Sentencia CA-273-15 — Registro 5664
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por los demandantes por no estar ajustado a derecho el acto administrativo, consistente en los acuerdos de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que no procede la admisión del motivo que antecede, ya que la Recurrente incurrió en los siguientes defectos técnicos: a) No precisa si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) la norma señalada como infringida no tiene ninguna incidencia en la solución del fondo del litigio, ya que la misma solo establece la potestad del juzgador de declarar la improcedencia de la acción, cuando se ajuste a derecho el acto administrativo impugnado; y, c) en su explicación se insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil dieciseis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, representado en juicio por la abogada CLAUDIA CECILIA ORTEGA; y Recurridos: los señores MIRNA MARIA MUÑOZ LARA, REINA JUDITH ANDINO ANDRADE y GUILLERMO ARTURO RIVERA ZELAYA, representados en juicio por el abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda contraída a pedir se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter particular en materia de personal que se decrete la ilegalidad y nulidad de los acuerdos de cancelación número STSS-605-2011, STSS-606-2011, STSS-607-2011 de fecha 22 de diciembre del año 2011 emitidos por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (STSS), reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, adopción de medidas necesarias para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones causadas y no gozadas, pago de salarios caídos y cualquier otro derecho inherente producido durante la secuela del juicio, costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por los señores MIRNA MARIA MUÑOZ LARA, REINA JUDITH ANDINO ANDRADE y GUILLERMO ARTURO RIVERA ZELAYA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que ingresaron a trabajar en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (STSS), mediante los acuerdos y fechas siguientes: a) Mirna María Muñoz Lara mediante acuerdo número STSS-036-08 de fecha 23 de enero del año 2008, en el puesto de Gerente Administrativo, Dependencia Servicios Administrativos y Contables; b) Reina Judith Andino Andrade mediante acuerdo número STSS-064-06 de fecha 2 de mayo del año 2006, en el puesto de Sub Gerente de Recursos Humanos, Dependencia Servicios Administrativos y Contables; y, c) Guillermo Arturo Rivera Zelaya mediante acuerdo número STSS-050-08 de fecha 11 de febrero del año 2008, en el puesto de Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dependencia Servicios Administrativos y Contables; que durante el tiempo que los demandantes trabajaron para la demandada siempre realizaron las funciones, actividades y tareas encomendadas de forma ordenada, disciplinada y eficiente, además, de manera ininterrumpida, continua y permanente, sin lapsos de tiempo dejados de trabajar; es sumamente importante señalar, que sorpresivamente y de manera unilateral, los demandantes recibieron en fecha 22 de diciembre del año 2011 por parte de la demandada los acuerdos de cancelación de los puestos de trabajo, los cuales se consideran ilegales, injustos y arbitrarios, porque los demandantes nunca cometieron falta alguna para dar motivo al despido, por otra parte, la demandada no siguió el procedimiento que establece la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de aplicación para cancelar de los puestos de trabajo a los demandantes.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los acuerdos de cancelación de los servidores públicos fueron emitidos por la autoridad administrativa según las atribuciones constitucionales que le atribuye al Presidente de la República de nombrar y separar libremente a los demandantes, por lo tanto se rechaza que dichos acuerdos de cancelación sean ilegales e injustos y menos arbitrarios, como pretenden hacer ver los demandantes, ya que no es necesario invocar causal alguna para cancelar a esta clase de servidores públicos, por lo que queda evidenciado que la demandada actuó conforme a derecho.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre del dos mil catorce, dictó sentencia declarando procedente la acción incoada por los señores Mirna Maria Muñoz Lara, Reina Judith Andino Andrade y Guillermo Arturo Rivera Zelaya, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en los acuerdos de cancelación No. STSS-605-2011, STSS-606-2011 y STSS-607-2011 de fecha 22 de diciembre de 2011, emitidos por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, mismos que se anulan por ser ilegales; reconocimiento de la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resolvió: reconocer el derecho a favor de los demandantes al pago de las prestaciones laborales, consistentes en la indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) años en concepto de auxilio de cesantía, así como un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años en concepto de preaviso, y demás derechos que le pudieran corresponder, como décimo cuarto y décimo tercer mes de salario, vacaciones, ajustes salariales y demás beneficios otorgados en ausencia, más el pago en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir, desde la fecha de efectividad de su cancelación hasta que se ejecute el presente fallo; declarar extinguida la relación laboral existente entre los demandantes y el Estado de Honduras, sin costas; bajo el criterio que efectivamente hubo violación al ordenamiento jurídico ya que los cargos que desempeñaban los demandantes no se encuentran en ninguno de los casos por medio de los cuales se tipifican como excluidos los cargos de la administración pública y si fueron nombrados sin las condiciones y requisitos que señala la mencionada ley y no se han excluido sus cargos en la Dirección General de Servicio Civil, no es atinente a los demandantes, por lo cual por solo ese hecho no puede decirse que no esta protegido por la Ley de Servicio Civil; en tal virtud para cancelar los acuerdos de nombramiento de los demandantes se debió seguir cualquiera de los procedimientos señalados por la Ley de Servicio Civil en sus artículos 53, 54 y 55, ya sea por despido o por cesantía, no constando en autos se haya seguido procedimiento alguno; en consecuencia, los actos administrativos impugnados infringen el ordenamiento jurídico aplicable y es nulo por haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido por lo que se debe declarar con lugar la presente acción.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha cinco de marzo de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que los cargos de los cuales fueron cancelados los demandantes no se encuentran dentro de los señalados por los artículos 3 de la Ley de Servicio Civil; 21 del Reglamento a ellos aplicable, como excluidos de dicho régimen; en consecuencia, aun y cuando, dichos cargos fuesen excluidos del Régimen de Servicio Civil con el Reglamento de la Ley de Servicio Civil del año 2009 y actualmente en vigencia, los demandantes seguían protegidos por la Ley de Servicio Civil al momento de su cancelación, ya que cuando ingresaron a laborar con la demandada, los mismos no eran excluidos del referido Régimen, en tal virtud, para su cancelación, la demandada, debió seguir uno de los procedimientos que la misma Ley señala, constando de autos que no se siguió procedimiento alguno, para su cancelación; que consta de autos, que a la demandante Reina Judith Andino Andrade, la demandada le pago en su totalidad las prestaciones que legalmente le corresponden, aceptando ésta las mismas, en consecuencia, siendo que a dicha demandante ya le fue cumplida su pretensión, el presente fallo es únicamente para los otros demandantes.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogada CLAUDIA CECILIA ORTEGA, presentó en fecha trece de abril de dos mil quince, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha cinco de marzo de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 062-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.004-12 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, presentó en fecha once de mayo de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha trece de mayo de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas quince y diecinueve de mayo de dos mil quince, a los abogados CLAUDIA CECILIA ORTEGA y SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha ocho de junio de dos mil quince, teniendo por personados a los abogados ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, poder que fue delegado en la abogada MARIA FLORINDA SANTOS PARADA, quien actúa en su condición de representante procesal del Estado de Honduras, como recurrente, y SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en su condición de representante procesal de los señores MIRNA MARIA LARA y GUILLERMO ARTURO RIVERA ZELAYA, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos de casación, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO: APLICACIÓN E INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE DERECHO. Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil que señala: Igualmente se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del fondo del litigio. NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que expresa lo siguiente: “La sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere, este relacionado con las Disposiciones Generales del Presupuesto del año 2011 el cual establece en su artículo 87 párrafo 8 que solamente a aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados en puestos excluidos no tipificados en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil y que tengan de laborar cinco años o más gozaran del beneficio de la Cesantía. INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA: De conformidad a lo establecido en el Artículo No 81 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y relacionado con las disposiciones generales del año 2011 “Se considera que la Sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto al cual se refiere” Las disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal del año 2011, en su artículo 87 párrafo 8 el cual se refiere al beneficio de la Cesantía otorgan el derecho a gozar del mismo aquellas personas que ostenten puestos excluidos no tipificados en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil y que tengan de laborar cinco (5) años o más y dos de los demandantes no cuentan con este requisito ya que la señora Mirna María Muñoz solamente laboró tres años con once meses y siete días y el señor Guillermo Arturo Rivera, laboró solamente tres años, diez meses y diecinueve días por tal razón no les asiste el derecho de gozar de este beneficio, son esas normas que el Tribunal Ad-Quem interpreta de manera errónea puesto que estas disposiciones son bien claras y el artículo antes mencionado dispone cuando debe declarar improcedente la acción y esto ocurre cuando los actos administrativos están dictados conforme a derecho. Al no ser aplicados por el Tribunal Ad-Quem está infringiendo las normas precitadas produciendo con ello violaciones al debido proceso y a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Sentencia dictada en fecha 14 de octubre del año dos mil catorce por el Juzgado de primera instancia, fue confirmada parcialmente en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 05 de marzo del año 2015, dejando fuera de la causa a la señora Reina Judith Andino Andrade por considerar aceptadas por conducto de su representante en juicio, que mi representada ya le había hecho efectivo el pago de sus prestaciones laborales, este hecho confirma que los otros dos demandantes no tienen el derecho de pedir sus prestaciones por ser empleados de confianza.”.- II. Que no procede la admisión del motivo que antecede, ya que la Recurrente incurrió en los siguientes defectos técnicos: a) No precisa si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) la norma señalada como infringida no tiene ninguna incidencia en la solución del fondo del litigio, ya que la misma solo establece la potestad del juzgador de declarar la improcedencia de la acción, cuando se ajuste a derecho el acto administrativo impugnado; y, c) en su explicación se insta la revisión de los hechos y la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil.- III. Que como segundo motivo de casación se sostiene: “APLICACION E INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES QUE REGULAN LA FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA. Este motivo se sustenta en el Artículo 719 numeral 1 inciso c) del Código Procesal Civil que señala: “Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan a)...b)... c) La forma y contenido de la sentencia y numeral 2 “igualmente no lo consideró por lo tanto no lo aplico. NORMA DE DERECHO INFRINGIDA: Se infringió el Artículo No 701 del Código Procesal Civil, que expresa lo siguiente “FINALIDAD DEL RECURSO 2. Igualmente tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba” Este relacionado con lo previsto en el artículo 109 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo y el Ad-Quem no lo consideró por lo tanto no lo aplico. INCIDENCIA DE LA INFRACCION QUE AFECTA LA RESOLUCION IMPUGNADA. El Tribunal Ad- Quem en su sentencia definitiva de fecha cinco de marzo del dos mil quince, no se pronunció en cuanto a lo previsto en el artículo 109 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo” el cual este regula en su capítulo VIII Disposiciones transitorias “ para los fines de la Ley de Servicio Civil, considerándose empleados de confianza de las Secretarias de Estado quienes ocuparen los nuevos cargos creados por el Decreto No 218-96 y mencionados en el capítulo III Sección Séptima que tipifica los órganos de apoyo indicando los nuevos cargos creados como ser en el artículo 34 que se refiere a la Gerencia Administrativa, el artículo No 36 indicando lo relacionado a la Administración de Recursos Humanos y el artículo 37 menciona lo referido a la Administración de Recursos Materiales y servicios Generales,+ siendo los cargos específicos en la presente demanda considerándose estos puestos de confianza o excluidos y por ende de libre remoción, por tal razón no les asiste el derecho de ser protegidos por la Ley de Servicio Civil. Mi representada, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social al emitir los acuerdos de cancelación lo hizo basándose en la normativa Legal mencionada anteriormente.”.- IV. Que el anterior cargo ha sido formulado defectuosamente y por ello resulta inestimable, ya que: a) no precisa si la infracción es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; y, b) la norma señalada como infringida no tiene relación con el concepto de la infracción alegada, ya que la misma no tiene vinculación con la forma y contenido de la sentencia.- V. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión de los recursos de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 704, 716, 717, 720 numeral 1), 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de febrero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha doce de enero del dos mil , dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 273-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL