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Sentencia CA-255-15 — Registro 5649

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) carece de claridad y precisión en el concepto de infracción a la ley, ya que en su formulación no determina si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas de derecho señaladas como infringidas, aunado que confusamente en la explicación del motivo invoca inicialmente “Las normas de derecho que se invocan como infringidas por aplicación indebida o improcedente” y luego finaliza señalando que “por lo tanto interpretada en forma errónea”; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.-

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) carece de claridad y precisión en el concepto de infracción a la ley, ya que en su formulación no determina si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas de derecho señaladas como infringidas, aunado que confusamente en la explicación del motivo invoca inicialmente “Las normas de derecho que se invocan como infringidas por aplicación indebida o improcedente” y luego finaliza señalando que “por lo tanto interpretada en forma errónea”; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.-"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."La normas de derecho que se invocan como infringidas por aplicación indebida o improcedente, cometidas por el tribunal, en la aplicación de la norma jurídica material para resolver el fondo del proceso; en relación a lo que literalmente prescribe el Artículo 6 numeral 10 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil dice: “…10) Cesantía: Es la separación de un empleado de su cargo debido a reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario o para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, independientemente de la voluntad del empleado, pero que no constituye suspensión o despido” , por lo anterior mi representada procedió a cancelar al Señor MARIO FERNANDO FLORES URBINA, por razones de Reestructuración Organizativa de la Institución para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, causa esta que se encuentra comprendida en el artículo 187 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que señala: “De acuerdo con lo previsto en el Articulo cincuenta y tres (53) de la Ley, procederá la cesantía de uno o más servidores públicos en cualquiera de los casos excepcionales siguientes: a) Reducción forzosa de servicio o de personal por razones de orden presupuestario y; b) Reducción forzosa de servicio de personal para obtener una más y eficaz económica organización administrativa”.- Cancelación que la Administración Demandada ha realizado, con el reconocimiento del pago de prestaciones laborales y aquellos derechos adquiridos que pudieren corresponderles de conformidad con la Ley, por lo que en ningún momento mi Representado le ha vulnerado, restringido y tergiversado derecho alguno; por lo que el Acuerdo de Cancelación No. 047/2010 de fecha 22 de Febrero del año 2010; tal es el caso que la Dirección Ejecutiva de Ingresos, cuyo objetivo es eficientar y mejorar las actividades que por mandato de Ley le han sido asignadas, a efecto de mejorar y controlar la recaudación de los impuestos, cumpliendo así con los compromisos adquiridos con Organismos Internacionales, redundando esta labor en una mejoría sustancial de la economía del Estado; para tal efecto, es necesario contar con personal capacitado, lo que no acontecía con el señor MARIO FERNANDO FLORES URBINA, ya que, el no hacía posible que la Institución tuviera una más eficaz y económica organización administrativa, en virtud que su eficiencia ya no era la requerida para el puesto que ocupaba en dicha Dirección; y en aras de establecer un sistema racional para una adecuada administración de personal en el servicio público que regule las relaciones entre los servidores públicos y el Estado, teniendo como objetivo entre otros, incrementar la eficiencia de la función pública, tal como se establece en el artículo 1 de la Ley de Servicio Civil: “La presente Ley tiene por finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el servicio público regulando las relaciones entre los servidores y el Estado. En consecuencia, son objetivos de la misma los siguientes: 1)...; 2...; 3)...; 4) Incrementar la eficiencia de la administración pública, razón por la cual, la Administración demandada se vio en la necesidad de cancelar por Cesantía al Señor Flores Urbina, en virtud que el cargo que desempeñaba, requiere y exige mayor eficiencia, y ejecuta las políticas de la administración, situación que no estaba cumpliendo el Señor antes mencionado, por lo que no es procedente el reintegro del demandante.- Lo que aconteció en el presente caso al crearse la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), como órgano dependiente de la Secretaría de Finanzas, está se obligó a prescindir de algún personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa; por lo que el Acuerdo de Cancelación No. 047/2010 de fecha 22 de Febrero del 2010, conforme a la legislación aplicable al caso concreto. De lo anteriormente señalado se colige que ha habido una violación a las disposiciones, ya que en estas se encuentran claramente establecidas la facultad legal de la autoridad nominadora de separar el personal que para la Institución ya no era necesario. El concepto de la Infracción lo explico así: En virtud de haberse establecido en la relación de antecedentes, esta Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al haber confirmado en todas sus partes la Sentencia Definitiva proferida por el A-quo, ha hecho suyas todas las consideraciones y fundamentos legales en que el mismo se apoyaba, por lo tanto resulta que este Tribunal de Alzada ha estimado que el Acto Administrativo impugnado a través de la presente Demanda, confirmarla, sin tomar en cuenta, como se repite todos los anteriores preceptos legales por ambas instancias y las cuales fueron alegadas a lo largo del juicio, es evidente que el tribunal de primera instancia al emitir la resolución sobre el fondo del litigio lo hizo en base a una norma completamente improcedente, tal es el caso, que enuncia la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, la cual es inaplicable al caso concreto, por lo tanto interpretada en forma errónea. Igual que en el caso anterior, deberá constar en el proceso, que la parte recurrente intentó hacer valer este derecho en las dos instancias y que el mismo no le fue reconocido viéndose en la obligación de acudir al recurso extraordinario de casación. Admitido el recurso, se declarará la nulidad de la resolución en cuanto a la improcedencia de las normas del derecho que aplicó el tribunal de primera instancia, para resolver el fondo del litigio”.- II. Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) carece de claridad y precisión en el concepto de infracción a la ley, ya que en su formulación no determina si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas de derecho señaladas como infringidas, aunado que confusamente en la explicación del motivo invoca inicialmente “Las normas de derecho que se invocan como infringidas por aplicación indebida o improcedente” y luego finaliza señalando que “por lo tanto interpretada en forma errónea”; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. Que existe línea jurisprudencial que establece sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que se han desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales (ver sentencias expedientes números SL 516-12, 539-13, 540-13, 562-13, 573-15, 621-13, 654-13 y 704-13) y la Recurrente no expone ninguna situación que pudiera permitir la evolución de esa línea.."

Legislación citada

  • Ley del Servicio Civil, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, representado en juicio por la abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ; y, Recurrido: el señor MARIO FERNANDO FLORES URBINA, representado en juicio por la abogada EPRIL DEYCILIA HERNANDEZ PALMER.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por infracción del ordenamiento jurídico nacional y como medida para el restablecimiento del derecho que se ordene el reintegro al cargo, pago de salarios dejados de percibir, más los aumentos salariales que haya sido objeto dicho cargo y demás derechos que ocurrieran en el transcurso del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por el señor MARIO FERNANDO FLORES URBINA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, por intermedio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Estado de Honduras, en fecha 1 de agosto del año 2006, siendo el último cargo por ascenso mediante acuerdo No.260/2008 de fecha 23 de mayo del 2008, el de Asistente de Recursos Humanos en la Aduana de Toncontín Región Centro Sur en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, dicho acuerdo fue emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; que mediante Acuerdo No.047/2010 de fecha 22 de febrero del 2010, fue cancelado el demandante del cargo que venía desempeñando en la DEI, siendo que el mismo no es un puesto excluido del régimen de Servicio Civil pues no esta dentro de los que señala el artículo 3 reformado de la Ley de Servicio Civil y tampoco se encuentra comprendido en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y mucho menos se considera de confianza en el Acuerdo Ejecutivo No.0397-2005 contentivo de la Estructura Organizativa de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI); para emitir el acto de cancelación del cargo se debió seguir el procedimiento que la Ley de Servicio Civil establece para dictar esta clase de actos, como consecuencia la emisión del Acuerdo de Cancelación sin seguir procedimiento alguno como ser el Derecho a la Defensa, ya que al demandante no se le llamo a la correspondiente Audiencia de Descargo, ni se le invocó causal legal alguna que motive la cancelación, careciendo de toda validez, porque con ello se le esta negando y violentando al demandante el Derecho Constitucional a la Defensa y el reconocimiento de los derechos que por Ley le corresponden.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, contestó dicha demanda señalando que mediante Acuerdo No. 047/2010 de fecha 22 de febrero del 2010, emitido por la Secretaría de Finanzas y específicamente la Dirección Ejecutiva de Ingresos, determinó cancelar por cesantía al actor de esta acción contencioso administrativa y notificando dicho acuerdo en fecha 22 de marzo del año 2010, siendo emitido el mismo en estricto apego a derecho, en virtud que el demandado acertadamente y en acorde a lo establecido en el Acuerdo No. A-081-2009 de fecha 11 de septiembre del año 2009, fundamenta el acuerdo de cancelación en el artículo 6 numeral 10 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, el cual literalmente dice: “..10) Cesantía: Es la separación de un empleado de su cargo debido a reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario o para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, independientemente de la voluntad del empleado, pero que no constituye suspensión o despido” por lo tanto del examen del acuerdo de cancelación No. 047/2010, se evidencia que la autoridad administrativa establece el reconocimiento del pago de prestaciones laborales y aquellos derechos adquiridos que pudieren corresponderles, de conformidad con la Ley, causa esta que se encuentra plenamente regulada, en el artículo 192 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, siendo resultante de lo anterior, que lo actuado por el demandado en el caso de mérito, emana de una facultad legal que le es otorgada por los referidos artículos y que en ningún momento se le está vulnerando, restringiendo y tergiversando derecho alguno al demandante.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el señor Mario Fernando Flores Urbina, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación No.047/2010 de fecha 22 de febrero de 2010, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, en consecuencia se anula totalmente; reconoció la situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento se resolvió adoptar el reintegro del demandante al cargo de Asistente de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, por ser el cargo del cual fue cancelado; condenó al Estado de Honduras al pago a favor del demandante, en concepto de daños y perjuicios de los salarios dejados de percibir, desde la fecha de efectividad del acuerdo de cancelación hasta la fecha en que sea restituido en el cargo, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia como ser incrementos salariales, décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder, sin costas; bajo el criterio que el acto administrativo impugnado se dictó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento ordenado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, para cancelar por cesantía o por despido al demandante, en consecuencia, dicho acto infringe el ordenamiento jurídico, ya que el demandante fue cancelado sin procedimiento alguno, debiendo estar sujetos los actos de la Administración Publica al principio de legalidad y a lo que establece el ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto al momento de su emisión, sin violentar o restringir derechos o garantías constitucionales de los particulares, como sucedió en el presente caso, por lo que el acto impugnado está viciado de nulidad, por haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento ordenado en la Ley, por lo cual debe decretarse la procedencia de la acción.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que la autoridad nominadora para emitir los acuerdos de cancelación por cesantía del recurrente estaba obligado a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento para dictar esta clase de actos, y al no hacerlo hubo infracción al ordenamiento jurídico, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente por no ajustarse a derecho el acto impugnado.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, en fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.043-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.143-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogada EPRIL DEYCILIA HERNANDEZ PALMER, presentó en fecha seis de mayo de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha trece de mayo de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha dieciocho y diecinueve de mayo de dos mil quince, los abogados EPRIL DEYCILIA HERNANDEZ PALMER y JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha dos de junio de dos mil quince, teniendo por personadas a las abogadas JOHANA CRISTINA PONCE NUÑEZ, como recurrente y EPRIL DEYCILIA HERNANDEZ PALMER, como recurrida, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, y que la Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Infracciones de normas de derecho, establecidas en el artículo 719 numeral 2, por impugnación a la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en los artículos 53 de la Ley de Servicio Civil y 6 numeral 10 y 187 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. EXPOSICION DEL MOTIVO: La normas de derecho que se invocan como infringidas por aplicación indebida o improcedente, cometidas por el tribunal, en la aplicación de la norma jurídica material para resolver el fondo del proceso; en relación a lo que literalmente prescribe el Artículo 6 numeral 10 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil dice: “…10) Cesantía: Es la separación de un empleado de su cargo debido a reducción forzosa de servicios o de personal por razones de orden presupuestario o para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, independientemente de la voluntad del empleado, pero que no constituye suspensión o despido” , por lo anterior mi representada procedió a cancelar al Señor MARIO FERNANDO FLORES URBINA, por razones de Reestructuración Organizativa de la Institución para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, causa esta que se encuentra comprendida en el artículo 187 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que señala: “De acuerdo con lo previsto en el Articulo cincuenta y tres (53) de la Ley, procederá la cesantía de uno o más servidores públicos en cualquiera de los casos excepcionales siguientes: a) Reducción forzosa de servicio o de personal por razones de orden presupuestario y; b) Reducción forzosa de servicio de personal para obtener una más y eficaz económica organización administrativa”.- Cancelación que la Administración Demandada ha realizado, con el reconocimiento del pago de prestaciones laborales y aquellos derechos adquiridos que pudieren corresponderles de conformidad con la Ley, por lo que en ningún momento mi Representado le ha vulnerado, restringido y tergiversado derecho alguno; por lo que el Acuerdo de Cancelación No. 047/2010 de fecha 22 de Febrero del año 2010; tal es el caso que la Dirección Ejecutiva de Ingresos, cuyo objetivo es eficientar y mejorar las actividades que por mandato de Ley le han sido asignadas, a efecto de mejorar y controlar la recaudación de los impuestos, cumpliendo así con los compromisos adquiridos con Organismos Internacionales, redundando esta labor en una mejoría sustancial de la economía del Estado; para tal efecto, es necesario contar con personal capacitado, lo que no acontecía con el señor MARIO FERNANDO FLORES URBINA, ya que, el no hacía posible que la Institución tuviera una más eficaz y económica organización administrativa, en virtud que su eficiencia ya no era la requerida para el puesto que ocupaba en dicha Dirección; y en aras de establecer un sistema racional para una adecuada administración de personal en el servicio público que regule las relaciones entre los servidores públicos y el Estado, teniendo como objetivo entre otros, incrementar la eficiencia de la función pública, tal como se establece en el artículo 1 de la Ley de Servicio Civil: “La presente Ley tiene por finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el servicio público regulando las relaciones entre los servidores y el Estado. En consecuencia, son objetivos de la misma los siguientes: 1)...; 2...; 3)...; 4) Incrementar la eficiencia de la administración pública, razón por la cual, la Administración demandada se vio en la necesidad de cancelar por Cesantía al Señor Flores Urbina, en virtud que el cargo que desempeñaba, requiere y exige mayor eficiencia, y ejecuta las políticas de la administración, situación que no estaba cumpliendo el Señor antes mencionado, por lo que no es procedente el reintegro del demandante.- Lo que aconteció en el presente caso al crearse la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), como órgano dependiente de la Secretaría de Finanzas, está se obligó a prescindir de algún personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa; por lo que el Acuerdo de Cancelación No. 047/2010 de fecha 22 de Febrero del 2010, conforme a la legislación aplicable al caso concreto. De lo anteriormente señalado se colige que ha habido una violación a las disposiciones, ya que en estas se encuentran claramente establecidas la facultad legal de la autoridad nominadora de separar el personal que para la Institución ya no era necesario. El concepto de la Infracción lo explico así: En virtud de haberse establecido en la relación de antecedentes, esta Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al haber confirmado en todas sus partes la Sentencia Definitiva proferida por el A-quo, ha hecho suyas todas las consideraciones y fundamentos legales en que el mismo se apoyaba, por lo tanto resulta que este Tribunal de Alzada ha estimado que el Acto Administrativo impugnado a través de la presente Demanda, confirmarla, sin tomar en cuenta, como se repite todos los anteriores preceptos legales por ambas instancias y las cuales fueron alegadas a lo largo del juicio, es evidente que el tribunal de primera instancia al emitir la resolución sobre el fondo del litigio lo hizo en base a una norma completamente improcedente, tal es el caso, que enuncia la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, la cual es inaplicable al caso concreto, por lo tanto interpretada en forma errónea. Igual que en el caso anterior, deberá constar en el proceso, que la parte recurrente intentó hacer valer este derecho en las dos instancias y que el mismo no le fue reconocido viéndose en la obligación de acudir al recurso extraordinario de casación. Admitido el recurso, se declarará la nulidad de la resolución en cuanto a la improcedencia de las normas del derecho que aplicó el tribunal de primera instancia, para resolver el fondo del litigio”.- II. Que resulta inadmisible el anterior cargo, ya que en el mismo se han incurrido en los siguientes defectos técnicos: a) carece de claridad y precisión en el concepto de infracción a la ley, ya que en su formulación no determina si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas de derecho señaladas como infringidas, aunado que confusamente en la explicación del motivo invoca inicialmente “Las normas de derecho que se invocan como infringidas por aplicación indebida o improcedente” y luego finaliza señalando que “por lo tanto interpretada en forma errónea”; b) insta la revisión de los hechos, así como la valoración e interpretación del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala a la Censora del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. Que existe línea jurisprudencial que establece sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no atiende el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que se han desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales (ver sentencias expedientes números SL 516-12, 539-13, 540-13, 562-13, 573-15, 621-13, 654-13 y 704-13) y la Recurrente no expone ninguna situación que pudiera permitir la evolución de esa línea.- V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a ) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha doce de enero del dos mil , dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 255-15

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL