Sentencia CA-164-13 — Registro 17406
Resumen
Se declara la nulidad de oficio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones por no tener competencia la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer el caso de nulidad de inscripción registral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...".- Que es un principio constitucional que nadie puede ser juzgado sino por Juez Competente, pues de no ser así no solo se violenta el debido proceso, sino también el derecho de defensa de las partes, razones por las que debe anularse de oficio la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 15 de noviembre de 2012, para que reponiendo los autos al estado que tenian cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho y a los lineamientos vertidos por esta Sala con respecto a la incompetencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente caso, señalándole al interesado como competente el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán..."
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 4, literal a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que es un principio constitucional que nadie puede ser juzgado sino por Juez Competente, pues de no ser así no solo se violenta el debido proceso, sino también el derecho de defensa de las partes, razones por las que debe anularse de oficio la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 15 de noviembre de 2012, para que reponiendo los autos al estado que tenian cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho y a los lineamientos vertidos por esta Sala con respecto a la incompetencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente caso, señalándole al interesado como competente el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán..."
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 4, literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del dos mil dieciséis, la SALA LABORAL–CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, integrada por los Magistrados VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA como Coordinador, ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM y JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, habiéndose designado ponente a la segunda para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por la abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA y como Recurrido: FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR S.A.), representado en juicio por el abogado JORGE ARTURO REINA INTERIANO.- OBJETO DEL PROCESO: Que la parte demandante se contrae a pedir la nulidad o en su defecto la anulación de un acto administrativo contenido en la Resolución número CDIP-0049-2010 y la Resolución número CDIP-0043-2010, ambas emitidas por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad.- Se demanda el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, indemnización de daños y perjuicios, costas; promovida en fecha 6 de diciembre del 2010, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la señora SANDRA JOSEFINA OCHOA BARAHONA, en su condición de apoderada de la sociedad FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR S.A.), contra el Estado de Honduras por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, representado en juicio por el Presidente y representante legal del Consejo Directivo señor POMPEYO BONILLA REYES, mayor de edad, casado, Capitán retirado, hondureño.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Que en fecha 27 de junio de 2013 la Sala Constitucional libró comunicación a esta Sala Laboral Contencioso Administrativo, a efecto de remitir el expediente SL-164-13 en virtud del recurso de amparo interpuesto por el abogado Raúl López Rivera a favor de de la sociedad mercantil denominada FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA HONDURAS S.A. de C.V. contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en fecha 15 de 15 de noviembre de 2012, quedando en esta Sala un extracto de las piezas de primera y segunda instancia, señalando tal comunicación que se deberá seguir conociendo del asunto, pero que esta Sala deberá abstenerse de dictar sentencia hasta que se resuelva sobre el amparo interpuesto.- 2.- Que en fecha 5 de enero de 2016 se emitió auto ordenando se librara atento oficio a la Sala Constitucional con el fin de que se remitiera a esta Sala los antecedentes del expediente SL-164-13, ya que el amparo a que hace referencia la comunicación de fecha 28 de junio de 2013, fue interpuesto por el abogado Raúl López Rivera, a favor de la sociedad mercantil Fertilizantes de Honduras S.A. y la demanda que se promovió en este proceso es por la abogada Sandra Josefina Ochoa, en su condición de apoderada de la sociedad mercantil Fertilizantes de Centro América, S.A. (Fertica de El Salvador) contra el Instituto de la Propiedad, siendo partes diferentes. Al efecto en fecha 13 de enero del 2016 se libró el oficio No. 25-SCSJ-2016.- 3.- Las piezas de primera y segunda instancia fueron devueltos por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia en fecha 21 de enero de 2016, desapareciendo el impedimento para que esta Sala pueda emitir la sentencia de mérito.- 4.- En el recurso de casación presentado por la parte demandante manifiesta que: 1º.- Presentó un Reclamo Administrativo ante el Instituto de la Propiedad para que se declarara la nulidad de unas inscripciones regístrales a favor de Fertilizantes de Centroamérica Honduras SA. de C.V., registradas fuera de la ley. Después y una vez de agotadas las vías administrativas, se presentó reclamo administrativo en el cual se solicitó la nulidad de las inscripciones aludidas bajo el expediente No. 001-2006 de fecha 08 de septiembre del año 2006. Posteriormente y después de casi dos (2) años, el expediente fue resuelto en la Secretaría Ejecutiva del Instituto de la Propiedad mediante Resolución SENo.023-2008 favorablemente por tener el mejor derecho, ordenándose la anulación de las inscripciones otorgadas ilegalmente a la empresa Fertilizantes de Centroamérica Honduras S.A. de C. V., resolución de la cual se notificó en fecha 22 de diciembre del año 2008 y posteriormente se le notificó por medio de cédula fijada en la Tabla de Avisos del Despacho la providencia de fecha 14 de Enero del año 2009, donde se declara cerrado el término otorgado y caducado el derecho para presentar el recurso correspondiente.- Art. 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo. (Se Adjunta Certificación). Asimismo y cumpliendo lo preceptuado por dicha Resolución la Secretaria Ejecutiva ordenó la nulidad de las inscripciones y ordenó a la Dirección General de Propiedad Intelectual procediera a darle estricto cumplimiento a la Resolución-SE-No.-023-2008 de fecha 17 de diciembre del año 2008, en el sentido de expulsar del Libro de Registro y del Sistema de Marcas o Base de Datos correspondiente los registros señalados en el RESUELVE SEGUNDO de dicha resolución. 2°.- Cabe destacar, que si bien es cierto el Art. 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo reconoce que el órgano superior de las instituciones administrativas del Estado, podrá revisar y anular de oficio cualquiera de los actos administrativos enumerados en el Art. 34 del mismo texto legal, no es menos cierto, que el Art. 121 de la misma ley con sobrada claridad establece: “El órgano que dictó el acto podrá anularlo cuando infrinja manifiestamente la ley, siempre que no aparezca firme y consentido”. Derivado de las normas señaladas y especialmente la anteriormente transcrita, procedo a desarrollar la violación a los derechos de la parte demandante de la siguiente manera: a) En primer lugar ninguno de los actos administrativos contenidos en el Art. 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo se encontraban comprendidos en la Resolución SE-No.-023-2008 de fecha 17 de diciembre del año 2008, es decir, que dicha Resolución se encontraba ajustada a derecho; b) Que conforme a la providencia de fecha 14 de enero del 2009, donde se declara cerrado el término otorgado y caducado el derecho para presentar el recurso correspondiente, en relación al Art. 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo y tomando en cuenta que el órgano superior en el caso de autos es el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, éste tenía la obligación previa de observar que desde el momento que la resolución aludida había adoptado el carácter de firme y consentida no era sujeto de nulidad.- Que el Consejo Directivo es un órgano colegiado por tanto las decisiones se toman de forma colegiada de acuerdo a sus atribuciones, pero sí no tiene expresamente atribuida por ley la competencia para conocer de procesos de actos contencioso administrativo como efectivamente así es según la Constitución de la República (Arts. 303 y 304) y su misma ley, no lo puede hacer pues sus funciones son meramente administrativas, no tienen calidad de juzgadores ni de tribunal. 3º.- Es importante señalar que se tiene erróneamente la idea de que la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad no tiene competencia para conocer Reclamos Administrativos, cuando en realidad ya las tiene señalada en la misma. Ejemplo: Art. 11 de la Ley de Propiedad dice: El Secretario Ejecutivo tendrá las funciones siguientes: A) B) C) D) E) F) G) Firmar actos, contratos y convenios en las áreas de su competencia.- Entendemos que son actos administrativos por supuesto. Art. 14 de la Ley de Propiedad: Son funciones de los directores generales las siguientes: 1.- Cumplir y hacer cumplir la presente ley, sus reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo y del Secretario Ejecutivo.- Art. 10 del Reglamento de la Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad: La Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad conocerá del Recurso de Apelación interpuesto por los particulares contra los actos del Secretario Ejecutivo y los Directores Generales que no sean firmes o expresamente consentidos y cuando estos no sean relativos a personal o contratación.- Mas claros no pueden estar estos artículos, y en resumen, el Secretario Ejecutivo tiene mas facultades legales para este tipo de asuntos que el Consejo Directivo según se desprende su misma ley. 4°.- Que tal y como se ha expresado anteriormente, el acto impugnado como ilegal y cuya nulidad de pleno derecho o bien su anulación se demanda, es el Acto Administrativo contenido en la Resolución No. CDIP 0049-2010 de fecha 21 de Octubre del 2010, la cual niega a la parte demandante Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador) S. A., del domicilio San Salvador, República de El Salvador, el derecho que tiene a que se reponga la Resolución No. CDIP 0043- 2010 de fecha 30 de Agosto del 2010, ambas dictadas por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, la cual no tiene atribuciones ni competencia otorgadas por la Constitución de la República para anular y de oficio una Resolución Administrativa que se encuentra firme y consentida, ya que, sino cualquier órgano colegiado podría tomar las mismas decisiones en contra de particulares, con facultades que la ley no le otorga convirtiéndose en ese momento en tribunal judicial, en jueces sin serlo, pues tales actos como el de anular de oficio es una actuación arbitraria, ilegal e injusta en contra de un derecho adquirido por la parte demandante que había quedado firme y consentido y que va mas allá de las atribuciones administrativas que la Ley de Propiedad le concede, poniendo en precario la seguridad jurídica en este país. Es de hacer mención, Honorable Señor Juez, que el Artículo 10 de la Ley de Propiedad, establece que el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, tendrá una serie de atribuciones propias de un consejo, y al analizar detalladamente todas y cada una de ellas, usted se convencerá de que en ningún momento dicha ley le otorga atribuciones de juzgar, dictar o anular actos contenciosos administrativos y menos aun de oficio más aun cuando han tomado carácter de firmes y consentido y se repite de oficio en contra de lo que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo en estos casos. 5°.- Es sumamente importante señalar, que el artículo trescientos tres (303) de la Constitución de la República establece que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente a nombre del estado por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la constitución y a las leyes..., y el artículo trescientos cuatro (304) del mismo texto legal establece que “Corresponde a los concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado”, así mismo, el artículo 121 párrafo primero de la Ley de Procedimiento administrativo establece: “El órgano que dictó el acto podrá anularlo cuando infrinja manifiestamente le ley, siempre que no aparezca firme y consentido”. Derivado de las normas legales anteriormente transcritas, considerarnos que cuando el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad decide de oficio anular la Resolución No. CDIP 023-2008 debió previamente analizar tres puntos torales mismos que ahora son objeto de la nulidad del acto que se reclama y que son: 1) Revisar si dentro de sus atribuciones se encuentra la facultad de anular de oficio resoluciones que tomaron carácter de firmes y definitivas o si es facultad de los jueces de los tribunales de justicia. 2) Prever que al anular de oficio una resolución firme y definitiva afectaría a terceros; 3) Reconocer que como consejo directivo su principal función debe ser garantizar la seguridad jurídica de los bienes y no ponerla en riesgo.- 5.- La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, manifiesta que rechaza las pretensiones de la demandante ya que ésta ignora completamente el contenido de la Ley de Propiedad, pretendiendo desconocer las facultades exclusivas que ostenta el Consejo Directivo de este Instituto señalando que en ningún momento le otorga atribuciones para conocer actos de reclamo administrativo, mientras que por otro lado, la Ley de Procedimiento Administrativo le ofrece las facultades suficientes para declarar la nulidad de oficio al tenor de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo ya relacionado. Se rechaza completamente que el Instituto de la Propiedad esté invadiendo la esfera del Juzgado del Contencioso Administrativo como la demandante señala, exigiéndole que demuestre lo aseverado pues cuanto el Registro de la Propiedad siempre ha sido respetuosa de la Ley y es este apego a la Ley lo que obligó al Consejo Directivo a dictar las resoluciones CDIP-0043- 2010 y CDIP-0049-20l0 en contra de actos dictados por órganos total y absolutamente incompetentes. Que se rechaza completamente ya que todo lo manifestado por la demandante es carente de fundamento y se está apoyando en supuestos imaginarios y no hechos concretos y fundamentos legales precisos, atributos que sí se observan en las Resoluciones emitidas por el Honorable Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad. Que el Honorable Consejo Directivo mediante Resolución número CDIP-0043- 2010 resolvió en fecha 30 de agosto de 2010 declarar de oficio la nulidad absoluta de actuaciones a partir de la providencia de admisión de fecha 8 de septiembre de 2006 que consta a folio número 59 del expediente administrativo número 001-2006, en virtud que a partir de dicho acto se incurrió en infracción del procedimiento de ley; acarreando como consecuencia la nulidad de los demás actos subsiguientes, incluyendo la Resolución SE-N° 023 -2008 de fecha 17 de diciembre del año 2008 y demás actos derivados o consecuentes hasta el folio 412. Lo anterior por considerar, en estricto apego al criterio vertido mediante Dictamen favorable emitido por la Procuraduría General de la República, que dichos actos habían sido realizados y dictados por funcionarios absolutamente incompetentes, habiéndose asimismo y por consecuencia prescindido del procedimiento legal establecido, por provenir y ser efecto de actos nulos de pleno derecho.- 6.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de junio del 2012, dictó sentencia definitiva declarando IMPROCEDENTE la acción incoada por la Abogada SANDRA JOSEFINA OCHOA BARAHONA, actuando en su condición de apoderada legal de la Sociedad Mercantil FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA (EL SALVADOR) S.A (FERTICA EL SALVADOR), quien a la vez sustituyo Poder en el Abogado MARIO RAFAEL ZALDAÑA MORGAN, por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, identificado como las Resoluciones CDIP-0043-2010 de fecha treinta de agosto del año dos mil diez y la Resolución CDIP-0049-20 10 de fecha veintiuno de octubre del año dos mil diez ambas emitidas por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP), sin costas; bajo el criterio que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es revisora de los actos emitidos por la Administración Pública, en aplicación a dicha potestad otorgada por la ley, el suscrito Juez estima que el Instituto de la Propiedad, cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 119 de la LPA, constando en autos que el requisito de “Que la declaración de nulidad de los actos tiene que estar contenida en alguno de los enumerados en el Artículo 34 de la LPA“, se cumple ya que como corre agregado al expediente administrativo y como lo refirió el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad en sus Resoluciones CDIP-0043-2010 de fecha treinta de agosto del año dos mil diez y la Resolución CDIP-0049-2010 de fecha veintiuno de octubre del año dos mil diez, el reclamo administrativo que presentara el Abogado Daniel Rivera MENA en fecha ocho de septiembre de 2006, tendiente a que se declarara la nulidad de unas inscripciones regístrales a favor de Fertilizantes de Centro América S.A., (Fertica Honduras) y que finalizara con la emisión de la Resolución SE-No.023-2008 de fecha 17 de diciembre del año 2008, dictada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP), dicho acto administrativo se subsume en la causales de nulidad absoluta del artículo 34 inciso a) y c); ya que la Secretaría Ejecutiva no es el órgano competente del Instituto de la Propiedad (IP) para la admisión, substanciación y resolución de los reclamos administrativos, ni de resolver recursos, así como tampoco lo es la Secretaría General de dicha Institución para admitir el mismo, sin la firma del superior de la Institución (CONSEJO DIRECTIVO) muestra de lo antes relacionado consta a folio 61, la providencia dictada en fecha 8 de septiembre de 2006, la cual admite el reclamo administrativo presentado por el Abogado Daniel Rivera Mena y solo calza la firma del Secretario General, siendo lo correcto que el Secretario General realice la función de fedatario de la firma de quien ostenta la representación legal de la institución, por lo tanto no tenia facultad de admitir dicho reclamo por si mismo; además constan actuaciones que se realizaron en el expediente (001-2006) las cuales solo fueron firmadas por el Secretario General y en ocasiones por el Secretario Ejecutivo del (IP) por tanto este conjunto de actos de substanciación fueron realizadas sin tener facultades tanto el Secretario Ejecutivo como el Secretario General. Lo antes señalado encuentra asidero jurídico en la Ley de Propiedad que claramente señala en su artículo 8 que el “El Consejo Directivo es el órgano de decisión y dirección superior del Instituto de la Propiedad (IP) y la Secretaria Ejecutiva según el artículo 11, ostenta funciones que son meramente de carácter ejecutivo o gerencial, no teniendo por lo tanto facultad para emitir resoluciones, ya que esta facultad solo la tiene el Consejo Directivo (artículo 10 numeral 4. Ley de Propiedad), ya que es este último quien tiene que delegar al Secretario Ejecutivo funciones (artículo 10 numeral 3. Ley de Propiedad). En relación al segundo requisito que señala el artículo 119 de LPA, la revisión de oficio debe ser realizada por el órgano que dictó el acto o por el superior, en el presente caso este requisito se cumple ya que quien realizó el acto fue el Consejo Directivo del (IP) órgano de decisión y dirección superior, dándole el artículo 10 de la Ley de Propiedad, la facultad de emitir resoluciones (decisiones que se tomen para dar por concluido el procedimiento en que intervengan los particulares, como parte interesada articulo 120 LPA), producto de ello fueron emitidas las Resoluciones CDIP-0043-2010 de fecha treinta de agosto y la Resolución CDIP-0049-2010 de fecha veintiuno de octubre ambas del año dos mil diez. En cuanto al tercer requisito, consta en autos que La Procuraduría General de la República en fecha 10 de agosto del 2010, emitió Dictamen Favorable No. PGR-DNC-023-201 donde estimó pertinente reconsiderar el Dictamen No. PGR-DNC-007-2010 de fecha 10 de junio del año 2010, con el fin que el Instituto de la Propiedad decretara la Nulidad de Oficio de actuaciones en el expediente de mérito, a partir del acto en que se incurrió en la infracción del procedimiento administrativo establecido, incluida la Resolución SE-No. 023-2008 de fecha 17 de diciembre del año 2008, dictada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP). Que a criterio de este juzgador otro defecto que se aprecia en el expediente administrativo (001/2006) es que durante el proceso no consta que en algún momento se le haya dado traslado a Fertilizantes de Centro América (FERTICA HONDURAS), S.A. C.V., como parte legítimamente interesada o bien a su apoderado legal para que se pronunciara sobre el reclamo administrativo interpuesto por el apoderado legal de Fertilizantes de Centroamérica (EL SALVADOR), por lo tanto esto originó en un estado de indefensión a la otra parte involucrada, constituyéndose en una vulneración al derecho del debido proceso, derecho de defensa y a la seguridad jurídica.- 7.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en fecha 15 de noviembre del 2012, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la SOCIEDAD FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR) S.A. (Fertica El Salvador), REVOCAR la Sentencia de fecha veintisiete de junio del dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, declarar PROCEDENTE la acción por no ser conforme a derecho el acto impugnado, en consecuencia se declara la nulidad de la resolución No. CDIP-0043-2010 de fecha 30 de agosto del 2010 y CDIP-0049-2010 de fecha 21 de octubre del 2010, ambas dictadas por el Instituto de la Propiedad, a través del Consejo Directivo, como medida para su pleno restablecimiento se ordena el mantenimiento de la vigencia y alcance del acto administrativo firme consistente en la resolución SE-No. 023-2008 de fecha 17 de diciembre del año 2008 emitido por el Instituto de la Propiedad (IP), SIN LUGAR el pago de los daños y perjuicios reclamados, sin costas; bajo el criterio que el procedimiento de nulidad establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aplicado para la emisión de a Resolución CDIP-0043-2010 de fecha treinta de agosto de dos mil diez, no es aplicable a los actos regulados por la Ley de Propiedad Industrial por cuanto dicha ley establece el procedimiento a seguir en los casos de infracciones a los derechos de propiedad industrial, no siendo aplicable el procedimiento de nulidad seguido por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad. Que en todo caso la Ley del Instituto de la Propiedad establece que la cancelación de inscripciones solo procederá cuando exista nulidad decretada mediante sentencia o laudo arbitral firme y cuando se haya extinguido por completo el derecho o el mandamiento judicial inscrito o hubiese vencido el plazo establecido, de tal forma que la nulidad decretada mediante resolución CDIP-0043-2010 de fecha treinta de agosto de dos mil diez, ha sido dictada por autoridad absolutamente incompetente, correspondiéndole únicamente decretarla a los órganos jurisdiccionales competentes. Que del análisis antes descrito se aprecia que la sentencia que se conoce en apelación no ha sido dictada conforme a derecho por cuanto los actos impugnados no han sido conforme a derecho, por no ser competencia del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad decretar la nulidad de actos que aunque relacionados con órganos administrativos no están regulados por el derecho administrativo, razón por la cual procede revocar la sentencia que se conoce en apelación.- 8.- La representación procesal de la demandada, la abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, en su condición de apoderada del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, presentó en fecha 9 de enero del 2013, escrito de interposición y formalización de recurso de casación, contra la sentencia de fecha 15 de noviembre del 2012, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 324-2012, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el número Exp. 696-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial.- 9.- Mediante providencia de fecha 10 de enero del 2013, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, tuvo por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 10.- Que mediante providencia de fecha 8 de febrero del 2013, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, se declaró tener por pronunciado en tiempo y forma sobre la formalización del recurso de casación presentado por el abogado JORGE ARTURO REINA INTERIANO, en su condición de parte recurrida y a la vez ordenó remitir a las partes las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados a ambas partes dicha resolución como parte demandante/recurrida, abogado JORGE ARTURO REINA INTERIANO, en fecha 12 de febrero del 2013 y a la parte demandada/recurrente abogada NORMA ISABEL SOLORZANO RIVERA, en fecha 18 de febrero del 2013.- 11.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, el abogado JORGE ARTURO REINA INTERIANO, en su condición de apoderado parte demandante, presentó escrito de personamiento en fecha 15 de febrero del 2013, en concepto de parte recurrida.- 12.- Mediante auto de fecha 22 de enero de 2016, la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, con base en los artículos 1, 3, 110 de la Ley de Propiedad contenida en Decreto Legislativo No. 82-2004; 22 y 31 del Código Procesal Civil, resolvió citar al Instituto de la Propiedad y a Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador, S.A.) por medio de sus representantes procesales, a una audiencia para el día 2 de febrero de 2016, a las 10:00 am, con el fin de exponer lo pertinente en relación a la nulidad de actuaciones por falta de competencia objetiva del juzgador de primera instancia, ordenando retener las actuaciones en la Secretaría de la Sala para los efectos pertinentes.- 13.- En fecha 01 de febrero de 2016, el representante procesal de la sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador), S.A. (FERTICA EL SALVADOR) presentó escrito solicitando se declare la nulidad del auto de fecha 22 de enero de 2016, dictado por la Sala Laboral Contencioso Administrativo por sustentarse en artículos inexistentes por estar derogados.- 14.- En fecha 2 de febrero de 2016, a las 10:00 am, con la comparecencia de las partes citadas al efecto, se celebró la audiencia como requisito previo para resolver sobre la nulidad de actuaciones por falta de competencia objetiva del juzgador de primera instancia, levantándose el acta respectiva firmada por los comparecientes y los Magistrados integrantes de la Sala.- II. FUNDAMENTOS JURIDICOS.- I.- Que previo a entrar a conocer los motivos en que se sustenta el recurso de casación planteado por el recurrente y por tratarse de un caso derivado de una disputa de un derecho de propiedad sobre una marca de fábrica, se considera conveniente analizar el alcance y naturaleza del Derecho Administrativo y el Derecho Civil, así como su relación con el objeto del proceso in examine. En tal sentido, iniciaremos el análisis recordando que el Artículo 1 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dispone que dicha jurisdicción es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos, de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. Por su parte, el Artículo 3 del mismo cuerpo legal, dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo también conocerá de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado; b) Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales; c) La ejecución de las resoluciones que se adopten en aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago de indemnizaciones; ch) Lo relativo a los actos, particulares o generales, emitidos por las Entidades de Derecho Público, tales como Colegios Profesionales y Cámaras de Comercio e Industrias, siempre que la Ley no los sometiere a una jurisdicción especial, así como el cumplimiento, interpretación, resolución y efectos de los contratos celebrados por estas entidades, cuando tuvieren por finalidad obras y servicios públicos de toda especie; d) Las cuestiones que una Ley le atribuya especialmente.- II.- Asimismo, el Artículo 4 de la citada Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dispone que no corresponderán a dicha jurisdicción: a) Las cuestiones de orden civil, mercantil laboral y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administración Pública, se atribuyan por una Ley a otra jurisdicción o correspondan al Derecho Agrario; y b) Las cuestiones que se susciten sobre los actos de relación entre los Poderes del Estado o con motivo de las relaciones internacionales, defensa del territorio nacional y mando y organización militar, sin perjuicio de las indemnizaciones que fueren procedentes cuya determinación si corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- III.- El Derecho Administrativo es un complejo de principios y normas de Derecho Público interno que regula: la organización y comportamiento de la administración pública, directa e indirectamente; las relaciones de la administración pública con los administrados; las relaciones de los distintos órganos entre sí de la administración pública; a fin de satisfacer y lograr las finalidades del interés público hacia la que debe tender la Administración. Es así pues que el Derecho administrativo tiene por objeto la administración pública, entendida como la actividad a través de la cual el Estado y los sujetos auxiliares de éste, tienden a la satisfacción de intereses colectivos.- IV.- También se estima atinente señalar que por interés público se entiende como el resultado de un conjunto de intereses individuales compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos que se asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría, que aparece con un contenido concreto, determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo de ellos, que pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses individuales que se le opongan o lo afecten, a los que desplaza sin aniquilarlos.- V.- Por su parte, el Derecho Civil ha sido, desde la época del Derecho Romano, el conjunto de normas que constituyen el Derecho Privado, entendiendo por tal a aquél que regula las relaciones entre las personas. Se opone, por tanto, al Derecho Público, que regula las relaciones de las personas con los poderes del Estado y de los poderes públicos entre sí. El Derecho civil habitualmente comprende: a) el Derecho de las personas que regula el inicio y fin de la existencia de las personas naturales, la capacidad jurídica, los atributos de la personalidad, es decir, los elementos que determinan las condiciones de cada individuo en su relación jurídica con los demás, tales como el estado civil, el domicilio o la nacionalidad, y los derechos personalísimos o de la personalidad, íntimamente ligados al ser humano desde que nace; b) el derecho de cosas o de bienes, que regula lo que se conoce como derechos reales y, en general, las relaciones jurídicas de los individuos con los objetos o cosas, tales como la propiedad, los modos de adquirirla, la posesión y la mera tenencia; c) el derecho de sucesiones o sucesorio, que regula las consecuencias jurídicas que vienen determinadas por el fallecimiento de una persona física en lo relativo a la transferencia de sus bienes y derechos a terceros; d) el derecho de las obligaciones y los contratos, que regula los hechos, actos y negocios jurídicos, y sus consecuencias y efectos vinculantes; e) el derecho de la responsabilidad civil, que trata de la indemnización de daños y perjuicios causados a otros; f) por último, también incluye normas genéricas aplicables a todas las ramas del Derecho, como la aplicación e interpretación y de las normas jurídicas. Por esta última razón, el Derecho civil recibe su denominación de "derecho común". También es importante tener en cuenta que el estudio del Derecho Civil comprende, además, el análisis de las diferentes acciones judiciales que el ordenamiento jurídico otorga para la protección de las situaciones jurídicas antes descritas, entre las que se encuentra el derecho de propiedad.- VI.- De conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Código Procesal Civil, corresponde a los órganos jurisdiccionales civiles el conocimiento de todos aquellos litigios fundados en el derecho privado que no estén atribuidos por la ley a otros órganos jurisdiccionales, así como de aquellos otros que las leyes les atribuyan expresamente. En ese sentido, previo a la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, todo lo relativo a la propiedad mueble, inmueble, mercantil, intelectual y derechos reales se encontraba comprendida en las disposiciones de la Ley de Propiedad (Decreto número 82-2004), estableciéndose en su artículo 110 la competencia de los órganos jurisdiccionales en esas materias a los Juzgados de Letras de lo Civil, mediante un procedimiento especial y breve.- VII.- Al respecto del artículo 110 mencionado, si bien es cierto y lleva razón el apoderado de la sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador) S.A. (FERTICA EL SALVADOR), al afirmar tanto en el escrito presentado el 1 de febrero de 2016 solicitando la nulidad del auto de fecha 22 de enero de 2016 emitido por esta Sala, así como en la audiencia celebrada el día 2 de febrero del año en curso, en cuanto a que dicho artículo, junto a otros, fueron derogados expresamente por el Decreto Legislativo No. 211-2006, que contiene el Código Procesal Civil, sin embargo, aceptando que su mención como fundamento del auto de fecha 22 de enero se debió más bien a un lapsus calami, también no es menos cierto que dicha derogatoria no le cambia su naturaleza civil a la controversia objeto del proceso que nos ocupa y que analizada la situación de la derogatoria planteada por el apoderado judicial de FERTICA EL SALVADOR, la misma más bien iba encaminada por el legislador a sustituir el procedimiento especial y breve que en dicho artículo se establecía, por el procedimiento relativo a la CALIFICACION REGISTRAL (artículo 608 del Código Procesal Civil), mediante el proceso abreviado dispositivo, a través del cual se impugnan ante los órganos jurisdiccionales civiles las resoluciones expresas y presuntas en materia de recurso administrativo previo, contra la calificación que realicen los registradores de la Propiedad, una vez interpuesto y resuelto el respectivo recurso administrativo.- VIII.- La calificación registral, explica el Doctor Juan Antonio Toro Peña, en el Código Procesal Civil Comentado, Tomo II, página 533, es la facultad que tienen los registradores para determinar la legalidad y validez formal de los actos o contratos, títulos, instrumentos públicos o documentos auténticos en cuya virtud se solicite una inscripción. Una vez realizada la inscripción de un acto o contrato el mismo se tendrá por calificado. La denegatoria provisional o definitiva se expresará a través de una resolución debidamente motivada y legalmente fundamentada que se notificará al interesado (arts. 43 a 46 Ley de Propiedad). “Interesado” es la persona a cuyo favor derivaren derechos del propio acto, quien ostentará por tanto, una situación jurídica directamente afectada por la sentencia que se pronuncie. Además señala que el conocimiento de esas demandas contra la calificación de los registradores, es la que produce este tipo de pretensiones.- IX.- En consideración a lo anterior, el conocimiento de todas las controversias relativas a la fe pública registral corresponde a la materia civil y no a la contencioso administrativo; en consecuencia a lo anterior, es imperativo aplicar lo dispuesto en el artículo 4 literal a) de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 31.2 del Código Procesal Civil.- X.- Que es un principio constitucional que nadie puede ser juzgado sino por Juez Competente, pues de no ser así no solo se violenta el debido proceso, sino también el derecho de defensa de las partes, razones por las que debe anularse de oficio la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 15 de noviembre de 2012, para que reponiendo los autos al estado que tenian cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho y a los lineamientos vertidos por esta Sala con respecto a la incompetencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente caso, señalándole al interesado como competente el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 43 y 45 de la Ley de Propiedad contenida en Decreto Legislativo 82-2004; 1, 22, 31, 400 literal c), 608, 609 y 921.4 del Código Procesal Civil; 1, 4 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y 115 numeral 7 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. RESUELVE: Anular de oficio la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en fecha 15 de noviembre de 2012. Y MANDA: Devolver los autos a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con la certificación de estilo para que para que reponiendo los autos al estado que tenian cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho y a los lineamientos vertidos por esta Sala con respecto a la incompetencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del presente caso, señalándole al interesado como competente el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazan.- Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- NOTIFIQUESE .- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de febrero del dos mil dieciséis; certificación del auto de fecha cuatro de febrero del dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 164-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL