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de FONDO del litigio.” DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos: En el ARTICULO 76 párrafo tercero de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público de la Dirección Ejecutiva de Ingresos Decreto Legislativo 17-2010. Artículos 8 y 9 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Artículo 3 literal A y C de la Ley del Servicio Civil; Reglamento del Servicio Civil en su Artículo 5, numeral 26. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION: PRIMERO: La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo infringe el

ARTICULO 76 párrafo tercero de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público de la Dirección Ejecutiva de Ingresos Decreto Legislativo 17-2010; Artículos 8 y 9 del Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa, Tributaria y Aduanera de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Artículo 3 literal A y C de la Ley del Servicio Civil; Reglamento del Servicio Civil en su Artículo 5, numeral 26, omitiendo lo contenido en ella en relación a la calificación de empleado de confianza del actor, siendo su omisión concluyente que la Recurrida fue dictada no conforme a derecho por el Juez Ad-Quem, dictada en fecha cinco (5) de Marzo del año dos mil quince (2015), que en su acápite Primero Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación por el demandado (Estado de Honduras), y posteriormente el mismo Juez Ad-Quem HACE SUYA la Sentencia Definitiva que se dictó en Primera Instancia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán veinticuatro (24) de noviembre de dos mil catorce (2014) que corre agregada a pieza principal de autos, ya que el Ad-Quem literalmente confirma dicha sentencia definitiva de Primera Instancia, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que tanto el Juez Ad-Quem como el A-quo omitieron dar cumplimiento a lo que establece la normativa citada. Pero es el caso, que el A-Quem desestimó enteramente dichos preceptos jurídicos, no dándole el debido cumplimiento a los mismos, causando con el fallo recurrido cuantiosos daños a las finanzas de nuestro País, cuando más lo necesita, obviando lo contenido en Ley, y dejando por aparte la calidad probada de empleado de confianza del actor. Calidad que se ilustra con la siguiente doctrina DOCTRINA EN RELACIÓN ¿Qué se entiende por trabajador de confianza y en consecuencia trabajador de confianza al servicio del Estado?- ¿Cuáles son los derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado? ¿Qué se entiende por estabilidad en el empleo para los trabajadores al servicio del Estado? Dada la situación bibliográfica, gran parte de esta investigación esta sustentada en la legislación y jurisprudencia extranjera aplicable y relacionada con tema. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR TRABAJADOR DE CONFIANZA? Para poder formular un concepto de lo que es un trabajador de confianza al servicio del Estado, considero que es necesario recurrir a lo que tanto los doctrinarios y la jurisprudencia opinan al respecto, por lo cual procedo a hacer mención de los criterios que tome en cuenta para al final de este breve capitulo dar mi propio concepto. Mario De la Cueva expresa: “Para determinar el significado de este término, debe tomarse en cuenta que la categoría de trabajador de confianza constituye una excepción al principio de la igualdad de todos los prestadores de trabajo ante la ley. Sin duda que tratándose de altos funcionarios, incluso nombrados por el Ejecutivo federal, la “confianza” resulta necesaria e

imprescindible, porque se trata de sus colaboradores más cercanos. Pero en los demás casos, deben determinarse claramente las funciones y atribuciones que correspondan a los puestos de confianza, para evitar injusticias” Gutiérrez y González expresa: Son aquellos que prestan al Estado un servicio que abarca las funciones enumeradas en el art. 5 de la LFTSE * encubierto bajo el calificativo “confianza”, y en ese entendimiento al tener una mayor jerarquía se encuentran supeditados a lo que dicte el superior jerárquico, inclusive a la decisión que se tenga sobre la existencia del trabajador, por lo cual solo gozan del derecho a la seguridad social y a la protección del salario, mas no de la estabilidad en el empleo. Néstor de Buen opina: “Hay que reconocer que los trabajadores de confianza son unos auténticos transeúntes, con estancias sexenales, salvo inesperados cambios políticos en medio de un régimen que los puede dejar sin trabajo, que llegan a los puestos sin carrera administrativa y, por lo mismo, con escasos méritos. Ello exige aprendizajes prolongados y costosos. Pero, además, y ese es otro de los efectos secundarios del sistema, se crea entre los trabajadores de base y los de confianza en una relación curiosa. Los primeros se sienten dueños permanentes, no obstante con condiciones económicas incomodas, de las instituciones. Los de confianza, mejor pagados, son etéreos, o sea, pertenecientes al cielo y, por lo mismo desvinculados a las realidades del mundo.” Por lo tanto, podemos deducir que aun cuando esta fracción debería de ser aplicada no es propio pues al no ser duradera la estancia de este tipo de trabajadores en las dependencias sería inútil el aplicar este derecho pues sería en perjuicio de los trabajadores de base, de quienes se presume tienen una estancia más segura y duradera al servicio del Estado. * Ley del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Ley de vigente en la Republica de los Estados Unidos Mexicanos; citada única y exclusivamente con fines ilustrativos y doctrinales) BIBLIOGRAFIA Acosta Romero, Miguel. Derecho Burocrático Mexicano, 1ª edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1995. De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 3a edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1975, p. 158”.- II.- Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de omitir o indicar si la impugnación del fallo es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas de derecho que considere violadas; además, carece de explicación de forma clara y concreta; es importante señalar que la Sala se ve imposibilitada a suplir oficiosamente los defectos encontrados en la demanda de casación.- III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV.- En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha diecinueve de enero del dos mil , dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 297-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL