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Sentencia CA-272-15 — Registro 5650

Resumen

En primera instancia se dictó sentencia declarando improcedente la acción promovida por el demandante, por estar ajustado a derecho los actos administrativos impugnados, consistente en el acuerdo de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que la Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a éste Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado, porque en los dos que señala los comprende en un mismo precepto autorizante; además, omite la explicación de los mismos, cuando cada uno de ellos debía contar con su redacción separada e independiente y con el respectivo fundamento de la causal alegada, lo cual deriva en que no haya formulado una proposición jurídica completa de cada uno de ellos

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el señor CARLOS DAGOBERTO RAPALO VASQUEZ, representado en juicio por la abogada SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, representado en juicio por el abogado MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial para que se declare nulo por no ser conforme a derecho un acto de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento como ser el reintegro al puesto de trabajo, más indemnización de los daños y perjuicios causados, daño moral, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, por el señor CARLOS DAGOBERTO RAPALO VASQUEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.-

  1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación de servicio con el magisterio mediante concurso a partir de agosto de 1990, en la escuela José Ángel Banegas, de la comunidad de San Nicolás, Sabanagrande, desempeñándose en diversos cargos hasta ocupar el cargo como Director Departamental de Educación de Francisco Morazán de la Secretaría de Educación, cargo obtenido mediante concurso, nombrando mediante acuerdo número 1699-SE-2010 con vigencia del 17 de agosto de 2010 hasta el 2 de agosto de 2013; resulta que con motivo del cambio de Secretario de Estado de la Secretaría de Educación, el nuevo Secretario de Estado inicio a realizar una seria persecución contra todos los Directores Departamentales por lo que despidió a 14 Directores Departamentales de manera arbitraría, los cuales fueron amparados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y en el caso particular se procedió a citar al demandante a una audiencia de descargo en la que se le imputaba la comisión de faltas infundadas como ser: 1) Dictar o ejecutar ordenes, acuerdos, providencias o resoluciones contrarios a la Constitución de la República, a la Ley, su reglamento, manuales y código de ética o abstenerse de cumplir lo dispuesto en los mismos, (Artículos 136 numeral 1) en relación con el artículo 25 numeral 2 y 138 del Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño); 2) Omitir, rehusar y retardar algún acto que debía ejecutar de conformidad con los deberes al cargo y por omitir el uso de talonarios de pago para el cobro de autenticas, los cuales deben ser autorizados por la Contaduría General de la República y no en recibos no autorizados como lo establece la normativa correspondiente (artículo 25 numeral 3 del Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño), en relación con el artículo 136 numeral 01 y 138 del mencionado reglamento; a pesar de haber desvirtuados las supuestas faltas imputadas, la Secretaría de Educación mediante resolución 225-SE-2012, resolvió destituir al demandante del cargo como Director Departamental de Educación de Francisco Morazán por considerar que no se había desvirtuado los supuestos cargos imputados, razón por la cual se interpuso en tiempo y forma el recurso de reposición y nulidad absoluta de actuaciones contra dicha resolución, señalando como causa de nulidad de la resolución indicada que el acto de delegación es nulo porque este tipo de actos debe ser emitido mediante acuerdo y no a través de oficio con el cual se delegó a la Subsecretaria de Asuntos Técnicos Pedagógicos Lic. Elia Del Cid Andrade para que en nombre del Secretario de Estado de Educación notificara, emplazara y le practicara la audiencia de descargo y que por tal razón esos actos y la audiencia misma son nulas; a razón de todo lo anteriormente expuesto se concluye que los actos impugnados han sido dictados de manera ilegal y con exceso de poder al alterarse los hechos dándoles un sentido totalmente arbitrario con el objetivo de perjudicar y manchar el nombre del demandante como docente responsable que ha entregado la mayor parte de su vida al magisterio, con dedicación, esmero y responsabilidad.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que no es cierto que el Secretario de Estado de Educación éste ejecutando una serie de persecuciones a los Directores Departamentales, tampoco es cierto que se despidieron 14 directores departamentales de manera arbitraria como lo pretende hacer ver el demandante, lo que si es cierto que la Secretaría de Educación nombró una Comisión para que esta realizara una investigación e intervención de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, esto en virtud de las denuncias recibidas en la Secretaría de Educación de que en dicha dependencia se estaban cometiendo irregularidades; que producto de dicha investigación la Comisión nombrada en uso de sus facultades y dadas las diferentes faltas cometidas por el demandante se procedió a citarlo en legal y debida forma, mediante oficio N° 546-SUTEP-2012 de fecha 30 de julio de 2012, a una audiencia de descargo, el día 6 de agosto del 2012 a las 9 de la mañana, a quien se le notifico que se le imputaba la comisión de las faltas como ser: a) dictar o ejecutar ordenes, acuerdos, providencias o resoluciones contrarios a la Constitución de la República, a la Ley, su Reglamento, Manuales y Código de Ética o abstenerse de cumplir lo dispuesto en los mismos, articulo 136 numeral 1 en relación con el articulo 25 numeral 2 y 138 del Reglamento del Docente del Estatuto Hondureño; b) emitir el acuerdo de nombramiento 1702-DDEFM-2012 de fecha 18 de mayo de 2012 mediante el cual se nombra en forma permanente al señor Abraham Arturo Molina Gálvez, en el cargo de maestro auxiliar en la Escuela “República de Costa Rica” del Municipio del Distrito Central, Tegucigalpa, con una nota de exoneración que aparte de adolecer de vicios de nulidad no es válida para el departamento de Francisco Morazán; c) haber emitido la resolución número 002-ARI-DDEFM-11 de fecha 27 de junio de 2011 en donde se autorizó el Reglamento Interno de la DOWAL SCHOOL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CENTER, el cual en su capítulo IV numeral 5 es contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Articulo 416 del Reglamento de Educación; d) omitir, rehusar y retardar algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes a su cargo; y, e) por omitir el uso de talonarios de pago para el cobro de auténticas los cuales deben ser autorizados por la Contaduría General de la República y no en recibos no autorizados, dando lugar con ello a que se pueda generar un mal manejo de esos fondos; por lo que no se observa, donde radica la arbitrariedad cometida según el demandante con la emisión del acuerdo de cancelación por despido a Directores Departamentales que en el desempeño de sus funciones estaban cometiendo faltas en contra del Sistema Educativo del Estado; que consta plenamente que la autoridad administrativa para emanar el acto impugnado lo hizo en estricta observancia a la ley, por lo tanto no es cierto que los actos impugnados hayan sido dictados de forma ilegal y con exceso de poder alterando según éste los hechos dándole un sentido arbitrario, pues como ya se dijo anteriormente los actos que están siendo impugnados han sido dictados por la autoridad competente siguiendo los procedimientos legales establecidos en la normativa del Derecho vigente.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de diciembre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando improcedente la acción promovida por el demandante, por estar ajustado a derecho los actos administrativos impugnados, consistente en el acuerdo de cancelación No.15477-SE-2012 de fecha 26 de septiembre de 2012, y la resolución No.238-SE-2012 de fecha 09 de octubre de 2012 que declara sin lugar el recurso de reposición planteado, ambas emitidas por la Secretaría de Educación, sin costas; bajo el criterio que al analizar cada una de las causas que se le imputan al hora demandante, se observa que las mismas son consideradas de acuerdo con el artículo 138 del Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño, como faltas graves, si bien el ahora demandante fue conteste a las preguntas que le formularon en la audiencia de descargo, el mismo no logró desvirtuar de manera contundente las faltas cometidas, sobre todo la que se le imputa por haber nombrado en una Escuela a una persona como maestro auxiliar en forma permanente, así como por haber omitido el uso de talonarios de pago para el cobro de auténticas, los cuales deben ser autorizados por la Contaduría General de la República, lo que determina que no logró desvirtuar de manera fehaciente los desaciertos encontrados por la Autoridad Nominadora en el desempeño de su cargo; que dichas faltas como se estableció anteriormente son consideradas como graves, pero siendo que son varias las faltas cometidas por el demandante, han provocado que se califiquen como reincidentes, convirtiéndolas de esa manera en muy graves, las cuales de acuerdo al artículo 141 del Reglamento del Estatuto del Docente Hondureño, se sancionan con la destitución, y al haber sido destituido el demandante por la Autoridad Nominadora, se determina que el acto administrativo impugnado esta emitido conforme a derecho y por tanto se debe declarar improcedente la presente acción.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciséis de abril de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en vista de la audiencia de descargo realizada al demandante por la Secretaría de Educación, actuó de conformidad a derecho, ya que en su momento al docente en mención se le realizo el procedimiento establecido en la Ley, concediéndole la oportunidad de defenderse en la audiencia de descargo la cual no logro desvanecer, y así lograr esclarecer los hechos que se le imputaron en su momento; de autos se desprende la controversia de las faltas que se le atribuyen al ahora demandante, mismas que consisten en: a) dictar o ejecutar ordenes, acuerdos, providencias o resoluciones contrarias a la Constitución de la República a la Ley, su Reglamento, manual y código de ética o abstenerse de cumplir lo dispuesto en los mismos.- b) omitir, rehusar y retardar algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes a los cuales deben ser autorizados por la Contaduría General de la República y no en recibos no autorizados como lo establece la normativa correspondiente; se encuentra debidamente probado, que el demandante no logro desvirtuar las faltas cometidas, sobre todo la que se le atribuye de haber nombrado en una Escuela a una persona como maestro auxiliar en forma permanente, así como haber omitido el uso de talonarios de pago para el cobro de auténticas, los cuales deben ser autorizados por la Contaduría General de la República, lo que determina que no logro desvirtuar de manera fehaciente los desaciertos encontrados por la autoridad nominadora en el desempeño de su cargo, siendo esta una falta grave cometidas por el demandante, determinando así que el acto administrativo impugnado esta emitido conforme a derecho por lo que se declara improcedente la acción.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ, en fecha cuatro de mayo de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha dieciséis de abril de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.098-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.412-12 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha seis de mayo de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ, presentó en fecha veinte de mayo de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintiséis y veintisiete de mayo de dos mil quince, los abogados SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ y MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha ocho de junio de dos mil quince, teniendo por personados a los abogados SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ, como recurrente y MARIO WILFREDO QUESADA MARTINEZ, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta sus motivos de casación, manifestando lo siguiente: “Primer Motivo: Se presenta el presente recurso invocando como motivo de casación la forma y contenido de la sentencia ya que considero que la sentencia no posee suficiente racionalidad y carácter lógico ya que aunque al profesor Carlos Dagoberto Rápalo se le haya celebrado una audiencia de descargo la misma no fue celebrada conforme a derecho ya que no se le tomaron en cuenta sus descargos los que fueron bien hechos como fue demostrado en el proceso. Segundo Motivo : Tal como lo detalla el artículo 720 numeral 2 donde el legislador permite revisar la suficiente racionalidad y carácter lógico ya que el Acuerdo de Cancelación 15477-SE-2012 de fecha 26 de septiembre 2012 es nulo de pleno derecho, como son nulas las resoluciones 225-SE-2012 y Resolución 238-SE-2012 por haber sido infundados los cargos maliciosamente en contra de mi representado el profesor Carlos Dagoberto Rápalo quien bien hizo sus descargos desvaneciendo las “supuestas faltas” que injustamente se le imputaron. Precepto Autorizante El precepto autorizante es el Artículo 719 literal c y 720 numeral dos.”.- II. Que la Impetrante en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, ya que a éste Tribunal se le hace imposible detectar un motivo de casación debidamente estructurado, porque en los dos que señala los comprende en un mismo precepto autorizante; además, omite la explicación de los mismos, cuando cada uno de ellos debía contar con su redacción separada e independiente y con el respectivo fundamento de la causal alegada, lo cual deriva en que no haya formulado una proposición jurídica completa de cada uno de ellos.- III. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- IV. En resumen, el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicionalmente se le señala la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear al Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- V. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de febrero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha doce de enero del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 272-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL