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Sentencia CA-95-14 — Registro 4395

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación en segunda instancia se confirma la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Cabe señalar que el Casacionista no es claro ni preciso en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación, puesto que no determina puntualmente el tipo de infracción, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas que enuncia como violadas, ya que en algunos apartados de su explicación señala que fueron omitidas y en otro que el juzgador las interpretó erróneamente, violaciones que en todo caso debió haber enunciado en forma separada. Sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, siendo evidente que el motivo se ve afecto a lo establecido en el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de abril de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designada ponente a la última para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: el abogado ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS; y Recurrido: el señor ANGEL AMADEO HERNANDEZ RUBIO, representado en juicio por la abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL.- OBJETO DEL PROCESO: demanda para solicitar la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, reconocimiento de una situación jurídica individualizada del derecho subjetivo violado y como medida para restablecerla, que se le reintegre al puesto que desempeñaba, que se le paguen los salarios dejados de percibir, desde la fecha de la ilegal cancelación, hasta la fecha que se ejecute la sentencia de reintegro a su puesto de trabajo o a uno de igual o mejor categoría, aumentos generales o selectivos que se otorguen por razón de su puesto y costas; promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor ANGEL AMADEO HERNANDEZ RUBIO, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, representada en juicio por la Procuraduría General de la República.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción que ingresó a laborar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en fecha 1 de mayo de 1995, siendo su último cargo de Sub-Administrador de la Región Centro Sur de la Dirección Ejecutiva de Ingresos; posteriormente mediante acuerdo 0131/2010 de fecha 15 de abril del 2010 y notificado el 11 de mayo de ese mismo año, fue cancelado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas mediante acuerdo en el que le reconocen el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, violentando de esta manera el derecho a su defensa, en vista que dicho acuerdo no establece la causa de su cancelación, ni haber cumplido con procedimiento alguno para que el acto sea conforme a derecho, haciendo nulo el acto impugnado, además ha infringido lo establecido en la Constitución de la República, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Contratación, la Ley de Estructuración de la Administración Tributaria, ya que es a través de ellas que se estipulan las circunstancias y procedimientos por los cuales se da la cancelación de un servidor público.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, contestó dicha demanda señalando que se opone a lo manifestado por el demandante en vista que para la cancelación se siguió con el procedimiento legal establecido al habérsele aplicado las disposiciones contenidas en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo PCM-1008-97 así como el Decreto Legislativo 218-96 de fecha 17 de diciembre de 1996, por medio del cual se reformó la Ley General de la Administración Pública, definiéndose así el marco de las competencias de las Secretarías de Estado y rediseñándose, entre otras medidas, algunas de las estructuras orgánico-funcionales de la Administración Pública; el acuerdo de cancelación se emitió en base al Decreto 17-2010 de fecha 22 de abril del 2010, artículo 82, el cual establece que el personal de la actual Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), continuará desempeñando sus labores y responsabilidades, respetándoseles sus derechos adquiridos, sin perjuicio de la evaluación de méritos y revisión del cumplimiento de requisitos a que se deben someter de conformidad al Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa y Aduanera. Que en los casos en los que el personal no reúna los requisitos para el cargo, no apruebe o supere el proceso de evaluación, o ya no sean necesarios sus servicios, debe ser separado de su cargo, conservando el derecho al pago de las prestaciones laborales que le corresponden de conformidad a la Ley. Para los efectos aquí señalados, las acciones de personal que se ejecuten durante seis meses a partir de la vigencia del presente decreto, no necesitan complementar trámite alguno ante la Dirección General de Servicio Civil, cuando dicho trámite contravenga o retrase la acción tomada. Que a partir del 22 de abril del 2010 que entró en vigencia el mencionado decreto, el señor Director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos podía separar de su cargo al personal que él determinara sin necesidad de completar trámite alguno ante la Dirección General de Servicio Civil, ya que el cargo de Sub-Administrador es un cargo de confianza.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de junio del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando PROCEDENTE la acción por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación No.0131-2010, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas en fecha 15 de abril del 2010, en consecuencia se anula totalmente, se reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se resuelve: Adoptar el reintegro del demandante señor ANGEL AMADEO HERNANDEZ RUBIO, al cargo de Sub-Administrador Región Centro Sur de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y condena al Estado de Honduras al pago a su favor, en concepto de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que el articulo 71 del decreto 17-2010 establece que se crea la Dirección Ejecutiva de Ingresos como una entidad desconcentrada bajo un régimen laboral especial, con autonomía funcional, técnica, financiera, administrativa adscrita a la Secretaria de Finanzas; este mismo Decreto en su articulo 81 habla de la creación de un régimen o reglamento especial laboral de la Carrera de la Administración Tributaria y Aduanera para los funcionarios empleados de la DEI, mismo que a la fecha de cancelación del demandante aun no se había emitido, (creado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, mediante Acuerdo No.1184, publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 7 de marzo de 2012), por lo que al tenor del artículo 31 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo que establece “Que los órganos desconcentrados son creados por Ley, la que determinará su grado de desconcentración, su respectiva competencia, la cual ejercitaran con autonomía técnica administrativa y financiera, sin perjuicios de lo que las leyes dispongan, el personal de estos órganos estarán sujetos al Régimen de Servicio Civil; por lo tanto, al no existir ese régimen especial laboral el que habla el artículo anterior, se aplicará lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación, confirmando la sentencia definitiva de venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y al no hacerlo violó el ordenamiento jurídico establecido, trayendo como consecuencia que la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente, por no ajustarse a derecho el acto impugnado.- 5.- La representación procesal de la parte recurrente, abogado ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES, en fecha catorce de enero del dos mil catorce, presentó escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, en el expediente de apelación No. 409-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente No. 299-10 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia, tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6.- La representación procesal de la parte recurrida, abogada AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL, presentó en fecha treinta de enero de dos mil catorce, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha cuatro de febrero del dos mil catorce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, señalando a las partes el término de cinco días para su personamiento ante ese Alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fecha siete y diecisiete de febrero del dos mil catorce, los abogados AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL y ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES, respectivamente.- 7.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dictó auto en fecha diecisiete de marzo del dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados AMINTA BEATRIZ FONSECA ESPINAL y ERICK IVAN RODRIGUEZ FLORES, en concepto de parte recurrente y recurrida, respectivamente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El recurrente comparece ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo recurso de casación en contra de la sentencia de fecha en fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece proferida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. Denuncia un motivo de casación al tenor de lo que preceptúan los Artículos 716 y 719 numeral 2) del Código Procesal Civil.- II. MOTIVO DE CASACION: Que la parte recurrente plantea en su único motivo la impugnación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional de la siguiente manera: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de la ley específicamente del 82 en relación con el artículo 86 de la LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DECRETO LEGISLATIVO 017-2010. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 719.2 CAUSALES DEL RECURSO, del Código Procesal Civil, que a la letra dice “2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.” CONCEPTO DE LA INFRACCION: El concepto de la infracción lo explico así: la Corte sentenciadora resuelve omitiendo las disposiciones legales señaladas, ya que se demostró en juicio la justa causa por medio la cual se cancelo al demandante, reconociéndole en su totalidad las prestaciones laborales y los derechos adquiridos que le correspondían, el Juez Ad-quem es del criterio que la autoridad nominadora para dictar el acuerdo de cancelación del demandante señor ANGEL AMADEO HERNANDEZ RUBIO, estaba obligada a seguir totalmente el procedimiento legal establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y al no hacerlo violo el ordenamiento jurídico establecido, cuando lo cierto es que mi representado demostró fehacientemente que la cancelación del demandante se efectuó conforme a la ley vigente específicamente del 82 párrafo tercero de la LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DECRETO LEGISLATIVO 017-2010, misma exime a mi representado de complementar tramite alguno ante la Dirección General de Servicio Civil, cuando dicho tramite contravenga o retrase la acción tomada. Aunado a lo anterior es de relevante importancia señalar que en el mismo cuerpo legal estipula las disposiciones legales a derogar específicamente en su artículo 86 numeral 7) que literalmente dice: ARTICULO 86.- Derogar las Disposiciones legales siguientes: l)...2)...3)...4)...5)...6)...7) Quedan derogados los Decretos, Leyes o reglamentos que se oponen a las disposiciones establecidas en esta ley. Como ustedes pueden observar Honorables Magistrados es evidente que la Corte lo hace en abierta violación a la ley en virtud que en ningún momento toma en cuenta el procedimiento legalmente establecido y aplicado en la Ley precitada. Como es posible que tan Honorable Corte haya prescindido total y absolutamente de apreciar que se siguió el procedimiento legalmente establecido para la cancelación del demandante cuando la ley le asigna como función principal en esta materia especial la revisión del acto administrativo, función que no se cumple al omitir la Corte la aplicación de las disposiciones legales invocadas en este motivo ante la evidencia de estar demostrada la justa causa de la cancelación y de igual forma quedo demostrado que se le dio estricto cumplimiento al procedimiento legal requerido para emitir el acto administrativo. Por lo antes expuesto se colige que el Juzgador violento el ordenamiento jurídico al emitir una resolución judicial, interpretando erróneamente normas de Derecho al aducir que se violo el ordenamiento jurídico establecido, lo cual es motivo de este Recurso extraordinario de Casación, no ajustándose a Derecho para la solución objetiva del fondo del presente juicio.”.- III.- Cabe señalar que el Casacionista no es claro ni preciso en el escrito que le da acceso ante esta Corte Suprema de Justicia en la interposición del recurso de casación, puesto que no determina puntualmente el tipo de infracción, si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas que enuncia como violadas, ya que en algunos apartados de su explicación señala que fueron omitidas y en otro que el juzgador las interpretó erróneamente, violaciones que en todo caso debió haber enunciado en forma separada. Sumado a lo anteriormente motivado, es de recordar a la parte recurrente que el artículo 720 del Código Procesal Civil establece una limitante para el Juez casacionista, la cual consiste en la exclusión de revisión de los hechos, la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias de instancia, siendo evidente que el motivo se ve afecto a lo establecido en el artículo 723 numeral 2 inciso a) del Código Procesal Civil, por incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos para la interposición y formalización del recurso de casación.- IV. En síntesis, el escrito contentivo del recurso de casación inobserva las formalidades imperativas para que el mismo pueda ser considerado como impugnación. En primer lugar, unifica en un solo motivo dos causales de casación opuestas entre si en cuanto a su alcance. En segundo lugar, no determina la infracción concreta que ampara la causal utilizada. En fin, el recurso es carente de toda técnica casacional, ya que el casacionista debe ser absolutamente preciso en determinar la lesión jurídica que a sus intereses le causa una sentencia impetrada. Asimismo, resulta pertinente recordarle al impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- V. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en su primer y único motivo. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de abril del dos mil quince; certificación del auto de fecha trece de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 95-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL