Sentencia CA-240-15 — Registro 6488
Resumen
En segunda instancia se confirma el auto dictado por el juzgado bajo el criterio que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece en forma clara cuando procede la caducidad de la instancia en el presente caso consta en autos, que transcurrieron más de seis meses sin haberse instado el proceso por la parte demandante al no haberse realizado la subsanación requerida, procediendo la caducidad de la instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“El cargo que antecede tampoco resulta admisible, porque por un lado, la norma señalada como infringida aparece aplicada en la resolución recurrida y por ello la vía utilizada para atacarla no es la adecuada para el tipo de infracción alegada; por otra parte, no se trata de una cuestión que tenga que ver con el fondo del litigio, sino con una incidencia procesal por la inactividad del proceso imputable a la parte demandante, que se derivó en que el a-quo declarara la caducidad de la instanciaQue la caducidad de la instancia es una penalidad que establece la ley por la falta de actividad procesal del demandante, por lo que es responsabilidad del profesional del derecho que le represente, realizar las actuaciones necesarias para el seguimiento del caso, situación que incluye la aceptación del poder como el impulso procesal del juicio, además que venir a solicitar se declare la nulidad de actuaciones por ello, después de más de 4 años de haberse decretado esa caducidad, resulta extemporánea.- . Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a éste Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- . En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la resolución recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 704 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 721, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS, como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCION: ES PARTE: Recurrente: la señora CINTHIA YANU CRUZ RAMIREZ, representada en juicio por el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL. OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordene el reintegro al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la señora CINTHIA YANU CRUZ RAMIREZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 1 de abril del año 2009, fue nombrada mediante acuerdo número 015-2009 en el cargo de Asistente Administrativo en la Dirección General de Catastro y Geografía dependencia del Instituto de la Propiedad devengando un salario mensual de L.7,000.00 mensuales; la demandante se desempeñó satisfactoriamente en el área de compras hasta que en fecha 1 de septiembre del 2009, se le notificó la terminación de la relación laboral con la institución demandada, sin especificar el motivo de dicha cancelación.- 2. Que en fecha once de noviembre de dos mil catorce, el apoderado de la parte demandante presentó un escrito alegando nulidad de actuaciones, lo cual fue resuelto por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, mediante auto de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el cual en su parte conducente dice: “…Por presentado el escrito que antecede junto a los documentos que se acompaña, agréguese a sus antecedentes. En cuanto al mismo SIN LUGAR por improcedente en vista de que el presente juicio es ya fenecido y no le es permitido al suscrito abrir un juicio en tal circunstancia.- Artículo 132 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 6 de la Ley de Organizaciones de los Tribunales.- NOTIFIQUESE”.- 3. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha doce de marzo de dos mil quince, dictó sentencia confirmando el auto proferido en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece en forma clara cuando procede la caducidad de la instancia y el término para que sea efectiva, siendo cuando por causas imputables al actor se haya paralizado el proceso durante seis meses; que en el presente caso, consta en autos, que transcurrieron más de seis meses sin haberse instado el proceso por la parte demandante al no haberse realizado la subsanación requerida, procediendo en consecuencia, la caducidad de la instancia como correctamente de oficio la realizó el Juez a quo, ya que la Ley penaliza la falta de actividad procesal.- 4. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha doce de marzo de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.070-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.308-09 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veintinueve de abril de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y a la vez ordenó remitir los autos a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento del mismo ante éste alto Tribunal, apareciendo notificado de dicha resolución en fecha seis de mayo de dos mil quince, el Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL.- 5. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, teniendo por personado al Abogado JOSE ARMANDO ESPINAL, como recurrente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una resolución definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta sus motivos de casación, manifestando lo siguiente: “PRIMER MOTIVO : Se impugna la Sentencia Recurrida de fecha doce de marzo del año quince por la falta de aplicación del Articulo 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación que debió ser empleado para Resolver la cuestión de fondo del Litigio. . DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción por violación o falta de Aplicación de los Artículos 88, de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 12 de Marzo del año 2015. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: Siendo que la Sentencia Recurrida, no ha considerado lo establecido en el Articulo 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que es la fundamentación legal para la caducidad de la instancia, por lo que la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha violentado el debido proceso y ha dejado en indefensión a mi Representada, en virtud de que si bien es cierto que el Artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo manifiesta “se declara la caducidad de la instancia cuando por cualquier causa imputable al Actor se haya paralizado el proceso judicial durante seis (6) meses”, y en el presente caso obviando la Honorable Corte de Apelaciones que los únicos que pueden realizar actuaciones procesales en una causa son los profesionales del Derecho a quienes la parte otorgue el Poder, entendiéndose que dicho poder se acepta, por la Notificación realizada por el Secretario del Despacho del Auto que le confiere el mismo o cuando el profesional del Derecho realice gestiones procesales para la parte, circunstancias que en el presente no se dieron. Al no haberse notificado a la representante judicial de la Demandante y haberse caducado su instancia por estar paralizado el proceso por más de seis mese y tomando en cuenta que la demandante no es profesional del Derecho, es lógico pensar que aunque tuviera la intención de realizar actuaciones procesales que impulsaran su causa y no le caducaran la instancia, la ley no se lo permite, por tanto, basado en ese hecho, lo legal hubiese sido que se requiera a la PROCURADORA nombrada en Juicio para que manifestara si aceptaba o no el PODER a ella conferido y en el caso de negativa, requerir a la parte demandante para que encomiende su representación para la sustentación del Juicio a otro Procurador, procedimiento este que nunca se realizó. En vista de que se pretende penalizar con caducidad a la parte misma y no a su Apoderado quien asume tal mandato para lo cual la Honorable Corte Suprema de Justicia mediante Auto Acordado de fecha martes 24 de octubre de 1986 dispuso para ese tipo de casos los siguientes: “d) Estimando este Tribunal que las actuaciones judiciales no deben paralizarse por el hecho de que los Abogados o Procuradores nombrados por las partes no hallan aceptado la representación; ya que mientras los mandatarios no acepten el cargo, las notificaciones de todas la providencias y sentencias que se dictan deben hacerse a las partes que confieren poder en aplicación al Articulo 93 del Código de Procedimientos Comunes a efecto de garantizar la marcha regular y expedita del negocio pendiente, debiendo antes de aplicar este inciso, cumplir con lo ordenado en el inciso b) del presente Auto Acordado. Este inciso b) del mismo Auto Acordado preceptúa “b) En caso de que un Procurador nombrado con los requisitos de Ley, no acepta expresa o tácticamente el Poder a el conferido, los Tribunales deberán atenerse a lo ordenado en el Artículo 243 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, apreciada que sea por el Juzgado, la necesidad de que alguna de las partes encomiende su representación a un Procurador Titulado y Colegiado, le harán esta prevención; y si la parte obligada se negare a su cumplimiento no se le admitirán escritos ni se le concederán la practica de ninguna diligencia ya que será considerado como rebelde, procediéndose conforme a lo mandado en el articulo 109 del Código de Procedimientos Comunes. El Artículo 243 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales literalmente dice: La Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y los Juzgados de Letras, podrán discrecionalmente obligar a cualquiera de las partes que encomiende su representación a Procuradores titulados, o exigirle firma de Abogado, cuando fuere necesario para la marcha regular del juicio pendiente. En el caso de ser declarada esta obligación, será considerada como rebelde la parte que se negare a su cumplimiento. La necesidad de que los legos o personas no versadas en Derecho sean representadas en Juicio por profesionales de la materia, es ratificada por la Ley Orgánica del ilustre Colegio de Abogados de Honduras que establece en su Artículo 12 lo siguiente:“El ejercicio de la Procuración corresponde exclusivamente a los Abogados y Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales Colegiados”. Por consiguiente mi cliente CINTHIA YANU CRUZ RAMIREZ, al no ser Abogado ni Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, no puede ejercer actos de procuración.”.- II. Que no resulta procedente la admisión del anterior cargo, ya que la disposición legal que se señala no ha sido aplicada por el Ad-Quem (artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo), aparece como fundamento de derecho de la resolución impugnada, por lo que no era esa la vía apropiada para su ataque en este extraordinario recurso; en adición, en su explicación realiza alegatos propios de instancia y hace referencia a normas no citadas como infringidas o relacionadas en su formulación, como es el caso de los artículos 243 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 12 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras.- III. Que el Recurrente en su segundo motivo señala: “Se impugna la Sentencia Recurrida de fecha doce de marzo del año quince por la falta de aplicación del Artículo 82 de la Constitución de la República en relación que debió ser empleado para Resolver la cuestión de fondo del Litigio. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Infracción por violación o falta de Aplicación de los Artículos 82, de la Constitución de la República. PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la Sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 12 de Marzo del año 2015. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Artículo 82 de la Constitución de la República estable que el Derecho a la Defensa es inviolable, lo cual es predicable en todos los órganos jurisdiccionales. La indefensión se produce cuando se provoca una limitación real del derecho a la defensa, originando un perjuicio irreversible para alguna de las partes, privando al justiciable de medios de defensa efectivos. La caducidad de la instancia que le fue aplicada al Juicio de mí Representada en primera instancia y confirmada por la sentencia, es una clara evidencia de la violación al Derecho a la Defensa, ya que al no tener Abogado que la haya Representado en juicio en virtud de que los que había nombrado nunca aceptaron el poder conferidos a ellos, lo que debió haber hecho el Juzgado era requerir a mi Representada para que nombrara un nuevo apoderado legal, para que la Representara en Juicio, situación esta que no se dio, por lo que al caducar la instancia, se violento el Derecho a la Defensa”.- IV. El cargo que antecede tampoco resulta admisible, porque por un lado, la norma señalada como infringida aparece aplicada en la resolución recurrida y por ello la vía utilizada para atacarla no es la adecuada para el tipo de infracción alegada; por otra parte, no se trata de una cuestión que tenga que ver con el fondo del litigio, sino con una incidencia procesal por la inactividad del proceso imputable a la parte demandante, que se derivó en que el a-quo declarara la caducidad de la instancia.- V. Que la caducidad de la instancia es una penalidad que establece la ley por la falta de actividad procesal del demandante, por lo que es responsabilidad del profesional del derecho que le represente, realizar las actuaciones necesarias para el seguimiento del caso, situación que incluye la aceptación del poder como el impulso procesal del juicio, además que venir a solicitar se declare la nulidad de actuaciones por ello, después de más de 4 años de haberse decretado esa caducidad, resulta extemporánea.- VI. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a éste Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VII. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la resolución recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra esta resolución no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la resolución recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique esta resolución a las partes por medio de sus apoderados constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de enero del dos mil diecisiete; certificación de la resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 240-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA
LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO