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Sentencia CA-225-15 — Registro 5646

Resumen

En primera instancia se declara improcedente las acciones incoadas por las demandantes, por estar ajustados a derecho los actos administrativos impugnados, consistentes en los acuerdos de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

El cargo en al forma expuesta no está llamado a prosperar debido a que la Impetrante comete los siguientes defectos técnicos: a) no es preciso en indicar si la infracción de la norma indicada como violada, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas señaladas como infringidas; b) en la explicación del cargo alude a normas no señaladas en su formulación, como es el caso del artículo 173 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; c) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) realiza alegatos propios de instancia.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

debido a que la Impetrante comete los siguientes defectos técnicos: a) no es preciso en indicar si la infracción de la norma indicada como violada, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas señaladas como infringidas; b) en la explicación del cargo alude a normas no señaladas en su formulación, como es el caso del artículo 173 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; c) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) realiza alegatos propios de instancia.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil dieciseis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrentes: las señoras MIRIAN DORALY AVILA MIRALDA y WILMA GRANT BODDEN CARTER, representadas en juicio por la abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL; y, Recurrido: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), representado en juicio por el abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada del derecho subjetivo violado y como medida para el pleno restablecimiento, se ordene el reintegro a los puestos que desempeñaban las demandantes, pago de los salarios dejados de percibir, así como todos los aumentos generales o selectivos que se otorgaren por razón del puesto, que se condene en costas e intereses moratorios y comerciales, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por las señoras MIRIAN DORALY AVILA MIRALDA y WILMA GRANT BODDEN CARTER, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), por intermedio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Las demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de la manera siguiente: Mirian Doraly Avila Miralda, el 5 de marzo del 2007, en el cargo de Jefe de Aforo y Despacho en las Administraciones de Aduanas de La Ceiba, Toncontín y Puerto Cortés; y, Wilma Grant Bodden Carter, el 5 de marzo del 2007, en el cargo de Oficial de Aforo y Despacho en la Administración de Aduana de Puerto Cortés; que con la emisión de los acuerdos No.239/2010 y No.241/2010 de fecha 29 de septiembre del 2010, respectivamente, el Ministro Director Ejecutivo de Ingresos acordó despedir a las demandantes de los puestos de trabajo sin ninguna responsabilidad para la institución, reconociéndoles únicamente aquellos derechos adquiridos que pudieran corresponderles, en concepto de vacaciones, decimo tercer y decimo cuarto mes proporcional, en virtud del informe presentado y de las audiencias de descargos evacuadas y de las cuales la Dirección de Ingresos les negó a las demandantes copia una vez firmadas las mismas, supuestamente se comprobó que las demandantes incumplieron con el trabajo y con la obligación de desempeñar los puestos con la dedicación y eficiencia que el puesto amerita, lo cual no es cierto; la Dirección Ejecutiva de Ingresos fundamenta los despidos alegando el incumplimiento de procedimientos aduaneros sin especificar exactamente cuales ya que existe todo un manual de procedimientos aduaneros estipulados por la administración aplicables según el caso, se les sanciona a las demandantes supuestamente por inhabilidad e ineficiencia en el puesto sin considerar el tiempo laborado y que nunca existió un llamado de atención desde el ingreso de las demandantes por lo cual si procediera la sanción como falta grave es arbitraria y no fue lo suficientemente probada; la demandada fundamenta y utiliza como asidero legal para los despidos el procedimiento que emana de la Ley de Servicio Civil de la cual los empleados de la DEI no forman parte en virtud de no estar incorporados a la misma y haberse derogado su aplicación con la vigencia de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos y Racionalización de Gasto Público; queda ampliamente establecido que el acto impugnado se dictó en abierta infracción del ordenamiento jurídico, ya que fueron despedidas de los puestos de trabajo, sin que exista procedimiento legal alguno por lo cual, al prescindir del procedimiento o pretender hacer uso de disposiciones de la Ley de Servicio Civil derogadas expresamente, el acto es nulo de pleno derecho, lo que a su vez ratifica ser procedente la pretensión de las demandantes.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contestó dicha demanda señalando que en fecha 29 de septiembre del año 2010, la autoridad nominadora específicamente la Dirección Ejecutiva de Ingresos, emitió los Acuerdos de Despido número 239/2010 y 241-2010, en donde acuerda despedir a las demandantes de los cargos por el cual se les había nombrado, reconociéndoles aquellos derechos adquiridos que pudieran corresponderle, en vista de una serie de irregularidades en el desempeño de sus cargos por lo tanto la sanción de despido esta enmarcada en el ordenamiento jurídico correcto taxativamente al caso concreto que nos ocupa, como lo es la Ley del Servicio Civil y su Reglamento en especial y no como argumenta falsamente las demandantes de que dichos acuerdos de despido son ilegales y arbitrarios, lo cual se podrá corroborar en el contenido de dichos acuerdos de despido, están apegados a Derecho; en ningún momento se ha violentado norma jurídica alguna o su derecho a defensa, pues el acuerdo de despido es documento indubitado, el cual contiene la formalidad legal, que acredita el valor jurídico del mismo, de igual manera se realizó en estricto apego a las disposiciones legales aplicadas, por lo que en ningún momento la demandada ha violentado lo preceptuado en la Constitución de la República ya que si bien es cierto protege la estabilidad laboral del trabajador, también es cierto que el derecho al trabajo y su estabilidad puede extinguirse por razones o excepciones calificadas determinada por el patrono o autoridad nominadora en beneficio de la administración pública, como ha ocurrido en el presente caso; que los acuerdos de despidos están fundamentados por la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, ya que dichos cuerpos legales siguen siendo ley vigente y que hasta la actualidad no existe norma legal que exprese que la Ley del Servicio Civil y su Reglamento están derogados, por lo tanto se considera que las demandantes tienen pleno desconocimiento de las leyes vigente del país y están equivocadas erradas en su apreciación jurídica, seria muy importante que las demandantes puntualicen el numero de Decreto y fecha de emisión del mismo en donde de forma expresa haga mención de dicha derogación de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento por ende el acto emitido esta completamente apegado a Derecho; que los presentes actos administrativos fueron emitidos con el correcto procedimiento ya que la Dirección de Servicio Civil en relación al caso de las demandantes emitió el Dictamen NP-DD-048-10 y dictamen NP-DD-045-10, en donde declaran procedente la sanción de despido por las razones ya enunciadas en el presente escrito, siendo así evidente que se agoto en su totalidad el procedimiento establecido en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, por lo tanto no entendemos como las demandantes hacen mención de vicios de nulidad cuando las faltas cometidas por las demandantes son evidentes y que no fueron desvirtuadas en las audiencias de descargo.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando improcedente las acciones incoadas por las señoras Mirian Doraly Avila Miralda y Wilma Grant Bodden Carter, por estar ajustados a derecho los actos administrativos impugnados, consistentes en los acuerdos de cancelación No. 239/2010 y 241/2010 respectivamente, ambos de fecha 29 de septiembre de 2010, emitidos por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), sin costas; bajo el criterio que tomando en cuenta que al momento del despido de las demandantes no existía estatuto ni reglamento que regulara lo relacionado con el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera para los funcionarios y empleados de la DEI, y siendo que la Dirección Ejecutiva de Ingresos, es desconcentrada de la Secretaría de Finanzas, por tanto de acuerdo al artículo 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, el personal de estos órganos estará sujeto al Régimen de Servicio Civil, bajo ese contexto y en vista que la autoridad nominadora a prescindido de los servicios de las ahora demandantes, mediante el despido, pues tanto la Ley de Servicio Civil como su Reglamento de aplicación, establecen el procedimiento para despedir a un servidor público, procedimiento que comienza cuando la autoridad nominadora tiene conocimiento de alguna acción ilegal del servidor público, luego lo cita a una audiencia de descargo que se llevara a cabo en un termino no menor de siete (7) días, audiencia esta en la que dicho servidor hará los descargos pertinentes sobre la acción que se le tipifica y en base a ello, la autoridad nominadora procederá a imponer la sanción correspondiente; que de lo antes mencionado y siendo que en el presente caso la autoridad nominadora ha cumplido con el procedimiento legal establecido, si bien las demandantes han sido contestes a cada una de las preguntas formuladas en la audiencia de descargo, pero no han acreditado mediante documento alguno, las faltas que se le imputan, lo que conlleva a determinar que no han logrado desvirtuar de manera fehaciente cada una de los desaciertos encontrados por la autoridad nominadora en el desempeño de su cargo, ya que no aplicaron las normativas procedimentales y técnicas aduaneras, lo que demuestra que los despidos han sido apegados a derecho; la demandante señora Mirian Doraly Avila Miralda argumenta en el escrito de contestación de demanda, que su acuerdo de cancelación es nulo, en vista de haber sido cancelada en estado de embarazo, si bien es cierto consta en autos que la parte demandante ha probado tal extremo mediante el medio de prueba documental número cinco, no es menos cierto que el hecho de estar embarazada no exime que una mujer sea despedida de su cargo, ya que de acuerdo al artículo 128 numeral 11 de la Constitución de la República, se establece una condicionante, siempre y cuando no exista una causa justificable, y en el presente caso de autos evidentemente existe una causa que justifica el despido de la ahora demandante, lo que determina que la demanda debe de ser declarada improcedente, en vista de estar dictado conforme a derecho el acto administrativo impugnado.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que a las demandantes se les comprobó las faltas y las negligencias, al incumplir con lo dispuesto en las circulares emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), y comprobadas por la autoridad nominadora en el informe enviado por la unidad de antifraude de la DEI, también se realizo la audiencia de descargo, en la que no pueden desconocer las faltas en ellas imputadas, y se les comprobó a las demandantes lo establecido en los artículos No. 47 causales 1 y 3 de la Ley de Servicio Civil, 163 numeral 1 y 3 de su Reglamento de aplicación que reza “Inhabilidad o Ineficiencia en el desempeño del cargo”, “incumplir de manera manifiesta con las funciones del cargo o con las ordenes de sus superiores afectando con el la continuidad, regularidad o eficiencia de los servicios”, por lo que quedo probado que las demandantes incurrieron en una causal de despido; que la autoridad nominadora para dictar los acuerdos de cancelaciones por despidos No. 239/2010 y 241/2010 de las señoras Mirian Doraly Avila Miralda y Wilma Grant Bodden Carter, de los puestos que desempeñaban, estos estaban en la obligación de seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, en vista de que esta era la ley vigente que aplica en un funcionario, ya que todavía no se encontraba como en aplicación el reglamento de personal de aduanas, y en vista de que consta en autos que se siguió el procedimiento legal establecido, para la emisión de los acuerdos precitados, resultando que la acción interpuesta por las demandantes, resulta ser improcedente, por ajustarse a derecho los actos impugnados.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, en fecha nueve de abril de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.040-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.617-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha diez de abril de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, presentó en fecha veintidós de abril de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintinueve de abril de dos mil quince, los abogados MARCO ANTONIO ELVIR y AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, teniendo por personados a los abogados AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, como recurrente y MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, como recurrido, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que la Recurrente fundamenta su primer motivo de casación, manifestando lo siguiente: “Estoy impugnando la aplicación e interpretación de las normas de derecho por la violación a la estricta e imperativa aplicación de lo estipulado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, específicamente lo estipulado en el artículo 47 NUMERAL 3 de la Ley de Servicio Civil y artículos 165 NUMERAL 3, 168 y 181 párrafo segundo de su Reglamento. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este primer motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 719, numeral 2 del Código Procesal Civil EXPLICACION DEL MOTIVO: Los artículos 47 numeral 3 de la Ley de Servicio Civil expresan que: ARTICULO 47.- DEL REGIMEN DE DESPIDO.- Los servidores públicos podrán ser despedidos de sus cargos por cualesquiera de las siguientes causas 1,2,… 3.- Por inhabilidad e ineficiencia en el desempeño de su cargo DE SU REGLAMENTO: ARTICULO 165 NUMERAL 3.- REGIMEN DE DESPIDO.- Los servidores públicos podrán ser despedidos de sus cargos, cuando conste acreditada cualesquiera de las siguientes causas: 1, 2,3...Inhabilidad o ineficiencia manifiesta en el desempeño de su cargo. ARTICULO 168.-. La inhabilidad o ineficiencia manifiesta a que se refieren los artículos 47 inciso 3 dela ley y 165 inciso 3, del presente reglamento, se acreditara con los resultados de la EVALUACION PERIODICA DEL DESEMPEÑO, de conformidad con lo previsto en este Reglamento. ARTÍCULO 181: Cuando los descargos formulados o las pruebas aportadas no desvanecieren la responsabilidad imputada al servidor público, se continuara con el procedimiento. PARRAFO SEGUNDO: A tal efecto la acción de personal correspondiente al despido o en su caso a la suspensión de trabajo sin goce de sueldo hasta por ocho días o al descenso a un cargo de clase o grado inferior, DEBERA ENVIARSE A LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL, para su respectivo tramite, debiendo agregarse copia del acta de audiencia en la que se tenga por acreditada la causa o motivo de acuerdo con la ley y el presente reglamento, no procederá ninguna sanción si no se acredita este ultimo requisito Señores Magistrados: El Juez AD QUO y a su vez el Juez AD QUEM hace suya a su criterio y no conforme a lo que estrictamente determina la Ley de Servicio Civil para despedir a mis representadas, al emitir fallo, considero que se siguió el debido procedimiento para dicha actuación por parte de la autoridad nominadora lo cual no es cierto como podrán apreciar los Señores Magistrados de la Sala Laboral de la Corte de Apelaciones; ya que la parte demandada no acredita ni consta a cabalidad prueba suficientemente como requisito que previamente a ejecutar la acción de despido y conforme lo estipula la Ley de Servicio Civil, haya realizado evaluación periódica de desempeño a mis representadas que determinen que no cumplen con los requisitos para los puestos que desempeñaban, ya que en materia laboral y en estricto sensu la causal de inhabilidad e ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo solamente puede ser acreditada o probada con las evaluaciones periódicas realizadas al empleado o servidor, que realmente demuestren que este no está capacitado para desempeñar el cargo para el cual fue designado. Disposición esta que no ha sido derogada por ley alguna, por lo cual es de cumplimiento estricto y obligatorio Y como apreciaran Señores Magistrados como consta a piezas del expediente administrativo de mis Representadas durante su desempeñó no tuvieron siquiera llamados de atención que produjeran sanciones lo que demuestra que cumplían a cabalidad con su trabajo y funciones asignadas. La sentencia objeto de este recurso se fundamenta en el hecho de que la autoridad nominadora pretende hacer creer que el despido se realizó conforme el debido y completo procedimiento de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento pretendiendo amparar y justificar su acción en los dictámenes NP-DD-048-10 Y NP-DD-045-10, emitidos por Servicio Civil en los cuales se emitía opinión favorable a los despidos, estos presentados como medios de prueba ( 3 que corre a folio 115) de la parte demandada, dictámenes que no fueron verificados ni probados ya que al señalamiento de audiencia de inspección a Servicio Civil como a la escuela de Capacitación de la DEI, no se realizó por causa imputable a la parte demandada aun y cuando fue instruido por el Juez para mejor proveer y para VERIFICAR LA AUNTENTICIDAD DE DICHOS OFICIOS como consta a piezas del expediente a folios 104 auto de fecha 28 de Noviembre del 2012 en el cual estableciendo día y hora para dicha evacuación de medio de prueba el día 3 de Diciembre del 2012 y siendo el día y hora

señalado para la evacuación de dicho medio de prueba NO SE LLEVO A CABO POR LA NO COMPARECENCIA DE LA PARTE INTERESADA (ver folio 109 al 112 del exp) consecuentemente no puede fundamentar su fallo en este hecho no probado, con la agravante que se pretende sorprender a los Señores Magistrados al querer hacer ver que únicamente con la consulta hecha al Consejo del Servicio Civil se cumplió a cabalidad con el procedimiento lo que no es cierto, por lo tanto se infringe el ordenamiento jurídico al no realizar el procedimiento en estricto apego a lo que la ley expresamente determina para la acción de despido, ya que es evidente que no se acreditan con este o con los demás medios de prueba presentados por la parte demandada, elementos indispensables que deben cumplirse en estricto sensu, pretendiendo la parte demandada que con solo el hecho de los oficios (no verificados ni evacuados) y la autorización de que realizo el procedimiento estricto que ordena la ley. Si bien es cierto la autoridad nominadora recibió de parte de Consejo de Servicio Civil opinión favorable para proceder a los despidos es también cierto que un simple cruce de oficios entre las instituciones no coima el espíritu de lo preceptuado y ordenado en los artículos 47 de la Ley de Servicio Civil y artículos 165, 168 y 173 de su Reglamento. La parte demandada pretende hacer creer que existe un perfil de identificación del puesto, acreditando únicamente una simple hoja en la cual se detallan datos generales del puesto pero con esta no prueba que acreditar que existe un perfil de puesto lo cual no es cierto puesto que esta hoja no refleja ni tiene las características legales y válidas para que se le considere un perfil de puestos; ya que no es un Acuerdo o Decreto debidamente publicado, ni siquiera tiene firma o sello de la autoridad nominadora por lo tanto no existe ningún manual o perfil de puestos alegado por la parte demandada. (Ver folio 3 del expediente administrativo) únicamente acredito los oficios DEI-DTA-579-2009 de fecha 13 de Abril del 2009 donde se determinan funciones de los Oficiales de Aforo y Despacho los que no prueban incumplimiento o desaciertos en los procedimientos aduaneros como lo plasma el Juez A Quo en su considerando siete, hecho en los cuales esa Judicatura se apoyó para motivar dicho fallo que ocasiona daños y perjuicios a mis representadas por lo que considero que tales argumentos lamentablemente no son apegados a derecho y que no fueron debidamente analizados por el Juez A Quo ni la Corte de Apelaciones como segunda instancia bajo un correcto examen, ni que los medios aportados por la parte demandada aportan prueba en contrario que demuestre que se ajusta a derecho, siendo lo correcto Señores Magistrados su sana apreciación, revisión en forma clara detenida y cuidadosa y de acuerdo a lo que la Constitución de la República de Honduras plasma en cuanto a los derechos y obligaciones de los servidores públicos y lo que expresa y taxativamente instruye la Ley de Servicio Civil y su Reglamento que ordena el procedimiento que debe respetar la Administración en casos de cancelación por despido.”.- II. El cargo en al forma expuesta no está llamado a prosperar debido a que la Impetrante comete los siguientes defectos técnicos: a) no es preciso en indicar si la infracción de la norma indicada como violada, es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas señaladas como infringidas; b) en la explicación del cargo alude a normas no señaladas en su formulación, como es el caso del artículo 173 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; c) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- III. En el segundo motivo de casación la Impetrante establece lo siguiente: “Por el presente estamos impugnando la violación que se comete a la señora DORALY AVILA MIRALDA la aplicación indebida del artículo 135, 145 112 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 135” DEL CODIGO DE TRABAJO: Establece toda mujer embarazada gozara además de La protección de permanecer en el cargo y con estabilidad en todos los derechos correspondientes a su contrato de trabajo. Para que el patrono pueda despedir a la trabajadora embarazada, -cita el artículo 145- necesita la autorización de un inspector de trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares donde no existiere aquel funcionario. EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO DE TRABAJO: Señala que esa autorización sólo puede concederse con fundamento en alguna de las causas que tiene el patrono para dar por terminado el contrato del trabajo y que se enumeran en el artículo 112 del Código de Trabajo. ARTÍCULO 112: Antes de que el funcionario resuelva si da el permiso para el despido, debe oír a la trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes. Es decir que las cusas que alegue el patrono para el despido deben ser plenamente probadas. EXPLICACION : Es preocupante sobremanera lo estipulado en la sentencia objeto de recurso de casación recurrida ya que quedo plenamente probado que mi representada señora MIRIAN DORALY AVILA MIRALDA al momento de su despido estaba en estado de embarazo, pero a criterio de los señores Jueces de primera y segunda instancia, este hecho no exime a la autoridad para que ejecutara su acción de despido; Señores Magistrados entonces como mujer y madre de familia me pregunto ¿dónde están las garantías constitucionales y las disposiciones legales internacionales plasmados en Convenios y Tratados Internacionales de los cuales Honduras es suscriptora y que protegen a la mujer embarazada y al no nacido con esta apreciación?, Al considerar que el hecho de estar embarazada no exime de ser despedida más aun cuando no existió causa probada. La ley referente al trabajo, garantiza a las mujeres embarazadas el respeto pleno de sus derechos y labores y el acceso a los servicios de salud. “Toda trabajadora que esté embarazada debe gozar de una protección al informar a su empleador su estado, de acuerdo al Código laboral como norma sustancial en el artículo 135” establece toda mujer embarazada gozara además de La protección de permanecer en el cargo y con estabilidad en todos los derechos correspondientes a su contrato de trabajo. Para que el patrono pueda despedir a la trabajadora embarazada, necesita la autorización de un inspector de trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares donde no existiere aquel funcionario, y como señala la ley esa autorización sólo puede concederse con fundamento en alguna de las causas que tiene el patrono para dar por terminado el contrato del trabajo. Con todos los argumentos aquí vertidos queda plenamente probado que la cancelación por despido de mis representadas, es improcedente ya que el mismo es ilegal y nulo conforme a derecho, puesto que NO SE SIGUIO PARA EL MISMO POR PARTE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA, EL DEBIDO PROCEDIMIENTO QUE INSTRUYE IMPERATIVAMENTE LA LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO, que se infringe con su acuerdo de despido la Constitución de la República como norma principal y otras leyes que rigen la relación entre el servidor y el Estado; Violación que de los hechos alegados y las pruebas presentadas y QUE NO fueron debidamente analizadas ni consideradas por la Juez A Quo que emitió la sentencia, prueban que existió violación al debido proceso y que como demandante taxativamente demostré su ilegalidad, no pudiendo la parte demandada probar ni justificar con sustento jurídico que el acto de despido sea conforme a derecho, ya que como apreciaran la parte demandada no acredita documento alguno que pruebe que siguió el procedimiento que imperativamente ordena la ley de Servicio Civil y su Reglamento, para el despido de mis representadas, mismo que surgió no de la revisión de sus funciones ya que ni siquiera tiene en su expediente un llamado de atención. Reiteramos que la Administración infrinjo el ordenamiento jurídico instituido para la cancelación por despido de los servidores públicos como lo es la Ley de Servicio Civil y su Reglamento ya que imperativamente debe cumplirse a cabalidad y como quedó demostrado el hecho de que no se haya realizado con el procedimiento de ley es únicamente imputable a la autoridad nominadora; aunado al hecho de que la parte demanda no prueba su estricto cumplimiento, no acredita ni siquiera que se haya enviado previo al despido consulta a la Dirección General de Servicio Civil junto con el expediente de mi representado donde se le imputa responsabilidad por la cual deba ser objeto de despido como ordena la Ley de servicio Civil y su Reglamento, por consiguiente el acto impugnado es nulo de pleno derecho Por todo lo antes aquí expresado es que solicito a esta Honorable Corte Suprema de Justicia, que a través de esta sala laboral contencioso administrativo case la sentencia impugnada, invalidando la misma en su totalidad y una vez casada la misma, actuando como Tribunal de Instancia dicte sentencia con los considerandos y fundamentos de derecho tal como lo solicitamos.”.- IV. Que el anterior cargo resulta inadmisible, debido a las siguientes consideraciones: a) Las disposiciones señaladas como violadas por aplicación indebida, los artículos 112, 135 y 145 del Código de Trabajo, contienen párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar a cual de ellas dirige su ataque; además, alega su aplicación indebida y en el fallo recurrido no se advierte que dichas normas hayan sido aplicadas; b) no establece el señalamiento del precepto autorizante, conforme las causales contenidas en el artículo 719 del Código Procesal Civil; c) insta la revisión de los hechos, así como la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, conforme lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y, d) formula alegatos de instancia.- V. Para fines jurisprudenciales se debe aclarar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 numeral 11) párrafo segundo de la Constitución de la República “El patrono no podrá dar por terminado el contrato de trabajo de la mujer grávida ni después del parto, sin comprobar previamente una causa justa ante juez competente, en los casos y condiciones que señale la Ley”, y siendo que dicha disposición no realiza distinción alguna, cabe su aplicación en cualquier régimen laboral que vincule o regule a las partes, porque inherente a la protección de la mujer en estado de gravidez, se encuentran los derechos de los niños, de linaje del bloque normativo de constitucionalidad fundamental; sin embargo, también ha sido criterio de este Tribunal, que para configurar esa protección especial del derecho de maternidad, el patrono o empleador debe tener conocimiento de esa situación, tal como se ha venido reiterando en los fallos dictados en los expedientes SL1072-91, SL33-02, SL667-08 y SL314-09.- VI. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso administrativo, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- VII. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, el cargo formulado adolece de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra este auto no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 128, 303 párrafo segundo, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 221, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 701 numeral 1), 704, 716, 717, 720, 721 numeral 2), 723 número 2), letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME LA SENTENCIA recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para recurrir. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha doce de enero del dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 225-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL