Sentencia CA-160-15 — Registro 6480
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia del juzgado, bajo el criterio que al estar debidamente probado de autos que el procedimiento de declaratoria de lesividad de actos administrativos llevado a cabo por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, es nulo de pleno derecho por haberse dictado por un órgano absolutamente incompetente tal como consta de autos, y que no existe la causa de inadmisibilidad como lo expone el A-Quo en el fallo recurrido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) el concepto de interpretación errónea implica darle un alcance equivocado por parte del Juzgador a la norma aplicada en la sentencia y en el caso particular se determina que las disposiciones señaladas como infringidas han sido utilizadas apropiadamente de conformidad a las formalidades exigidas para la estructuración del fallo; y, c) formula extensos alegatos de instancia.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 720, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
ueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.-
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 723, Numeral 2 literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resoluciòn que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil dieciséis, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados EDGARDO CACERES CASTELLANOS como Coordinador, MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE y MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, dictan la siguiente RESOLUCION: SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA DE LOPEZ; y, Recurrido: la sociedad mercantil AGREGADOS DEL CARIBE S.A. DE C.V. (AGRECASA), representada en juicio por la Abogada KARENINA CHANDIAS GUZMAN.- OBJETO DEL PROCESO: demanda para la declaración de ilegalidad y nulidad de un acto lesivo, reconocimiento de situación jurídica individualizada, pago de impuestos debidamente exonerados, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República en ese entonces, contra la sociedad mercantil AGREGADOS DEL CARIBE S.A. DE C.V. (AGRECASA).- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el veinte de agosto de dos mil siete, se solicitó ante la Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería (DEFOMIN) la libre importación de un equipo y dispensa del pago de derechos tributarios sobre el mismo, presentada por el apoderado legal de AGRECASA, para poder introducir al país maquinaria consignada en la plataforma y lista de equipo, resolviendo en fecha cinco de septiembre de dos mil siete, declarando la misma con lugar y mandando se remita las diligencias a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, para la continuación del trámite, emitiendo el permiso especial de importación temporal el seis de septiembre de dos mil siete, dirigido al señor Director de la Aduana de Puerto Cortés, Cortés, ordenando el registro en póliza libre de impuestos de importación y derechos aduaneros de tres contenedores de 40 pies abierto con criba y equipo de clasificación para planta trituradora con un valor de US$.320,000.00; la Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería (DEFOMIN) en fecha doce de octubre de dos mil siete, remitió el expediente a la Procuraduría General de la República para que emitiera dictamen sobre la procedencia o no de la declaratoria de nulidad de la Resolución No.73-09-07 de la dispensa otorgada emitida por dicha Dirección; sin embargo, DEFOMIN en fecha ocho de julio de dos mil ocho, incompetente para proceder a la declaratoria de nulidad de su propio acto por cuanto la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas ya había facultado a la sociedad minera a introducir libre de impuestos la importación del equipo para las operaciones mineras, quedando derogado y dándose exoneraciones por un recurso de inconstitucionalidad, siendo con fecha posterior en que la norma fue derogada provocando daño económico y jurídico a los intereses del Estado de Honduras pues no existía fundamento legal para concederlo, provocando una lesión a los intereses económicos del Estado, por cuanto su emisión generó pérdida patrimonial como consecuencia de no haber recibido los impuestos que por ley corresponden.- 2. La parte demandada, la sociedad mercantil AGREGADOS DEL CARIBE S.A. DE C.V. (AGRECASA), contestó dicha demanda señalando que en virtud de la solicitud presentada ante DEFOMIN se emitió la resolución correspondiente siendo firme y estando en plena vigencia ya que en ningún momento ha sido impugnada por la Administración Pública, basándose para la emisión del permiso especial de importación temporal en varias leyes dentro de las cuales una de ella fue decretada inconstitucionalmente siendo publicada en el Diario Oficial La Gaceta el veinticuatro de noviembre de dos mil seis, queriendo hacer una revisión y modificación por el acto emitido, violentando así garantías a la inversión nacional y extranjera, generando daños y perjuicios a la imagen del país, a la economía nacional.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando inadmisible la acción incoada por el Estado de Honduras, por contener la demanda defectos procesales que impiden verter un pronunciamiento válido en cuanto al fondo del asunto en tanto, de manera previa, no ha sido declarado lesivo el acto cuya anulación se pretende por el órgano superior de la respectiva jerarquía administrativa, que para el caso particular es el Consejo de Ministros, sin costas; bajo el criterio que el Consejo de Ministros es el órgano encargado de emitir la declaración de lesividad como elemento previo a la anulación, dictando resolución fundada y no la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas como se dio en el caso, teniendo que escuchar a la Procuraduría General de la República, no constando en autos tal requisito por lo cual tiene defectos de inadmisibilidad.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintidós de enero de dos mil quince, dictó sentencia revocando la proferida por el a-quo; declarando improcedente la acción incoada por la Abogada Ethel Deras Enamorado, en su condición de Procuradora General de la República, por estar ajustado a derecho el acto impugnado, sin costas; bajo el criterio que: “Que al estar debidamente probado de autos que el procedimiento de declaratoria de lesividad de actos administrativos llevado a cabo por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, es nulo de pleno derecho por haberse dictado por un órgano absolutamente incompetente tal como consta de autos, y que no existe la causa de inadmisibilidad como lo expone el A-Quo en el fallo recurrido, ya que la falta de procedimiento lo que lleva es a la improcedencia de la acción, y no a la existencia de una causa de inadmisibilidad, en consecuencia al tenor de lo prescrito en el artículo 92 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal deviene en la obligación de pronunciarse en cuanto al fondo del asunto, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, pero para efectos de declarar la improcedencia de la acción, por no haber seguido el procedimiento ordenado en la ley de esta jurisdicción para declarar la lesividad de un acto firme creador de derechos subjetivos a terceros, y por estar dictado por un órgano absolutamente incompetente”.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA DE LOPEZ, en fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha veintidós de enero de dos mil quince, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No. 385-2014, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 143-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la parte recurrida, Abogada KARENINA CHANDIAS GUZMAN, presentó en fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de igual fecha por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes de su respectivo personamiento ante este Alto Tribunal, apareciendo notificadas de dicha resolución en fecha veinte de marzo de dos mil quince, las Abogadas KARENINA CHANDIAS GUZMAN y KARLA PATRICIA MENDOZA DE LOPEZ, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en éste Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha veintiuno de abril de dos mil quince, teniendo por personadas a las Abogadas KARLA PATRICIA MENDOZA DE LOPEZ, como recurrente y KARENINA CHANDIAS GUZMAN, como recurrida, en consecuencia sígase con el trámite de ley correspondiente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias resulta que se ha tenido por interpuesto recurso de casación contra una sentencia definitiva, dictada en segunda instancia, que el recurrente fundamenta su único motivo manifestando lo siguiente: “Se impugna la interpretación errónea de los artículos 200.1 y 2 incisos b) y c) y 207 del Código Procesal Civil que regula la forma y contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica, en relación con los artículos 15 y 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 719.1 inciso c) y 720 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA. Se impugna toda la parte dispositiva de la sentencia. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La sociedad AGREGADOS DEL CARIBE S.A. DE C.V. (AGRECASA) presentó ante la Dirección Ejecutiva de Fomento de la Minería (DEFOMIN) la solicitud para la Libre Importación de un equipo y Dispensa del Pago de derechos tributarios sobre el mismo, para poder introducir al país la maquinaria consignada en la proforma y lista de equipo que se acompañó a la solicitud, la cual fue declarada con lugar mediante la Resolución Dispensa 1340-D-07 No. 073-09-07 de fecha 5 de septiembre de 2007. Posteriormente la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, a excitativa de DEFOMIN y en base a las disposiciones legales contenidas en la Ley General de Minería, contenida en el Decreto Legislativo No. 292-98, emitió a favor de la sociedad AGRECASA, Permiso Especial de Importación Temporal No. 8020070278, ordenando el registro de la póliza Libre de Impuestos de Importación Aduanera. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró mediante sentencia de fecha 4 de octubre de 2006, inconstitucionales entre otros los artículos 74 y 76 de la Ley General de Minería, por lo cual previo los trámites de ley la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas emitió la Resolución SG-DM-83-201 1 de fecha 18 de Febrero de 2011 mediante la cual declaró lesivo a los intereses económicos y jurídicos del Estado el Permiso Especial de Importación Temporal No. 8020070278 que había ordenado el registro de la póliza libre de impuestos de importación solicitada por la sociedad AGREGADOS DEL CARIBE S.A. de C.V. (AGRECASA).- Declarada la Lesividad el ESTADO DE HONDURAS procedió a interponer demanda para anular su propio acto, es decir, el Permiso Especial de Importación Temporal No. 8020070278 de fecha 06 de septiembre de 2007 ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en contra de la sociedad AGREGADOS DEL CARIBE S.A. de C.V. (AGRECASA), sustentando la misma en los Artículos 15 y 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La declaración de Lesividad suspendió todos los efectos de ese acto administrativo denominado Permiso Especial de Importación Temporal No. 8020070278 y quedaba sujeta a su ratificación ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por la declaración de nulidad de dicho acto, y en consecuencia el Estado exige mediante el presente juicio contencioso no solo la declaratoria de nulidad del acto, sino que también el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y como medida de restitución el pago de los tributos por importación de maquinaria que en materia minera se dejaron de pagar por la exoneración concedida por el órgano emisor, pero el Juzgado no lo entendió así como se expone adelante. El ACTO ADMINISTRATIVO cuya anulación se pretende mediante la declaración de lesividad es el Permiso Especial de Importación Temporal No. 8020070278 emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas.- Lo anterior en virtud de que DEFOMIN se declaró “incompetente” para la declaratoria de nulidad de su propio acto (Dispensa 1340-D-07), remitiendo las diligencias a la Procuraduría General de la República para su opinión sobre la procedencia de anulación. Si analizamos la Ley, el órgano administrativo que extiende las exoneraciones fiscales y por ende la Póliza Libre de Impuestos de Importación Aduanera es la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas; en este sentido no existe en la Ley de la Administración Pública ninguna disposición que señale que existe un órgano superior jerárquico que pueda resolver controversias con respecto al caso que nos ocupa, pues el Consejo de Ministros tiene de acuerdo con el número 6 del Artículo 22 de la Ley General de la Administración Pública la siguiente atribución: “6. Resolver las cuestiones de competencia que se susciten entre dos o mas Secretarias de Estado.”.- Pero este no es el caso pues desde un principio estaba claro que la Dirección de Fomento a la Minería no podía por su propia Ley otorgar Dispensa sin la debida aprobación o autorización de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, de conformidad con la Ley de Control de Franquicias Aduaneras, contenida en el Decreto No. 295. En este mismo orden de ideas el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señala: “Cuando la propia Administración autora de algún acto pretendiere demandar su nulidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo su anulación, deberá previamente declararlo lesivo a los intereses públicos, de carácter económico o de cualquier otra naturaleza, en el plazo de cuatro (4) años, a contra de la fecha en que hubiere sido dictado. Los actos dictados por un órgano de una Secretaría de Estado o de un órgano desconcentrado, de la Administración Pública Central, no podrán ser declarados lesivos por otras Secretarías de Estado u órganos desconcentrados pero sí en virtud de Decreto emanado del Consejo de Ministros, previa consulta a la Procuraduría General de la República.” (el subrayado es mío). El acto propio de la Administración en el presente caso fue declarado lesivo por el mismo órgano que lo emitió, es decir la Secretaría de Finanzas, ya que sin dicha Autorización de exoneración no pasarían los insumos exonerados por las aduanas.- Resulta erróneo en consecuencia el razonamiento hecho por el Juzgado Ad quo en suponer que el superior jerárquico para la nulidad de un acto propio es el Presidente en la República en Consejo de Ministros previa consulta de la Procuraduría General de la República; sin embargo, los artículos en cuestión son claros en su redacción y no dan lugar a otra interpretación que la que resulta de sus propios términos: es la Secretaría de Estado autora de su propio acto la que puede declararlo lesivo y solo cuando otra Secretaría de Estado pretende declarar esa lesividad, se procede por medio del Consejo de Ministros quien emite el Decreto correspondiente previa consulta de la Procuraduría General de la República. Siendo entonces que la exegesis que hace el Ad Quo de los Artículos 45 párrafo segundo y 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es errónea. Reiteramos que en el caso de autos el acto objeto de “nulidad” lo constituye la “Autorización de la franquicia, declarando el otorgamiento de la libre importación de bienes”, y dicho acto fue emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, y fue dicha Secretaría la que emitió Resolución SG-DM- 83- 2011 de fecha 18 de febrero del 2011 por medio de la cual declaró lesivo a los intereses económicos y jurídicos del Estado el “PERMISO ESPECIAL DE IMPORTACIÓN TEMPORAL No. 8020070278 de fecha 06 de septiembre del 2007”, dictado por esa misma Secretaría de Estado por haber sido declarados inconstitucionales entre otros el Articulo 74 de la Ley General de Minería. Resultando nula la exoneración otorgada por carecer de fundamentación legal para la misma.- Lo anterior por haberse declarado incompetente DEFOMIN para la nulidad de la Dispensa otorgada, y por ende la nulidad del acto pretendido es el que emitió la Secretaría de Estado en los despachos de Finanzas.- El articulo pre citado nos señala en el párrafo segundo el caso en que sí un órgano de una Secretaria de Estado (DEFOMIN que dependía de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente) hubiese dictado el “acto” (que confiere derechos a terceros) no podrán ser declarados lesivos por otras Secretarías de Estado, pero sí en virtud de DECRETO emanado por el Consejo de Ministros (Art. 15 de la Ley de la Jurisdicción). El anterior escenario no es el caso que nos ocupa pues DEFOMIN se declaró incompetente para la declaratoria del propio acto es decir, para declarar nula la Resolución que otorgaba la Dispensa 1340-D-07, es por ello que remitió el asunto a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas. De conformidad con la el articulo 57 numeral 4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, Ley de Franquicias Aduaneras, Código Tributario etc., no existe dentro de la Ley General de la Administración Pública disposición que señale al Consejo de Ministros como Superior Jerárquico, por lo tanto la Corte de Apelaciones Ad Quo erróneamente mediante la sentencia recurrida ha señalado que la Secretaría de Finanzas es incompetente para anular un acto propio, dándole una interpretación errónea al Artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues según dicha Corte el acto propio de la Secretaría de Finanzas debió ser declarado lesivo por el Consejo de Ministros y no es eso lo que dice el artículo antes citado como lo apreciamos a continuación: La Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería solicitó a la Procuraduría General de la República, dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la Declaratoria de NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE DISPENSA otorgadas por dicha Dirección a favor de la sociedad Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA S.A.). La Procuraduría General de la República al emitir DICTAMEN en respuesta a las diligencias provenientes de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), señala: “que en relación a la solicitud de dispensa de impuesto de importación de maquinaria, equipo e insumos presentada por la sociedad Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA) y al procedimiento de revisión de oficio llevado a cabo por la mencionada Dirección Ejecutiva, a fin de declarar la nulidad de la resolución recaída en la referida solicitud.”.- Asimismo en el punto quinto de dicho dictamen señaló lo siguiente: “Haciendo estricta aplicación de los preceptos jurídicos relacionados anteriormente, a la par de la actividad administrativa que dio origen a la emisión del Acto Administrativo bajo examen, claramente se colige que la Resolución DISPENSA 1 340-D-07, de fecha 06 de septiembre del año 2007, fue emitida con fundamento en el Artículo 74 de la Ley General de Minería, declarado inconstitucional, tal como se relaciona en el acápite tercero de este Dictamen, consecuentemente adolece de vicios que franquean su nulidad…..Finalmente, el Acto Administrativo dictado contraria lo dispuesto en el Articulo 8, numeral 3 de la Ley General de la Administración Pública, ya que la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN) nunca debió otorgar la referida Dispensa, por no tener atribuida por la Ley, tal potestad, ya que le fue vedada por la sentencia de la garantía de inconstitucionalidad, dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia.” Fue así como previo Informe de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Estado los Despachos de Finanzas declaró lesivo a los intereses económicos y jurídicos del Estado de Honduras TODOS LOS PERMISOS DE IMPORTACION TEMPORAL emitidos en el año 2007 y procedió además a solicitar que la Procuraduría General interpusiera las Demandas Ordinarias para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto propio firme declarado lesivo por la Autoridad Superiora en la jerarquía administrativa que lo dictó. Reconocimiento de una situación Jurídica Individualizada condenando al pago de impuestos indebidamente exonerados y costas, promovida contra la Sociedad Agregados del Caribe S.A. (AGRECASA S.A.) Con fecha 14 de octubre del 2014 el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia que en su parte resolutiva FALLA: “Declarar INADMISIBLE la acción incoada por el Estado de Honduras por contener la demanda defectos formales que impiden verter un pronunciamiento válido en cuanto al fondo del asunto en tanto, de manera previa, no ha sido declarado lesivo el acto cuya anulación se pretende por el órgano superior de la respectiva jerarquía administrativa, que para el caso particular es el Consejo de Ministros. Y MANDA: que contra la presente Sentencia Definitiva procede el Recurso de Apelación, mismo que debe ser interpuesto dentro del plazo de diez (10) días hábiles ante este mismo Juzgado para ser conocido y resuelto por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.. .“ El Juzgado en el numeral CUARTO de la Sentencia Definitiva tuvo como hechos probados los siguientes: “Son hechos probados: 1) Que mediante Resolución No.003/04/05 del 18 de abril de 2005, ver folio 20 de esta pieza DEFOMIN declaró CON LUGAR la solicitud de CONCESION minera metálica presentada por la ahora demandante; 2) Mediante Resolución No. 73-09-07 del 5 de septiembre de 2007 se declaró CON LUGAR la solicitud de DISPENSA presentada por el demandante, ver folio 53; 3) Que mediante No. de Control 8020070278 la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, extendió a favor de la demandante el discutido PERMISO ESPECIAL DE IMPORTACION TEMPORAL, ver folio 140; 4) Que mediante sentencia emitida por la Sala Constitucional en fecha 4 de octubre de 2006, se derogó algunos artículos de la Ley de Minería, entre ellos el 74, articulo que según la demandante sirvió de fundamento para otorgar el exención de impuestos a la demandada; 5) Que la Procuraduría General de la República remitió Dictamen PGR-SC- 131 mediante el cual señala la posibilidad de anulación del Acto Administrativo correspondiente; 6) resolución SG-DM-83-2001 mediante la cual se resolvió declarar lesivo a los intereses económicos y jurídicos del Estado, el Permiso Especial de Importación Temporal 8020070278 emitido el 6 de septiembre de 2007, ver folio 109.” Asimismo el acápite FUNDAMENTOS DE DERECHO de dicha sentencia de primera instancia señala en el numeral TERCERO lo siguiente: “Que si bien es cierto, todo proceso cuyo objeto sea la declaración de ilegalidad y la anulación de Acto Administrativo pretendido por la propia Administración, que pide la anulación de un acto propio haya cumplido a cabalidad con el trámite de lesividad señalado en los artículos 15 y 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, circunstancia ésta que no consta de autos se haya realizado de manera correcta.” Recurrida que fue la sentencia, en fecha 14 de octubre de 2014 la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, Apoderada Legal Sustituta del Estado de Honduras.- SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia Definitiva de fecha catorce de octubre del dos mil catorce dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo , con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que corre agregada a folios números doscientos dos (202) al doscientos cinco (205) inclusive de la primera pieza de autos.- TERCERO: Declarar improcedente la acción incoada por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, Procuradora General de la República, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, por los motivos explicados en la presente sentencia.” La Corte en los Considerandos SEIS (6) y SIETE (7) de la Sentencia en el Recurso de Apelación tuvo como hechos probados los siguientes: “CONSIDERANDO (6): Que al ser clara la ley al señalar que el competente para declarar lesivo un acto administrativo firme emitido por una Secretaria de Estado o un órgano de ésta, es el Consejo de Ministros en virtud de decreto emanado del mismo, en consecuencia de la revisión de los antecedentes nos encontramos que el procedimiento de declaratoria de lesividad de actos administrativos adoptado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas está viciado de nulidad, porque el Secretario de Estado de dicho Despacho es quien declara lesivo un propio acto firme, creador de derechos subjetivos a terceros, lo que es totalmente contrario a derecho, porque el Secretario de Estado no es competente para declarar lesivos sus propios actos, firmes o emitidos por algún órgano o dependencia, ya que el único competente es el Consejo de Ministros como se ha venido explicando en el presente fallo.” “CONSIDERANDO (7): Que al estar debidamente probado en autos que el procedimiento de declaratoria de lesividad de actos administrativos llevado a cabo por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, es nulo de pleno derecho por haberse dictado por un órgano absolutamente incompetente tal como consta de autos, y que no existe la causa de inadmisibilidad como lo expone el AD QUO en el fallo recurrido, ya que la falta de procedimiento 1 que lleva es a la IMPROCEDENCIA DE LA ACCION, y no a la existencia de una causa de inadmisibilidad, en consecuencia al tenor de lo prescrito en el artículo 92 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal deviene en la obligación de pronunciarse en cuanto al fondo del asunto, declarando CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte demandante, pero para efectos de declarar la improcedencia de la acción, por no haber seguido el procedimiento ordenado en la Ley de esta jurisdicción para declarar la lesividad de un acto firme creador de derechos subjetivos a terceros, y por estar dictado por un órgano absolutamente incompetente.”.- En la parte RESOLUTIVA dicha sentencia FALLA: “PRIMERO: Declarar Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, apoderada legal sustituta del Estado de Honduras.- SEGUNDO: Revocar la sentencia definitiva de fecha catorce de octubre del dos mil catorce dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE la acción incoada por la Abogada Ethel Deras Enamorado, Procuradora General de la República, por estar ajustado el acto impugnado, por los motivos explicados en la presente sentencia.” Así las cosas infortunadamente el Juzgado A quo, como la Corte Sentenciadora hicieron caso omiso de la acción del ESTADO DE HONDURAS para recuperar a favor del erario público la recaudación tributaria indebidamente exonerada, soslayando dicha Corte que la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, tiene atribuido la autorización de las exoneraciones fiscales dentro de la Administración Pública, es por esta razón que dicha Secretaría de Estado declaró lesivo el acto propio emitido dentro de la misma Secretaría de Estado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo 45 LJCA: “Los actos dictados por un órgano de una Secretaría de Estado o un órgano desconcentrado, de la Administración Pública Central no podrán ser declarados lesivos por otras Secretarías de Estado u órganos desconcentrados, pero sí en virtud de Decreto emanado del Consejo de Ministros, previa consulta a la Procuraduría General de la República.”.- A continuación analizamos el caso de autos: La AUTORIZACION DE IMPORTACION LIBRE DE IMPUESTOS A FAVOR DE AGRECASA fue emitida por SEFIN (A); DEMOFIN emitió resolución declarando erróneamente con lugar a la solicitud de exoneración mediante RESOLUCION DISPENSA (B); La RESOLUCION QUE DECLARA LESIVO A LOS INTERESES ECONOMICOS Y JURIDICOS FUE EMITIDA POR SEFIN (C); Por lo tanto el párrafo del artículo precedente no establece o más bien no prohíbe que A declare la lesividad mediante C.- El Ad quo señala en su fallo: Que cuando A emite un acto, solamente D (Consejo de ministros) puede declarar C.- Así las cosas según el Ad quo solamente D podría declarar la Lesividad de un acto de la Administración Pública (C) sin importar quien o quienes lo hayan emitido, en pocas palabras para la Corte de Apelaciones de lo Contencioso y el Juzgado de dicha jurisdicción SOLAMENTE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS PUEDE DECLARAR LESIVIDAD DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LA ADMINISTRACION PUBLICA, LO ANTERIOR NO ES LO QUE DICE LA LEY, Y MUCHO MENOS CABE UNA INTERPRETACIÓN EN ESE SENTIDO. Bajo el argumento que el proceso de lesividad que se promoviera por parte de la Administración pública hubiese sido erróneo por haber sido declarado lesivo a los intereses estatales órgano totalmente incompetente, el acto propio creado por la Secretaría de Finanzas según el Ad Quo en su fallo es, el Presidente de la República en Consejo de Ministros es el órgano superior jerárquico de la Administración pública o del Poder Ejecutivo el único competente para dichos fines, pero ese razonamiento es equivocado, primero, porque como se expresó antes, el razonamiento expresado por el Tribunal Sentenciador, que confirmó el de primera instancia se sustenta en la aplicación errónea de los artículos 45 párrafo segundo y 15 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y señala que el proceso de Lesividad se hizo de forma equivocada, evidencia de dicho Tribunal un razonamiento equivocado, e interpretación errónea de la Ley, pues no es el sentido que el legislador les dio. Según el razonamiento del Juzgador, la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas no podía haber decretado la nulidad de su propio acto, sino que debió hacerlo el Consejo de Ministros previa consulta de la Procuraduría General de la República, sin embargo, los artículos en cuestión son claros en su redacción y no dan lugar a otra interpretación que la que resulta de sus propios términos: es la Secretaría de Estado autora de su propio acto la que puede declararlo lesivo y solo cuando otra Secretaría de Estado pretende declarar esa lesividad, se procede por medio del Consejo de Ministros quien emite el decreto correspondiente previa consulta de la Procuraduría General de la República. En el presente caso, fue la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, el órgano competente, la que emitió la autorización del permiso especial de importación temporal a favor de AGRECASA de fecha 14 de agosto de 2007 y la que posteriormente declaró su lesividad previo dictamen de la Procuraduría General de la República. El artículo 200.1 y 2, letras b) y c), CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIA, del Código Procesal Civil expresa: “1. Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva del fallo. 2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustara al contenido formal siguiente: a)… b) En los antecedentes de hecho se consignaran, con claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicados y los hechos probados en su caso. c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y las cuestiones controvertidas , dando las razones y fundamentos legales del fallo que hayan de dictarse con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.” Y el artículo 207 del Código Procesal Civil refiriéndose a la motivación expresa: “La sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” (las negrillas son nuestras). El artículo 720 del Código Procesal Civil, EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION, prescribe: “1. Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. 2. Sin embargo, y dentro del literal e) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.” El Tribunal de segunda instancia no hace declaración sobre hechos probados por lo que se consideran como ratificados los declarados como tales en la sentencia de primera instancia. En esos hechos declarados probados el Juzgado se limitó a relacionar los medios de prueba aportados por la parte actora (ESTADO DE HONDURAS) por medio de los cuales se probó lo siguiente: 1) la Resolución que declara lesivo el “PERMISO ESPECIAL DE IMPOTACION TEMPORAL” con No. de Control 8020070278 emitido por la Secretaría de Finanzas ha sido por el carácter económico y alegada dentro del plazo establecido. 2) Que la resolución que declara la lesividad ha sido emitida por la Secretaría de Finanzas (SECRETARIA DE ESTADO QUE EMITIO EL ACTO IMPUGNADO). 3) Que se ha demandado en tiempo y forma ante este Juzgado la nulidad de la resolución declarada lesiva.- No obstante el Juzgado AD QUO al darle una interpretación errónea a la Ley de la Jurisdicción declara erróneo el procedimiento de “lesividad.- Ahora bien, conforme el artículo 720 CPC antes citado, no se podrá instar la revisión de los hechos en casación, pero si se podrá solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo. Y en efecto, la motivación fáctica de la sentencia atiende a otros motivos que no se encuentran en esos hechos probados. Razona el tribunal de segunda Instancia que el acto administrativo demandado por Lesividad por el ESTADO DE HONDURAS es firme y creador de derechos y además que fue declarado por órgano incompetente, por no haber sido declarada por el Presidente de la República. Eso no es lo que dicen los hechos probados, y lo que nos está diciendo el Tribunal Sentenciador es que la existencia de esos hechos requiere de una revisión porque el mismo Tribunal reconoce que existen otros que no fueron declarados como tales por el Juzgado instructor, pero que de hecho el Tribunal de Alzada si los considera y los expone en la motivación de su sentencia, siendo estos la demanda de Lesividad presentada por el ESTADO DE HONDURAS y su resolución, desestimando la defensa del ESTADO y posteriormente el Ad quem confirmó con el razonamiento que he citado. Y si el acto impugnado Permiso Especial de Importación Temporal No. 8020070278 había sido declarado lesivo, y después demandada su nulidad, resulta ser que el acto administrativo ahora los órganos de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dan por válido a pesar de que carece de validez jurídica. De ahí entonces, que la motivación de la sentencia se sustenta en un acto administrativo que había sido declarado lesivo y que ha sido demandada su nulidad. En adición, el razonamiento sustentado por la Corte de Apelaciones recurrida es equivocado por4ue parte de una interpretación errónea de los artículos 15 y 45 de la Ley de la Jurisdicción de .o Contencioso Administrativo, en relación con el 17 del Código Civil que he citado, que vale aclarar, por ser parte del recurso de casación. Y si la sentencia se sustenta en una motivación que contiene presupuestos equivocados la conclusión es equivocada. La forma y contenido de una sentencia no se limita a estructurarla solamente con los requisitos que sobre elle prescribe el Código Procesal Civil, sino que tiene que cumplirse con el sentido lógico que corresponde a la legislación a aplicarse, esto es, que no basta con poner los antecedentes de hechos y los fundamentos de derecho que regulan el caso, sino que estos tienen que conforme han sido expuestos y subsumirlos en la norma jurídica, formar el silogismo, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La intención del legislador es que entre los hechos declarados probados se le aplique la norma que los regule, que la motivación este de acuerdo con esa norma, de tal suerte que la conclusión corresponda al sentido lógico del hecho juzgado, pero en el caso de autos, las normas que regulan la forma y contenido de la sentencia, principalmente en lo que respecta a la motivación, ha resultado defectuosa porque no se ha ajustado a la intención y espíritu que resulta explícitamente de los términos de la Ley y ha interpretado, en consecuencia, en forma errónea los artículos 200.1 y 2 incisos b) y c) y 207 del Código Procesal Civil que regula la motivación de la sentencia, porque el Juzgado declaró probados hechos en forma parcial, el Tribunal Sentenciador al no declarar hechos probados toma para si los del Tribunal de primera instancia en donde la motivación resulta distinta a la declaración de esos hechos que al relacionarlos con los artículos 15 y 45 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece una conclusión ajena a las premisas. Queda demostrado entonces que la motivación fáctica de la sentencia recurrida es defectuosa y ha sido determinante para darle un sentido diferente al fallo, en tal virtud es procedente la estimación de este motivo de casación.”.- II. Que el anterior motivo no constituye una proposición jurídica completa y por lo tanto resulta inadmisible en razón de lo siguiente: a) insta la revisión de los hechos y la interpretación y valoración de la prueba, lo cual es impropio en el presente recurso extraordinario de conformidad al artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; b) el concepto de interpretación errónea implica darle un alcance equivocado por parte del Juzgador a la norma aplicada en la sentencia y en el caso particular se determina que las disposiciones señaladas como infringidas han sido utilizadas apropiadamente de conformidad a las formalidades exigidas para la estructuración del fallo; y, c) formula extensos alegatos de instancia.- III. En resumen, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación, toda vez que no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada, volviendo el recurso carente de toda técnica casacional, ya que el Recurrente debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que le causa la sentencia impetrada a sus intereses. Cabe señalar que la casación vela para solventar las infracciones legales y procedimentales que se noten, las obscuridades que se encuentren y las contradicciones que se aprecien se van descartando por el criterio que dicta la técnica y en su oportunidad la jurisprudencia, señalando la preferencia entre dos reglas opuestas o de distinta tendencia, armonizando las disposiciones que atañen a un mismo orden de relaciones administrativas y llenando las omisiones con principios tomados de las reglas generales del derecho, a efecto de que el conjunto de leyes forme un todo orgánico y sistematizado.- IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, así como de lo preceptuado en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en materia contencioso-administrativa, el recurso de casación configura el medio procesal por el cual se pueden impugnar ante el órgano supremo de la jerarquía jurisdiccional sentencias y autos definitivos de segundo grado, ya sea por infracciones procesales anteriores a dichas resoluciones judiciales, infracciones procesales producidas en las mismas o bien por vulneración de la normativa sustancial aplicable al caso concreto; decisiones amparadas con la doble presunción de ser acertadas y apegadas a Derecho, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con lo que dispone el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República. A la vez, por esta vía devolutiva y extraordinaria, se busca, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Administrativo y la unificación de la jurisprudencia relativa a dicha parte del orden jurídico nacional; y, por otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley, entendida ésta en sentido material. Es por tales razones que toda demanda casacional, para ser atendible en el fondo, primero debe cumplir todos los requisitos legales y jurisprudenciales de forma.- V. Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la recurrente, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. Adicional se recuerda a la recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad con el fin de plantear a la Corte de Casación las cuestiones jurídicas atinentes en un modo preciso y razonado, ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. El artículo 701 numeral 1) del Código Procesal Civil en forma categórica establece que el Tribunal de Casación estará vinculado por los motivos alegados por el o la recurrente y la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación. En el presente caso, los cargos formulados adolecen de vicios técnicos insubsanables que no le permiten a esta Sala orientar su actividad examinadora, ya que se incumplen las exigencias establecidas en los artículos 704 y 721 numeral 2) del cuerpo legal mencionado; todo lo cual supone la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa y la declaración de firmeza de la sentencia recurrida, ya que contra esta resolución no cabe recurso alguno, de conformidad con lo previsto en los artículos 723 numeral 2) literal a) y 724 del Código Procesal Civil.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE:
- NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se hace mérito, en su único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de enero del dos mil diecisiete; certificación de la resoluciòn de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 160-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO