Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-188-15 — Registro 5645

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por el demandante, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que analizado el cargo que antecede, se desprende que el mismo resulta inadmisible, dado que el Recurrente en su explicación, insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, tal como lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. En adición, existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (ver sentencias expedientes números SL 539-13, 540-13, 562-13, 575-13, 615-13 y 621-13).-

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

el escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil dieciseis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente el primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, representado en juicio por el abogado MARIO AGÜERO NAVARRO; y, Recurrido: el señor ROGELIO DE JESUS VINDEL SALINAS, representando en juicio por el abogado MARCO TULIO LARA GUEVARA.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda especial en materia de personal para la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordene el reintegro al cargo en igual o mejores condiciones, así como el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la cancelación hasta la fecha en que se ejecute la sentencia, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, por el señor ROGELIO DE JESUS VINDEL SALINAS, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, por medio de la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Estado de Honduras, en fecha 1 de julio del año 1995, en el cargo de Auditor Interno I en la Unidad de Contabilidad de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, nombrado mediante acuerdo No.000501; la autoridad nominadora en forma arbitraria emitió el acuerdo No.477 de fecha 16 de agosto del 2013 mediante el cual acuerda la cancelación por cesantía del cargo que desempeñaba el demandante, autorizado por la Dirección General de Servicio Civil en la Acción de Personal No.042; dado que la Ley de Servicio Civil establece que la extinción de la relación del servicio público por voluntad de la Administración puede ser por sanción disciplinaria o por cesantía, en el presente caso de autos no se da ninguno de los supuestos determinados por dicha normativa legal, ya que la autoridad nominadora en clara contraposición a la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, así como la Ley de Procedimiento Administrativo, procedió a emitir un acto administrativo prescindiendo del procedimiento para la validez del mismo, en virtud que del cargo que desempeñó el demandante en la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas se mantiene vigente; la cesantía es la separación de un empleado de su cargo, debido a reducción forzosa de servicios o de personal, por razones de orden presupuestario o para obtener una mas y eficaz y económica organización administrativa, independientemente de la voluntad del empleado, pero que no constituye suspensión o despido; ahora bien, queda a cargo de la administración, acreditar en juicio que la aplicación de dicho concepto, concuerda con el objeto y la finalidad del acto administrativo mediante el actual se ha extinguido la relación de servicio entre el demandante y el Estado de honduras.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, contestó dicha demanda señalando que el acuerdo de cancelación por cesantía, en el presente caso se ha llevado a cabo como consecuencia de una reducción forzosa de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización, el cual es congruente por estar debidamente sustentado en los hechos que han acaecido y que constan en el expediente administrativo de personal del demandante, y que se contraen a que la Tesorería General de la República en donde laboraba funcionalmente el actor de la demanda, como pagador elaboró un Plan Estratégico que contemplaba el reordenamiento interno de la misma, al dejar de ser un pagador para convertirse en un Gerente Financiero del Sector Público, cambio su rol de sus funciones como ente eminentemente pagador, es así que como a finales del 2012, como parte del plan estratégico la tesorería inicia acciones concretas, entre otras la “eliminación de cheques como medio de pago”, y a tono con los avances tecnológicos “se han desarrollado medios de pago electrónicos a través de la transferencia bancaria electrónica y se ha cerrado el Departamento de Pagaduría”, al incorporar el pago de planillas al proceso, lo cual no solo genera transparencia en la gestión sino que un substancial ahorro para el Estado en cuanto a costos, por alrededor de L.200,000.00 mensuales y por los mismos pagos le cuesta ahora a través transferencia electrónica solamente L.1,000.00 al mes aplicándose el artículo 53 de la Ley del Servicio Civil; lo anterior fue recomendado en el Informe Final de la Asistencia Técnica sobre la implementación de la cuenta única del Tesoro llevada a cabo por el Banco Mundial y por el Centro Regional de Asistencia Técnica Centroamericana, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR), en el Proyecto Apoyo a Implementación de la Cuenta Única del Tesoro, y en el Plan Estratégico de la Tesorería General de la República del año 2013, por la cual se vio obligada en tener que cerrar el Departamento de Pagaduría, donde precisamente laboraba el demandante, quien únicamente había quedado haciendo pago a Jornaleros de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y a docentes de la Salud, cuya función era la de hacer entrega de cheques de manera personal a sus beneficiarios, siendo así que con la puesta en vigor de dichas medidas resulta pertinente que la Secretaría de Finanzas, tenía que hacer una reducción de personal, para obtener una más eficaz y económica organización administrativa.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el señor Rogelio de Jesús Vindel Salinas, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación No.477 de fecha 16 de agosto de 2013, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, mediante el cual se cancela del cargo de Auditor Interno I; reconoció la situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento se resolvió adoptar el reintegro del demandante a un puesto de igual o mejor categoría del que ocupaba, en vista que consta en autos que la plaza de Auditor I que desempeñaba el demandante en la Secretaría de Finanzas, ha sido cancelada; condenó al Estado de Honduras al pago a favor del demandante en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad del acuerdo de cancelación hasta el día en que se ejecute la presente sentencia y demás derechos que le pudieran corresponder, como ser décimo tercer, décimo cuarto mes de salario, vacaciones, bonificaciones y demás derechos otorgados en su ausencia, sin costas; bajo el criterio que al demandante no se le siguió el procedimiento legal establecido para la emisión de la cesantía, en vista que en el expediente no existe documento alguno que acredite que al demandante se le hayan realizado evaluaciones periódicas de su desempeño, ya que la disposición que obliga a efectuar dichas evaluaciones no ha sido derogada, por lo cual está vigente y es de obligatorio cumplimiento; asimismo, se observa que al demandante no se le tomo en cuenta sus años de servicio en la Administración Pública; a su vez se observa, que previo a la emisión del acuerdo de cancelación, no se obtuvo autorización alguna del Consejo de Servicio Civil, ya que esta última fue realizada de manera posterior a la emisión del acuerdo de cancelación (Ver folios 7 y 32 de autos), preceptos estos que hacen evidente que no se acreditaron en el juicio elementos indispensables, que debe de cumplir la Autoridad Nominadora para prescindir de los servicios del afectado por la cesantía, determinando que dicho acto infringe el ordenamiento jurídico, al no realizar el procedimiento tal como lo establecen los artículos 53 y 54 de la Ley de Servicio Civil y 187, 188, 189 y 190 de su Reglamento de Aplicación.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha doce de febrero de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas, bajo el criterio que de conformidad a la Ley del Servicio Civil, en su artículo 53, relacionado con el 187 de su Reglamento, procede la cesantía cuando acredite la existencia de cualquiera de los casos siguientes: a) Reducción forzosa de servicio o de personal por razones de orden presupuestario; b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, no se encuentran comprendidos dentro de lo indicado en la Ley de Servicio Civil, por lo que se encuentra protegido por la Ley, por lo que la autoridad nominadora, para cancelar por cesantía el acuerdo de nombramiento del demandante, debe de hacerlo siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley del Servicio Civil, ya sea por despido o por cesantía, consta en el expediente que no se siguió procedimiento alguno por la cancelación del acuerdo del demandante, por lo que el acto impugnado infringió el ordenamiento jurídico establecido.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado MARIO AGÜERO NAVARRO, en fecha nueve de marzo de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha doce de febrero de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.031-2015, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.375-13 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha diez de marzo de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogado MARCO TULIO LARA GUEVARA, presentó en fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento ante éste Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintisiete de marzo y catorce de abril de dos mil quince, los abogados MARIO AGÜERO NAVARRO y MARCO TULIO LARA GUEVARA, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiocho de abril de dos mil quince, teniendo por personado al abogado MARIO AGÜERO NAVARRO, como recurrente, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el Recurrente fundamenta su único motivo, manifestando lo siguiente: “Por el presente estamos impugnando la aplicación e interpretación de las normas de derecho por violación del Artículo 53 literal b) de la Ley de Servicio Civil, en relación con el Artículo 187 numeral 2) y 189 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este primer motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 719 numeral 2) del Código Procesal Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO: El presente motivo se basa en la Violación del Artículo 53 inciso b) de la Ley de Servicio Civil. El precepto de orden sustantivo que se considera violado textualmente dice: “Artículo 53.- No obstante lo dispuesto en el Artículo 47 de esta Ley, la autoridad nominadora podrá además cancelar el nombramiento de uno o más servidores públicos, previa comunicación por escrito de la Dirección General siempre que el Consejo de Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede “la cesantía”, por encontrarse comprendido en alguna de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente y que a continuación se indican: a) Reducción forzosa de servicios o personal por razones de orden presupuestario, b) Reducción de Servicios o de Personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa”, El Artículo previamente citado es claro y concluyente, en tal sentido la Administración siguió estrictamente el procedimiento allí señalado previo a emitir la Cancelación por Cesantía, y se cumplió con la finalidad de la Cesantía al haberse reducido los Servicios y el Personal en la Secretaría de Finanzas, ya que LA PLAZA DE LA ACTORA SE ENCUENTRA CANCELADA DEL ANEXO DESGLOSADO DE SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS como asa se e encuentra acreditado, documentación que corre agregado a los autos como prueba de descargo, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, sin embargo, en el presente caso tanto el Tribunal Ad-Quem sin estudio alguno del caso, como el Juez A-Quo consideraron que mi representada no siguió todo el procedimiento administrativo establecido y que no se cumplió con el objeto de la Cesantía de reducción de personal o de servicios, en consecuencia con el fallo avalado por la Corte de Apelaciones recurrida se reconoce la situación jurídica individualizada y se adopta la medida de reintegrar al demandante al cargo que ocupaba, pese a que la plaza ya no existe., habiendo más gravosa la precaria situación de las finanzas públicas, que no le ajustan ni para honrar salarios Resulta evidente que la Corte Sentenciadora al emitir el fallo recurrido, incurrió en la falta de aplicación de la norma previamente citada, relacionada con el Artículo 187 numeral 2) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que regula: “De acuerdo con lo previsto en el artículo cincuenta y tres (53) de la Ley, procederá la cesantía de uno o más servidores públicos en cualquiera de los casos excepcionales siguientes: b) Reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa; en el presente caso se han configurado dicha causal, como ser por razones de índole presupuestario, y reducción de personal supernumerario, habida cuenta que demandante; también con el Artículo 189 del mismo cuerpo legal, que establece: “En estos casos, para decidir sobre que personas serán afectadas con la cesantía, la Autoridad Nominadora, deberá tener en cuenta lo siguiente: 1)... 2) Los años de servicio en la Administración Pública”; ya que consta en autos que la Secretaría de Finanzas prescindió de los servicios del demandante, pues era necesario una reducción de servicios o de personal para obtener una más eficaz y económica organización administrativa, cumpliendo así con la finalidad de la Cesantía al Cancelar la Plaza del Anexo Desglosado de Sueldo y Salarios Básicos y siguiendo el procedimiento legalmente establecido, en consecuencia el Acto Administrativo está ajustado a derecho”.- II. Que analizado el cargo que antecede, se desprende que el mismo resulta inadmisible, dado que el Recurrente en su explicación, insta la revisión de los hechos, la interpretación y valoración del material probatorio, lo cual tiene vedado este Tribunal en este extraordinario recurso, tal como lo dispone el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil. En adición, existe establecida línea jurisprudencial sobre el tema de la cesantía en el sector público, por la cual se ha venido señalando el criterio, de que la misma no procede si la autoridad nominadora que la pretende aplicar, no la realiza de conformidad con el marco normativo que la regula, es decir, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento (ver sentencias expedientes números SL 539-13, 540-13, 562-13, 575-13, 615-13 y 621-13).- III. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por el Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- IV. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 720 numeral 1), 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:

  1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional.
  2. SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de febrero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha doce de enero del dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 188-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL