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Sentencia CA-187-14 — Registro 5951

Resumen

Se declara la nulida de la sentencia de Corte de Apelaciones que revoca la sentencia del A quo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que resulta contradictorio e incongruente, que por un lado dicho Tribunal sostenga que el cambio de pretensión o no haber alegado como pretensión principal la misma que se señaló en vía administrativa, determine que sea improcedente la acción, porque el artículo 81 en su primer párrafo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que la sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto administrativo impugnado, pronunciamiento que no ha vertido, sino que ha confundido tal situación con lo referente a los casos de inadmisibilidad de la demanda, olvidándose que las mismas son potestad o facultad exclusiva de resolverlas del Juzgado de primera instancia, en los momentos procesales a que hacen referencia las disposiciones legales contenidas en los artículos 51, 52, 63, 65 y 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme a dicha normativa los momentos procesales en que el Juez puede declarar la inadmisibilidad de la acción se encuentran comprendidos: a) a la presentación de la demanda; b) cuando el demandado alegue defensas previas; y, c) al ser apreciada de oficio al momento de dictar sentencia definitiva. Pero en todos ellos es requerido hacer saber a la otra parte el motivo de las mismas y conceder con ello la oportunidad que aleguen lo que correspondan y ejerzan el derecho constitucional de defensa.- " Que consta de la primera pieza, que el A-quo en el momento procesal oportuno tuvo por subsanada la demanda y posteriormente se desestimaron las defensas previas opuestas por la parte demandada, por lo que en esa fase ya fueron desechadas las causas de inadmisibilidad de la acción, siendo lo procedente la revisión del acto administrativo impugnado y así determinar si el mismo esta ajustado o no a Derecho.- IV. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-"

Legislación citada

  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 81 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 214, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, como Coordinador, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA y WILFREDO MENDEZ ROMERO, dicta la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: La señora ROSA AMELIA SIERRA CANALES, representada en juicio por el Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA; y, Recurrida: La UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), representada en juicio por el Abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para que se declare no conforme a derecho un acto administrativo consistente en la resolución de fecha 15 de noviembre del año 2007 y su nulidad, reconocimiento de una situación jurídica individualizada para el pleno restablecimiento, se condene a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras al pago de una indemnización de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, por el Abogado LUIS ALONSO MEJÍA RIVERA, en su condición de representante procesal de la señora ROSA AMELIA SIERRA CANALES, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que se estima imperativo enunciar y acreditar la relación laboral existente con la UNAH, misma que comenzó desde el 1 de agosto del año 1988, hasta la fecha, en el Departamento de Morfología desempeñándose en el cargo de Profesor Titular I, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas; que es pertinente acreditar que la demandante se encontraba matriculada en el año 2006, en el Postgrado de Medicina de Rehabilitación de la UNAH, extremo que se acredita con la documentación correspondiente; en fecha 13 de agosto del año 2007, la demandante presentó con toda la documentación de sustento, ante el Consejo de Estudio de Postgrado de la UNAH, un reclamo administrativo, contraído a solicitar la validación de la nota académica del primer año (2006), del Postgrado de Medicina de Rehabilitación, a favor de la demandante y que se procediera a reincorporarla de inmediato a sus estudios, lo anterior al amparo del oficio No.72-07-DDIHE, de fecha 9 de marzo del año 2007, librado por el Dr. Juan José Gáleas, en su condición de Coordinador General Postgrado de Medicina de la UNAH, con lo que se acredita que la demandante agotó la vía administrativa, tal como lo prescribe la ley; que mediante resolución de fecha 15 de noviembre del año 2007, se declaró sin lugar el justo y legal reclamo, mismo que se considera no encontrarse conforme a derecho, ya que la base denegatoria es el oficio No.36-07DDIHE, de fecha 19 de febrero de 2007, dirigido a la demandante firmado por el Doctor Juan José Gáleas, Director de Docencia e Investigación HE y Coordinador General Postgrados de Medina de la UNAH, en el cual el Comité Técnico Académico de los Postgrados de Medicina por mayoría de votos decidió que para aprobar el semestre la demandante debe hacer un examen de recuperación y superar la nota de 75%; que al revisar el expediente administrativo que al efecto organizó el Consejo de Postgrado de la UNAH, se observa que se omitió un requisito sine qua non, que violenta el ordenamiento jurídico, como ser la obligación ineludible de turnar a la Dirección Legal del ente emisor de una resolución para que emita su dictamen, con dicha omisión, es decir, si el Consejo de Postgrado hubiera estudiado las normas vigentes se hubieran dado cuenta que el Reglamento Interno de los Estudios de Postgrado en su artículo 57 numeral 3 y el Reglamento General en sus artículos 39 y 40, establecen las formas de eliminación de los estudiantes y la forma en cómo debe promediarse sus asignaturas para obtener sus notas finales, violentando de esta manera el artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que se acepta parcialmente el hecho alegado en el escrito de la demanda por la parte actora en el sentido de que si existe una relación laboral con la demandada hasta la fecha, pero se rechaza parcialmente en el sentido que la relación laboral existente no tiene nada que ver con el caso que nos ocupa en virtud que la demandante en fecha 1 de agosto del año 2007, presentó ante los miembros del Honorable Consejo de Estudios de Postgrado de la UNAH, reclamo administrativo para validar nota académica del primer año (2006), del Postgrado de Medicina de Rehabilitación y que se procediera a reincorporar a sus estudios; que a dicho reclamo se le puso fin mediante resolución de fecha 15 de noviembre del año 2007, emitida por el Consejo de Estudios de Postgrado de la UNAH, mediante la cual se ratificó en todos y cada una de los puntos de la resolución emitida por el Comité Técnico Académico de los Postgrados de Medicina, en cuanto a los hechos y las disposiciones de derecho invocadas y aplicadas a la estudiante Rosa Amelia Sierra Canales; efectivamente el conflicto surgido entre la estudiante Rosa Amelia Sierra Canales y la UNAH, tiene como detonante el reclamo administrativo para validar nota académica del primer año (2006), del Postgrado de Medicina de Rehabilitación y que se procediera a reincorporar a sus estudios, lo que se desvanece con los hechos y antecedentes siguientes: que en fecha 13 de julio del 2007, al Abogado José Manuel Cardona Figueroa, en su condición de representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se le trasladó el caso correspondiente de la Dra. Rosa Amelia Sierra, residente de primer año del programa del Postgrado de Medicina de Rehabilitación hasta el mes de diciembre del 2006, por todas las situaciones que se han presentado con la Doctora en referencia, suscitándose como último hecho la negativa a realizar un examen de recuperación (a través de un escrito presentado por su apoderado legal), ordenado por la Junta Interventora e Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas, fundamentando dicho traslado, en los hechos que se narran en el informe adjunto, donde se informó que el Postgrado de Medicina de Rehabilitación, es un Postgrado nuevo que hasta en este año se graduará la primera promoción y que para dar inicio al mismo se realizó un trabajo esmerado en el que participaron médicos especialistas, con el fin de lograr al final de los 3 años, profesionales que reúnan el perfil requerido manteniendo normas de respeto, solidaridad, trabajo grupal, calidad y calidez humano; que el 29 de diciembre de 2006, la Dra. Sierra se presentó con su Abogado Walter Calidonio y se negó a realizar examen de recuperación aduciendo que no está de acuerdo con sus notas y a solicitud del Abogado Calidonio, se aceptó la reprogramación del examen para el 5 de enero, a continuación se pasó a la revisión de exámenes, con la Dra. Rina Lobo y la Dra. Ivette Zelaya, observándose en todo momento una actitud completamente inadecuada e irrespetuosa por parte de la estudiante; en fecha 5 de febrero del 2007, se le envió oficio a la Dra. Sierra comunicando la decisión tomada de nombrar una comisión que investigue su situación; en el mes de febrero del 2007, la Comisión nombrada por el Comité Técnico de Postgrados Médicos, somete a revisión el expediente de la demandante y se cita al cuerpo de docentes del Postgrado de Rehabilitación a la Dirección de Postgrados y se revisan detalladamente los exámenes en presencia de la demandante, faltando en varias ocasiones el respeto a varios de los docentes; en fecha 16 de febrero de 2007, la Comisión nombrada para revisar las notas de la demandante, informó al Comité de Postgrados Médicos los resultados de dicha investigación y se concluye que la demandante tiene una nota en el segundo semestre de 74.35 y entonces cuando dicho comité decide que la demandante debe realizar su examen de recuperación para promover al siguiente periodo lectivo; es importante mencionar, que en ningún momento se le han violentado los derechos a la demandante, porque durante permaneció en el programa recibió igual trato que sus compañeros estrictamente en el ámbito académico asistencial.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de febrero de dos mil trece, dictó sentencia declarando procedente la acción promovida por el Abogado Leonel Edgardo Maradiaga, en representación de la señora Rosa Amelia Sierra Canales, por no estar ajustado en derecho el acto administrativo impugnado, consistente en la resolución de fecha 15 de noviembre año 2007, emitido por el Consejo de Estudios de Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; declarando la nulidad de la resolución de fecha 15 de noviembre del año 2007, por no estar ajustado a derecho; reconoció a favor de la demandante la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se ordenó la indemnización por daños y perjuicios ocasionados por no dejarla reincorporarse al Postgrado de Rehabilitación; diferir al periodo de ejecución la cuantificación del pago ordenado en el numeral tercero antes señalado, pues no se cuentan con los elementos necesarios para liquidar este fallo, ya que si bien es cierto se presentó estudio actuarial, este fue realizado en febrero del 2010, sin costas; bajo el criterio que visto y analizado el expediente de mérito se pudo constatar que a la demandante no se le permitió continuar con su postgrado en rehabilitación por considerar que no cumplía con el requisito para continuar en el mismo, es decir, no culminó su semestre con un promedio satisfactorio, promedio que quedó claramente definido, en el cual la demandante con todo lo observado y analizado ha quedado establecido que el reglamento de Postgrados establece en el artículo 40 “El índice académico de cada periodo lectivo que fije el reglamento interno de cada postgrado no debe ser inferior a 75%” y del mismo se denota que dicha evaluación es semestral y que el promedio de ambos semestres da un índice anual el cual no debe ser inferior a 75%, por lo que de la revisión del expediente se puede establecer que la demandante aprobó con un índice académico de 75.5%, no habla de puntajes por asignatura sino del índice académico que resulte de los dos semestres para sacar el promedio anual, el cual debe ser superior o igual a 75%; que por todo lo expuesto anteriormente, es criterio de este juzgador declarar procedente la presente demanda siendo imperativo señalar que la reclamación de los daños y perjuicios solicitado por la demandante quedará diferida, en virtud de que si bien cierto acompañó estudio actuarial, no menos cierto es que el mismo fue elaborado en el año 2010.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, dictó sentencia revocando la sentencia proferida en primera instancia, en el sentido de declarar improcedente la acción incoada por el Abogado Luis Alonso Mejía Rivera, en representación de la señora Rosa Amelia Sierra Canales, por las razones expuestas en los considerandos de la presente sentencia, sin costas; bajo el criterio que consta en autos el reclamo administrativo presentado por la demandante ante la demandada, el cual consiste en que se le valide su nota académica del primer año del Post-Grado de Medicina de Rehabilitación y se proceda a reintegrarla a sus estudios, el cual fue resuelto mediante Resolución del Consejo de Estudios de Postgrado de la UNAH, de fecha 15 de noviembre del 2007, la cual es el acto impugnado en las presentes diligencias; que igualmente consta en autos que la demandante presentó demanda ante el Juzgado de Primera instancia, solicitando la nulidad de la Resolución relacionada en el considerando que antecede; sin embargo, en dicha acción judicial no solicita se le revalide la nota académica del primer año del Postgrado de Medicina de Rehabilitación y la reincorporación a sus estudios, tal como lo solicitó en vía administrativa, debiendo haber sido dicha pretensión la principal en la vía judicial, por ser lo que se reclamó en vía administrativa, pudiendo haber pedido la indemnización de daños y perjuicios como pretensión subsidiaria, de no ser posible la revalidación de la nota académica y la reincorporación a sus estudios, solicitados en el reclamo respectivo.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA, presentó en fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.276-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el No.195-08 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, el Abogado JOSÉ EFRAIN BRICEÑO, presentó en fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha veintiuno de marzo y dos de abril de dos mil catorce, el Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA y el Abogado JOSÉ EFRAIN BRICEÑO, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó providencia en fecha quince de mayo de dos mil catorce, teniendo por personados al Abogado JOSÉ EFRAIN BRICEÑO, como recurrido y por precluido el plazo concedido y dejado de utilizar por parte del Abogado LEONEL EDGARDO MARADIAGA, como recurrente, en consecuencia se ordenó seguir con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. La Corte de Apelaciones de la Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha 16 de Enero del 2014, revoca el fallo de primera instancia, declarando improcedente la acción promovida por la demandante, basándose en que la parte actora en el reclamo administrativo solicitó que se le validara su nota académica del primer año del Post Grado de Medicina de Rehabilitación y que se procediera a reintegrarla a sus estudios, lo cual fue resuelto por el Consejo de Estudios de Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el 15 de noviembre del 2007 y que constituye el acto impugnado y que al demandar judicialmente solicitando la nulidad de tal resolución, ya no solicita lo mismo que en sede administrativa, debiendo haber sido dicha pretensión la principal, pudiendo haber pedido la indemnización de daños y perjuicios como subsidiaria de no ser posible la revalidación de la nota y la reincorporación a sus estudios, por lo que al haber cambiado la pretensión principal la acción resulta ser improcedente ya que entonces debió agotar la vía administrativa para hacer valer esa nueva pretensión.- II. Que resulta contradictorio e incongruente, que por un lado dicho Tribunal sostenga que el cambio de pretensión o no haber alegado como pretensión principal la misma que se señaló en vía administrativa, determine que sea improcedente la acción, porque el artículo 81 en su primer párrafo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que la sentencia declarará improcedente la acción cuando se ajustare a derecho el acto administrativo impugnado, pronunciamiento que no ha vertido, sino que ha confundido tal situación con lo referente a los casos de inadmisibilidad de la demanda, olvidándose que las mismas son potestad o facultad exclusiva de resolverlas del Juzgado de primera instancia, en los momentos procesales a que hacen referencia las disposiciones legales contenidas en los artículos 51, 52, 63, 65 y 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme a dicha normativa los momentos procesales en que el Juez puede declarar la inadmisibilidad de la acción se encuentran comprendidos: a) a la presentación de la demanda; b) cuando el demandado alegue defensas previas; y, c) al ser apreciada de oficio al momento de dictar sentencia definitiva. Pero en todos ellos es requerido hacer saber a la otra parte el motivo de las mismas y conceder con ello la oportunidad que aleguen lo que correspondan y ejerzan el derecho constitucional de defensa.- III. Que consta de la primera pieza, que el A-quo en el momento procesal oportuno tuvo por subsanada la demanda y posteriormente se desestimaron las defensas previas opuestas por la parte demandada, por lo que en esa fase ya fueron desechadas las causas de inadmisibilidad de la acción, siendo lo procedente la revisión del acto administrativo impugnado y así determinar si el mismo esta ajustado o no a Derecho.- IV. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- VII. Que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo, debiendo juzgar los asuntos, dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y oposición.- VIII. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- IX. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- X. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, resulta procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a Derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 8. 1, 8.2.h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 y 11 del Código Civil; 51, 52, 63, 65, 79 letra b), 80, 81 primer párrafo, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 22, 211, 212 numeral 4), 214 numeral 2) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional en fecha 16 de enero del 2014, visible a folios quince (15) al veinticinco (25) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. WILFRESO MENDEZ ROMERO.- FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de mayo del dos mil dieciséis; certificación de la resolución de fecha tres de mayo del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 187-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL