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Sentencia CA-781-13 — Registro 18045

Resumen

La Corte de Apelaciones revoca la sentencia dictada por el en cuanto a que declara procedente parcialmente la acción interpuesta en consecuencia anula parcialmente el acto administrativo impugnado, se confirma lo referente a ordenar a los agentes económicos descritos que cesen la relación comercial existente entre ambos competidores, formalizada mediante contrato de suministro de clinker, de CENOSA a LAFARGE

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que los cargos que anteceden resultan inadmisibles por adolecer de los mismos defectos técnicos, a saber: a) pretende el Recurrente que se revisen los hechos y la interpretación y valoración de las pruebas, lo cual es vedado para este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y b) se realizan en el desarrollo de los motivos, inapropiados alegatos de instancia.."

Jerarquía: Reiterativa

..."Que los cargos que anteceden resultan inadmisibles por adolecer de los mismos defectos técnicos, a saber: a) pretende el Recurrente que se revisen los hechos y la interpretación y valoración de las pruebas, lo cual es vedado para este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y b) se realizan en el desarrollo de los motivos, inapropiados alegatos de instancia.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) falta de claridad en el señalamiento del concepto de la infracción si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida; b) no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, es decir, la falta de relación del articulo 321 de la Constitución de la República señalado como infringido con las cuestiones debatidas; y, c) se realizan en su explicacion inapropiados alegatos de instancia.- ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los tres días del mes de marzo de dos mil quince, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados JOSE TOMAS ARITA VALLE, como Coordinador, VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA y ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, designado ponente al primero para el conocimiento y redacción de la resolución del presente Recurso de Casación interpuesto y en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: Recurrente: La COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA, representado en juicio por el abogado MARVIN FRANCISCO DISCUA SINGH; y, el Recurrido: La Sociedad Mercantil LAFARGE CEMENTOS, S.A DE C.V., representados en juicio por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS.- OBJETO DEL PROCESO: Demanda para la nulidad parcial de un acto administrativo, reconocimiento de situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento que se declare judicialmente sin lugar los cargos imputados y demás disposiciones derivadas, dejar sin valor y efecto la multa impuesta, ordenando la devolución del pago de intereses, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de enero del dos mil once, por el abogado JUAN JOSE ALCERRO MILLA, apoderado de la Sociedad Mercantil LAFARGE CEMENTOS, S.A DE C.V., representado en juicio por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, contra la COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA, representados en juicio por el abogado MARVIN FRANCISCO DISCUA SINGH.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción que en fecha once de enero del dos mil ocho, la COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA, mediante expediente 043-PIO-1-2008, inició un procedimiento de investigación preliminar y un procedimiento para exigir información sobre la industria cementera en Honduras, en cuanto a los precios y mercado, emitiendo resolución No. 022-CDPC-2010AÑO-V de la sesión ordinaria del pleno número 39-2010 de fecha seis de octubre del dos mil diez, a través de la cual sanciona a la empresa LAFARGE CEMENTOS, S.A DE C.V., por la supuesta existencia de prácticas restrictivas de la competencia, específicamente las relacionadas con la fijación de precios y el reparto del mercado, realizadas según la Comisión, prácticas o conductas prohibidas según el articulo 5, numerales 1 y 3 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, mediante resolución 06-CDPC-AÑO-V-2010, de fecha doce de marzo del dos mil diez, se procedió a iniciar el procedimiento para sancionar las conductas prohibidas con el objeto de investigar la existencia y la presunta responsabilidad de las empresas, determinando la existencias de tales conductas, ordenando a los agentes económicos que cesen la aplicación conjunta y simultanea de la fijación de precios y reparto del mercado del cemento, incluyendo el cese de la relación comercial existente entre ambos competidores formalizada mediante contrato de suministro de clinker de CENOSA a LAFARGE CEMENTOS, imponer la abstención de realizar de participar reuniones con cualquier institución del Estado, efectuados mediante ofertas de sus productos, al margen o en contra de los procedimientos que prescriben la legislación para compras gubernamentales, imponer una multa de L.51,896.000.00, interponiendo recurso de reposición, siendo un acto arbitrario, debido que no se dan los elementos necesarios para cuantificar una multa en virtud que el monto contraviene la razonabilidad en que se debe contener un acto sancionador.- 2. La parte demandada, la COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA, contestó dicha demanda señalando que se realizó un proceso de investigación probando las faltas cometidas por la empresa estando tipificado en el articulo 5 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, llevándose a cabo el procedimiento en lo establecido en el articulo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en virtud de haberse probado el aumento de precio en el cemento, haciéndole una prevención anticipada para la cesación de tal conducta, dando la comisión oportunidad para la oposición y presentación las pruebas pertinentes, presentando un escrito meramente analítico, no existiendo oposición concreta.- 3. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de noviembre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando: improcedente la acción promovida, confirmando la resolución impugnada emitida por la COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA y sin costas; bajo el criterio que la intervención del Gobierno en la fijación de los precios, es menester estarse a lo que al efecto dispone la Ley de Competencia, referente a que una vez vigente, es necesario adecuar los contratos, convenios, practicas, combinaciones, arreglos o conductas que estuviese funcionando a la entrada de vigencia de la Ley de Competencia y cuando las mismas continuasen funcionando después del plazo legal establecido, por lo que el demandante no pudo justificar su conducta sobre la base del contenido de acuerdos y convenios entre la empresa y el Estado, teniendo que seguir lo establecido en la Ley de Competencia.- 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo a nivel nacional, en fecha tres de octubre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva revocando la proferida por el a-quo en cuanto a que declara procedente parcialmente la acción interpuesta en consecuencia anula parcialmente el acto administrativo impugnado, en la siguiente forma 1) en sus numerales primero y cuarto, en el ordinal segundo se confirma lo referente a ordenar a los agentes económicos descritos que cesen la relación comercial existente entre ambos competidores, formalizada mediante contrato de suministro de clinker, de CENOSA a LAFARGE, se mantiene vigentes los numerales tercero y cuarto, numeral 1), así como los numerales quinto, sexto y séptimo por no haber sido objeto de pretensión alguna por parte de la demandante, se reconoce parcialmente la situación jurídica individualizada del demandante dejando sin valor y efecto los cargos imputados por la demandada, dejando subsistente únicamente el cargo relativo al contrato de compra venta de clinker suscrito entre las empresas, se modifica la multa impuesta por haber sido acreditado y subsistente únicamente uno de los cargos, en consecuencia se reduce a L.6,487,000.00, que equivale al 1% del monto tomado como base para la imposición, se ordena la devolución del remanente pagado por L.45,409,000.00 de conformidad a lo establecido en el articulo 106 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y sin costas; bajo el criterio que se probó la comisión de una falta al suscribirse el relacionado contrato, razón por la cual, es procedente ajustar la multa impuesta al único cargo acreditado, según lo dispone el fallo, tomando como base el 1% no el 8% establecido en el acto impugnado, basándose en la utilidad bruta en ventas del año fiscal procedente según lo dispuesto en los artículos 37 y 39 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia.- 5. La representación procesal de la parte recurrente, abogado MARVIN FRANCISCO DISCUA SINGH, en fecha cinco de noviembre del dos mil trece, presentó escrito de interposición y formalización de Recurso de Casación contra la sentencia dictada, en fecha tres de octubre del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en el expediente de apelación No.127-2013, dimanante de los autos que conforman la pieza que se registra bajo el expediente número 017-2011 del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el ad-quem, mediante providencia tener por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el termino de diez (10) días hábiles se pronunciara sobre el contenido del mismo.- 6. La representación procesal de la recurrida, abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, presentó, en fecha veintiocho de noviembre del dos mil trece, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación presentado, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha veintinueve de noviembre del dos mil trece, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, así mismo hizo la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante este alto Tribunal, apareciendo notificados de dicha resolución en fechas dos y tres días del mes de diciembre del dos mil trece, los abogados MARVIN FRANCISCO DISCUA SINGH y MAX RICARDO SALGADO LAGOS, respectivamente.- 7. Recibidas las actuaciones en este Tribunal y formado el presente expediente, se dicto auto de fecha diecinueve de febrero del dos mil catorce, teniendo por personados a los abogados el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS y MARVIN FRANCISCO DISCUA SINGH, en concepto de parte recurrida y recurrente.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Del examen de las actuaciones seguidas en ambas instancias, resulta que se ha tenido por interpuesto Recurso de Casación contra una sentencia, dictada en segunda instancia, y que el recurrente fundamenta un primer y segundo motivo en la forma siguiente: “PRIMER MOTIVO: Infracción, por interpretación inadecuada del artículo 5 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia (en adelante Ley de Competencia), en cuanto que este artículo, en lo conducente y debatido en el litigio, prescribe: Artículo. 5 PRÁCTICAS RESTRICTIVAS PROHIBIDAS POR SU NATURALEZA. “Se prohíben los contratos, convenios, practicas concertadas, combinaciones o arreglos entre agentes competidores o competidores potenciales, escritos o verbales, cuyo objeto o efecto fundamental sea: 1) establecer precios, tarifas o descuentos; y; 3) Repartirse directa o indirectamente el mercado en áreas territoriales, clientela, sectores de suministro o fuentes de aprovisionamiento”. Esta primera causal de casación se encuentra comprendida en el Artículo 719 No. 2 del Código Procesal Civil, que dice: Causales del Recurso. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. El concepto en que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha infringido las normas de derecho empleadas para la solución de fondo de la causa en cuestión, se explica así: Es evidente que no obstante que la Corte, en el Por Tanto de la sentencia, aplicó el artículo 5 de la Ley de Competencia para resolver el fondo del litigio, sin embargo se interpretó inadecuadamente en cuanto que, si bien es cierto, en la norma empleada se establecen taxativamente los tipos de Prácticas Restrictivas Prohibidas por su Naturaleza, en particular las contenidas en los numerales 1) y 3); también es cierto, que la Corte, al considerar en sus Fundamentos de Derecho, en particular, en el Considerando Once (11): “Que con la prueba documental que obra en el expediente administrativo que forma parte del proceso, se desvirtúan las presunciones establecidas en la Resolución impugnada en cuanto a la existencia de practicas restrictivas de la competencia, específicamente a las relacionadas con la fijación de precios y reparto de mercado; sin embargo, el único hecho probado y debidamente acreditado fue el contrato de clinker suscrito por la demandante con la otra Empresa cementera, con la aportación no sólo del Contrato sino por la aceptación expresa de su existencia por parte de la demandante, por lo cual, esta Corte de Apelaciones comparte con la demandada que en cuanto a dicho hecho si hubo la comisión de una falta al suscribirse el relacionado contrato, razón por la cual, es procedente ajustar la multa impuesta al único cargo acreditado, según lo dispuesto en este fallo”, y en su CUARTO resolutivo, al fallar: “Se reconoce parcialmente la situación jurídica individualizada de la demandante y como medida para su restablecimiento se adopta lo siguiente: 1) dejar sin valor ni efecto los cargos imputados por la demandada a la Sociedad Mercantil “Lafarge Cementos S. A. de C. V.”, dejando subsistente únicamente el cargo relativo al contrato de compra-venta de clinker suscrito entre Lafarge Cementos S. A. de C. V. y CENOSA; le dio un sentido distinto del que verdaderamente tiene la norma empleada, alterando su significación precisa; la Corte en su sentencia reputó el contrato de compra-venta de clinker suscrito entre Lafarge Cementos S. A. de C. V. y CENOSA, como un cargo más, es decir, le dio a dicho contrato una significación que lo asemeja o identifica como un tipo de conducta o práctica restrictiva y prohibida por su naturaleza, distinta a las tipificadas taxativamente en el artículo 5 de la Ley de Competencia y debatidas en el litigio. Esa significación imprecisa que hizo la Corte y por la que le dio un sentido distinto a la norma aplicada, dada la connotación de falta que a su vez le dio al contrato, altera o choca con el sentido de la norma aplicada que versa sobre prácticas restrictivas y prohibidas por su naturaleza. 1.- Siendo que la Corte sentenciadora aplicó el artículo 5 de la Ley de Competencia para resolver el fondo del litigio, tal como se demuestra en el punto 1 anterior, la interpretó en forma inadecuada en cuanto a que no le dio la significación precisa que tiene dicha norma, y por unanimidad de votos, procedió a juzgar, basada en el artículo 5 de la Ley de Competencia, que se cometió una falta, y que ésta se realizó al suscribirse el contrato de compra-venta de clinker entre Lafarge Cementos S. A. de C. V. y CENOSA, en consecuencia, consideró que ésta debía fijarse o reducirse al 1% y no el 8% establecido en el acto administrativo impugnado, lo cual equivale a la cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 6.487,000.00). Es evidente que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo debido a esa interpretación inadecuada, restringió los efectos y consecuencias que tiene la falta o infracción cometida a la norma de derecho empleada, ya que, al considerarla como falta, desnaturalizó la significación de la infracción propiamente dicha, incidiendo directamente en el fallo, en cuanto dejó sin valor y efecto los cargos imputados a Lafarge Cementos, y con ello, se dejó desprotegido el ejercicio de la libre competencia, el funcionamiento eficiente del mercado y el bienestar de los consumidores. El concepto de la violación al aplicar el artículo 5 de la Ley de Competencia, pero interpretado en forma inadecuada, al considerar el contrato de compra-venta de clinker suscrito entre Lafarge Cementos S. A. de C. V. y CENOSA como falta, choca con la verdadera connotación que tiene éste, a la luz del artículo 5 de la Ley de competencia, esto es, la capacidad que tienen Lafarge Cementos y CENOSA, para convenir contratos entre sí, y establecer precios de sus propios insumos o materia prima, facilitándose un suministro o fuente de aprovisionamiento sistemático, y así resulta del propio contrato de clinker (suscrito el 01 de agosto del 2008, así como su adenda del 02 de octubre de 2008) que, entre otras estipulaciones, incluye la de que Cenosa suministrará Clinker (cemento puro) a Lafarge Cementos, en las cantidades siguientes: hasta 95,000 toneladas para el año 2009, hasta 120,000 toneladas en el 2010, hasta 200,000 toneladas para el 2011; y hasta 250,000 toneladas para los períodos: 2012, 2013 y 2014. De ahí que el sentido verdadero que tiene la tipología de prácticas restrictivas prohibidas por su naturaleza, subsumidas en la norma citada y circunscrita a los tipos de prácticas o conductas en cuestión, generalmente se conoce como “colusión”, y ésta adopta la forma de contratos, convenios, prácticas concertadas, combinaciones o arreglos entre agentes competidores o competidores potenciales, escritos o verbales, cuyo objeto o efecto fundamental sea, en lo conducente al caso de autos, a los cargos formulados a Lafarge Cementos, esto es, establecer o fijar precios, y/o repartirse el mercado. De lo considerado y juzgado por la Corte sentenciadora de que el único hecho probado y debidamente acreditado fue el contrato de compra-venta de clinker suscrito entre Lafarge Cementos S. A. de C. V. y CENOSA, se desprende que el significado preciso de la norma empleada, interpretada adecuadamente, es que, mediante dicho contrato, Lafarge Cementos S. A. de C. V. adoptó una de las variadas formas que existen para restringir la libre competencia. Este hecho probado y debidamente acreditado, a juicio de la Corte, demostró indubitablemente la existencia de una falta o infracción a la norma de derecho empleada para la solución de fondo del litigio; por lo que se imponía, a la luz del artículo 5 de la Ley de Competencia, aplicado e interpretado en su sentido verdadero y significación precisa, era confirmar los cargos formulados a Lafarge Cementos, en consecuencia, declarar sin lugar la apelación y confirmar la sentencia de primera instancia, en el sentido de que el acto administrativo impugnado estuvo ajustado a derecho al haber determinado la existencia de la prácticas restrictivas y prohibidas por su naturaleza según los numerales 1) y 3) del artículo 5 de la Ley de Competencia… SEGUNDO MOTIVO: Infracción, por interpretación inadecuada de los artículos 37 y 39 relacionados con el artículo 5 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia (en adelante Ley de Competencia), en cuanto estos artículos, en lo conducente, establecen: Artículo. 37. “Por las prácticas o conductas prohibidas en los Artículos 5 y 7 de la presente ley, la Comisión impondrá mediante resolución motivada y tomando en consideración los criterios del Artículo 39, una multa por agente económico equivalente a tres (3) veces el monto del beneficio económico obtenido. En caso de que no sea posible determinar el monto de este beneficio, la Comisión fijará una multa que en ningún caso podrá exceder el diez por ciento (l0%) de la utilidad bruta en ventas del año fiscal precedente. …”. Artículo 39. “Para determinar el monto de la multa que debe imponerse en cada caso, la Comisión tomará en cuenta la gravedad de la falta, las reiteradas infracciones a la presente ley, la modalidad y el alcance de la restricción de la libre competencia o el daño y perjuicio a los Consumidores, la dimensión del mercado afectado, la duración de la infracción y otros factores similares”. Artículo. 5 PRÁCTICAS RESTRICTIVAS PROHIBIDAS POR SU NATURALEZA. “Se prohíben los contratos, convenios, practicas concertadas, combinaciones o arreglos entre agentes competidores o competidores potenciales, escritos o verbales, cuyo objeto o efecto fundamental sea: 1) establecer precios, tarifas o descuentos; y; 3) Repartirse directa o indirectamente el mercado en áreas territoriales, clientela, sectores de suministro o fuentes de aprovisionamiento” ; Esta segunda causal de casación se encuentra comprendida en el Artículo 719 No. 2 del Código Procesal Civil, que dice: Causales del Recurso. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio. El concepto en que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha infringido las normas de derecho empleadas para la solución de fondo de la causa en cuestión, se explica así: Resulta claro, que se aplicaron los artículos 37 y 39 de la Ley de Competencia, pero se interpretaron inadecuadamente, en tanto en cuanto, si bien es cierto, en éstos se prescribe el tipo de sanción para las prácticas o conductas prohibidas (específicamente las de los artículos 5 y 7 de la Ley de Competencia) así como la referencia de los criterios cuantitativos y cualitativos relativos a la determinación del monto de la multa, no menos cierto es que la Corte sentenciadora, en su CUARTO resolutivo numerales dos y tres, al juzgar que: “2) Se modifica la multa impuesta por haberse acreditado y subsistir únicamente uno de los cargos, como es el contrato de compra-venta de clinker suscrito entre ambas empresas cementeras, en consecuencia, se reduce la multa impuesta en la cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS ( LPS. 6,487,000.00), que equivale al 1% del monto tomado como base para la imposición de la multa inicial en el Acto Administrativo Impugnado y anulado parcialmente.- 3) Se ordena la devolución del remanente de la multa pagada que corresponde a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS EXACTOS ( LPS. 45,409,000.00 ), de conformidad a lo establecido en el articulo 106 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, le dio un sentido distinto al que verdaderamente tienen las normas empleadas para la determinación de la sanción y monto de la multa, es decir, en dichos artículos, en lo conducente, se prescribe que las prácticas restrictivas y prohibidas por su naturaleza (artículo 5 de la Ley de Competencia) y la prácticas restrictivas a prohibir según su efecto (artículo 7) serán sancionadas con multa y se ordenará el cese de las prácticas o conductas prohibidas en la Ley de Competencia, así como los elementos o aspectos que se deberá tomar en cuenta para la determinación del monto de la multa, como la gravedad de la falta, las reiteradas infracciones, la modalidad y alcance de la restricción de la libre competencia o el daño o perjuicio a los consumidores, la dimensión del mercado afectado, entre otros. El alcance preciso de la norma sancionadora se refiere a las prácticas o conductas prohibidas en los artículos 5 y 7 de la Ley de Competencia, y no a una falta como considera la Corte, que es el caso del citado contrato de compra-venta de clinker suscrito entre Lafarge Cementos S. A. de C. V. y CENOSA. De ahí que, y estrechamente vinculada a la interpretación inadecuada del artículo 5 de la Ley de Competencia, tal como se expone en el primer motivo, se deriva la interpretación inadecuada de los artículos 37 y 39 de la Ley de Competencia, ya que la Corte sentenciadora, habiendo juzgado la falta o infracción, fundamentada en el artículo 5 de la Ley de Competencia, desnaturalizó su significación, debilitando la gravedad de la infracción, puesto que como ya se dijo, le dio la connotación de falta, y procedió a una modificación y, consecuentemente, a una reducción equivalente al uno por cien (1%) de la multa inicial impuesta en el acto administrativo impugnado, precisamente, porque consideró que el contrato de compra-venta de clinker suscrito entre Lafarge Cementos S. A. de C. V. y CENOSA constituía una falta, que aunque siendo, para la Corte, distinta a los cargos imputados a Lafarge Cementos, la sancionó como práctica subsumida en el artículo 5 de la Ley de Competencia. La Corte sentenciadora, si bien, juzgó que el contrato de compra-venta de clinker suscrito entre Lafarge Cementos S. A. de C. V. y CENOSA, constituyó una falta, fundada en el artículo 5 de la Ley de Competencia, lo procedente era que ésta interpretara adecuadamente los artículos 37 y 39, a la luz, a su vez, de una interpretación adecuada del artículo 5 de la Ley de Competencia. La Corte debió confirmar la multa inicial impuesta en el acto administrativo impugnado, tomando en cuenta que son prácticas y conductas prohibidas por su naturaleza, por tanto consideradas gravísimas per se, en virtud del daño y perjuicio directo que se causa a los consumidores y al proceso de libre competencia, tal como consta en el caso de referencia. Es evidente que la Corte interpretó en forma inadecuada los artículos 37 y 39 en relación con el artículo 5 de la Ley de Competencia, en cuanto que al haber modificado y reducido equivalente al uno por ciento (1%) la multa inicial impuesta en el acto administrativo impugnado debilitó la punición de las conductas restrictivas y prohibidas por su naturaleza debatidas en el litigio, y subsumidas en el artículo 5 No. 1) y 3) de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia, en consecuencia lo que se imponía, por imperio de la ley, era declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia en el sentido de que la multa impuesta a Lafarge Cementos en el acto administrativo impugnado estaba ajustado a derecho, por haberse demostrado la existencia de las prácticas restrictivas y prohibidas por su naturaleza, según el artículo 5 No. 1) y 3) de la Ley de Competencia. Que el cargo resulta inadmisible por los defectos tecnciso siguientes: a) pretende el Recurrente que se revise la interpretación y valorización de las pruebas lo cual es vedado para este Tribunal de conformada a lo depuesto en el artículo 720 numeral 1) del código Procesal Civil; y b) se omite precisar los pronunciamiento que se impugna en la sentencia acusada máxime cuando se ha anulado parcialmente pronunciamientos del acto administrativo impugnado de conformidad los dispuesto en el articulo 704 del Código Procesal Civil.- II.- Que los cargos que anteceden resultan inadmisibles por adolecer de los mismos defectos técnicos, a saber: a) pretende el Recurrente que se revisen los hechos y la interpretación y valoración de las pruebas, lo cual es vedado para este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 720 numeral 1) del Código Procesal Civil; y b) se realizan en el desarrollo de los motivos, inapropiados alegatos de instancia.- III.- Que en el tercer motivo se aduce: “Violación, por aplicación e interpretación inadecuada del artículo 321 de la Constitución de la República, que manda: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Esta disposición constitucional está en estrecha o íntima relación con los artículos siguientes: Artículo 3 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia (en adelante Ley de Competencia) que establece: “Artículo 3. ORDEN PÚBLICO. La presente ley es aplicable a todas las áreas de la actividad económica, aún cuando se encuentren reguladas por sus leyes especiales, reglamentos o resoluciones. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas o estipulaciones comerciales”. Artículo. 5 numeral 1) de la Ley de Competencia, que prescribe: “Artículo 5. PRÁCTICAS RESTRICTIVAS PROHIBIDAS POR SU NATURALEZA. “Se prohíben los contratos, convenios, practicas concertadas, combinaciones o arreglos entre agentes competidores o competidores potenciales, escritos o verbales, cuyo objeto o efecto fundamental sea: 1) establecer precios, tarifas o descuentos;” Artículo 6 de la Ley de Competencia, que establece: “Artículo 6. INVALIDEZ JURÍDICA. Son nulos los contratos, convenios, prácticas concertadas, combinaciones o arreglos prohibidos según el Artículo 5 de la presente ley. Los agentes económicos que los realicen serán sancionados conforme a esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que corresponda. Estos agentes económicos deberán ser sancionados, aún cuando estos contratos, convenios, prácticas concertadas, combinaciones o arreglos no hayan empezado a surtir efecto. Artículo 62 párrafo segundo de la Ley de Competencia, que dispone: Artículo 62. “Efectos en el Tiempo. …. Durante los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, las prohibiciones del Título IV, Capítulo I de la presente Ley, no serán aplicables a los contratos, convenios, prácticas, combinaciones, arreglos o conductas que estén en funcionamiento a la entrada en vigencia de la presente ley. En caso que las mismas continúen en funcionamiento después de este período de seis (6) meses, la presente ley se aplicará enteramente respecto a ellas desde su entrada en vigencia”. Artículo 73 de la Ley de Protección al Consumidor vigente, que establece en el segundo numeral y en el último párrafo, lo siguiente: “Artículo 73. Causas para la determinación del precio máximo de venta. La Autoridad de Aplicación deberá determinar el precio, tarifa o margen máximo de comercialización o la modificación de éstos, en los casos siguientes: 2) Cuando los bienes o servicios estén siendo comercializados u ofrecidos en régimen de monopolio u oligopolio y se compruebe la ausencia de libre competencia y que por ello existan obstáculos al funcionamiento del mercado o se produzcan situaciones de especulación, acaparamiento, desabastecimiento o limitación cuantitativa o cualitativa de la oferta con la finalidad de incrementar su precio o tarifa “. El último párrafo dice: “Para los efectos del numeral 2) de este artículo, se requerirá dictamen favorable de la Comisión para la Defensa y promoción de la Competencia”. Artículo 11 del Código Civil: “Las Leyes que interesan al orden Público y a las buenas costumbres, no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares; pero podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia”. El concepto de la infracción se explica en los términos siguientes: Infracción del artículo 321 de la Constitución de la República en relación con los artículos de la Ley de Competencia: 3 en lo relativo a que Ley de Competencia es de orden público; 5 numeral 1) en relación a que se prohíbe establecer precios, tarifas o descuentos; 6 sobre la invalidez jurídica o nulidad de pleno derecho de las prácticas del artículo 5; 62 párrafo segundo, sobre los efectos en el tiempo, en el sentido que la Ley de Competencia se aplicará enteramente respecto a la práctica prohibida establecida en el artículo 5 No. 1), desde el 04 de Febrero de 2006 en que entró en vigencia dicho ordenamiento jurídico; y 73 No. 2) y último párrafo de la Ley de Protección al Consumidor, sobre la facultad del Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Industria y Comercio, para determinar precios máximos de venta; en el concepto de no tomar en cuenta lo que dispone dicho artículo constitucional, en relación con la normativa relacionada, para haber accedido a las pretensiones formuladas por el demandante, partiendo del criterio erróneo declarado en los fundamentos de derecho de la sentencia que, en lo conducente dicen: Considerando (9): “así mismo, consta en el expediente administrativo los diferentes convenios y acuerdos suscritos con el Estado, mismos que no pueden ser desconocidos por el A-Quo por cuanto el Estado constituye un todo, indistintamente de sus órganos, con facultades suficientes para suscribir los mismos”; Considerando (10): “Que consta mediante prueba documental, que el Estado ha jugado un papel fundamental en cuanto al control de precios de los agentes de comercio productores del cemento, y plasmado en acuerdos y convenios, avalados por el Estado y como ya se dijo, el Estado tiene facultades suficientes para suscribir convenios de dicha índole”. 1.- O sea, que en el tiempo comprendido entre el 04 de Febrero de 2006 fecha de vigencia de la Ley de Competencia y el 07 de julio de 2008, en la que entró en vigencia la Ley de Protección del Consumidor, ley de orden público que aunque en forma excepcional y condicionada, sí da facultades específicas al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Industria y Comercio, para determinar precios máximos de venta, tal como resulta de lo establecido en su artículo 73 que, en lo conducente dice: 2) Cuando los bienes o servicios estén siendo comercializados u ofrecidos en régimen de monopolio u oligopolio y se compruebe la ausencia de libre competencia y que por ello existan obstáculos al funcionamiento del mercado o se produzcan situaciones de especulación, acaparamiento, desabastecimiento o limitación cuantitativa o cualitativa de la oferta con la finalidad de incrementar su precio o tarifa “. “Para los efectos del numeral 2) de este artículo, se requerirá dictamen favorable de la Comisión para la Defensa y promoción de la Competencia”; estaba vigente la Ley de Competencia que en su artículo 5 No. 1) que prohíbe establecer precios, tarifas o descuentos. 1.- De ahí que, en estricto derecho, no pueden tenerse por válidos los acuerdos y convenios sobre el control de precios de los agentes de comercio productores del cemento, basados, a juicio de la Corte, en que el Estado por constituir un todo, está facultado suficientemente para suscribir convenios o acuerdos de esa índole. Es decir, la norma (artículo 5 No. 1 de la Ley de Competencia) que prohíbe establecer precios, tarifas o descuentos estaba vigente, y por tanto, los convenios o acuerdos suscritos por el Estado sobre control de precios, antes que justificarse al amparo del artículo 321 constitucional, lo infringe en cuanto manda que: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley”, en consecuencia, se activa la sanción contenida en el mismo dispositivo constitucional, en el sentido de que: “Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. 1. La Corte accede a las pretensiones formuladas por el recurrente, y declara en el considerando (10) de los Fundamentos de Derecho: “Que consta mediante prueba documental, que el Estado ha jugado un papel fundamental en cuanto al control de precios de los agentes de comercio productores del cemento, y plasmado en acuerdos y convenios, avalados por el Estado y como ya se dijo, el Estado tiene facultades suficientes para suscribir convenios de dicha índole” violando por aplicación e interpretación inadecuada el artículo 321 constitucional en relación con los artículos 3, 5 No. 1), de la Ley de Competencia y Artículo 11 del Código Civil que dice: “Las Leyes que interesan al orden Público y a las buenas costumbres, no podrán eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares; pero podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia”, no obstante, haberse demostrado la vigencia de la ley de competencia en la que se prohíbe establecer precios, tarifas o descuentos, y donde, también, se sanciona con invalidez jurídica las prácticas restrictivas prohibidas por su naturaleza, según lo preceptuado en el artículo 6 de la Ley de Competencia. 1. En vista de lo expuesto, es evidente que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha violado dicha disposición constitucional en cuanto que ha accedido a la pretensiones del recurrente sobre la base de que el Estado, por considerarlo un todo, tiene facultades suficientes para suscribir convenios o acuerdos sobre control de precios, y en seguida darle validez a documentos que la ley declara nulos de pleno derecho, en consecuencia, lo que se imponía, por imperio de la ley, era declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia por haberse demostrado la existencia de las prácticas restrictivas y prohibidas según el artículo 5 No. 1) y 3) de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia. Este tercer motivo se encuentra comprendido en el Artículo 719 No. 2 del Código Procesal Civil, que dice: Causales del Recurso. 2. Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.”.- IV.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) falta de claridad en el señalamiento del concepto de la infracción si es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de la norma señalada como infringida; b) no demuestra la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada, es decir, la falta de relación del articulo 321 de la Constitución de la República señalado como infringido con las cuestiones debatidas; y, c) se realizan en su explicacion inapropiados alegatos de instancia.- V.- Del escrito que contiene el recurso interpuesto y formalizado por la Impetrante, se hace evidente la inobservancia de los requisitos procesales exigidos por la ley para su admisibilidad, principalmente lo establecido en el artículo 704 del Código Procesal Civil. En adición, se señala al Censor del fallo la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el artículo 721 numeral 2) del Código en referencia, cuando exige que deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear a este Supremo Tribunal las cuestiones jurídicas en un modo preciso y razonado, atinentes ya sea por infracción de normas procesales o normas de derecho en su aplicación e interpretación.- VI. En vista de lo anterior se considera defectuosa la estructuración del recurso de casación sub-júdice, la cual se tipifica en las causales previstas en el artículo 723 numeral 2) literal a) del Código Procesal Civil, por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución; en consecuencia, es procedente declarar su inadmisión, tener por firme la sentencia recurrida de conformidad con lo previsto en el artículo 724 del Código Procesal Civil, dejando establecido la disposición citada en su numeral 1), que contra este Auto no cabe recurso alguno y ordenar la remisión de las actuaciones al tribunal correspondiente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c), 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2) letra c), 197, 199, 716, 717, 723 numeral 2) letra a) y 724 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: 1) NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN en sus tres motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional. 3) SIN COSTAS por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia. Que se notifique este auto a las partes por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil quince; certificación del auto de fecha tres de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 781-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

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