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Sentencia CA-275-15 — Registro 6453

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por los demandantes por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados consistentes en los acuerdos de cancelación, en segunda instancia se confirma bajo el criterio que la autoridad nominadora no siguió a la totalidad del procedimiento, ni la totalidad de presupuestos que se tienen que cumplir para emitir la cancelación por cesantía de los demandantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en su formulación carece de claridad y precisión en el concepto de infracción, ya que no establece si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación señala normas que no han sido citadas como violadas ni relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 187 numeral 2) y 189 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en su formulación carece de claridad y precisión en el concepto de infracción, ya que no establece si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación señala normas que no han sido citadas como violadas ni relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 187 numeral 2) y 189 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. (ver sentencias expedientes números SL 539-13, 540-13, 562-13, 575-13, 615-13 y 621-13

Legislación citada

  • Ley del Servicio Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dicta la siguiente RESOLUCIÓN: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, representado en juicio por el Abogado PABLO CESAR FUNES MEJIA; y, Recurridos: los señores GUADALUPE COLINDRES RODRIGUEZ y LUIS ALBERTO GALEAS RAMIREZ, representados en juicio por el Abogado MIGUEL ANGEL VASQUEZ GOMEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular consistente en la cancelación de dos servidores públicos, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, adopción de medidas para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado, el reintegro a los puestos de trabajo o a otro de igual o mejor categoría y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta que quede firme la sentencia condenatoria y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por los señores GUADALUPE COLINDRES RODRIGUEZ y LUIS ALBERTO GALEAS RAMIREZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. ANTECEDENTES DE HECHO 1. Los demandantes expresaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con el Estado de Honduras de la manera siguiente: Guadalupe Colindres Rodríguez, mediante Acuerdo número 266 de fecha 26 de marzo de 1992, en el puesto de Oficinista II, pagadurías especiales, de la Tesorería General de la República, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ese entonces; y Luis Alberto Gáleas Ramírez, mediante Acuerdo número 0913 de fecha 18 de mayo de 2010, en el puesto de Técnico Administrativo I, en la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, siendo despedidos bajo la figura de la cesantía mediante Acuerdos de cancelación No.369 y 371 de fecha 01 de julio de 2013, con efectividad a partir del 10 de julio del mismo año, por lo que se considera que se les han violentado a los demandantes el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que efectivamente los demandantes fueron despedidos de sus cargos bajo la figura de la cesantía debido a la reducción de servicios de personal para obtener una más eficaz y económica organización en el Departamento de Pagaduría de la Tesorería General de la República, dichas cancelaciones se han realizado siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en base a que la Tesorería General de la República elaboró un plan estratégico que contemplaba el reordenamiento interno de la misma, pues al dejar de ser un ente eminentemente pagador para convertirse en un gerente financiero del sector público ha cambiado el rol de sus funciones y es así que a finales del 2012, como parte del plan estratégico, la Tesorería inicia acciones concretas, entre otras la eliminación de la emisión de cheques como medio de pago, y a tono con los avances electrónicos se han desarrollado medios de pago electrónicos a través de la transferencia bancaria electrónica, por lo que se ha cerrado el Departamento de Pagaduría, al incorporar el pago de planillas al proceso, lo cual no solo genera transparencia en su gestión sino que un substancial ahorro para el Estado de Honduras en cuanto a costos. 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por los señores Guadalupe Colindres Rodríguez y Luis Alberto Gáleas Ramírez, por no ajustarse a derecho los actos administrativos impugnados consistentes en los acuerdos de cancelación números 369 y 371 de fecha 01 de julio del 2013, emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por medio del cual se canceló a los demandantes, en consecuencia se anulan dichos acuerdos de cancelación; reconocer la situación jurídica individualizada de los demandantes y para su pleno restablecimiento se ordena el reintegro al cargo que desempeñaban al momento de ser cancelados de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; condenando al Estado de Honduras al pago a favor de los demandantes de los salarios dejados de percibir, más los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo cuarto mes, bonos y vacaciones, así como otros derechos que les pudieran corresponder, cálculo que se difiere para la fase de ejecución de la sentencia, sin costas; bajo el criterio que al momento de emitirse los acuerdos de cancelación por cesantía, no consta que se haya cumplido con el procedimiento establecido para éstos casos, como ser que se hubieren practicado las evaluaciones periódicas correspondientes antes de ser cesanteadas tal y como lo señala el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil y que no fue acreditado de manera irrefutable en vía administrativa ni en esta instancia por la parte demandada tal como lo señala el artículo 188 de su Reglamento, lo cual es arbitrario y constituye abuso de autoridad, pues ya la Ley de Servicio Civil y su Reglamento establece los requisitos y el procedimiento a seguir por parte de la autoridad nominadora para cancelar a uno o más servidores públicos, ya sea por cesantía o por despido, en el caso de autos los actos administrativos impugnados y por medio del cual se cancelaron a los demandantes, se dictaron con infracción del ordenamiento jurídico en franca violación a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora no siguió ni la totalidad del procedimiento, ni la totalidad de presupuestos que se tienen que cumplir para emitir la cancelación por cesantía de los demandantes, viciando con esto de nulidad los actos administrativos de carácter particular impugnados. 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado PABLO CESAR FUNES MEJIA, en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada por Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, en el expediente de apelación No.047-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.0801-2013-00262 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante providencia de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo. 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogado MIGUEL ANGEL VASQUEZ GOMEZ, presentó en fecha catorce de mayo de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha quince de mayo de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, el Abogado PABLO CESAR FUNES MEJIA y el Abogado MIGUEL ANGEL VASQUEZ GOMEZ, respectivamente. 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha ocho de junio de dos mil quince, teniendo por personado al Abogado PABLO CESAR FUNES MEJIA, como recurrente y al Abogado MIGUEL ANGEL VASQUEZ GOMEZ, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo de casación, expresando lo siguiente: “Por el presente estamos impugnando la aplicación e interpretación de las normas de derecho por violación del Artículo 53 inciso b) de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este primer motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: El presente motivo se basa en la Violación del Artículo 53 inciso b) de la Ley de Servicio Civil. El precepto de orden sustantivo que se considera violado textualmente dice: “ARTICULO 53.- No obstante lo dispuesto en el Artículo 47 de esta Ley, la autoridad nominadora podrá además cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito de la Dirección General siempre que el Consejo de Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede “la cesantía”, por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: a)... b) Reducción de Servicios o de Personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa”, El Artículo previamente citado es claro y concluyente, en tal sentido la Administración siguió estrictamente el procedimiento señalado, previo a emitir la Cancelación por Cesantía, se emitió el Dictamen Favorable del Consejo de Servicio Civil entre otros requisitos probados y se cumplió con la finalidad de la Cesantía al haberse reducido los Servicios y el Personal en la Secretaría de Finanzas, sin embargo, en el presente caso tanto el Tribunal Ad-Quem, al confirmar lo resuelto por el Juez A-Quo, interpretaron la norma en forma indebida, ya que la Cancelación por Cesantía es una facultad excepcional y potestativa que tiene la Autoridad Nominadora de separación de un servidor público, por la razones calificadas que se señalan en dicho artículo, pero pese a que se cumplió con todos los requisitos de la causal invocada, consideró que mi representada no siguió totalmente todo el procedimiento administrativo establecido, y que no se cumplió con el objeto de la Cesantía de reducción de personal o de servicios, aunque las plazas se hayan cancelado, refiriendo la Corte de Apelaciones en el fallo recurrido, en algunos de sus considerandos que de las pruebas presentadas y del estudio del expediente se probó que la autoridad nominadora no siguió totalmente el procedimiento establecido, pero estos requisitos si fueron cumplidos a cabalidad de acuerdo con la causal y la norma invocada en la Ley aplicable, en consecuencia con el fallo avalado por la Corte de Apelaciones recurrida, se reconoce la situación jurídica individualizada y se adopta la medida de reintegrar a los demandantes a los cargos que ocupaban, pese a que las plazas ya no existen, se cumplió con la finalidad de la causal invocada. En consecuencia la Corte de Apelaciones recurrido en su fallo interpretó en forma indebida la norma de la Ley de Servicio Civil, antes señalada. La Corte Sentenciadora al emitir el fallo recurrido, es evidente que interpreto en forma indebida la norma consistente en el Artículo 53 inciso b) de la Ley de Servicio Civil previamente citada, relacionada con el Artículo 187 numeral 2) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que regula: “De acuerdo con lo previsto en el artículo cincuenta y tres (53) de la Ley, procederá la cesantía de uno o más servidores púbicos en cualquiera de los casos excepcionales siguientes: 1)… 2) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa”; y también con el Artículo 189 del mismo cuerpo legal, que establece: “En estos casos, para decidir sobre que personas serán afectadas con la cesantía, la Autoridad Nominadora, deberá tener en cuenta lo siguiente: 1)... 2) Los años de servicio en la Administración Pública”; ya que consta en autos que la Secretaría de Finanzas prescindió de los servicios de los demandantes, pues era necesario una reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, tomando en cuenta para ello los años de servicio en la administración de la ciudadanos actores cumpliendo con la finalidad de la Cesantía al Cancelar las Plazas de Delegado Pagador I y Jefe de Pagaduría, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, en consecuencia el Acto Administrativo está ajustado a derecho. SUBSANACION. En aplicación del Artículo 20 del Código Procesal Civil, por este acto manifiesto la voluntad de subsanar y de cumplir los requisitos exigidos por la Ley, en el presente Recurso.” II. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en su formulación carece de claridad y precisión en el concepto de infracción, ya que no establece si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida; b) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) en su explicación señala normas que no han sido citadas como violadas ni relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 187 numeral 2) y 189 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. III. Que existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. (ver sentencias expedientes números SL 539-13, 540-13, 562-13, 575-13, 615-13 y 621-13). IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casación, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma. V. En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. También precisa recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para este Tribunal, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2 del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación. VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de diciembre del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 275-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO